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martes, 12 de mayo de 2009

En Argentina más de 700 mil niños y jóvenes de 6 a 14 años están fuera del sistema escolar


Por: Ines Hayes

Reprobado: en el país de la Ley de Educación Común 1420, orgullo de la formación del Estado Nacional de 1880, más de 177 mil niños de 6 a 14 años están fuera del sistema escolar. Medio millón de jóvenes de 12 a 17 años no cursan la secundaria. Casi cuatro millones de adultos no han terminado la primaria. Mientras que países como Cuba, Venezuela y Bolivia han declarado a sus territorios libres de analfabetismo, en Argentina cada vez son más las personas que no saben leer ni escribir.

En un país donde la mitad de sus habitantes está por debajo de la línea de pobreza y 25 niños mueren por día por causas evitables antes de cumplir un año, el acceso y la permanencia en el sistema educativo está lejos de los preceptos de la Ley de Educación Común 1420 que establecía la obligación del Estado de educar laica y gratuitamente a todos los habitantes.
Según datos del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos), 177.417 niños de 6 a 14 años están fuera del sistema educativo.


Por otra parte, un informe de la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), afirma que “medio millón de chicos de 12 a 17 años está marginado del mundo escolar”.
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) calcula que el 71% de los jóvenes de entre 15 y 21 años se encuentra en situación de riesgo educativo.

Los datos del cuestionado organismo oficial Indec demuestran que en 2006, de los jóvenes que terminaron la escuela secundaria, el 72,5% pertenecía a hogares no pobres, mientras que el 28,4% provenía de familias pobres. Lejos de ser planificada por el Estado, en la Argentina del siglo XXI, la educación parece ser un lujo al que sólo puede acceder un sector de la sociedad.

La desigualdad en el acceso a la educación también es muy notable según la región del país en que se viva. El Nordeste (Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones) tiene el porcentaje general más alto de inasistencia escolar entre los adolescentes: 28,29%. Esta cifra trepa a más del 43% cuando se mide lo que ocurre entre los más pobres y llega al 48% entre los chicos de 18 años que tienen que dejar la escuela para trabajar. En la región Metropolitana, la más poblada del país, la inasistencia oscila entre el 10,9% entre los adolescentes no pobres y el 25,9% de los jóvenes pertenecientes a hogares bajo la línea de pobreza.

De acuerdo a un estudio elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Santiago del Estero, Misiones y Corrientes son las provincias que registran mayores índices de analfabetismo y deserción escolar. El análisis revela que en la provincia de Buenos Aires va a clase el 89,3% de los alumnos en condiciones de cursar los primeros dos años de la escuela media obligatoria, mientras que en Misiones sólo lo hace el 56,4%; en Santiago del Estero, el 58,7%; y en Corrientes, el 61,5%.

El nivel inicial de educación, que va de los 3 a los 5 años, también demuestra la desigualdad en el acceso. Según Unicef Argentina, “a los 3 años, el 50% asiste a este nivel de enseñanza en el Gran Buenos Aires y solamente el 10,5% en las provincias del Noroeste Argentino. A los 4 años, el 73,5% asiste en el Gran Buenos Aires, frente al 30,6% en el Noreste Argentino”. En el país de la Ley 1420, orgullo de la formación del Estado Nacional en 1880, miles de niños nunca oyeron un cuento ni jugaron en el arenero de ningún jardín de infantes.

Durante los seis primeros años de educación básica, en todo el país, el 6,5% de los alumnos no pasa de grado. “7º, 8º y 9º son los que manifiestan el mayor porcentaje relativo de repitencia (10,4%), con valores más elevados en las provincias del Noroeste”, informa Unicef.

La educación secundaria también presenta números alarmantes: “El nivel de repitencia en el primer año del Polimodal alcanza un promedio de 11,4% y llega a un valor máximo provincial de 16,5%. En tanto, el nivel de sobreedad para el total nacional es de 35,9%, alcanzando valores máximos provinciales de 53%. El abandono escolar en el nivel Polimodal llega al 18,9% para el total país, con provincias cercanas al 21,5%”.

En este contexto, la situación educativa de los niños indígenas demuestra también la desigualdad en el acceso a la educación. “En 2004 y 2005, de un total de 5.969 personas de la población Wichí en Chaco, Formosa y Salta, en el rango de edad de 20-29 años, sólo 1.528 (25,6%) terminaron la primaria y 290 (4,8%), la secundaria. Para el sector de la población Toba en Chaco, Formosa y Santa Fe, en el mismo rango de edad, de un total de 6.840 personas, sólo 2.383 (34,8%) terminaron la primaria y 278 (4%) la secundaria”.

Córdoba: de la Reforma Universitaria a la expulsión escolar

Por cada alumno que concurre a escuelas estatales, Córdoba invirtió 2.186 pesos (590 dólares al cambio actual) durante 2006. El monto es superior a la media del país de 2004 que ascendió a 1.517 pesos (410 dólares), según datos de la Coordinación General de Estudios de Costos del Sistema Educativo del Ministerio de Educación de la Nación. Los fríos datos contables no logran disimular la crisis endémica de la educación en la provincia.

Año a año, el índice de estudiantes que repiten su curso en Córdoba se incrementa y amenaza con no detenerse. Según publicó la prensa local en abril, de un total de 650 mil alumnos, casi 66 mil estudiantes primarios y secundarios reiniciaron en el 2009 el curso del anterior. Uno de cada diez estudiantes del ámbito estatal y privado no aprendió el año pasado lo suficiente como para continuar cursando con sus antiguos compañeros.

Los datos oficiales del Ministerio de Educación de la Provincia muestran que la repetición creció un 31% en ambos niveles en un año. En la primaria, la cifra trepó al 43,6% y en el secundario al 25,7%, respecto de la cantidad de repetidores de un año atrás. En términos absolutos, son muchos más los repetidores en el nivel medio: duplican a los de la primaria.

“Los mayores problemas suelen dardarse en los cursos de transición entre primaria y secundaria o al pasar al Polimodal”, señaló Héctor Acevedo, docente integrante del Programa Familia de apoyo escolar del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

La secretaria de Educación, Delia Provinciali admitió que las autoridades han fracasado en detener una tendencia que se repitió en 2007 cuando se supo que los secundarios mostraban casi un 30% de incremento en repitencia respecto al 2003. “La repetición es el dato duro que no logramos modificar, más allá de los planes y los programas que se aplican”, dijo la funcionaria en entrevista con América XXI.

Las estadísticas oficiales señalan además que las regiones más pobres de la provincia –sobre todo el Norte cordobés- expresan índices bastante más graves que en los grandes centros urbanos y la rica área sojera del Sur provincial. Mientras los departamentos de Capital y Río Cuarto tienen un 11,5% de adolescentes secundarios que repiten, otros como Pocho, Minas o Ischilín superan el 12,5% y algunos alcanzan hasta el 14%.

Los indicadores de sobreedad son una consecuencia lógica de la repitencia. Mientras que la rica región agropecuaria de Marcos Juárez tuvo un 23,36% de alumnos pasados de edad en 2007, los departamentos de Sobremonte e Ischilín tuvieron 37,44% y 41,68% respectivamente.

Además, los sectores más pobres de la capital corren el riesgo de perder programas de apoyo escolar porque en épocas de campaña electoral la Municipalidad de Córdoba ha extraviado la brújula sobre el destino de su política social. “150 maestros y dos mil chicos verían caer en julio un programa de ayuda educativo que financian la Nación y el BID en los propios barrios carenciados si no hay cambios de último momento”, denunciaron delegados docentes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) a mediados de abril.

“En contra del supuesto de escasa valoración de lo educativo para los sectores más humildes, la educación formal sigue siendo una promesa de inclusión social y salida de la pobreza. Sin embargo, las restricciones económicas y culturales –particularmente el desconocimiento de la cultura institucional de la escuela media– generan experiencias educativas frustrantes que en la mayoría de los casos concluyen en el abandono escolar”, detalla Acevedo.

Si las estadísticas son uno de los puntos de análisis más controversiales en Argentina, Córdoba no es la excepción. El departamento de Estadísticas del Ministerio de Educación estableció un nuevo método para recolectar los datos. Desde 2008 se realiza a través de las Direcciones Generales de Nivel. El cambio provocó un desfasaje en las cifras del año pasado. En la matrícula 2008 se habían perdido en la nebulosa estadística 16.993 estudiantes. En su momento, la cartera educativa explicó que no había “17 mil chicos en la calle” y justificó el supuesto error en una metodología previa de recolección que dijeron desconocer.

El caso de Salta

En el conjunto de las provincias argentinas, Salta se cuenta entre aquellas cuyos indicadores de educación son más bajos. Las tasas de deserción escolar, de repitencia, de gasto por alumno y salario docente, la ubican entre las siete provincias más desiguales.

El informe de Cippec refiere que en 2006, la tasa de abandono interanual –el porcentaje de alumnos que no se matriculan al año próximo– fue del 19%: dos puntos porcentuales por encima del promedio por jurisdicciones.

La tasa más alta, 27,9%, la tiene la provincia de Buenos Aires y la más baja corresponde a Entre Ríos: 13,5%. Salta queda ubicada en el décimo octavo puesto dentro del ranking de provincias; un lugar que viene ocupando, con escasas variantes, desde hace años, a pesar de las afirmaciones contrarias que aún hoy sigue haciendo el ex gobernador Juan Carlos Romero que administró la provincia durante 12 años.

Según datos no oficiales del Programa de Planeamiento Educativo dependiente del Ministerio de Educación de Salta, en 2007, la matrícula total de la provincia fue de 367.117 alumnos, número que comprende a los inscriptos en el nivel Inicial, la Educación General Básica (EGB 1, 2 y 3), el nivel medio (Polimodal) y la enseñanza superior no universitaria. Ese mismo año la matrícula del Polimodal fue de 52.764, con un porcentaje de repitientes del 9,9%. En comparación con el año anterior, hubo un aumento de poco más de dos puntos porcentuales en la repitencia. En 2006, la matrícula fue de 47.958 estudiantes con un porcentaje de repitientes del 7,8%. En la EGB el porcentaje de repitientes en 2006 alcanzó el 8,1% del total de inscriptos en el sistema educativo: 255.067 alumnos. En comparación con 2007, hubo un descenso de la repitencia: la tasa fue del 5,3%, sobre un total de 256.941 matriculados.

Estos datos no oficiales del Ministerio de Educación de Salta, correspondientes a 2006 y 2007, señalan que entre ambos años hubo un incremento de la matrícula del 5,28% en el último año de la Educación General Básica (EGB). Al mismo tiempo, la tasa de abandono anual, que mide el porcentaje de estudiantes que abandona el sistema antes de finalizar el año escolar, fue del 4,29 %. La tasa de repitencia alcanzó el 12%, y la de abandono interanual, el 6,27%.

El informe de Cippec, realizado en el marco de un programa de monitoreo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, señala también que Salta se cuenta entre los Estados provinciales que en 2007 realizó la menor inversión del país por alumno: 1.497 pesos (404 dólares). Ese año, el gasto en educación de la provincia alcanzó el 21% del gasto total. En cuanto al salario docente, en diciembre de 2008 era de 1.794 pesos (484 dólares), uno de los más bajos del país.

Según señalan distintos estudios realizados en la provincia, se debe considerar además la especial situación de las comunidades indígenas. Con nueve pueblos originarios, Salta es el Estado provincial argentino con mayor cantidad de etnias originarias reconocidas oficialmente. “Los jefes de hogares indígenas tienen menos años de educación formal que los de los hogares que no lo son. Los que nunca asistieron a un establecimiento educativo o concurrieron pero no completaron el nivel primario ascienden a 58,5% en los hogares indígenas y 27,5% en las familias sin miembros indígenas. En el otro extremo, con estudios completos de nivel secundario y más, tenemos a 10,8% de los jefes indígenas y casi el triple –28%– cuando se trata de los hogares no indígenas”, sostiene el trabajo Pobreza, educación y discriminación. Los aborígenes en Salta (Argentina), realizado en 2004 por Juan Carlos Cid, docente de la Universidad Nacional de Salta
(Unsa), y Jorge Paz, investigador del Conicet.

El informe añade que el 22,2% de los indígenas comprendidos en este estudio tenía “instrucción formal nula” contra el 5% de los no indígenas. Y 80 de cada 100 personas de 30 a 64 años, miembros de hogares indígenas, tenía sólo siete años de instrucción. Sólo el 6,8% tenía estudios superiores o el secundario completo.

Jujuy: los números de la pobreza y la exclusión

Unos 205 mil niños y adolescentes jujeños integran el sistema educativo provincial. Concurren a unos 580 establecimientos entre los que hay escuelas estatales convencionales, establecimientos privados, escuelas rurales y las llamadas escuelas de alternancia, ubicadas sobre todo en la Quebrada de Humahuaca y la Puna. Estas últimas escuelas tienen un calendario y un régimen diferentes, asociados a los ciclos agrícolas. De toda la Argentina, Jujuy es una de las cinco provincias con menor cantidad de establecimientos educativos.

Según el censo de 2001, más de la cuarta parte de los jujeños vive en hogares con necesidades básicas insatisfechas. Es la cuarta provincia del país en cantidad de hogares por debajo de la línea de la pobreza y contiene uno de los aglomerados urbanos con más pobres de todo el territorio nacional: San Salvador de Jujuy-Palpalá, donde el 57% de sus habitantes es pobre. Es además la provincia con mayor porcentaje de población situada bajo la línea de indigencia, y la tercera del país con mayor índice de desempleo.

Es la quinta provincia con mayor porcentaje de población analfabeta, la novena con mayor porcentaje de población con primaria incompleta, la octava con respecto a la educación secundaria sin finalizar, y la séptima con menor tasa de escolarización para el nivel medio.

Al observar los índices de deserción escolar y repitencia, se confirma lo que el sentido común dicta: los números más altos corresponden a lugares donde la inequidad y la exclusión son elevadas. En tres de las provincias del Noroeste, donde la tasa de pobreza supera ampliamente la media nacional, aparecen los peores indicadores educativos: Santiago del Estero tiene el índice de deserción más alto: 13,8%, seguida por Tucumán (11,1) y Jujuy (10,9). En tanto, Salta (4,6) y Catamarca (3,4) muestran una tendencia algo menos desfavorable para la región.

En este contexto, los Centros de Actividades Juveniles (CAJ) que funcionan desde hace seis años en 74 escuelas secundarias de Jujuy, generan espacios artísticos, deportivos y recreativos para los chicos. En 2008, los trabajadores de los CAJ alertaron que estas organizaciones corren peligro de desaparecer por iniciativa de la gestión educativa provincial que quiere tomar sus fondos y cargos para crear un programa de tutorías. Si bien siguen funcionando, la tarea de estos espacios se mantiene sobre todo gracias al voluntarismo de sus trabajadores.

La importancia de los CAJ es cada vez más relevante, teniendo en cuenta las situaciones de riesgo que enfrentan los jóvenes jujeños, sobre todo en el interior de la provincia donde en los últimos años ha habido grandes cambios asociados al mayor intercambio entre la cultura originaria y otras formas de vida, fundamentalmente a raíz de las migraciones desde las zonas rurales a los centros urbanos y semi urbanos, y de la intensificación de la actividad turística. Los chicos y jóvenes se han puesto en contacto con múltiples aspectos, positivos muchos de ellos pero negativos otros. Hoy, en la Quebrada de Humahuaca se empieza a hablar del paco (droga elaborada a partir de residuos de la cocaína) que, muchos aseguran, circula por las escuelas.

“Nuestra juventud es excluida de las aulas, es mano de obra barata para organizaciones sindicales, para traficantes, proxenetas y punteros políticos. El desamparo en el que viven nuestros jóvenes es total”, afirman los trabajadores de los CAJ, y denuncian: “La gestión educativa actual quiere tomar los fondos y los cargos de los Centros para crear un Programa de Tutorías, desarmar los CAJ para utilizar sus fondos en un sistema educativo retrógrado y vetusto que lo único que está consiguiendo es que miles de jóvenes se vayan de la escuela o terminen sus estudios en el dos por uno”.

Para completar este panorama, en agosto pasado, tras intensas gestiones y manifestaciones de repudio, la Legislatura provincial ordenó al Gobierno que desarticulara una de las instituciones más vergonzosas de la provincia, la Policía Infantil, que había sido creada en 1999 para –según sus mentores– contrarrestar los efectos de “la deserción escolar, las fugas del hogar, la integración de pandillas, la maternidad y paternidad precoz, el alcoholismo, la drogadicción, la vagancia y la mendicidad de menores”. Se trató de grupos de “policía infantil”, integrados por chicos de entre 5 y 16 años que recibían instrucción policial “limitada a formaciones y desfiles”. En general, los primeros mini reclutas fueron chicos provenientes de barrios pobres de la zona de la Capital, cuyos padres encontraron allí la posibilidad de que comieran y tuvieran al menos ropa limpia y en condiciones. Llegó a reunir a más de 200 chicos. La existencia de estos “escuadrones infantiles” fue repudiada por diferentes sectores y por las organizaciones de derechos humanos de la provincia, y hubo pedidos de desmantelamiento de la Unidad por parte de diferentes instituciones de la Capital Federal.

El mantenimiento de algunas actividades y la no confirmación de la total suspensión de los “reclutamientos” provocó que en agosto del año pasado la Cámara de Diputados de la Nación emitiera una declaración en la que expresa “la más profunda preocupación por la existencia en diversas provincias del país de agrupamientos, escuelas, escuadrones o cuerpos policiales infantiles y de gendarmería infantil para niños de entre 5 a 14 años en espacios dependientes de las fuerzas de seguridad”. La declaración advierte que “existen relevados centros de policía infantil y gendarmería infantil distribuidos en las provincias de Salta, Santa Fe, Jujuy, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Mendoza, Misiones, Corrientes, San Juan, Neuquén y Chaco” y que en cada una de estas provincias hay más de un centro.

El embarazo adolescente es otra de las cuestiones a tener en cuenta al hablar de la situación educativa de la provincia. Del total de chicas de entre 14 y 17 años que van a la escuela, el 47,7% son madres de al menos un hijo. En este sentido, Jujuy comparte el tercer lugar con Buenos Aires.
Si el gobierno de Jujuy difundiera responsablemente la información, se podría trazar un mapa más preciso por regiones en el que se vería con claridad la diferencia entre el Sur y el Norte de la provincia. Pero no es lo que sucede. Para apoyar esta afirmación, basta recordar que las autoridades de salud provinciales esperaron hasta el lunes posterior a Semana Santa para difundir las cifras de los enfermos de dengue en territorio jujeño –que por entonces superaba los 500. Había que impedir que los turistas decidieran no visitar el lugar.

En Argentina, 3 millones 700 mil adultos no han terminado la primaria. Mientras que países como Cuba, Venezuela y Bolivia han declarado a sus territorios libres de analfabetismo, en Argentina cada vez son más las personas que no saben leer ni escribir.

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