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lunes, 25 de enero de 2010

Situación de la educación en España


CJC
El Sistema Educativo en el capitalismo

Advertimos en el conjunto del mundo capitalista la existencia de determinantes comunes que potencian políticas de tipo neoliberal en los servicios considerados de primer orden que persiguen su liberalización y subordinación al capital privado. Entre ellos se encuentra la educación.

Sería iluso y erróneo pensar que los cambios operados en las políticas educativas aprobadas por los gobiernos capitalistas responden a manías de un ministro, o que cada uno actúa con completa independencia en materia de educación. Por el contrario existen unas directrices marcadas desde los organismos internacionales antidemocráticos (OMC, OCDE…) quienes toma las decisiones sobre todas las medidas que afectan a nuestras posibilidades de estudio, a la calidad de nuestra educación y a su financiación sin obligación alguna de contar con la mayoría de la comunidad estudiantil.

Las corporaciones multinacionales actúan como grupos de presión a través de lobbys como la European Round Table (ERT) que influyen de forma decisiva con sus exigencias en la dirección y contenido de las reformas.

Así pueden los sectores económicos más poderosos determinan las leyes que regulan los planes de estudio y los contenidos que la juventud debe conocer y estudiar desde su infancia. Y con la complacencia y adhesión entusiasta de los gobiernos, sean de signo derechista o socialdemócrata, orientan el espíritu de las reformas educativas, que a pesar de materializarse en tiempos, lugares y formas diferentes, son en esencia el mismo proceso y afectan al futuro de millones de jóvenes.



El Sistema Educativo actúa cumpliendo funciones para el capitalismo, de transmisión de valores e ideología dominante en la etapa fundamental de aprendizaje , de reproducción de la mano de obra subordinada a las necesidades del mercado laboral y de mercantilización del conocimiento como fuente de beneficios privados.
La Educación como instrumento ideológico del sistema.

El sistema educativo continúa siendo uno de los más destacados aparatos ideológicos del Estado por su eficacia en la transmisión de unos valores por la que han de pasar de forma obligatoria todos los jóvenes al menos hasta los 16 años.

Sabemos que la educación oficial envuelve los conocimientos en una concepción de la realidad determinada, hace pasar por normas éticas, morales o civiles comunes a todas las personas lo que no es más que ideología de esta época y que busca uniformizar su entendimiento y construir consensos sociales que beneficien a los bloques de poder que gobiernan.

Hoy los jóvenes del bachillerato estudian una economía que encubre el carácter explotador del capitalismo y desfigura su funcionamiento y sus consecuencias sociales y medioambientales. Hoy en las aulas se estudia una historia superficial que, como no podía ser de otra forma, justifica la ilegitimidad de la monarquía heredera del Franquismo.


La Educación como herramienta reproductora de la mano de obra.


El desarrollo de la enseñanza va siempre parejo a las necesidades del sistema. La división social del trabajo impuesta a nivel mundial resultante de las injustas relaciones de producción capitalistas que dividen al mundo entre un puñado de países imperialistas y una mayoría de países de economía dependiente de pasado colonial ha dado lugar a una gran diferenciación de las economías nacionales que se manifiesta claramente en la distribución por actividades económicas y sectores de población que las ocupan.

Los países que como el Estado español ocupan un puesto destacado en la cadena imperialista y son dueños y exportadores de tecnología han avanzado hacia la reestructuración de su economía que asume actividades con un mayor grado de complejidad en las técnicas a emplear y por tanto cada vez exige de un mayor nivel de cualificación de la fuerza de trabajo que es necesaria para el mantenimiento de la economía.

En este sentido los nuevos planes educativos impulsados por la U.E. buscan orientar la educación a los requerimientos de la economía internacional, esto es de los intereses de los monopolios y grandes empresas.

A pesar de que el Estado se pronuncie como garante del acceso de la juventud a la enseñanza, la realidad es que las oligarquías en el poder gestionan la educación para por un lado cubrir la formación de esos sectores profesionalizados y técnicos que necesitan, al tiempo que se mantiene a sectores importantes alejados de niveles avanzados de instrucción, bien sea a través de mecanismos que actúan como filtro o medidas que tienden a elitizar la educación a través del aumento de las barreras económicas de múltiples formas más o menos sutiles y encubiertas. Ambas medidas se complementan y van dirigidas a un mismo objetivo, asegurar el crecimiento de los beneficios de una minoría. No sería de interés para los sectores empresariales tener una sociedad con niveles amplísimos de formación ya que entonces no podrían justificar sus salarios de miseria para según que profesiones.

La Educación como negocio al servicio de los grandes grupos empresariales.

El proceso al que calificamos de mercantilización que se ha venido desarrollando a pasos agigantados a partir de los 70 en el Estado español con la incorporación al proceso de construcción del bloque imperialista europeo de la UE no es otra cosa que avanzar en la introducción en los centros educativos de criterios empresariales y todo tipo de reclamos destinados a beneficiar a la iniciativa privada.

Consideramos vigentes los análisis recogidos en el VI Congreso de los CJC sobre el desarrollo del sistema educativo en las últimas décadas, dónde se hace un repaso de la función social y modelo de la escuela desde su origen, pasando por el modelo de masificación de hasta los años 80. Así como el abandono progresivo del compromiso del estado con los servicios públicos a partir de la crisis de los años 70 y la adecuación de la enseñanza a las necesidades del mercado capitalista globalizado.
Leyes y educación en el Estado español

El sistema educativo actual en el Estado Español se caracteriza por tener un gasto público del 4,51% del P.I.B. , según datos de 2008, muy por debajo de la media de la OCDE.

El índice de escolarización entre la juventud (entre 15 y 29 años) es de un 49%, entre los 21 y 24 años cae hasta un 32,9%; y sólo un 7,5% continúa matriculado entre los 25 y 29 años.

El actual sistema educativo en base a la Constitución monárquica de 1978 a través de su artículo sexto posibilita la existencia de la enseñanza privada, dividiendo así los centros según su financiación entre los de titularidad pública y de titularidad privada. Una división engañosa que quiere hacer pasar por públicos los centros concertados.

En la actualidad según datos oficiales hay funcionando 25. 572 colegios e institutos en el Estado español: de ellos 18.061 son públicos (70, 6%) y 7.511 privados (29,4%) y 74 universidades , el 67,6% públicas.

En la Educación Infantil que comprende de 0-3 y de 3-6 años este porcentaje aumenta enormemente. De un total de 6.483 centros, los concertados y privados constituyen 2.957.

En número de alumnos, de un total de 7.419.989 que en el curso 2008-09 cursaron estudios de Ed. Infantil, Primaria, ESO, Bachillero y FP, el 67,4% lo hacen en centros públicos , el 26% en centros concertados y el 6,6% en centros privados.

Ed. Infantil Ed. Primaria ESO Bachillerato F.P Total
Número de alumnos (08-09) 1.765.719 2.662.532 1.822.885 617.828 520.000 7.419.989
Pública - - - - - 5.001.072
Concertada - - - - - 1.929.197
Privada - - - - - 489.719

El peso que la Iglesia mantiene en la actualidad en la sociedad, tiene su correspondiente expresión en la enseñanza, especialmente en los niveles de primaria y secundaria. Gracias al carácter “aconfesional” del estado y a la revisión de los acuerdos con la Santa Sede firmados en 1979 numerosas congregaciones religiosas gestionen la mayoría de centros privados y concertados, y además mantienen la asignatura de religión católica.

Además hay que tener en cuenta que se sostiene la actividad del profesorado religioso con fondos
públicos.

En el marco jurídico-político las normas que regulan el sistema educativo en el Estado Español son la LOE (Ley Orgánica de la Enseñanza) –aprobada por el PSOE–, la LOCFP (Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional) y la LOU (Ley Orgánica de Universidades). Son las que se conocen como leyes marco, adaptan el sistema educativo español a las políticas capitalistas expuestas anteriormente.

La LOE y las enseñanzas generales

La última reforma de las enseñanzas no universitarias, LOE, aprobada por el PSOE en 2006 se revalida la posición de privilegio de la Iglesia como lo han venido haciendo cada una de las reformas anteriores, de manera que se incluye la religión católica como materia de oferta obligatoria para los centros, incluidos los públicos.

No obliga a poner al servicio de las familias una oferta pública con plazas suficientes de la educación infantil en los ciclos de 0 a 3 y de 3 a 6 años, abriendo la puerta al negocio de centros privados u otras entidades.

En el curso 2005/06 de los centros que imparten exclusivamente Educación Infantil sólo el 50,6% eran públicos.

La LOE impulsa un modelo de funcionamiento interno subordinado a las Administraciones, que otorga más poder a la figura del Director de centro y que sigue manteniendo en el plano de lo testimonial la presencia del alumnado en el Consejo Escolar algo que por otra parte viene siendo una constante.

Se limita la participación de la comunidad educativa en la elección del Director que será avalada por una comisión dependiente de la Administración que asimismo establece los criterios y procedimientos de valoración. Además el Director tendrá la potestad de transmitir propuestas de nombramiento y cese del jefe de estudios y secretario a la Administración.

En definitiva se sigue impidiendo que la comunidad educativa de los colegios e institutos tengan la capacidad exclusiva de elegir a los órganos de dirección, que tal y como están definidos están incapacitados por su composición para promocionar la participación y capacidad de decisión del alumnado como protagonista de la vida educativa del centro lo cual no hace sino acrecentar la indiferencia del alumnado ante la rigidez y falta de democracia con que se rige el funcionamiento general de la vida del centro.

Aunque no incluida en la LOE, el gobierno del PSOE implantó el 2008 la asignatura de educación para la ciudadanía. Esta asignatura tiene como objetivo transmitir los valores del sistema capitalista actual, contando las bondades de la “democracia” y la monarquía parlamentaria a la vez que denigra cualquier alternativa. Transmite desde una visión totalmente clasista cuestiones sociales, políticas, históricas y morales. Con esta asignatura la escuela ha subido un gran escalón en lo que a la transmisión ideológica se refiere.


La LOU y la enseñanza superior universitaria


Las estrategias neoliberales se implementan principalmente en la enseñanza superior universitaria.

La LOU es la Ley Orgánica necesaria para llevar a cabo lo dictado en el Espacio Europeo de Educación Superior. Es su aplicación práctica en el estado español. Es un claro ejemplo de que la política educativa está en manos de los grandes centros de poder empresarial, siendo los estados meros gestores del capital. La LOU promoverá la inversión privada en la universidad y, por medio del Consejo Social, dejará elegir a las empresas qué fondos serán destinados para un departamento u otro. Además, se crea la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), que se encargará de que el EEES se aplique debidamente.

Con el Plan de Bolonia se hará un cambio radical de la estructura de las titulaciones. Se pasará del sistema de ciclos al de grado y postgrado. El grado aportará los conocimientos necesarios para integrarse en el mercado laboral europeo, es decir, que van a reducir el nivel de la educación hasta enseñarnos únicamente lo necesario para poder trabajar; pasamos así a convertirnos en mano de obra que, con la excusa de no tener suficiente cualificación, trabajará en condiciones más precarias y de mayor explotación. El postgrado, por otra parte, será de acceso mucho más restringido, tanto por las barreras económicas, como sociales, políticas, culturales, etc. ya que para acceder al postgrado habrá pruebas propias de cada universidad para filtrar a los sectores económicamente mas desfavorecidos, volviendo a ejercer la educación una función de legitimación social. Los que cursen un postgrado, un máster, etc. saldrán mejor preparados que el resto de estudiantes y estarán destinados a ocupar las posiciones de poder en la economía, el derecho o la política. Otra agresión que sufriremos es el cambio de créditos al sistema ECTS, en el que se computarán también las horas que debemos dedicar a nuestros estudios, hasta conseguir dedicar ocho al día.

Esto se traduce en una carga de trabajo excesiva para el estudiantado, que ve imposibilitado compatibilizar estudios y trabajo, o el ejercicio de cualquier otra actividad cultural, deportiva o de ocio.

La principal justificación que utilizan las instituciones al paso de la financiación pública hacia el cada vez mayor peso de la privada es que la Educación Superior toma características de bien privado y por tanto el pago de la misma por los contribuyentes es regresivo, pues los únicos beneficiados son los estudiantes universitarios. Pero este argumento choca justamente con el reconocimiento que hacen de la función de la educación al servicio de la sociedad. Ya se han hecho públicos estudios que señalan el gasto medio que el Estado asume por un estudiante universitario con clara intencionalidad.

De esta forma lo que se persigue es ir progresivamente reduciendo el gasto público para trasladar el costo de la Universidad al bolsillo de los estudiantes, mediante l introducción o incremento de las tasas de matrícula o de los préstamos faclitados por entidades privadas o por el Estado a los estudiantes, o convertirla en una gran empresa de servicios.

Se subraya el carácter más empresarial de las universidades así como la urgencia de recursos.

Las actividades empresariales de la universidad se vuelcan sobretodo en la investigación, convirtiéndose de este modo las universidades en departamentos de I+D de grandes empresas, que se benefician de esa vanguardia del conocimiento que resulta ser la universidad, y a precios mucho más baratos que el de los grandes laboratorios. Hacia esto es a lo que tienden la mayoría de los países, y las agencias de calidad y demás organismos de control, además de grandes empresarios en puestos clave de la universidad, que veremos más adelante, cumplirían la función de poner la investigación al servicio de la gran empresa. Esto se justifica por las urgencias presupuestarias.

En primer lugar, los beneficios de los conocimientos generados en la universidad no repercuten sobre toda la sociedad, sino sólo van a las manos de quien paga más, perdiendo por tanto toda función social y convirtiéndose en una empresa más.

En segundo lugar, quienes ponen el dinero para su investigación, tendrán todo el control, y en cuanto la universidad haga algo que pueda molestarles (investigar y publicar, por ejemplo, los daños de Repsol al medio ambiente) pues retiran los fondos y se dice adiós a uno de los pilares de dependencia de las corporaciones.

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