Estudiantes Colombianos inician movilizaciones

Prensa PCC.-Organizaciones estudiantiles y juveniles desarrollaron con éxito el viernes 29 de enero en la capital colombiana una demostración de descontento ante el anuncio del Presidente Uribe de vincular en la ciudad de Medellín a mil estudiantes como informantes de la Fuerza Pública, con una bonificación de 100 mil pesos mensuales, con el supuesto fin de combatir la criminalidad que se ha apoderado de la capital del Departamento de Antioquia. Voceros del estudiantado universitario y de secundaria ratificaron su posición contraria a esta iniciativa de la Casa de Nariño y manifestaron que han dado inicio a un plan nacional de movilizaciones por mejoras en educación, empleo, salud y muchas oportunidades para los jóvenes, en vez de acciones que los involucren en la guerra interna.

Guillermo Baquero, presidente de la asociación Colombiana se mostró satisfecho por la concurrencia juvenil ala concentración en la carrera 7ª con avenida Jiménez y destacó la combatividad y rechazo a la propuesta oficial.

“Esta Jornada exitosa nos indica que en 2010 habrá gran movilización estudiantil en defensa de la educación pública, contra la reelección uribista, por la paz y la unidad popular. Este es el inicio de mas movilizaciones que haremos unidos con las centrales obreras y el pueblo en su conjunto” señaló.

La iniciativa del presidente Uribe ha recibido el rechazo de sectores políticos, académicos y ciudadanía en general.

La senadora Gloría Inés Ramírez, del opositor Polo Democrático Alternativo calificó de “grotesca medida que difícilmente encuentra antecedentes en el mundo y constituye una nueva demostración de que, ante el fracaso cada vez más evidente de la seguridad democrática, el Presidente de la República echa mano de los peores recursos guerreristas y antidemocráticos”.

Agrega que es bien sabido que a lo largo y ancho del país se ha extendido una inmensa red de los llamados cooperantes y de todo tipo de informantes que trabajan para los servicios de inteligencia del Estado; que los partidos y movimientos políticos de oposición, los magistrados de las altas cortes, las ONG de derechos humanos, los periodistas independientes y numerosas personalidades democráticas han sido víctimas de las interceptaciones ilegales hechas por la Policía y el DAS y que paulatinamente se ha venido montando un tenebroso régimen policíaco que pone en la mira a todo el que se atreve a ejercer el derecho a disentir.