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lunes, 12 de marzo de 2012

Por la solución política al conflicto colombiano


Manifiesto colectivo Rebelión

“Colombia es un país donde ríos de oro se mezclan con ríos de sangre.”
Eduardo Galeano


El conflicto interno en Colombia lleva casi seis décadas, y se ha convertido en uno de los más antiguos del mundo, junto al de Palestina y Cachemira.

En esta confrontación la población civil ha sido la primera víctima. Según las cifras que manejan las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, son más de sesenta mil los detenidos-desaparecidos; ocho mil presos políticos; cientos de fosas comunes; cinco millones de campesinos, indígenas y afrodescendientes violentamente desplazados de sus tierras en los últimos diez años, y miles de asesinatos políticos cada año. Instancias internacionales, como la ONU, señalan al Estado, junto a sus grupos paramilitares, como el máximo responsable de tal violencia. La insurgencia, representada en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, aunque en una muy mínima proporción, también tiene su responsabilidad.

Al analizar la historia política del país, se puede afirmar que la guerrilla es consecuencia y no causa de una guerra que tiene raíces económicas, políticas y sociales. También se constata que desde hace 30 años la insurgencia ha insistido por una salida política negociada al conflicto. En los intentos de diálogo que ya se han realizado, los sucesivos gobiernos han utilizado pretextos para romper y no avanzar en la búsqueda de una paz con dignidad. El asesinato de comandantes de las FARC, y la persecución con el mismo fin de los del ELN está encaminado a bloquear las demandas de una negociación.

Igualmente, hemos sido testigos de las grandes movilizaciones realizadas por extensos sectores del pueblo colombiano clamando y exigiendo una salida política que lleve a la paz con justicia social.

En los últimos meses el gobierno colombiano repite que el conflicto sólo concierne a los colombianos. Pero resulta fácil comprobar, observando la geopolítica, que esto no es así, pues por múltiples razones ya incumbe a la región y al continente. Igualmente, al repasar la historia se constata que Estados Unidos tiene una gran responsabilidad en su recrudecimiento, al pretender convertir esta nación en una base militar continental, con el fin de contener los proyectos democráticos que se desarrollan en América Latina. Mientras que instancias regionales como la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, han proclamado a la región como un territorio de paz.

Por lo anterior, hacemos un llamado al gobierno de Colombia y, por extensión, al de Estados Unidos, para que escuchen al pueblo colombiano, y se acepte la propuesta de la insurgencia para buscar una solución política negociada al conflicto. Convencidos estamos que la salida es política y no militar.

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Argentina.


Jean Ziegler, vicepresidente del Consejo Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Suiza.


Piedad Cordoba, vocera de Colombianas y Colombianos por la Paz, Colombia.

Martín Almada, Premio Nobel Alternativo de la Paz, Paraguay 


Hernando Calvo Ospina, periodista, Colombia/ Francia


Gilberto López y Rivas, catedrático, México.


Hugo Moldiz Mercado, periodista, Bolivia.

Paul-Emile Dupret, asesor Parlamento europeo, GUE/NGL , Bélgica.

Alfonso Sastre, escritor, España.

Roberto Fernández Retamar, escritor, Cuba.

Santiago Alba, periodista, España/Túnez.

James Petras, sociólogo, Estados Unidos.


Ramón Chao, periodista, España/Francia

François Houtart, teólogo, Bélgica.

Pascual Serrano, periodista, España.

Aram Aharonian, periodista, Uruguay/Venezuela.

Carlos Fazio, periodista, México.

Fernando Buen Abad Domínguez, filósofo, México.

Carlos Padrón, actor, Cuba 
Manuel Cabieses Donoso, periodista, Chile.

Carmen Bohórquez, historiadora, Venezuela. 
Stella Calloni, periodista, Argentina.

Belén Gopegui, escritora, España.

Alejandro Dausá, sacerdote, Argentina.

Constantino Bértolo, editor, España.

David Acera, actor, España.

Mario Casasús, periodista, México.

Paul Fortis, escritor, El Salvador.

Ricardo Bajo, periodista, Bolivia.

Carlos Aznárez, periodista, Argentina.

Jorge Capelán, periodista, Nicaragua.

Miguel Álvarez Gándara, Serapaz, México.

Sara Rosenberg, escritora, Argentina/España.

(Siguen firmas…)

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lunes, 27 de febrero de 2012

Las FARC anuncian la liberación de todos los prisioneros de guerra en su poder, diez en total


Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Agencia de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL.info)

Cada vez que las FARC-EP hablamos de paz, de soluciones políticas a la confrontación, de la necesidad de conversar para hallar una salida civilizada a los graves problemas sociales y políticos que originan el conflicto armado en Colombia, se levanta enardecido el coro de los amantes de la guerra a descalificar nuestros propósitos de reconciliación. De inmediato se nos endilgan las más perversas intenciones, sólo para insistir en que lo único que cabe con nosotros es el exterminio. Por lo general, los mencionados incendiarios nunca van a la guerra, ni les permiten ir a sus hijos.

Son casi 48 años en lo mismo. Cada intentona ensayada ha redundado en un subsiguiente fortalecimiento nuestro, frente al cual vuelve a agrandarse la embestida y a reiniciarse el círculo. El fortalecimiento militar de las FARC de hoy se levanta en las narices de quienes proclamaron el fin del fin y los incita a proclamar la necesidad de acrecentar el terror y la violencia. Por nuestra parte consideramos que no caben más largas a la posibilidad de entablar conversaciones.

Por eso queremos comunicar nuestra decisión de sumar a la anunciada liberación de los seis prisioneros de guerra, la de los cuatro restantes en nuestro poder. Al agradecer la disposición generosa del gobierno que preside Dilma Rousseff y que aceptamos sin vacilación, queremos manifestar nuestros sentimientos de admiración para con los familiares de los soldados y policías en nuestro poder. Jamás perdieron la fe en que los suyos recobrarían la libertad, aún en medio del desprecio y la indiferencia de los distintos gobiernos y mandos militares y policiales.

En atención a ellos, quisiéramos solicitar a la señora Marleny Orjuela, esa incansable y valiente mujer dirigente de ASFAMIPAZ, que acuda a recibirlos en la fecha acordada. A tal efecto, anunciamos al grupo de mujeres del continente que trabajan al lado de Colombianas y Colombianos por la Paz, que estamos listos a concretar lo que sea necesario para agilizar este propósito. Colombia entera y la comunidad internacional serán testigos de la voluntad demostrada por el gobierno de Juan Manuel Santos que ya frustró un feliz final en noviembre pasado.

Mucho se ha hablado acerca de las retenciones de personas, hombres o mujeres de la población civil, que con fines financieros efectuamos las FARC a objeto de sostener nuestra lucha. Con la misma voluntad indicada arriba, anunciamos también que a partir de la fecha proscribimos la práctica de ellas en nuestra actuación revolucionaria. La parte pertinente de la ley 002 expedida por nuestro Pleno de Estado Mayor del año 2000 queda por consiguiente derogada. Es hora de que se comience a aclarar quiénes y con qué propósitos secuestran hoy en Colombia.

Serios obstáculos se interponen a la concreción de una paz concertada en nuestro país. La arrogante decisión gubernamental de incrementar el gasto militar, el pie de fuerza y las operaciones, indica la prolongación indefinida de la guerra. Ella traerá consigo más muerte y destrucción, más heridas, más prisioneros de guerra de ambas partes, más civiles encarcelados injustamente. Y la necesidad de recurrir a otras formas de financiación o presión política por parte nuestra. Es hora de que el régimen piense seriamente en una salida distinta, que empiece al menos por un acuerdo de regularización de la confrontación y de liberación de prisioneros políticos.

Deseamos finalmente expresar nuestra satisfacción por los pasos que se vienen dando hacia la conformación de la comisión internacional que verificará las denuncias sobre las condiciones infrahumanas de reclusión y el desconocimiento de los derechos humanos y de defensa jurídica, que afrontan los prisioneros de guerra, los prisioneros de conciencia y los presos sociales en las cárceles del país. Esperamos que el gobierno colombiano no tema y no obstruya esta legítima labor humanitaria propulsada por la comisión de mujeres del continente.

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, 26 de febrero de 2012

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martes, 21 de febrero de 2012

España da lecciones de derechos humanos: en imágenes, la brutal golpiza a estudiantes

CubaDebate

La Policía española ha vuelto a hacer uso de la fuerza para dispersar una manifestación en Valencia de unas trescientas personas, en su mayoría estudiantes. Los agentes antidisturbios no han dudado en utilizar las porras y golpear a los manifestantes, informa Belén Toledo. Al menos hay diez detenidos, entre ellos tres menores de edad, y cuatro heridos.

La concentración ha partido del Instituto de Secundaria Lluís Vives hacia las dos y media de la tarde y ha sido convocada a través de las redes sociales en protesta por los recortes en educación y la actuación policial de la semana pasada contra los estudiantes del centro educativo, que finalizó en una quincena de detenidos y varios heridos, alguno de ellos con lesiones muy aparatosas.

Pasadas las tres de la tarde, la policía, que ha desplegado hasta 25 furgones, ha dispersado por la fuerza la marcha y los manifestantes se han dispersado por calles como Troya, Matemático Marzal y San Vicente Mártir. La situación que se vive en el centro de Valencia es la de agentes queintervienen de forma indiscriminada al tiempo que los jóvenes intentan volver a concentrarse y se dispersan para evitar los porrazos de los antidisturbios, informa Belén Toledo.

En un comunicado, la portavoz de EU en Les Corts, Marga Sanz, ha calificado la actuación policial de “absolutamente salvaje y descontrolada”. ”Estamos ante una ciudad tomada por la policía, que está dejando unas imágenes brutales de agresiones a chavales, a periodistas y a transeúntes cualquiera”, ha señalado.

Poco antes, los manifestantes habían cortado el tráfico al grito de “los ladrones a prisión y el dinero a educación” en la céntrica calle de Xátiva, frente a la estación del Norte y a pocos metros de la plaza del Ayuntamiento. En todo momento han estado bajo la vigilancia de la Policía mientras los vecinos y viandantes jaleaban a los jóvenes y criticaban la actuación policial por cargar contra “niños”.

Un portavoz del Cuerpo Nacional de Policía ha señalado que los agentes han sufrido el lanzamiento de objetos y “constantes provocaciones”. La marcha ha dejado varios desperfectos en mobiliario urbano, como postes informativos de la EMT y contenedores de residuos.

La delegada defiende a la Policía

Tras los incidentes de la semana pasada ya han sido varias las voces que se han levantado contra los “excesos” de la Policía en Valencia. Ante ello, los profesores del Lluís Vives han rechazado la “furia policial” a través de un comunicado. En tanto, la delegada del Gobierno ha salido hoy al paso y ha negado que hubiera “represión” policial contra los estudiantes. Paula Sánchez de León ha asegurado además que si se detecta ”extralimitación” de algún agente habrá “consecuencias”, igual que para quien actuó de forma ilícita.

La delegada se ha reunido con los portavoces parlamentarios de Esquerra Unida y Compromís, a los que ha pedido que “actúen con responsabilidad” y que no alienten conductas que pueden ser delictivas. Posteriormente, en rueda de prensa, ha incidido en que las protestas estudiantiles de la pasada semana fueron concentraciones no comunicadas, que no obstante transcurrieron con normalidad hasta que los manifestantes cortaron el tráfico de una de las calles “más importantes de la ciudad” y se zarandeó a un coche que intentaba pasar por allí.

Sánchez de León ha defendido que se pidió a los jóvenes que desalojaran la calle y que cesaran su conducta y, al no hacer caso, “la Policía actuó ante una situación de desorden y desacato”. La delegada, que ha destacado que no tiene constancia de denuncia o investigación alguna contra ningún agente, respalda a la Policía Nacional, porque “no hacerlo sería una irresponsabilidad”, pero esto “no significa que ampare la extralimitación de sus funciones, si es que las hubo”.

EUPV-Els Verds ha registrado esta mañana en el Congreso de los Diputados la solicitud decomparecencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para que explique la intervención policial. La formación ha indicado que entre los detenidos la semana pasada dos han quedado en libertad con cargos tras prestar declaración ante la Policía y otros ocho han sido puestos a disposición judicial. A la petición de EUPV se ha sumado el PSOE, que también ha solicitado la presencia en la Cámara Baja del director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó.

Concentración en Sol en “solidaridad”

Por otro lado, la Asamblea Interinstitutos de Madrid ha convocado una concentración en la Puerta del Sol en “solidaridad” con los estudiantes del IES Lluís Vives. En un comunicado, han denunciado ”la brutalidad policial que el pasado jueves se cebó con las y los estudiantes”, que protestaban contra los recortes, y más concretamente, por la falta de calefacción en el centro de estudios público que llevan arrastrando durante todo el invierno.

“Desde la Asamblea Interinstitutos condenamos y denunciamos las agresivas y desproporcionadas palizas policiales que se están sucediendo desde la mañana del jueves a alumnos en su mayoría menores de edad”, han dicho.

Además de calificar estos hechos como “impropios de un estado que se autocalifica como democrático”, los estudiantes madrileños consideran “como propia la lucha de sus ‘colegas’ valencianos en contra de los recortes y en defensa de una escuela pública, de calidad y con recursos como un derecho básico que no se puede recortar o privatizar utilizando como excusa la crisis”.

“Estos jóvenes colegas, compañeros de Valencia, representan una esperanza, ya que en una tierra como la de Valencia, testigo de las mayores tramas de corrupción de nuestra historia reciente y de cuantiosos despilfarros, son los mas jóvenes los que han dicho ‘¡basta!’”, han concluido.

Periodistas agredidos

Además de los estudiantes, al menos una redactora de RNE y un fotógrafo de La Vanguardiatambién han sido agredidos por la Policía, según han denunciado ambos medios en sus respectivas webs. “La redactora de RNE, Pura Gómez, ha sido agredida por un policía cuando se encontraba cubriendo la protesta estudiantil contra los recortes en educación y por las cargas policiales de la pasada semana”, ha asegurado en su página RTVE. Por su parte, La Vanguardia ha informado de que en una de las cargas fue golpeado uno de sus fotógrafos.

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lunes, 13 de febrero de 2012

Colombia: Capitalismo gangsteril y despojo territorial

Renán Vega Cantor La Haine

“La tierra sin hombres de los hombres sin tierra”.
Augusto Roa Bastos

Acumulación por desposesión [ver http://www.lahaine.org/index.php?p=55584 ] es un término que se utiliza para estudiar la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión violenta de habitantes del campo, junto con la transformación de los derechos comunes en derechos privados. A esto se le agrega el análisis de los métodos imperialistas para apropiarse de los recursos naturales y energéticos, en consonancia con el papel del capital financiero como instrumento de endeudamiento de la población, urbana y rural, y como soporte “legal” de la expulsión de campesinos e indígenas, reducidos a la servidumbre por deudas.

Colombia es un inmenso laboratorio de la acumulación por desposesión porque se presentan, a vasta escala y con un increíble nivel de violencia, las características antes enunciadas. En síntesis, “lo que posibilita la acumulación por desposesión es la liberación de un conjunto de activos (incluida la fuerza de trabajo) a un coste muy bajo (y en algunos casos nulo)”[1]. El elemento esencial es el despojo como forma violenta que vincula las actividades económicas y la apropiación de tierras. En este sentido, los asesinatos, las masacres, las torturas, el desplazamiento forzado son vehículos de la concentración de tierras, llevados a cabo por “empresarios” que impulsan la acumulación de capital en el campo, gran parte de la cual proviene del robo de la tierra y de la riqueza de los campesinos.


DESPOJO DE TIERRAS

La concentración de tierras en manos de pocos terratenientes ha sido una característica distintiva de la historia de Colombia desde el mismo momento de su separación de España. En este país nunca se realizó una reforma agraria y siempre los latifundistas han tenido un papel protagónico en la escena política y en la vida económica y social. Esto se expresa con indicadores elementales de concentración de la propiedad de la tierra: en el país hay 114 millones de hectáreas, de las cuales 51.3 millones se consideran como superficie agropecuaria, de cuyo total 36 millones están dedicados a la ganadería extensiva, expresión tradicional del poder de ganaderos, terratenientes y narcotraficantes; 10 millones de hectáreas son aptas para la agricultura, y de ellas la mitad se dedica a actividades agroindustriales y en el resto, laderas y zonas bajas tropicales, subsisten millones de campesinos y colonos, de los cuales sólo tiene título de propiedad el 15 por ciento; un 0,43% de los propietarios (grande latifundistas) es dueño del 62,91% del Área Predial Rural, al tiempo que el 57.87% de los propietarios (minifundistas y pequeños propietarios), tiene un ridículo 1.66% de la tierra; el 53% del total de la tierra registrada se concentra en manos de sólo tres mil grandes propietarios rurales; el índice GINI en cuanto propiedad rural ascendió en 2009 a 0.863, uno de los más altos del mundo, sólo superado en América Latina por Paraguay, un país más pequeño; entre el 76 y el 79% de las personas desplazadas tenía derechos asociados a la tierra, bien como propietarios, ocupantes de hecho, poseedores o tenedores; en el último cuarto de siglo se le han usurpado por medio de la violencia unos 7 millones de hectáreas a sus legítimos propietarios o poseedores [2].

De acuerdo a estas cifras, Colombia es uno de los países más injustos y desiguales del planeta, lo cual explica el permanente conflicto agrario de los últimos 60 años, como continuación de las luchas que libraron los colonos, indígenas y campesinos desde comienzos del siglo XIX. En ese sentido, la brutal expropiación de tierras del último cuarto de siglo refuerza un proceso estructural, aunque ahora ese despojo se esté llevando a cabo con unos niveles de violencia y de terror difíciles de concebir en otros lugares del mundo. Este proceso puede definirse como una revancha terrateniente (ahora nutrida con la savia criminal de la alianza que se gestó desde el Estado, entre el Estado, las clases dominantes, el paramilitarismo, el narcotráfico y las multinacionales) cuya finalidad ha sido arrebatar las tierras a los campesinos pobres y destruir a los movimientos sociales de tipo agrario que se les pudieran oponer.

Esto se encuentra ligado con los intereses del capitalismo contemporáneo, porque como lo señaló un campesino que logró escapar de esa barbarie: “En los Hornos crematorios, los criaderos de caimanes y las fosas desaparecieron a muchas víctimas de la contra-reforma agraria en Colombia” [3] Por si hubiera dudas, 4.000 paramilitares confesaron que habían cometido 156.000 asesinatos y participaron en 860 masacres y la Fiscalía General de la Nación informó que entre 2005 y 2010 fueron asesinadas por paramilitares 173.000 personas.

El cambio en el uso de la tierra en Colombia ha sido tan evidente en los últimos 20 años que en donde antes habían parcelas campesinas, llenas de vida, sembradas de maíz y de cultivos de pan coger, con unas cuantas gallinas y cerdos, hoy pasan carreteras y se han sembrado cultivos de exportación, o se han convertido en tierras de ganadería. La expropiación de las tierras de los campesinos tiene varias finalidades, como se describe a continuación.

Tierras para ganadería

Los terratenientes colombianos tienen una especial debilidad por las vacas y los caballos, y por eso poseen grandes latifundios donde pastan miles de cabezas de ganado y caballos de paso fino. La ganaderización del campo colombiano es uno de los rasgos distintivos de este país desde el siglo XIX, cuando los terratenientes introdujeron el alambre de púas y la siembra de pastos, mientras expulsaban a los colonos de las tierras, les arrebataban los títulos y los convertían en peones y agregados de las haciendas. Hasta tal punto domina la lógica ganadera que en las ferias y fiestas que se celebran todos los años se exhiben los “grandes avances” de la ganadería, con exposiciones equinas, corridas de toros, certámenes de coleo o carralejas, para agasajar a los gamonales y terratenientes de un pueblo o una región. Un solo dato es indicativo del poder de los ganaderos en la sociedad colombiana: ocupan 36 millones de hectáreas para un hato ganadero de 19 millones de vacas, es decir, que cada vaca ocupa en promedio casi dos hectáreas del suelo, mientras que millones de campesinos no tienen ni un pedazo de tierra a donde caer muertos. En tales condiciones, uno de los móviles centrales del despojo de tierra busca convertirlas en grandes pastizales, para “sembrar” vacas, caballos y en algunos casos, como en ciertas regiones de Antioquia, hasta búfalos.

Tierras para sembrar cultivos de exportación

Las clases dominantes en Colombia, con una histórica vocación de terratenientes, han visto con muy buenos ojos el proyecto que impulsan los países imperialistas y sus empresas transnacionales de sembrar cultivos de exportación. La puesta en marcha de ese proyecto se sustenta en la expropiación de tierras en varias regiones del país, que se destinan a sembrar productos como la palma aceitera. Ningún cultivo como éste simboliza los nexos entre violencia, despojo, apropiación de tierras y paramilitarismo, como se evidencia en todas las regiones donde se ha implantado.

La propuesta de convertir a Colombia en un país palmicultor cobró fuerza durante el régimen criminal de Álvaro Uribe Vélez, quien estableció como una de sus prioridades incrementar la cantidad de tierras dedicadas a la siembra de palma. Y en efecto, durante el período 2003-2009 el cultivo de palma aceitera pasó de 206.801 a 360.537 hectáreas, con la pretensión de alcanzar pronto seis millones de hectáreas, como expresión del deseo de convertir a Colombia en la “Arabia Saudita del biodiesel”. Tan drástico incremento se logró en antiguas tierras de campesinos, apropiadas por “prósperos para empresarios”. que ahora las destinan a sembrar la palma de la muerte, como la llaman los campesinos desalojados.

Entre los sectores sociales más afectados por estos empresarios del crimen, dedicados a negocios legales, se encuentran los habitantes afrodescendientes de la costa pacífica colombiana, que han sido expulsados de sus tierras, a punta de fuego y motosierra, como ha sucedido con los habitantes de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó en el departamento de Chocó, cuyos terrenos fueron ocupados por paramilitares en alianza con miembros de la Armada en 1997. Luego del despojo aparecieron empresarios de la Palma que empezaron a sembrarla en esos territorios, contando con el respaldo y el apoyo de la Brigada XVII del Ejercito Nacional que actúa en favor de los empresarios y apoya la expansión de los cultivos. Fueron limpiadas las tierras, derribado parte del bosque nativo, y contaminadas las aguas. Las comunidades campesinas no sólo fueron desalojadas sino que, después de implantarse el cultivo, empezaron a ser asesinados sus lideres cuando intentaban reorganizar a las comunidades, contabilizándose cientos de asesinados [4].

Tierras donde se encuentran riquezas minerales

En las diversas regiones de Colombia donde existen riquezas minerales se ha organizado la expulsión de indígenas y campesinos, como ha sucedido en la Costa Atlántica con la explotación del carbón. En la Jagua de Ibirico, departamento de César, desde mediados de la década de 1990 sicarios a sueldo realizaron numerosas masacres con la finalidad de limpiar la tierra de sus incómodos ocupantes, para apropiarse de las mismas y cederlas a empresas multinacionales, como la Drumond, con la complicidad de notarios del INCODER y otros funcionarios y abogados que llegaron al descaro de hacer firmar escrituras a los muertos para legalizar el robo de tierras. Los campesinos que lograron sobrevivir se vieron obligados a huir, dejaron todo abandonado y, en medio de la miseria, subsisten como vendedores informales y viven en pocilgas miserables en pueblos y ciudades de la costa [5].

Este es sólo un ejemplo, porque en todo el país se están realizando apropiaciones de tierra para realizar explotaciones mineras, si se tiene en cuenta que el Estado les concede facilidades a empresas de capital transnacional para que se lleven los recursos naturales, en lo cual se incluye legalizar las concesiones mineras mediante la entrega de miles de hectáreas para que operen las compañías de Canadá, Sudáfrica, la Unión Europea y otros países. Esto se evidencia con la expedición de títulos mineros, los que pasaron de 80 en el 2000 a 5067 en el 2008, con un total de casi 3 millones de hectáreas concedidas para extracción minera.

Tierras para construir represas

El monopolio de la tierra no puede existir si al mismo tiempo no se monopoliza el agua, porque la tierra sin agua es un desierto. Esto lo tienen claro los terratenientes y ganaderos, así como el Estado que les sirve. Por esta circunstancia, la expansión de los latifundios viene acompañada de la expropiación de las tierras circundantes a los lugares donde se encuentran fuentes de agua y la apropiación privada de ríos, quebradas, ciénagas, humedales y lagunas para beneficio exclusivo de los terratenientes y ganaderos. Gran parte de las represas que se han construido en Colombia en las últimas décadas tienen esta finalidad.

Al respecto vale mencionar a la Represa de Urra I, obra que se construyó entre 1993-1999, y que contó con la lucida oposición de la comunidad indígena de los Embera-Katios, ancestrales habitantes del lugar, desplazados a sangre y fuego por grupos de paramilitares, organizados por terratenientes y ganaderos y respaldados por el Estado y los políticos regionales. La construcción de esta represa es ilustrativa de la destrucción de los bienes colectivos y su conversión en bienes privados, porque unos 70.000 indígenas, campesinos y pescadores fueron directamente impactados por el proyecto Urra I. Al mismo tiempo, se destruyó la pesca artesanal, porque disminuyeron o desaparecieron especies de peces de la cuenca del río, como el caso del bocachico, fuente alimenticia de primer orden en la dieta de los embera Katio y los pescadores locales. Esto último se debió a la desecación de los humedales del alto Sinú, ocasionada por la disminución de los flujos naturales del río, luego de que fuera construida la represa.

Junto con el exterminio del bocachico se han secado humedales y ciénagas, que entre otras cosas es lo que le interesa a los terratenientes para expandir sus fincas ganaderas. Lo que antes eran corrientes de agua llenas de vida, ahora son fuentes contaminadas y muertas, como sucede siempre con las grandes represas, que finalmente son aguas estancadas en las que pululan los mosquitos, que generan epidemias que antes no conocían los indígenas y campesinos [6].

Las hidroeléctricas que se han construido en Córdoba no son una cuestión de energía ni de aguas, sino de tierras ganaderas, las mismas que pertenecen a unos cuantos latifundistas que se van expandiendo a costa de los pequeños campesinos e indígenas y que utilizan todos los medios para quedarse hasta con las tierras de los humedales, los cuales son secados con Búfalos. En estas ricas tierras se han enfrentado desde el siglo XIX los hacendados y los campesinos que cultivan maíz, yuca y malanga y son pescadores, es decir, forman parte de lo que Orlando Fals Borda llamó una cultura anfibia.

Tierras que se entregan a las multinacionales

La tierra ha adquirido una renovada importancia para las potencias capitalistas, en la perspectiva de convertirla en medio de producción que genere agrocombustibles y para apropiarse de las riquezas naturales que en ellas se encuentren. En ese sentido, los países imperialistas libran una guerra no declarada por apropiarse de los recursos, cuyo escenario bélico se despliega en el mundo periférico y dependiente. Colombia, uno de los primeros países del mundo en biodiversidad, no está al margen de esa guerra y por ello en los últimos tiempos se ha presentado una ofensiva de las empresas transnacionales y de sus respectivos estados por adueñarse de importantes reservas de tierras, sobre todo aquellas en que existan recursos minerales. Esto se facilita porque el Estado y las clases dominantes del país han optado por regalarle al capital imperialista nuestras riquezas, a cambio de que siga fluyendo el caudal de dólares y euros para mantener la guerra interna. Un caso particularmente destacado de entrega de tierras a las multinacionales está relacionado con la explotación de recursos minerales en diversas regiones del territorio colombiano. A manera de ejemplo, valga mencionar el caso de la extracción de oro por parte de empresas canadienses y sudafricanas en lugares como Cajamarca (Tolima), San Turbán (Santander), Marmato (Antioquia), entre muchos casos.

En Marmato, una tradicional zona minera desde hace varios siglos, la compañía canadiense Medoro Resources anunció a finales del 2010 que va a realizar un proyecto de minería a cielo abierto que cubre un área de 200 hectáreas e incluye el casco urbano de esa población. Para llevar a cabo este proyecto, la compañía anunció que en los próximos años va a extraer unos 10 millones de onzas de oro. Para hacerlo requiere la remoción de 300 mil toneladas de tierra al año y reasentar el pueblo en otro lugar, el que se anuncia como un sitio paradisiaco, según la propaganda oficial de la empresa, acogida desde luego por la gran prensa y por los políticos de Antioquia y de Caldas. Decir que ese es un reasentamiento es un abuso de lenguaje, porque en verdad se está hablando del desplazamiento forzado de todos los habitantes de un pueblo, que durante varios siglos se han dedicado a la pequeña minería, por obra y gracia de la minería transnacional [7].

En las tierras que se ceden a las multinacionales se incluyen los recursos naturales, la biodiversidad y sobre todo el agua, tan necesaria para la explotación minera y cuyas fuentes quedan contaminadas por el arsénico que se vierte diariamente sobre ríos y quebradas. La contaminación y desaparición de la biodiversidad cierran un proceso de despojo, en el que previamente los grupos privados de asesinos, en alianza con las Fuerzas Armadas del estado, han desplazado a los campesinos y habitantes pobres de las regiones donde se explotan minerales. Se calcula que como resultado de la extracción de recursos minerales, en Colombia habían sido desplazadas en los últimos años, hasta agosto de 2008, unas 600 mil personas. Nada sorprendente si se sabe, por ejemplo, que la transnacional Kedahda (filial de la Surafricana Anglo Gold Ashanti) ha solicitado que le otorguen concesiones en 336 municipios del país, en zonas en las que es notoria la presencia de paramilitares.

LA LEGALIZACIÓN DEL DESPOJO

Luego de perpetrado el robo de tierras se trata de asegurar su posesión por parte de los usurpadores. Para lograrlo el Estado juega un papel de primer orden ya que entran a operar los mecanismos “legales”, donde abogados, jueces, notarios, alcaldes, gobernadores, parlamentarios, ministros y presidentes actúan en consonancia con el proyecto de legitimar y legalizar la expropiación de tierras. Todos estos funcionarios estatales adelantan la labor de limpiar la cara de los criminales y de presentarlos como honestos empresarios que, al despojar a los campesinos, actúan como portavoces de la patria y se comportan como excelsos defensores de la sagrada propiedad privada. Siempre se trata de mostrar ante la opinión pública que no existió el saqueo y que los pequeños propietarios no son productivos sino, más bien, son un estorbo que conspiran contra los grandes propietarios que, según el estribillo de moda, son los que generan empleo y prosperidad.

En Colombia el despojo de tierras se ha legalizado desde el Estado central con un sinnúmero de leyes. Valga mencionar algunas. La ley 791 de 2002 reduce a la mitad el tiempo estipulado para la prescripción ordinaria y extraordinaria, con lo cual se acorta el plazo requerido para alcanzar la legalización de un predio ante los estrados judiciales, argucia que como es obvio favorece a los usurpadores de tierras. La ley 1182 del 2008 instituye el “saneamiento de la falsa tradición”, una figura con la que se posibilita la legalización de predios de más de 20 hectáreas adquiridos de manera ilegal, siempre y cuando no se presente ante un juez alguna persona que alegue en contra de esa solicitud y con pruebas, algo difícil porque un desplazado o no está informado de las solicitudes de adjudicación sobre sus tierras y si está enterado poco puede hacer ante el chantaje violento que pende sobre su cabeza. La ley 1152, o Estatuto Rural, establece la validez de los títulos no originarios del estado registrados entre 1917 y 2007, con lo cual permite la solución de los litigios a favor de los grandes propietarios y quienes han robado tierras en los últimos 90 años. Esta misma ley prohíbe la ampliación de resguardos indígenas en la zona del Pacífico y en la cuenca del Atrato, un región de gran desplazamiento forzado, que deja a los indígenas desamparados legalmente para defender sus territorios.

Pero las leyes de legalización del despojo no sólo están referidas a las tierras, sino que incluyen el interés de legislar en términos de agua, paramos, bosques, parques naturales, recursos forestales para que todo aquello que sea propiedad pública o común se convierta en bienes privados al servicio de capitalistas, terratenientes y multinacionales.

Como si no fuera bastante con este rosario de leyes a favor del latifundio y los agentes del despojo rural, durante el gobierno de Juan Manuel Santos se ha impulsado la idea de la consolidación de la seguridad democrática, un eufemismo para decir que se va asegurar el robo y el despojo. Al respecto, en el 2010 fueron desplazadas 280.041 personas del campo, en 31 de los 32 departamentos del país y, lo más revelador, el 33 por ciento de los desplazados se origina en las zonas que el régimen uribista denominó Centros de Coordinación y Atención Integral (Ccai), “programas que tienen incidencia en 86 municipios en 17 departamentos, los cuales el ex presidente Uribe consideró prioritarios para recuperar la seguridad y avanzar en inversión social y empresarial”. Llamativo también que en un tercio de las tales zonas de consolidación hay explotaciones de minerales, especialmente del oro, como en Montelíbano (Córdoba), varios municipios del Bajo Cauca, en el Pacífico o en el Catatumbo. No por casualidad la región más crítica es el bajo cauca, donde “En las riberas de los ríos Cauca, Man, Nechí y Cacerí hay cerca de 2.000 retroexcavadoras y dragas que según cifras oficiales sacan 28 toneladas de oro al año. Con la fiebre minera llegaron las bandas criminales, las masacres, los asesinatos y las amenazas. En la región hay 89 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta de Antioquia”.

En esas zonas de consolidación de latifundio agroindustrial se están sembrado miles de hectáreas con palma aceitera, tales como en San Onofre (Sucre), Tibú (Norte de Santander), Guapi y Tumaco (Nariño), en las faldas de la Sierra Nevada y en la Macarena (Meta).

En tales zonas de consolidación tampoco se ha erradicado el narcotráfico, pues en un 70 por ciento de ellas se cultiva hoja de coca, un hecho que además acelera el desplazamiento porque actúan los narcoparamilitares y porque las fumigaciones del ejército golpean a los campesinos y sus familias y les destruyen sus cultivos [8].

En rigor, la consolidación que se busca es la del gran capital agro-minero exportador en el cual sobresale la alianza entre latifundistas, narcotraficantes, exportadores y empresas multinacionales. Para hacerlo posible, el Plan Nacional de Desarrollo, en sus artículos 45, 46 y 47, modifica la ley 160 de 1994 que impedía que las tierras públicas (baldías) fueran transferidas a particulares que formaran latifundios. Ahora se permite que se adjudiquen esos baldíos de la nación a cualquier persona, nacional o extranjero, todo lo cual se justifica con el cuento de promover las grandes exportaciones agropecuarias, en las que se destila la demagogia que de esta forma se consolidará la alianza entre campesinos y grandes productores. Algo que es mucho más explicito con la mal llamada Ley de Tierras, un proyecto que favorece y fortalece a los capitalistas nacionales y extranjeros.

LOS EXPROPIADOS

Aunque las grandes empresas agroexportadoras y minerales necesiten trabajadores ya no requieren vastos contingentes de ellos, ni tampoco generan unas relaciones salariales clásicas, sino que impulsan formas de vinculación laborales propias del esclavismo o del feudalismo. El empleo que generan las minas o las plantaciones de palma o de caña de azúcar es muy escaso y el grado de explotación de los trabajadores es bestial, sin ningún tipo de derechos laborales, e incluso sin contratación directa puesto que predomina el trabajo terciarizado por medio de cooperativas, con el objetivo de esconder al patrón. Un ejemplo de esta forma de vinculación laboral de tipo salarial, degradada al máximo, es el de los corteros del Valle del Cauca, que en el 2008 realizaron una heroica huelga.

Estos trabajadores de rasgos cetrinos, muchos de ellos descendientes de esclavos africanos, soportan interminables jornadas de 12 o más horas, laborando bajo pleno sol, sin un salario fijo porque se les paga de acuerdo a la cantidad de caña que sean capaces de cortar, cuyo peso es controlado por las basculas que pertenecen o las empresas contratistas o a los ingenios. Su jornada de trabajo discurre los siete días de la semana, con un solo día de descanso al mes. No tienen derecho a enfermarse porque, aparte de que no cuentan con servicio médico pago por la empresa sino que lo deben asumir por su cuenta, deben enviar un sustituto cuando se enferman y si no lo hacen son despedidos. La jornada diaria de trabajo se inicia a las seis de la mañana y se prolonga hasta cuando comienza la noche. Todo el día cortan caña a punta de machete. Se les paga por el volumen de caña cortada, por lo que reciben un salario variable, a destajo. Los organizadores de las cooperativas asociadas les dicen que ellos son a la vez patrones y trabajadores, en razón de lo cual todo lo que utilizan o necesitan (machetes, guantes, zapatos, ropa y protectores de tobillo) deben ser comprados por ellos mismos, con sus magros ingresos. Tampoco tienen subsidio de transporte, un gasto importante en su reducido presupuesto ya que representa hasta la séptima parte de sus salarios, porque supuestamente no son empleados sino patrones. Entre otras cosas, esta extraña condición de figurar como patronos de sí mismos les impide en términos legales que hagan huelgas. No tienen derecho a vacaciones ni a pago de horas extras [9].

En el caso de la caña como en los otros sectores de este tipo de agronegocios, si los trabajadores se atreven a protestar, a organizarse, afiliarse a un sindicato o hacer huelga, inmediatamente son amenazados, perseguidos y asesinados sus líderes y activistas más beligerantes.

LIQUIDACIÓN DE ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES

Otra característica de la acumulación por desposesión estriba en desarticular por todos los medios posibles, empezando por la violencia física directa, a todos aquellos sectores sociales de tipo popular que pudiesen oponerse al proyecto de consolidación del capitalismo agroindustrial de tipo exportador. En Colombia esto se expresa en el desangre que han sufrido las organizaciones sociales en los últimos 25 años por parte del Estado y de los grupos de sicarios que han sido organizados y financiados por diversas fracciones de las clases dominantes, en cabeza de las cuales sobresalen los ganaderos y latifundistas, en asocio con empresas multinacionales.

La violencia contemporánea que acompaña el despojo de la tierra y la naturaleza tiene un marcado carácter de clase. Se trata, en pocas palabras, de eliminar los incómodos obstáculos sociales que impidan la consolidación del modelo agroexportador, lo cual sigue en términos generales un mismo modus operandi: primero se limpia la tierra mediante el terror por parte de grupos de criminales contratados por el Estado y fracciones de las clases dominantes; luego, los políticos regionales diseñan la planeación estratégica para transformar esas regiones en lugares adecuados para la puesta en marcha de actividades económicas, que sólo pueden llevarse a cabo con la consolidación de los planes de pillaje, muerte y saqueo; en tercer lugar, ya con las tierras despejadas y con los planes empresariales se llama al capital extranjero para que invierta en el país, garantizándoles plena seguridad a las inversiones y brindándole, aparte de protección, todo tipo de gabelas, descuentos y regalos.

La implantación de cultivos como el banano, la palma aceitera, o de otros productos destinados a producir agrocombustibles (caña de azúcar) o la extracción de petróleo, minerales y oro viene acompañada de una dosis notable de violencia, como se evidencia con la gran cantidad de sindicalistas, dirigentes campesinos e indígenas que han sido asesinados. Las masacres, desplazamientos forzados, destrucción de sindicatos acompañan esta forma de acumulación de capital en Colombia en las últimas décadas. Eso no es algo excepcional o fortuito sino consustancial a este tipo de capitalismo gángsteril, como lo dice un estudioso de la explotación de palma: “El aceite o el biodiesel de Palma Africana tienen a la violencia como aditivo. En Indonesia, en África o en Colombia, la depredación ambiental, la represión a las comunidades indígenas y campesinas, y el antisindicalismo son algunas de las huellas de la identidad violenta del cultivo industrial de la Palma Africana” [10].

La implantación de la palma viene acompañada de la expulsión de los campesinos y por esa razón puede decirse que la palma aceitera Es el “NAPALM” del Plan Colombia: quemando la selva, quemando la gente y a todo derecho.” Y lo que queda después son “desiertos verdes, árboles en filas plantados como zanahorias, sin campesinos, con escasa mano de obra y la poca que genera mendiga por laberintos donde la esclavitud no encuentra salidas” [11]. Esta es la famosa Arabia Saudita del biodiesel que buscan los para empresarios y no están equivocados porque quieren transformar a este país en un desierto de palma, sin campesinos, regido por una monarquía oligárquica y corrupta como la de Arabia Saudita.

La palma es un negocio criminal de paramilitares y narcotraficantes, como se prueba con el hecho que 23 empresarios del sector en el 2003 invirtieron 34 millones de dólares. Esto fue posible mediante el desplazamiento de 5000 campesinos, la ocupación de 100 mil hectáreas que correspondían a territorios de comunidades afrodescendientes en el Choco. Esto fue respaldado por los sicarios privados, aliados con el ejército y burócratas del Ministerio de Agricultura, que concedieron generosos créditos y llamaron a la apropiación de la tierra para que “honestos empresarios hicieran patria” con su sacrificio y tesón. Como para que no quede duda esta operación, encaminada a impulsar el cultivo de palma, fue directamente comandada por los paramilitares Carlos y Vicente Castaño, que a su vez eran propietarios de Urapalma, una firma dedicada al negocio de producir y refinar aceite de palma. Uno de estos criminales, Vicente Castaño, recibió “2,8 millones de dólares de entidades como el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y el Banco Agrario”, y otras tres firmas de paramilitares recibieron más de 6,8 millones de dólares [12].

Otro tanto sucede con el banano que se ha sembrado en Colombia para la exportación, producto que desde la masacre de 1928 ha estado ligado a la violencia del capital imperialista. Y esta no es una evocación histórica sino actual, porque se han comprobado los nexos entre los grupos de criminales que mataron a miles de campesinos y trabajadores bananeros en varias zonas del país, especialmente en el Urabá antioqueño, hasta el punto que la Chiquita Brands fue condenada en un tribunal de los Estados Unidos a pagar una multa de 25 millones de dólares por estos crímenes. Eso si, sus ejecutivos no sufrieron ninguna condena por patrocinar y financiar a los criminales que le hacían el favor de matar a sus incómodos trabajadores que se organizaban en sindicatos y querían mejorar sus condiciones de trabajo y de vida. Tal ha sido la impunidad criminal que se enseñoreo en la zona bananera de Urabá que bien puede catalogarse como un “modelo” de imposición de los cultivos empresariales en nuestro país, ya que allí confluyen todos los elementos que hemos descrito: despojo de tierras, expulsión de campesinos y trabajadores, asesinatos, masacres, financiamiento de empresas nacionales y multinacionales a los grupos criminales, alianzas entre sicarios y militares, participación y complicidad del Estado, eliminación física de la base social de la insurgencia y los movimientos de izquierda, legitimación por parte de la gran prensa y de los políticos locales de los crímenes cometidos a nombre de la salvación de la patria y de la imposición del orden y la seguridad, premio a los criminales donde quiera que se encuentren o se desempeñen, patrocinio de políticos regionales a nivel nacional, hasta que uno de ellos alcanzó la presidencia de la República.

Ese modelo bananero es el mismo que se está aplicando con la palma aceitera y en la explotación minera, como buen ejemplo de los costos sociales y humanos de la producción primaria exportadora que beneficia al capital imperialista y a sus socios criollos. En pocas palabras, en el Urabá antioqueño se demostró que este país es una típica república bananera, aunque mejor sería llamarla una Para República Bananera.


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NOTAS:

[1] David Harvey, El nuevo imperialismo, Editorial Akal, Madrid, 2005, p. 119.

[2] Ver, PNUD, Colombia, Colombia rural. Razones para la esperanza. Resumen Ejecutivo, Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011, Bogotá, septiembre de 2011; Luis Fernando Gómez Marin, Concentración de la tierra y concentración de ayudas del Estado, en luisfernandogomezz.blogspot.com/.../la-desigualdad-en-la-propiedad ; Darío Fajardo, Reforma agraria y paz… o minería, en www.espaciocritico.com/?q=node/72

[3] Citado en Azalea Robles, “La Ley de Tierras de Santos. De las fosas comunes a la consolidación del gran capital”, Rebelión, octubre 18 del 2010.

[4] El primer capítulo de la ‘paraeconomía’, en www.espaciocritico.com/?q=node/72

[5] Carbón y sangre en las tierras de Jorge 40. en www.prensarural.org/spip/spip.php?article4803

[6] Fernando Castrillón Zapata, Efraín Jaramillo y Gregorio Mesa Cuadros, Colombia: La represa de Urrá y los Embera Katío del Alto Sinú. Una Historia de farsas y crímenes, en www.kaosenlared.net/noticia/colombia-represa-urra-embera-katio-alto-sinu-historia-farsas-crimenes

[7] MEDORO RESOURCES Ltda. se quiere tragar a Marmato, en www.pacificocolombia.org/.../ medoro - resources -ltda... marmato /77

[8] Desplazamiento: el desangre continua, en www.verdadabierta.com/index.php?option=com_content&id...

[9] Ricardo Aricapa, Las razones sociales y laborales que llevaron al paro a los corteros de caña, en www.rebanadasderealidad.com.ar/escuela-col-08-06.htm

[10] Gerardo Iglesias, “El agua y el aceite. Palma africana y derechos humanos”, en www.ecoportal.net Rel-UITA

[11] Ibíd.

[12] La palma africana negocio criminal de paramilitares y narcotraficantes, en www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/palma1.html

(*) Renán Vega Cantor es historiador. Profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, de Bogotá, Colombia. Autor y compilador de los libros Marx y el siglo XXI (2 volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 1998-1999; Gente muy Rebelde, (4 volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 2002; Neoliberalismo: mito y realidad; El Caos Planetario, Ediciones Herramienta, 1999; entre otros. Premio Libertador, Venezuela, 2008.

Este artículo fue publicado originalmente en papel en la "Revista Cepa", No. 14, febrero-junio de 2012.

CALPU. http://calpu.nuevaradio.org

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viernes, 20 de enero de 2012

Expulsan a tres mil estudiantes y cesan a cientos de maestros tras protestas en Chile


AVN.- El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, denunció este martes la expulsión de tres mil estudiantes de sus colegios y la cesantía impuesta a cientos de maestros por participar en movilizaciones en rechazo al modelo educacional impuesto por el gobierno del presidente Sebastián Piñera.

De acuerdo con una nota de Prensa Latina, Gajardo señaló que hay magistrados que realizan una verdadera operación castigo contra los alumnos y docentes que apoyaron al Movimiento Social por la Educación Pública y Gratuita.

“Tenemos conocimiento de que este tipo de decisiones obedecen a órdenes emanadas directamente por los alcaldes y son operadas a través de los directores de establecimientos”, subrayó una misiva enviada por el gremio magisterial al ministro de Educación, Harald Beyer, refirió el reporte.

Además de las cancelaciones de matrículas de alumnos que escenificaron protestas en las calles de Chile, “hay una política de despidos masivos a docentes y otras arbitrariedades en cuanto al pago salarial, situación que afecta en particular a unos cuatro mil profesores, denunció Gajardo.

Asimismo, el líder gremial reflexionó que lo que está ocurriendo demuestra cada vez más la necesidad de erradicar el lucro en el sistema de enseñanza en Chile. “El lucro trae consecuencias nefastas”, enfatizó.

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sábado, 7 de enero de 2012

La deportación de una adolescente estadounidense a Colombia constituye el último fracaso del sistema inmigratorio

Juan González y Amy Goodman Democracy Now!

La familia de la adolescente Jakadrien Turner de Dallas está exigiendo respuestas, después de que la joven fuera deportada a Colombia, a pesar de que es ciudadana estadounidense y no habla español. Turner, afroestadounidense de 15 años de edad que había huido de su hogar, estaba viviendo en Houston cuando fue arrestada por hurto de mercadería en comercios y le dio a la policía un nombre falso. Dicho nombre pertenecía a una inmigrante colombiana indocumentada de 22 años de edad sobre quien pesaba una orden de arresto. Según se informa, a pesar de que la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos ( ICE ) confirmó que las huellas dactilares de Turner no coincidían con las de la ciudadana colombiana, Turner fue deporatda. "La gente no tiene idea de que en este país tenemos una policía deshonesta.

Esa policía deshonesta se llama ICE ", sostiene Ralph Isenberg, empresario de Dallas que se ha convertido en defensor de los inmigrantes. "Espero que la comunidad afrodescendiente de EE.UU. que sabe lo que significa la destrucción de las familias por el efecto de la esclavitud en nuestras familias, en algún punto se dé cuenta y entienda que el problema de los inmigrantes es algo que no podemos ignorar", añade el reverendo Peter Johnson de Dallas, antiguo defensor de los derechos civiles que ha estado colaborando con la familia Turner. También hablamos con Jacqueline Stevens, profesora de ciencias políticas de Northwestern University, que acaba de publicar un informe exhaustivo sobre los ciudadanos estadounidenses que fueron detenidos y deportados.

Más información en inglés: http://www.democracynow.org/2012/1/6/deportation_of_us_teen_to_colombia

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martes, 3 de enero de 2012

Nación carcelaria

Mumia Abu Jamal La Haine

Cada prisión es igual, y cada prisión es diferente. Cada prisión tiene su propio mitología (piensen en Alcatráz, Sing Sing, Ática), su propio ritmo –– duro, suave, firme, relajado, severo o super max. Y cada prisión se administra por un sistema de clase, es decir, por la manera en que las cortes o administradores han clasificado un delito, según los intereses amenazados por él.

Por ejemplo, en el área de aislamiento (el hueco) de cada prisión del estado, encuentras el corredor de la muerte, donde los hombres y mujeres con las peores sentencias viven las vidas menos contenciosas. Si tienen el dinero (o en realidad, si sus familias lo tienen), tal vez pueden tener un televisor, un radio, u otras cosas ––pero sólo si pueden pagar. Algunos presos trabajan en la prisión por el magnífico sueldo de $35 o $50 dólares al mes. Sí. Al mes. En estos lugares es difícil pensar en cualquier cosa que no sea la máxima condena ––la muerte–– y en vista de esta inmensidad, cualquier comodidad parece insignificante.

Sin embargo, el corredor de la muerte es una clase en un sistema de clasificación, y más allá de ésta existe un abismo de categorías que son tan enloquecedoras como rutinarias. Se conocen, por sus siglas en inglés, como AC (Detención Administrativa), DC (Custodia Disciplinaria), o PC (Prisión Preventiva), entre otras. Todas se refieren a un estado de encerramiento especial, todas tienen distintas reglas con respecto a lo que se permite o no se permite, y todas tienen varios niveles de represión.

Los libros más reconocidos sobre la historia de Estados Unidos hablan de un país sin clases. Dicen que las rígidas distinciones de clase son más bien una cosa inglesa o europea. ¿Entonces cómo es posible que una nación que presume de ser una sociedad sin clases haya fundado instituciones tan plagadas con diferenciaciones de clase?

A decir verdad, Estados Unidos nunca ha sido una sociedad sin clases. Y además de tener clases muy rígidas desde el principio, tuvo (y tiene) un sistema de casta más rígida que la piedra. Millones de negros viven en una casta, como Michelle Alexander ha señalado en su excelente obra, El Nuevo Jim Crow.

La adinerada clase dominante construyó prisiones y cortes para protegerse y proteger su riqueza ante los reclamos de las masas. También construyó la ilusión ideológica de un país sin clases, la cual se difunde hasta la fecha en sus medios de comunicación. Rebuznaron sobre la libertad, mientras construyeron un complejo carcelario industrial ––el complejo carcelario más masivo jamás visto en el planeta.

Construyeron una nación carcelaria.

(c) '11 maj
17 diciembre 2011
Audio grabado en voz de Marc Lamont Hill por Noelle Hanrahan: www.prisonradio.org
Texto circulado por Fatirah Litestar01@aol.com
Traducción Amig@s de Mumia, México

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Desde el 12 de diciembre, Mumia Abu-Jamal ha estado en Detención Administrativa en la prisión Mahanoy en Frackville PA. Las restricciones son severas. No ha podido comunicarse con nadie por teléfono y por eso Prison Radio no puede grabar sus ensayos en su propia voz. Aunque técnicamente no está en el corredor de la muerte, Mumia sigue en aislamiento. Durante sus primeros días en Frackville, le permitieron tener ocho hojas de papel y una pluma de goma. Ahora tiene acceso a cuatro libros y más hojas. Sus visitas (pocas y cortas) todavía se realizan a través de un plexiglás, sin contacto físico. Está encadenado con grilletes en las manos y los pies durante las visitas.

Recordemos que en la prisión Greene, donde Mumia estuvo encerrado en el corredor de la muerte, los oficiales abandonaron la práctica de encadenar a los presos durante sus visitas después de que el ex arzobispo Desmond Tutu puso el grito en el cielo al encontrar a Mumia en grilletes durante su visita con él en octubre de 2007.

En otras palabras, en varios aspectos la vida diaria de Mumia ahora es igual o peor que antes. Se supone que estas condiciones deben cambiar cuando lo trasladen a Población General, pero no podemos contar con esto.

Por otro lado, a pesar de que la Suprema Corte de Estados Unidos ha declarado inconstitucional la pena de muerte en el caso de Mumia, podemos contar con la Orden Fraternal de Policía y la Fiscalía de Filadelfia para hacer todo lo posible para silenciarlo. Expresaron su odio para él públicamente en su mitin anti-Mumia el 8 de diciembre en el Keswick Theatre. Todavía lo quieren muerto. Si esta pandilla no ordena un atentado contra Mumia dentro de la prisión, lo menos que van a hacer (y seguramente lo están haciendo ahora mismo) es presionar a las autoridades carcelarias para hacer su vida un infierno e impedir que él siga luchando a través de sus escritos. Quieren su silencio.

Mientras seguimos exigiendo la libertad inmediata de Mumia, hay cosas que podemos hacer con respecto a su situación actual. Ramona África pide que le enviemos tarjetas a él y que llamemos al Director de la prisión John Kerestes o a la Sub-Directora Bernadette Masan (570 773-2158) para dejarles saber que estamos viendo por su seguridad y bienestar en prisión. Su nueva dirección es:

Mumia Abu-Jamal, #AM8335
SCI Mahanoy
301 Morea Road
Frackville, PA 17932

Con los mejores deseos para un año de rebelión revolucionaria en el mundo entero,
Amig@s de Mumia de México

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viernes, 16 de diciembre de 2011

Detienen a 10 policías por muerte de estudiantes en México

(PL) Diez policías fueron detenidos por la muerte de dos estudiantes durante un enfrentamiento entre alumnos y agentes ocurrido el pasado lunes en el estado mexicano de Guerrero, se informó hoy.

El gobernador del territorio, Angel Aguirre, comunicó que los todos los detenidos son policías locales, cinco pertenecen al gobierno y los otros a la procuraduría.

El choque se produjo cuando estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa, que bloqueaban la autopista entre Ciudad de México y el balneario de Acapulco para pedir demandas docentes, fueron violentamente reprimidos por autoridades locales y federales.

Los hechos son investigados por la Procuraduría General de la República, decisión que se tomó después de que autoridades de Guerrero y federales se responsabilizaran mutuamente de la agresión con arma de fuego.

El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, manifestó la firme decisión del Gobierno Federal de llevar a cabo las indagatorias del caso, con el fin de esclarecer plenamente los hechos.

En este estado durante el año se han desarrollado diversas protestas de estudiantes y maestros, lo que incluyó una huelga de varias semanas de estos últimos en solicitud de seguridad tras amenazas del crimen organizado que les exigían una extorsión.

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jueves, 15 de diciembre de 2011

Urgencia organizativa para el joven movimiento mexicano contra la guerra de las drogas

Marta Molina The Narco News Bulletin

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) empezó con 6 muertos la madrugada del 28 de marzo de este año. Uno de ellos, Juan Francisco, hijo del poeta Javier Sicilia. Después de un largo caminar las víctimas empezaron a organizarse y a aprender como trabajar juntos por un mismo objetivo: el fin de la guerra contra las drogas. Pero hace falta un paso de gigante en términos de organización de base para que el movimiento logre su fin.

Una serie de ataques al Movimiento por la Paz (o al menos así lo han considerado ellos mismos) en forma de hostigamientos, secuestros y asesinatos están poniendo trabas a este segundo paso necesario después de haber juntado a las víctimas del país: la capacitación en la noviolencia y la organización comunitaria para que cada decisión o acción que lleven a cabo dirija a una secuencia de acciones que sean iniciadas por el movimiento en lugar de tener que reaccionar constantemente a tragedias casi inevitables.

Lejos de lo que se pueda pensar, formar parte del movimiento no provoca como consecuencia estos hostigamientos o ataques que, seguramente, seguirían ocurriendo con o sin él. Esta violencia ha sido una constante desde hace cinco años con la militarización de la guerra de las drogas. Esta es la razón por la cual se formó el movimiento. Lo que sí posibilita es justamente hacer más visibles estos casos, seguir su lucha y poner nombre y apellidos a los que fueron asesinados; uno de los cometidos del movimiento desde sus inicios.

Lo que realmente puede llegar a convertirse en un obstáculo creciente es este “andar de crisis en crisis” que quita el tiempo necesario para organizar, capacitar e idear los protocolos de actuación adecuados para cada acción. Es sabido, y lo han demostrado otros movimientos exitosos a lo largo de la historia de las luchas de resistencia noviolenta en el mundo que, organizar y capacitar a sus integrantes es la clave para triunfar.

En definitiva, en estos momentos, el Movimiento por la Paz está defendiendo un terreno que aún no ha ganado y esto (las crisis) impide que pueda realizar los pasos necesarios para la capacitación de sus tropas noviolentas, las que reclutó desde la primera Marcha entre Cuernavaca y la Ciudad de México del 5 al 9 de mayo de este año pasando por la Caravana del Consuelo al Norte, en junio, y la Caravana de Paz al Sur del país, en septiembre.

Las crisis les han conducido a hacer un replanteamiento autocrítico. La última, el grave asesinato de Nepomuceno Moreno Nuñez el pasado 28 de noviembre en Hermosillo, en su natal Sonora. Un padre que buscaba a su hijo, Jorge Mario Moreno León, desaparecido el primero de julio de 2010 y que vio en el Movimiento por la Paz la única esperanza para encontrarle y luchar junto con otros mexicanos, para acabar con la guerra que se lo llevó.

Nepo, la sonrisa del camión “Seis”

Nepomunceno sabía que no era el único en este país al que le habían arrancado a su hijo sin motivo alguno, pero le hacía falta encontrarse con otros en su misma situación para empezar a organizarse. El segundo paso lo dieron ellos, gente como Nepomuceno, sin los que hoy no existiría el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. El primero se llamó Javier Sicilia, el tercero ya fueron “todos”, las víctimas y los mexicanos y mexicanas solidarios con ellos y preocupados por el devenir de su país.

Lo asesinaron hace diez días mientras viajaba por la calle Pesqueira, en Hermosillo, Sonora. Tenía 56 años. Don Nepo el del camión 6, el de la sonrisa contagiosa. Así le llamaban sus compañeros de la Caravana por la Paz, que le recuerdan hoy por su sentido del humor pero sobretodo por su ejemplo de lucha. Nepo vio con sus propios ojos como crecía el Movimiento. Lo vio caminar, caminó con él, aprendió con él. Formó parte de la Marcha silenciosa a la que se unieron 600 personas que salió el 5 de mayo desde Cuernavaca (Morelos) hacia la Ciudad de México. Nepo quiso formar parte de este primer acto poético ciudadano noviolento para pedir el esclarecimiento de la desaparición de su hijo y de todos los hijos de México.

El día 9 del mismo mes, llegaron los 600 marchantes al Zócalo capitalino que fue ocupado por decenas de miles de personas hartas de la política de guerra desatada desde 2006 por el gobierno de Felipe Calderón. Nepo ya no estaba sólo en su lucha. Encontró decenas de miles de “Nepos”, corazones calientes dispuestos a luchar y a unirse para pedir justicia. Se sintió tocado por la muerte de Juan Francisco Sicilia y conmovido por la llamada de su padre, Javier Sicilia a esa marcha que enseñaría a caminar de nuevo, juntos, a los mexicanos.

Nepo, antes de unirse al Movimiento, llevaba un año denunciando la desaparición forzada de su hijo que, según su testimonio, fue detenido el primero de julio de 2010, por policías del estado de Sonora cerca de Ciudad Obregón. Don Nepo empezó una campaña con el objetivo de demandar al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, solicitando una audiencia para la presentación de su caso. A su vez, expuso públicamente que había recibido amenazas de muerte y había solicitado medidas de protección a las autoridades de la entidad. No fue jamás recibido por el gobernador, ni su solicitud de protección atendida.

De la primera marcha, decidió unirse a la Caravana del Consuelo al Norte del país a su paso por Durango. Allí lo vimos por primera vez, en la Plaza de Armas de la capital (Durango) con su pancarta “de doble lado” en la que se podían leer palabras claras de exigencia de una respuesta: “Autoridades de Sonora: ¿Dónde están nuestros hijos?”

Desde ese día, 6 de junio, este lado de la pancarta junto con el otro en el que aparecía la fotografía de Jorge Mario y sus 3 compañeros, (José Francisco Mercado Ortega, desaparecido, Mario Enrique Díaz Islas, asesinado, Geovani Otero, desaparecido; todos, el mismo 1 de julio) no se separaron de él. Giraba su estandarte de lado a lado para unificar este mensaje de exigencia: “¿Dónde están nuestros hijos?”

Con el mensaje de Don Nepo resonaban las palabras de Julián LeBarón ese mismo día en Durango: “¿ dónde está el gobierno?, ¿dónde está la autoridad? ¿dónde esta la justicia? (…) Creo que es tiempo de que nos empecemos a hacer otras preguntas, antes de que en esas mantas estén nuestros hijos y nuestros hermanos, y nuestros padres, o nosotros. ¿Dónde estamos nosotros? Siendo 112 millones de mexicanos, ¿dónde estamos?”. Ese 6 de junio, Nepomuceno se unió al Movimiento para nunca más soltarlo.

Javier Sicilia se encontraba en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el día del asesinato de su amigo y compañero de viaje y de movimiento, Nepomuceno Moreno. Las palabras pronunciadas por el poeta en este espacio, que se convirtió durante varios días en una agradable burbuja cultural, hicieron recordar a los presentes que cuatro días antes, el 24 de noviembre, aparecieron 26 cadáveres en Guadalajara, a 3 cuadras del recinto del evento. Sicilia hizo presente a su compañero de lucha y de alguna manera se sumó a las palabras pronunciadas por LeBarón el 6 de julio en Durango y al porqué Nepo decidió unirse al Movimiento:

“Nuestro mayor obstáculo es la aceptación de la miseria, que la tomemos como algo normal. Necesitamos sentir que lo que le pasa a uno les sucede a todos. Esto es una afrenta para cada mexicano. Mientras no comprendamos eso, va a ser muy difícil entender que juntos somos mucho más fuertes que todos ellos. Pero juntos”.
Las palabras de Sicilia recordaban al “Todos somos Juan Francisco Sicilia”, “Todos somos hijos del poeta”, emblemas de las primeras movilizaciones contra la guerra. Hoy, muchos integrantes del movimiento sienten la misma identificación con Nepo (muchos han agregado su nombre a sus cuentas de Facebook y redes sociales, por ejemplo).

El MPJD señaló públicamente en un comunicado que Nepomuceno estaba resignado a pelear “solito” contra el gobierno de Sonora: “ya ni me quieren recibir, se ríen de mí, antes iba al cuartel del Ejército para denunciar el secuestro de mi hijo; escribí cartas a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y nadie me hacía caso; hasta que me uní al Movimiento por la Paz. Veo que las organizaciones sociales tienen el poder para sentar al presidente Calderón en una mesa de diálogo y que los procuradores de justicia están obligados a recibirnos para reabrir las investigaciones”.

Don Nepo participó en el segundo encuentro del movimiento con el Ejecutivo Federal en el Alcázar de Chapultepec el pasado 14 de octubre. En dicho encuentro, le entregó en propia mano el caso de su hijo al Presidente Felipe Calderón junto con todas las pruebas que había estado recopilando, la famosa carpeta con la que se subía a los templetes durante la Caravana al Sur. Además, solicitó medidas de protección, pero ni el gobierno federal, ni el gobierno del estado dieron atención a las exigencias de este padre que en ese instante representó, ante las autoridades, a todos los padres y madres con hijos o hijas desaparecidos.

El poeta Javier Sicilia, desde Guadalajara, se refirió al asesinato de Nepomuceno Moreno como “la crónica de un asesinato anunciado. Él estuvo presente en el encuentro que mantuvimos con el presidente Calderón, y delante de todos le dijo: «Señor presidente, busco a mi hijo y estoy amenazado de muerte». También le dijo eso mismo al gobernador de Sonora. De hecho, le pedimos al gobernador que lo cuidara y protegiera. Y fue asesinado arteramente.”

“Vale mas morirme en la raya”, dijo Nepo. Y así sucedió al fin, pero su dolor, su consuelo, su esperanza, su lucha, se unió con la de miles de mexicanos durante la Caravana al Norte. El segundo acto poético: atravesar la “ruta del dolor” pisar las ciudades y pueblos del norte dónde más sangre se ha derramado, y lo más importante, con este caminar, se fue agrandando el corazón caliente del movimiento que mantenía la cabeza fría para seguir andando. A pesar de que el dolor era mayor a cada paso, a pesar de que, cuanto más al norte, más testimonios escalofriantes de muertos, asesinados y desaparecidos se sumaban al consuelo y al dolor, siguieron avanzando hasta llegar a El Paso (Texas).

Nepo se convirtió en un organizador. Gracias a él y a su persistencia se abrieron casos de otros asesinados o desaparecidos en su natal Sonora. Nepo entendió, como dijo LeBarón en Durango, que “la solución está en nosotros”.

Agresiones a los defensores de los Derechos Humanos

Sucedió con otras personas que se convirtieron en defensores de los derechos humanos porque la desgracia les tocó de cerca. Marisela Escobedo, asesinada a las puertas del palacio de gobierno de Chihuahua el 17 de diciembre de 2010 después de que el asesino de su hija fuera liberado. Ahora el sonorense Nepomuceno Moreno Nuñez asesinado en Hermosillo, a pocas cuadras de la sede de los poderes estatal y municipal.
Nepo estuvo presente en el momento en que Javier Sicilia colocó una placa en las baldosas del Palacio de Gobierno de Chihuahua con el nombre de Marisela Escobedo. En palabras de Sicilia de ese mismo día, una “placa a la que deben sumarse los nombres de los cientos de asesinados (…) es un recordatorio a las autoridades de que la muerte de Marisela es su responsabilidad, y que le deben a ella, a su hija, y a cientos de victimas y familias destruidas la justicia que merecen.”

Ese día Sicilia hizo un llamado a la ciudadanía mexicana para que pusieran placas en todas las plazas del país, como hicieron por primera vez en el zócalo de Cuernavaca y ahora, tocaría poner una placa para Don Nepo delante de la sede del poder municipal y estatal en Hermosillo (Sonora).

El comunero Pedro Leyva Domínguez, delegado de la comunidad indígena del pueblo nahua de Santa María Ostula (Michoacán) ante el MPJD - quien también participó en el diálogo en junio con Calderón – fue asesinado el pasado 6 de octubre. En palabras de Leyva, “Tenemos que luchar, venga lo que se venga, pase lo que pase, contra quien sea. Una lucha no es fácil, es desgastante, tanto económica, física y emocionalmente. Nos quieren meter miedo con sus armas, con sus aparatos de poder. Pero ya no hay que tenerles miedo, tenemos que luchar sin miedo, por nuestra tierra, por nuestra libertad, por nuestra dignidad”. Leyva pedía, con estas palabras, que a pesar de los hostigamientos hay que prepararse para luchar juntos y organizados.

Precisamente el pasado martes 6 de diciembre, una caravana de observación del Movimiento por la Paz fue agredida en el trayecto a Santa María Ostula al salir de la comunidad de Xayakalan, Michoacán y cuatro sujetos no identificados, encapuchados y fuertemente armados secuestraron a Trinidad de la Cruz Crisóforo, “Trino”, comunero de Santa María Ostula, que viajaba junto con los doce integrantes del movimiento. Al día siguiente fue encontrado muerto.

También el 6 de diciembre por la noche, Eva Alarcón y Marcial Bautista, defensores de derechos ambientales de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán y participantes en la Caravana del Sur, que pidieron medidas de protección frente a las amenazas que habían recibido, fueron obligados a bajar de un autobús que salió de Petatlán a Chilpancingo para ser secuestrados.

En las dos últimas semanas han crecido las agresiones a defensores de derechos humanos. Al asesinato de Nepomuceno Moreno se suma el caso de Norma Ledesma, -defensora de derechos humanos es especial de las mujeres, desde la desaparición de su hija en 2001- que recibió cinco balazos, el asesinato de “Trino”, defensor de tierras comunales y el secuestro de Eva y Marcial.

En todo este contexto de hostigamiento y terror cabe nombrar a la familia Morlett, el padre y la madre de la joven Adriana, que acompañaron también la Marcha Nacional por la Paz del 8 de mayo y la Caravana al Sur. Ellos han sido un ejemplo en la búsqueda de su hija que fue encontrada muerta el pasado 30 de noviembre. En palabras de Teresa Carmona y desde su profundo dolor “Adriana estudiaba arquitectura en la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), desapareció un mes después del asesinato de mi hijo Joaquín, es decir, hace un año dos meses y 24 días, hoy sabemos que Adri llevaba casi un año muerta, en paz, espero que sus padres y demás familia y amigos puedan descansar al decirle adiós a su niña, lo siento tanto…”

Joaquín, Adriana, Juan Francisco, Jorge Mario son algunos de los hijos muertos o desaparecidos de México. Sabemos sus nombres porque sus padres luchan por ello y el Movimiento por la Paz continuará pidiendo justicia por aquellos que, como Nepomuceno Moreno, no pueden seguir haciéndolo.

La muerte de Nepo y los sucesos de las últimas dos semanas lleva necesariamente al Movimiento por la Paz a ser autocrítico. Nadie es invencible, ni un convoy de acompañamiento de ciudadanos a Ostula. Es necesaria la capacitación, la organización y como declaró el miércoles 7 de diciembre en rueda de prensa Araceli Rodríguez, “implementar algunos protocolos de seguridad para nosotros.”

Por los que vienen, por los que siguen

Nepo tenía que trasladarse a la Ciudad de México con su familia 2 días antes del trágico asesinato. Aunque su casa estaba rodeada de policías locales, estatales y el ejército, “se sentía más inseguro que nunca” según declararon sus amigos, víctimas también, que acompañan el MPJD .

A las 6 de la tarde del mismo día 28 de noviembre, los integrantes del Movimiento por la Paz, indignados hasta la médula por este asesinato decidieron ir hasta la delegación del Gobierno del Estado de Sonora en el Distrito Federal de la Ciudad de México para exigir una respuesta por este asesinato y, al mismo tiempo pedir protección para la familia de Nepo y que su hijo, en prisión, pudiera salir para asistir al sepelio. Una acción repentina a la que se unieron un centenar de integrantes del Movimiento en solidaridad con Nepo.

Esa tarde, llegó por primera vez al Movimiento un señor del estado de Puebla, un padre al que este verano le desaparecieron a su hija que luego fue hallada muerta. Otro padre que, como tantos, movió cielo y tierra para encontrarla y hasta argumentó ese día que “si el procurador de puebla no encuentra a los culpables, lo hará él”. Pero ahora confía en el Movimiento. Y como él, llegan día tras día personas en busca de ayuda y comprensión con las que hay que comenzar a contar para organizarse.

Para ellos, por ellos, deben conservar, más que nunca, la cabeza fría para continuar organizándose con las víctimas, para pedir justicia por todos los muertos y desaparecidos y para acabar, al fin, con al guerra contra las drogas que es lo que está provocando tanta muerte.

Su familia no quería que siguiera participando con el Movimiento por la Paz, pero según Nepo, fue la única vía para “buscar lo que no encuentro en mi Estado, la justicia y la solidaridad y el consuelo. Yo me manifesté a fuera de mi casa, con la pancarta y pasaban los carros y miraban las patrullas. Y les decía: así es como te reprime el gobierno cuando tu estas peleando con tu hijo después de que fueron ellos los que los secuestraron”.

“Yo no tengo la esperanza de encontrarle vivo. Aun así, hay que unirnos porque esto es una cosa que no va a parar. Le pido a mi familia que me entienda. Tal vez me caiga en el camino…”

Nepo, al finalizar la Caravana de Paz al Sur del país, decidió cubrir su pancarta de “doble cara” con las fotografías de su hijo que tan orgullosamente enseñaba a todos los reporteros e integrantes de la caravana que caminaron con él. Con estas fotos cubrió su demanda a las autoridades de Sonora. Ahora, tenía un Movimiento entero luchando por lo mismo.

Convertir el dolor en una nueva política nacional

Los integrantes del movimiento, siguiendo el mismo impulso que los hizo encontrarse, deben intentar sobrellevar estas crisis para pasar a lo que todo movimiento de resistencia noviolenta exitoso ha hecho: el entrenamiento en la noviolencia, la organización comunitaria y el establecimiento de protocolos para saber como proceder enfrente de otros posibles ataques, asesinatos y desapariciones en el futuro y construir una estrategia que sirva para amplificar el número de lideres que conviertan este dolor en una nueva política nacional. Todo esto, sin perder de vista la razón por la que se han unido a luchar: el fin de la guerra contra las drogas, el epicentro de del dolor.

Como dijo Teresa Carmona, “nos mataron a todos un poco pero también es cierto que Nepo vive en cada uno de nosotros, igual que Joaquín, Pedro, Adriana, y todas las víctimas de esta guerra atroz. “La lucha es tan larga… no hay que desanimar” nos dijo Antonio de la Sociedad Civil Las Abejas de la tierra sagrada de Acteal. El andar de Nepo, nuestro andar”.

Fuente: http://www.narconews.com/Issue67/articulo4537.html

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martes, 13 de diciembre de 2011

Mientras los narcos pasean impunemente: Policía mexicana mata a dos estudiantes que pedían reinicio de clases

Agencias

Dos jóvenes murieron este lunes a manos de la policía mexicana. Las víctimas participaban en el bloqueo de la Autopista del Sol a la altura de Chilpancingo, capital del Estado de Guerrero (suroeste del país), en un acto de protesta para exigir al gobernador Ángel Aguirre Rivero la reanudación de clases en la Escuela Normal de Ayotzinapa, ubicada en el municipio de Tixtla.

Los incidentes estallaron al mediodía cuando unos 200 policías estatales intentaron disolver la protesta estudiantil con gases lacrimógenos. Los estudiantes respondieron con piedras y cócteles molotov. En la refriega, según una versión aún sin confirmar, una de las bombas caseras incendió una de los surtidores de una estación de servicio próxima. La policía asegura que realizó disparos al aire para impedir la total destrucción de la gasolinera. El incendio obligó a cortar la circulación de los cuatro carriles de la autopista.

El enfrentamiento dejó dos estudiantes tendidos en la calzada, muertos, varios automovilistas heridos —algunos testigos aseguraron que sus vehículos fueron alcanzados por las balas— y al menos 18 detenidos. La circulación en la autopista estuvo interrumpida durante más de dos horas, hasta que fuerzas del Ejército mexicano y de la Policía Federal se hicieron con el control de la situación y acordonaron la zona.

Los estudiantes, quienes se preparan para ser maestros, pedían la reanudación de clases en su escuela, suspendidas hace varios días por los profesores en demanda de un aumento salarial, y oportunidades de trabajo para ellos.

Efectivos del Ejército y de la Policía Federal participan en el operativo Guerrero Seguro contra el crimen organizado puesto en marcha por el Gobierno federal en ese Estado el pasado octubre. Un mes antes los maestros de 170 escuelas públicas de Acapulco iniciaron una serie de huelgas para exigir al gobernador del Estado protección ante la extorsión de que eran objeto por parte de los carteles de la droga. Los narcotraficantes les exigían un porcentaje de su sueldo bajo la amenaza de secuestrarlos y llegaron a asesinar a algunos de ellos con intención de amedrentar a todo el colectivo. La zona es un territorio en disputa entre el cartel del Golfo, fundado por Juan García Abrego, y el cartel independiente de Acapulco.

Un miembro de la organización no gubernamental Red Guerrerense de Derechos Humanos, Manuel Olivares, condenó el asesinato de dos estudiantes, hijos de campesinos, a quemarropa, mientras los narcotraficantes se siguen paseando por las calles del Estado de Guerrero.

Según datos del Gobierno mexicano, la cifra de homicidios vinculados a la acción del crimen organizado creció en Guerrero un 100 % entre enero y septiembre de 2011 respecto del año anterior.

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martes, 6 de diciembre de 2011

Dos muertes que revelan la injusticia que caracteriza a Colombia

Renán Vega Cantor Kaos en la Red

En un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se señaló que Colombia es el tercer país más desigual e injusto del mundo. Entre un total de 129 países en los que se midió la desigualdad, Colombia ocupa el envidiable puesto 127, solamente superado por Angola y Haití. Desde luego que esta medalla de bronce en injusticia social debe tener desconsoladas a nuestras clases dominantes que, desde ahora mismo, prometieron hacer todo lo posible para saltar al primer lugar y obtener así la medalla de oro, porque no puede ser que hasta en eso no seamos los primeros, como lo somos en términos de felicidad, donde se asegura que indudablemente ocupamos el primer puesto en el ranking mundial. Ya el régimen de Santos entendió el mensaje que no podemos consolarnos con tan honroso tercer puesto y tenemos que ascender al primero en injusticia y desigualdad, lo cual se logrará con la implementación de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, la Unión Europea y Corea del Sur, junto con todas las “reformas” internas que empobrecen aún más al pueblo colombiano. ¡Que no lo duden los escépticos, que nunca faltan, porque en los próximos años estaremos encabezando, sin discusión alguna, la lista de los países más miserables del planeta!

Esa desigualdad estructural e inherente a nuestra sociedad se puede mostrar con dos muertes que se presentaron en el último mes en este país del sagrado corazón. Nos referimos a la muerte del capitalista Julio Mario Santo Domingo y a la del comandante de las FARC Alfonso Cano. Una rápida comparación de estos dos hechos nos confirma que hasta la muerte tiene sello de clase.

La muerte de un cacao

Julio Mario Santo Domingo murió de muerte natural en la ciudad de Nueva York, a los 87 años de edad el 7 de octubre de 2011. Era en ese momento el multimillonario número 108 del mundo según la revista Forbes, con una fortuna estimada en unos 9.000 millones de dólares. Como clara muestra de lo que es un capitalista en el mundo tropical no vivía en Colombia sino que administraba sus riquezas desde el corazón del imperialismo, como los típicos hacendados ausentistas que contratan capataces para que les cuiden sus propiedades.

Como no es de extrañar la fortuna que amasó Santo Domingo se sustentó en el delito y en los crímenes de “cuello blanco”, con lo cual se desmiente la afirmación de Juan Manuel Santos cuando celebrando en forma morbosa el asesinato de Alfonso Cano sostuvo que el “crimen no paga”. ¿Qué no paga?, si la historia de Julio Mario Santo Domingo demuestra con creces que el crimen es inherente y la fuente de la riqueza de los multimillonarios, porque aquél amasó su fortuna mediante varios procedimientos criminales, entre los que sobresalen la evasión de impuestos, la destrucción de sindicatos y el apoyo a grupos paramilitares y a presidentes ligados al mundo del hampa, como Ernesto Samper y Álvaro Uribe Vélez. Recordemos algunas de estas acciones. Para empezar, durante décadas el clan Santo Domingo fungió como un poder en las sombras en el Congreso de la República con el fin de que nunca se cobraran o se aumentaran los impuestos que debía pagar la empresa Bavaria, una productora de cerveza, que así dejaba de pagar millones de pesos al Estado. En el mismo sentido el hecho más flagrante de evasión de impuestos se presentó en el 2005 cuando Bavaria fue vendida a la empresa sudafricana SABMiller, y como producto de dicho negocio Julio Mario Santo Domingo dejó de pagarle al fisco nacional la bobadita de 1200 millones de dólares, un desfalco difícil de igualar en una sola transacción.

En cuanto a la destrucción de sindicatos y la persecución de los trabajadores, como buen capitalista Santo Domingo se dio a la tarea de liquidar cualquier intento de organización de sus obreros y empleados, como sucedió de manera reiterativa con los sindicatos de Caracol, Avianca y Bavaria, en los tiempos en que esas empresas eran de su propiedad.

Con relación al apoyo a los paramilitares valga recordar que el capo Salvatore Mancuso señaló en reiteradas ocasiones que la empresa de bebidas Bavaria le pagaba impuestos por operar en la costa caribe colombiana. En concreto confesó que “Bavaria desembolsaba unos 70 centavos de dólar por cada 30 cervezas que vendía en la costa Atlántica” y preciso que “los directivos de Bavaria sabían sobre esos pagos ya que los distribuidores locales exigieron que les ayudaran a absorber su costo”. [1]

En cuanto su apoyo a presidentes en ejercicio es sabido el respaldo de Julio Mario Santo Domingo al gobierno de Ernesto Samper, el cual fue financiado también por el Cartel de Cali, hasta el punto que ese respaldo evitó que ese gobierno cayera y, aunque tambaleante, se mantuviera durante cuatro años. Y con respecto al régimen criminal de Álvaro Uribe Vélez, éste contó con el apoyo incondicional de Julio Mario Santo Domingo, el cual en repetidas ocasiones manifestó su satisfacción con la “inseguridad antidemocrática” y fue uno de los que apoyó la reelección de AUV. No podía de ser de otra forma, si se recuerda la evasión de 1200 millones de dólares que le facilitó el inquilino de la Casa de Narquiño.

Como no podía faltar, Santo Domingo para disimular sus desfalcos fungía como filántropo cultural y decía apoyar obras de universidades y bibliotecas, algunas de las cuales llevan su nombre. Sus perioridistas a sueldo, en sus emisoras, canales de televisión y en sus periódicos y revistas porque este magnate era dueño de importantes medios de incomunicación, se encargaban de exaltar su desprendimiento por el dinero que donó a esas obras. ¿Qué donó o devolvió, como diría Facundo Cabral? Lo que “donó” es una miseria insignificante con relación a la evasión gigante de 1200 millones de dólares, porque por ejemplo en el caso de la Universidad de los Andes –una institución privada del gran capital que por lo demás no necesita este tipo de dadivas- les entregó la suma de 24 mil millones de pesos, que corresponden a 0,07% de lo que le birlo al fisco colombiano. Con esto, “ha quedado el donante como un gran filántropo y se gana todo el aplauso de la sociedad colombiana. El resto US$1.190 millones de dólares se quedan en las arcas familiares. Y todo el mundo tan tranquilo” [2] . ¡Que filantropía y que desprendimiento, por lo demás digno de imitar!

Cuando murió Julio Mario Santo Domingo, los políticos, los funcionarios de gobierno y los plumíferos a sueldo lloraron y lo exaltaron como un “gran colombiano”, tan grande que ni siquiera murió ni fue enterrado en este país y no faltaron los lambiscones que llegaron a agradecerle por ser un defensor de la “libertad de prensa”, y uno de ellos dijo, sin rubor alguno, que “solo por esto, sólo por su compromiso por el periodismo libre de Colombia (no sólo en El Espectador, también en Cromos, Shock y en el Canal Caracol), debemos rendir un tributo de agradecimiento al hombre de empresa que fue Julio Mario Santo Domingo” [3] . Este hombre de empresa destruía sindicatos, financiaba a paramilitares, apoyaba a presidentes corruptos y criminales, evadía impuestos y presumía de ser filántropo, además contaba con un sequito de periodistas y literatos a sueldo para que le aplaudieran su falso desprendimiento. Todo esto es típico de la burguesía colombiana, de la crema y nata de la sociedad colombiana, cuando muere uno de los suyos, de los verdaderos dueños del país, de uno de los cacaos, como se llama en lenguaje coloquial a los miembros de los cuatro grupos económicos que controlan y dominan a Colombia. Su mejor retrató fue escrito por otro periodista: “Julo Mario Santo Domingo es una persona que inspira muy poca simpatía en Colombia. Muchas de sus decisiones lo retratan como un hombre soberbio e intransigente que no tiene escrúpulos en usar su extraordinario poder para desapretar los tornillos de la ley a su favor, en un país que mira desde su balcón de Nueva York con los binóculos de un hacendado” [4] .

El asesinato de un rebelde

A las pocas semanas de la muerte del magnate Julio Mario Santodomingo, el 4 de noviembre fue asesinado por el Estado colombiano Alfonso Cano, comandante de las FARC, en un combate desigual, en el que se utilizaron 20 aviones y helicópteros y unos 1000 hombres y en el que se emplearon varias toneladas de explosivos. Ante este hecho criminal, las clases dominantes de Colombia, sus periodistas, politólogos y violentologos, así como políticos y analistas no han ocultado su felicidad, disimulando el carácter criminal del hecho y haciendo una apología del terrorismo de Estado. Con muy contadas y honrosas excepciones, se ha aplaudido este asesinato político de Estado. Una de esas honorables excepciones la constituye la del arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve Mejia, que ha dicho de manera categórica: “¿Por qué no trajeron vivo, por ejemplo, a 'Alfonso Cano', cuando se dieron todas las condiciones de desproporción absoluta y de sometimiento y reducción a cero de un hombre de más de sesenta años, herido, ciego y sólo? y ¿por qué encapsular la lucha anti-guerrillera en ese marco de traer muertos a los cabecillas, sin agotar el marco ético de la no pena de muerte, de la captura como objetivo legal?" [5] .

Para justificar este hecho se han difundido todo tipo de calumnias sobre el comandante asesinado y en una forma morbosa y macabra se utilizó su cuerpo como trofeo de guerra por parte del régimen y sus áulicos, así como por los buitres del periodismo colombiano, casi todos los que se llaman periodistas en este país.

Guillermo Sáenz, el verdadero nombre de Alfonso Cano, había nacido en 1948, el mismo año del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Estudio antropología en la Universidad Nacional y desde muy joven fue un militante revolucionario. Renunció a todo, a su familia, a las comodidades que le proporcionaba la clase media bogotana y se fue al monte, donde se enroló en las FARC y allí permaneció durante cerca de 40 años. Era un estudioso y conocedor de la sociedad colombiana, un hombre que convivió con la miseria rural y que por su disciplina ascendió en el seno de ese movimiento insurgente. Ahora que lo presentan como un delincuente, ocultando su carácter de rebelde, y cuando Juan Manuel Santos reconoce que “lloró de emoción” al enterarse de la noticia, queda clara la arrogancia de las clases dominantes de este país, así como la desigualdad latente de Colombia, que se expresa hasta en la forma de morir, porque mientras los ricos mueren de muerte natural en sus ricas propiedades de Manhattan, lejos del país en el que se han enriquecido, con la sangre y el trabajo de los pobres, otros mueren en el monte colombiano, enfrentando a un terrible aparato de guerra, cuya función básica es defender a los ricos que acumulan capital y mueren en el extranjero.

Resulta significativo que muy pocos se pregunten que lleva a un estudiante universitario a renunciar al relativo confort de la vida de la clase media urbana y a enfrentar a las clases dominantes y al capitalismo colombiano. Esta trascendental decisión no puede reducirse a un asunto meramente voluntario e individual, a la sed de enriquecimiento o a decir que es producto de un instinto inherente de violencia, porque eso es negarse a considerar la desigualdad que ha propiciado el conflicto social y armado que soportamos hace más de medio siglo. Además, es difícil argüir que en la selva se disfruta de la riqueza o se vive como un rey, o que la violencia de nuestro país es resultado de la acción de un hombre o de un grupo de rebeldes y no ha sido originada por la violencia del Estado y de las clases dominantes en los últimos 60 años.

Cuando se celebra, como se ha hecho, la muerte de un ser humano como si fuera un carnaval, algo que ni siquiera es original de las clases dominantes de este país, porque simplemente se limitan a replicar las “enseñanzas” de sus amos imperialistas (recuérdese lo sucedido con los casos recientes de Ben Laden y Gadafi), es bueno constatar como esas clases dominantes han impuesto un social-fascismo (con su culto morboso por la muerte) que se manifiesta en comportamientos propios de una sociedad enferma y sicótica, como lo hemos podido observar en las últimas semanas, que danza con sadismo sobre el cadáver de los dirigentes de la insurgencia.

Lo que las clases dominantes de este país celebran es la muerte de un hombre que tuvo la osadía y el valor de levantarse contra ellas. Eso es lo que no se puede perdonar, de ninguna manera, porque Cano enfrentó el poder y la riqueza de la misma clase a la que pertenecía Julio Mario Santo Domingo. No se admite la rebelión contra un orden desigual (que nos ha convertido en el tercer país más injusto del orbe) y eso se castiga no sólo con la muerte sino con el escarnio público, como en los tiempos de la colonia y de José Antonio Galán. Hay que escarmentar con el cadáver de aquel que se atreva a levantarse en armas contra el capitalismo gangsteril a la colombiana, porque eso perturba la tranquilidad de los dominadores, de los que viven en sus Bunkers privados en Colombia o en el exterior, y mueren en ellos, como le aconteció al magnate Santo Domingo. No se admite la rebelión y menos que alguien la mantenga a lo largo de su vida, hasta su muerte, lo que se tolera y se aplaude es a los conversos y arribistas que ahora son los portavoces del terrorismo de Estado y a los cuales se les premia con una vicepresidencia, un ministerio o la alcaldía de Bogotá u otra ciudad del país.

Que al rebelde que han matado con saña se le acuse de los peores crímenes y así se justifique su asesinato es un pretexto para proteger a los criminales que le sirven al capitalismo criollo y que andan sueltos en todo el país, y muchos de ellos ocupan altos cargos en la administración pública, en las Fuerzas Armadas, ejercen como periodistas, o son ex presidentes y muchos de ellos conviven con los paramilitares, a los que organizaron y financiaron. ¿Por qué nunca se bombardean a las Bandas Criminales (bacrin) como la de los URIBEÑOS? ¿Si el “crimen no paga”, como dice Juan Manuel Santos, por qué se respalda a la Pacific Rubiales y a todas las empresas petroleras y mineras que han dejado de pagar, como lo hacia Santo Domingo, varios billones de pesos por concepto de impuestos, debido a que han sido exoneradas por el Estado, mientras someten a condiciones infrahumanas de explotación a los trabajadores en los campamentos de los nuevos enclaves?

Desde el punto de vista de los dominados, la muerte de Alfonso Cano fue heroica, no sólo por las circunstancias en que se presentó, sino porque él nunca renunció a sus convicciones. En tal sentido puede decirse con las palabras de Adolfo Sánchez Vázquez: “Su preocupación por la muerte nunca le hizo temerla (…) De esta lucha nada podría esperar él, indefenso como un tronco derribado. Y sin embargo luchaba (…). Con la muerte cerca, viva, anudada en sus pulmones, se levantaba cada día. Pudo suicidarse. Hubiera sido el camino más fácil. Y no lo quiso. Consciente, deliberadamente esperó la muerte. Y cuando llegó la saludó fría, serena, estoicamente” [6] . Esto es algo que tanpoco pueden ni quieren entender las clases dominantes de Colombia y todos sus imitadores de la clase media que piensan que la rebelión se puede liquidar con la pura represión, los bombardeos y los crímenes de Estado, sin repartir ni un centímetro de tierra ni un gramo de riqueza, y que no existen hombres y mujeres dispuestos a dar la vida, porque sencillamente el capitalismo a la colombiana no les ofrece nada, ni en el presente ni en el futuro, a los pobres de este país, salvo morirse de hambre, eso si con el cuento de que vivimos en el país más feliz del mundo.

Hasta el conservador periódico londinense The Times en una comparación que hizo de las dos muertes, en la que, dando muestras de su postura de clase, dice que mientras Santo Domingo “representa el éxito en el mundo del capitalismo”, el asesinato de Cano indica “el fracaso de la utopía comunista, tiene que reconocer que la guerrilla colombiana se ha “convertido tal vez en la más vieja del mundo” porque “para muchos muchachos campesinos la posibilidad de una comida diaria, un uniforme y un fusil son la mejor opción frente a la vida de un tugurio sin oportunidades” [7] . Y al respecto la revista Semana, órgano de las clases dominantes de Colombia agrega con cinismo: “El doble obituario del periódico The Times ilustra las contradicciones dialécticas de la realidad colombiana. Por un lado, el hombre que simboliza el éxito en el mundo empresarial globalizado del siglo XXI, cuya muerte ha sido acompañada de múltiples reconocimientos y homenajes. Por otro, el que le dedicó su vida entera a combatir ese sistema a través de las armas, que acabó siendo dado de baja en una madriguera, en medio del júbilo nacional por su desaparición” [8] .

Comentarios aparte, que el capitalismo sea exitoso está puesto en duda en todo el mundo por la profunda crisis que lo carcome y que el ideal comunista muera por el asesinato de un hombre es un disparate. Esta es una típica lectura de las clases dominantes que efectivamente creen que el capitalismo es exitoso porque hay ricos y pobres, y que los fracasados son los que, como Alfonso Cano, han muerto combatiendo a ese sistema injusto y explotador. Además, ese enfoque presenta la alegría de clase al ver morir a un adversario, como si fuera la alegría de todo un pueblo y supone que cuando muere un burgués todos perdemos. Una mirada histórica nos indica todo lo contrario, que quienes quedan en la historia no son los Santo Domingo y sus émulos, sino aquellos que los han enfrentado y que han demostrado su superioridad moral al ser consecuentes con el riesgo de morir al combatir a una oligarquía criminal y gangsteril, como la colombiana.

(*) Renán Vega Cantor es historiador. Profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, de Bogotá, Colombia. Autor y compilador de los libros Marx y el siglo XXI (2 volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 1998-1999; Gente muy Rebelde, (4 volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 2002; Neoliberalismo: mito y realidad; El Caos Planetario, Ediciones Herramienta, 1999; entre otros. Premio Libertador, Venezuela, 2008.

NOTAS:

[1] . Mancuso dice que directivos de Postobón y Bavaria tenían conocimiento de los pagos de estas empresas a los paramilitares, en www.semana.com/on-line/ mancuso ... bavaria .../103676-3.aspx
[2] .Cecilia López de Montaño, “Las donaciones de Julio Mario”, en El Pasquín, 28 de enero de 2007. Puede consultarse en: blog.un pasquin .com/2007/01/las- donaciones-de-julio - mario .html

[3] . Héctor Abad Faciolince, “Un recuerdo y una reflexión”, en El Espectador, octubre 8 del 2011.

[4] . Gerardo Reyes, Don Julio Marío Santo Domingo, Biografía no autorizada, Ediciones B, Bogotá, 2003.

[5] . www.verdadabierta.com/.../3731-arzobispo-de-cali-cuestiona-la-mue...

[6] . Citado en grandesmontanas1110.blogspot.com/.../adolfo-sanchez-vazquez.html

[7] . www.semana.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdArt=167381

[8] . Ibíd.

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