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lunes, 22 de febrero de 2010

ESPAÑA: Por el pleno ejercicio de los derechos democráticos. La lucha contra la represión.

CJC

España es el Estado europeo donde más población reclusa existe, donde más duro es el Código Penal y donde la aplicación de las normas sancionadoras se aplican con menores garantías respecto a otros Estados del continente.

Con más de un millar de presos políticos, con más de una veintena de organizaciones ilegalizadas o disueltas a base de persecuciones, con reiterados informes de los diferentes relatores de Naciones Unidas constatando la práctica reiterada de la tortura durante las custodias de detenidos o presos, así como las escasas o nulas consecuencias penales para sus autores, merece la pena analizar la represión con especial hincapié.

Los presos políticos

Tras las leyes de amnistía dictadas por las Cortes franquistas en 1976 y 1977, izquierdas y derechas parlamentarias han proclamado al mundo la plena consecución de las libertades públicas en España, así como la absoluta inexistencia de presos políticos en su territorio. Estas leyes, aplicadas de manera desigual en función de los casos, fueron de hecho un filtro legal para llevar a cabo un maquillaje internacional, así como una prueba de fidelidad de las organizaciones que se adherirían posteriormente al marco Constitucional postfranquista.


En la medida en que la estructura política, económica y militar del Estado español quedó apenas intacta tras la promulgación de la Constitución de 1978, era evidente que volvería a haber presos políticos, y la realidad que hoy vivimos deja muy clara esta afirmación.

En el año 2002, los dos grandes partidos de la burguesía, PSOE y PP, lanzaban la promulgación de la conocida como Ley de Partidos, instrumento legal que ha sido indispensable en la conculcación de los derechos civiles de miles de personas en todo el Estado. En virtud de este texto, más de una veintena de organizaciones políticas, sociales, de defensa de los derechos humanos o culturales han sido ilegalizadas, y decenas de dirigentes y militantes encarcelados, bajo la argumentación de ser un instrumento legal con fines terroristas. Este tipo de condenas se han dado en procesos legales con múltiples irregularidades, mediante tribunales de excepción y sin las debidas garantías procesales. En el caso de Euskal Herria estas violaciones se producen de manera sistemática.

Al hablar de presos políticos, la socialdemocracia ha hecho una cínica diferenciación de las personas reclusas por motivaciones ideológicas que en la práctica legitiman cualquier clase de represión: la cuestión de los delitos de sangre. “Es preso político todo aquel que haya sido encarcelado por sus ideas”. Esta argumentación, que sin embargo no sirve a la burguesía para hablar de las supuestas conculcaciones de libertades en Cuba o Venezuela, es una opinión que ha sido asumida por la mayoría de los sectores populares, que han asumido sin apenas resistencia esta tesis.

Sin embargo, la izquierda revolucionaria ha hecho históricamente una lectura muy distinta de la situación de los militantes presos, y es el hecho de la existencia de un conflicto político y social que supone una escalada de violencia, y por tanto, la inexistencia de dicho conflicto motivaría la inexistencia de esa violencia. El ex Presidente sudafricano Nelson Mandela, apadrinado por diferentes sujetos del imperialismo como ejemplo a seguir, dijo en su primera intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas en calidad de interlocutor para el proceso de paz en Sudáfrica: “Es inútil y vano para nosotros seguir con las conversaciones de paz y de no agresión contra un gobierno que solo responde salvajemente a personas desarmadas e indefensas”.

De una manera o de otra, los procesos penales que se han dado en los últimos 30 años contra la disidencia en todo el Estado, han sido denunciados por diferentes organismos internacionales por la total ausencia de garantías de los mismos: autoinculpaciones y confesiones obtenidas bajo tortura durante los días que la Ley Antiterrorista habilita para que el detenido no tenga medios de defensa, condenas formuladas en base a diligencias policiales y sin pruebas, o la existencia de tribunales de excepción como la Audiencia Nacional, son la base para una represión que afecta a militantes comunistas, anarquistas, independentistas y antimonárquicos que cumplen condenas en las prisiones de todo el Estado Español, de los cuales hay un amplio porcentaje de jóvenes.

Este marco represivo que, con unos medios de comunicación totalmente domesticados y el silencio general en la izquierda, abre el camino para que se reabran viejas fórmulas represivas y el terrorismo de Estado, fórmulas que de hecho nunca fueron cesadas.

Es igualmente ilustrativo el sistema carcelario español, que, reconocido por sus propios mentores como uno de los más crueles de Europa, se configura no solamente como aparato de represión, sino que supone el medio esencial para la anulación física de las personas reclusas, y donde además es el lugar donde la represión abarca todas sus formas. Torturas y aislamiento son los métodos habituales de trabajo del personal de prisiones.

A finales de los años 70 y toda la década de los 80, producto de la lucha política y social desarrollada por centenares de presos políticos y sociales en España, se va reforzando la conocida como COPEL(Coordinadora de Presos en Lucha), que evidenció a través de diferentes luchas carcelarias el empeoramiento del sistema carcelario y su reforzamiento como aparato de represión: nuevas infraestructuras penitenciarias, celdas aisladas y sin ventilación, utilización del shok eléctrico, etc. Fueron varias las huelgas de hambre en las que perecieron o quedaron con graves secuelas físicas y psicológicas decenas de personas. Reivindicaciones que se desarrollaron durante los diferentes Gobiernos de UCD y PSOE, y que tendrían como respuesta la imposición del régimen FIES(Fichero de Internos de Especial Seguimiento).

Andrés Márquez, que fue Director General de Prisiones con el PSOE, introducía el camino que se iba a seguir hasta el día de hoy: “La máxima seguridad se consigue con el máximo aislamiento.” (Ya, 16 de abril de 1986). En el día de hoy, el sistema FIES es un siniestro aparato de represión carcelaria aplicado a centenares de presos políticos y sociales que no solo implica la tortura psicológica, sino que incluye un fichero de información sobre actividades políticas y pensamiento de reclusos, familiares y personas cercanas a ellas. Aunque el Tribunal Supremo ha anulado en el año 2008 este ŕegimen, su sentencia todavía no ha conocido ningún efecto práctico.


Los procesos penales contra militantes, trabajadores y movimientos sociales


La criminalización de la protesta social mediante este tipo de procesos penales ha sido en los últimos años un instrumento del poder económico para aislar a las organizaciones revolucionarias del conjunto de la clase obrera y de la juventud.

Los últimos episodios represivos de este tipo, que en varios casos han supuesto el ingreso en prisión de los afectados, incluían denuncias de malos tratos y/o torturas en la detención o en los interrogatorios, como ocurrió con los detenidos el pasado 4 de febrero de 2006 en Barcelona, acusados falsamente de “intento de asesinato” a un miembro de la Guardia Urbana y que el Tribunal Supremo ha ordenado de nuevo su ingreso en prisión por haberles sido ampliada su condena, o el caso de los detenidos en la madrileña calle Montera de Madrid en diciembre de 2008 en una manifestación de solidaridad con la revuelta en Grecia, donde la Policía Municipal esgrimió defensas extensibles prohibidas.

Además, la crisis capitalista ha sido un duro revés contra el movimiento obrero organizado y contra las luchas desarrolladas en los últimos 5 años. Las políticas de ajuste económico que implicaron los cierres de los Astilleros Españoles(IZAR) y la consecuente resistencia de su plantilla, la respuesta de los trabajadores y trabajadoras del Aeropuerto de El Prat (Barcelona) ante los planes de AENA y sindicatos de recortar las prestaciones sociales o el breve periodo de prisión de los obreros de Astilleros Gijón Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala, implican una nueva fase en la represión contra un conjunto de sectores populares que no tenían como objetivo, al menos directamente, una lucha de transformación de carácter revolucionario, sino más bien han sido, junto a otros casos, reprimidos por llevar a cabo una lucha por la mejora de su calidad de vida.

Esta represión, que en algunos casos ha implicado penas económicas o de reclusión, nos introduce a la juventud comunista en una represión a la que no estábamos acostumbrados y que solamente conocíamos por la memoria de camaradas o de nuestra Historia como movimiento comunista. Este frente contra la represión va a ir formando parte de manera ascendente de nuestra lucha política, pues nuestra participación se tiene que dar no con un carácter asistencial, sino con un claro objetivo: elevar el nivel político de la clase y aumentar nuestra capacidad de influencia llevando la iniciativa de las campañas de solidaridad con los obreros represaliados en lucha.

Estas hechos tienen un doble objetivo: por un lado la evidente criminalización de los movimientos sociales, pero además pretenden inculcar el miedo dentro y fuera de los mismos.

Las detenciones administrativas contra inmigrantes

Anualmente, miles de inmigrantes pasan por los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) donde son recluidos por tener situación irregular. Esta detención administrativa y prolongada, donde es la propia Policía la que decide los tiempos de internamiento, así como la expulsión de los detenidos, es una manifestación más del carácter xenófobo del Estado Español y de la Unión Europea, que ha dado amparo a estas prácticas mediante la aprobación de la conocida “Directiva de Retorno”.

Mediante este procedimiento, España expulsa anualmente a miles de trabajadores y trabajadoras con métodos que incluyen la sedación, la tortura física o la entrega de los afectados a países distintos a los de origen, mientras que otros tantos pasan por estos CIE, denunciados por organizaciones de inmigrantes y pro derechos humanos por sus condiciones de reclusión y los abusos de la Policía.

Las multas

Es otro mecanismo de represión que el Estado burgués está empleando contra las expresiones organizadas de la juventud y del conjunto de la clase obrera: son las multas administrativas y las penas-multa.

Pegadas de carteles, manifestaciones, reparto de octavillas o infracciones penales han sido la base para el despliegue de una amplia amalgama de reglamentos y ordenanzas municipales donde se aplican penas y multas pecuniarias a los movimientos que están comenzando a tomar una dimensión organizada.

La juventud comunista debe estar organizada contra la represión de estado

La represión que la burguesía ejerce contra los movimientos populares tiene como fin último silenciar la evidente contradicción de la desigualdad que genera su modelo social; desigualdad manifestada en forma de desigualdad económica, desigualdad nacional, desigualdad política, desigualdad sexual o desigualdad racial. Su función no es solucionar su problema, sino postergarlo hasta la eternidad, mantener latente esas relaciones desiguales mediante la opresión y la violencia ejercida por sus instrumentos de clase.

El problema pasa a ser de primer orden en la medida en que la superación de su modelo de sociedad implica la necesidad de desplegar un potente movimiento de solidaridad y resistencia frente a la represión y a las políticas de corte fascista, que tendría como objetivo que esa violencia no sea un impedimento para el desarrollo de la lucha de clases.

En este momento, la juventud comunista carece de un mecanismo de solidaridad revolucionaria con sus detenidos, con sus represaliados o con sus afectados por la represión organizada. En la medida en que la represión estatal no ha tenido una especial repercusión sobre nuestra organización, hemos postergado un trabajo que a medida que avanzan los acontecimientos en el continente europeo y en el mundo, se hace más necesario que nunca: prepararnos para un período largo de represión en todas sus formas.

Es necesario que la juventud comunista tenga una presencia organizada en los frentes antirrepresivos derivados de la violencia estatal, así como tejer una amplia red de asistencia a los represaliados. Una presencia que debe implicar además algo que en la actualidad no existe: la perspectiva de crear un amplio y estable movimiento de solidaridad con un genuino carácter de clase.

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