Los jóvenes, precarios a jornada completa

Wawrzyniec Smoczyński presseurop

La juventud polaca actual es la primera generación "harta". Según el informe gubernamental "Młodzi 2011" ("Los jóvenes 2011"), los polacos de entre 15 y 34 años se parecen a sus compañeros de Europa occidental: hedonistas, fervientes consumidores, se muestran más bien distantes de la institución del matrimonio, cultivan su individualismo, pero quieren ser útiles para la colectividad.

Aunque siguen considerando el trabajo como la base del éxito y de su felicidad en el futuro, cada vez les resulta más difícil encontrar uno. Los polacos de entre 18 y 34 años representan más de la mitad de los parados registrados, y la tasa de paro en su franja de edad dobla la de la media nacional de 11,7% (según datos de julio de 2011).

Esto sucede en un contexto social de alto riesgo, como lo avala el ejemplo de Europa Occidental, regularmente marcada por las explosiones de cólera de sus jóvenes desde hace algunos años. El extrarradio de París en llamas, las batallas campales en las calles del centro de Atenas, las manifestaciones masivas de Madrid y, más recientemente, los motines de Londres, son muestras evidentes de una crisis social.

Un futuro incierto

Los jóvenes son las víctimas principales de la crisis económica. Actualmente, el 20,4% de los europeos entre los 15 y los 24 años buscando empleo no lo consigue; alrededor de un tercio más que en 2008. Esta tasa, sin embargo, representa únicamente la media europea, y se enmascaran así las disparidades entre los países que alcanzan porcentajes tan preocupantes como los de España, con un 42% de jóvenes sin empleo; el 30% de los países bálticos, Grecia o Eslovaquia; así como el 20% de Polonia, Hungría Italia y Suecia.

Cuando los jóvenes acaban encontrando un empleo, muy rara vez es estable. Eslovenia y Polonia van a la cabeza en el número de trabajos temporales, porque el 60% de los empleados con menos de 25 años lo hacen con ese tipo de contrato. La situación tampoco es mucho mejor en Francia, Alemania, Suecia, España o Portugal, donde ese porcentaje supera el 50%.

Otro fenómeno muy extendido en España, Francia y Portugal es la infrarremuneración. Los españoles con edades comprendidas entre los 16 y los 19 años perciben únicamente el 45,5% del salario de un adulto, los que tienen entre 20 y 24 años, el 60,7%. Estos bajos salarios tienen una incidencia directa en el aumento del número de trabajadores pobres que, aunque con empleo, no pueden satisfacer sus necesidades. Los más numerosos están en Rumanía (17,9%) y en Grecia (13,8%), seguidos de los de España (11,4%), Letonia (11,1 %) y Polonia (11%).

Lo que une a todas estas personas es la incertidumbre ante el mañana, lque impide desarrollar cualquier proyecto, y los salarios tan mediocres que no permiten vivir decentemente. En latín, Precarius significa "obtenido por la vía de la oración". En la sociología actual, se refiere a una persona que se encuentra entre la prosperidad y la pobreza, desprovista de seguridad material y constantemente amenazada por el desmoronamiento de su estatus social.

Estamos asistiendo al nacimiento de una nueva clase social mundial, afirma Guy Standing, profesor de seguridad económica en la Universidad de Bath y autor del libro "The Precariat: The New Dangerous Class" [“Los precarios, la nueva clase peligrosa”, 2011, todavía no traducido en castellano].

Un pacto con el diablo

Durante veinte años, los Gobiernos occidentales han conseguido ocultar cómo las clases medias eran cada vez más precarias. Estados Unidos y el Reino Unido subvencionaban los salarios más bajos a través del sistema fiscal. Dinamarca, Alemania y los Países Bajos orientaron su política social hacia un sistema de fomento del retorno a la vida activa, para aligerar a cualquier precio las estadísticas de paro.

En Francia, en Italia y en España, el Estado ayuda indirectamente a los jóvenes al pagar las pensiones de sus padres, que a su vez mantienen a sus hijos en paro. Los Gobiernos de los países desarrollados han firmado un pacto con el diablo. Este sistema no puede mantenerse eternamente. Y empieza a hacer agua.

La crisis financiera ha hecho que la amenaza de la quiebra de los Estados se cierna sobre Europa y los Gobiernos ya no pueden permitirse simplemente disimular que los precarios existen a base de ayudas financieras. Al mismo tiempo, la recesión de 2009 hizo que las cifras de paro se inflasen y ello ha conllevado una nueva oleada de precarización. El 97% de los empleos creados durante el año pasado en el Reino Unido son contratos de trabajo temporal. En Alemania, cerca de la mitad de los nuevos empleos son de duración determinada, sin olvidar los 7 millones de personas que tienen "minijobs" [mini-trabajos] que les reportan menos de 400 euros al mes. En Portugal, 300.000 personas tienen empleos a tiempo parcial. En Francia, el 20% de los estudiantes viven bajo el umbral de la pobreza.

Argumentos que favorecen a los extremistas

Según Guy Standing, los precarios europeos se dividen en tres grupos. El primero sería asimilable al lumpenproletariado industrial, es una minoría que a menudo se criminaliza, que tiende a la violencia, como la que se desencadenó hace varias semanas en las calles de Londres. El segundo grupo es el de los jóvenes instruidos, predispuestos a tener un trabajo, pero que, en la coyuntura actual, ya no saben cómo apañárselas, mientras continúan soñando con un mundo mejor. En mayo, estos jóvenes tomaron las calles de Madrid. Pero el más importante es el tercer grupo, constituido por trabajadores de más edad; con el paso de los años han perdido seguridad material y estatus social, se encuentran marginalizados y se lo imputan a los extranjeros.

Esta gente es una verdadera bendición para los partidos extremistas y un verdadero peligro para el modelo actual de sociedad, según advierte el economista. Si los precarios representan una amenaza para Europa, no será en forma de motines, aunque sin duda habrá cada vez más en los próximos años. El verdadero peligro está precisamente en el aumento de peso de los partidos populistas anti-inmigrantes y anti-europeos, apoyados por un número creciente de ciudadanos.

Los precarios de más edad apoyan a Marine Le Pen en Francia, a Geert Wilders en los Países Bajos, a los "Verdaderos Finlandeses" en Finlandia y a los "Demócratas de Suecia" en Suecia. Respecto a los precarios jóvenes, su eventual politización muy probablemente conducirá a una alianza con la extrema izquierda, con los movimientos anarquistas y neo-comunistas.

Esto no presagia nada positivo para Europa. Teniendo en cuenta la debilidad de los dirigentes europeos a la hora de hacer frente a la crisis económica, resulta complicado pensar que serán más operativos frente a la inminente crisis social. No se trata ya por tanto de los intereses nacionales, sino de intereses generacionales: los conflictos se dirimirán en el ámbito doméstico entre los jóvenes y los viejos. Hoy, las elites políticas envejecidas de Europa defienden sobre todo los intereses de su propia generación, lo que no hace sino agravar la frustración de los jóvenes parados.

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La precariedad perfecta juvenil: ¿Solución de la crisis?

Francisco Letamendia / REBELIÓN
Hace ya unos días el director de la CEOE José de la Cavada presentaba en los pasillos del Congreso como solución patronal a la crisis el prototipo de la precariedad juvenil perfecta: un contrato laboral para los trabajadores/as de menos de 30 años con duración temporal de seis meses a un año, sin derecho al desempleo, sin indemnización por despido, y sin cotización empresarial a la Seguridad Social.

Este monumental –e ilegal- despropósito no perseguía por supuesto ser aceptado tal cual, sino mover ficha en un tablero estratégico con vistas a conseguir un resultado más viable; de hecho, el Presidente de la CEOE y espejo de empresarios Díaz Ferrán alegaba a los pocos días que sólo se trataba de un "ejemplo" que serviría para facilitar el acuerdo con los sindicatos sobre "otro contrato de inserción para jóvenes" no muy distinto del propuesto.

Analizaré brevemente el tema a tres bandas: situación de la precariedad en el Estado español -datos y construcción jurídica-; situación laboral de los jóvenes; y modelo patronal de desarrollo económico-o de salida a la crisis- implícito en la propuesta.

Lo primero a constatar es que España supera todos los límites de la precariedad en el ámbito de la Unión Europea, y que ello no es producto de "las fuerzas inexorables del mercado", sino de una operación perfectamente consciente y planificada de construcción jurídica de la misma iniciada a principios de los años 80. Los gobiernos españoles, centristas y, sobre todo, socialistas, agitaron, a fin de captar la atención e inversiones de las transnacionales, el señuelo de una fuerza de trabajo barata, convirtiendo a España en el oasis de la UE del trabajo precario y descalificado. Los hitos temporales de esta construcción fueron 1984 (con la introducción de una galaxia de contratos anómalos entre los que descollaban el contrato temporal de fomento de empleo y el de duración determinada), y 1994 (con una liberalización del mercado de trabajo que trajo consigo la floración de las ETTs o Empresas de Trabajo Temporal). Se fomentó con ello la flexibilidad numérica (esto es, la temporalidad del empleo) y la funcional (consistente en la desregulación de los puestos de trabajo). A mediados de los años 90, el 38% de los asalariados del Estado era ya precarios, contra una media del 9% en la UE.



Los costos humanos y económicos de la desprotección laboral han sido arrasadores: la crisis iniciada en 2007 ha golpeado especialmente al mercado de trabajo español, registrándose aquí la mitad de las pérdidas de empleo de la eurozona.

La propuesta de la CEOE apunta a un colectivo laboral, el de los jóvenes, que se encuentra ya bajo mínimos. En la actualidad, la tasa de paro juvenil es en España del 34,6%. En 2006 la temporalidad se situaba en la CAPV para los trabajadores/as de 15 a 29 años en el 72,8%; debe añadirse que casi todos los supuestos contratos indefinidos se firmaron en base a la reforma de 2006, la cual recortaba las garantías laborales. Los contratos de trabajo tienen además cortísima duración, con una media de 47 días; sólo el 5% de los contratos juveniles excede de los seis meses. La remuneración anual bruta de los jóvenes, de 14.381 euros, no llegaba en 2006 a los dos tercios de la media de la población asalariada, de 22.842 euros. Es de notar la diferencia de género: frente a una media masculina de 17.840 euros, la femenina es de 12.826 euros.

Si la precariedad supone no sólo la degradación de las condiciones de trabajo de quienes la padecen sino también el deterioro de sus proyectos de vida y el estrechamiento de su libertad personal, los contratos basura de los/as jóvenes ahondan sus efectos. En el mejor de los casos provocan la prolongación artificial de la escolaridad y de la estancia en los centros docentes, con el consiguiente aumento del gasto público; y sobre todo, la sustitución del Estado-bienestar por la familia-bienestar, con la imposibilidad de los/las jóvenes de emanciparse del hogar paterno, lo que trae consigo, cuando es forzada, fragilización de las relaciones familiares, humillación y descenso de la autoestima de los/las jóvenes.

La salida propuesta por la CEOE responde por otra parte al modelo de desarrollo económico más nocivo y contraproducente para los pueblos, condenados a ser perdedores en la carrera posfordista hacia la excelencia productiva. A grandes rasgos, la acumulación capitalista tiene actualmente dos opciones. La primera se basa en el trabajo cualificado e innovador apoyado en contratos estables y una remuneración alta e igualitaria, con una implicación obrera en el desarrollo productivo que no excluye la reivindicación y el conflicto, con intensas relaciones con las administraciones en sus distintas escalas, especialmente la local, a fin de asegurar la provisión pública de infraestructuras, subvenciones, docencia institucional de alta gama y centros de investigación tecnológica, con formación de redes estratégicas tendentes a asegurar la cohesión económica del territorio y precaverse del riesgo de las deslocalizaciones; todo ello con el fin de abastecer el mercado local y conquistar nichos de excelencia en los mercados globales.

La segunda opción es la generalización del trabajo basura, descalificado y temporal, la discriminación laboral de los colectivos “problemáticos” -mujeres, jóvenes, inmigrantes extracomunitarios-, la extensión de una dualización del mercado de trabajo cuyo segmento más bajo linda con exclusión, con centros productivos obsoletos y carentes de todo input de investigación, situados en la terminal inferior de sistemas productivos globales cuyos centros de diseño e inteligencia son siempre exteriores y cuyos trabajos repetitivos y rutinarios se delegan a los países dependientes, con una proliferación del trabajo basura paralela a la exigencia de subvenciones, exenciones fiscales y suelos baratos dirigida a los poderes públicos, con decisiones que desarticulan una y otra ves el tejido laboral de estos países; un modelo en el que las rápidas ganancias patronales extraídas en base al taylorismo sanguinario son pan para hoy y hambre para mañana, un mañana cada vez más próximo, quedando los países subordinados amarrados a lo más hondo de una crisis que les es imposible superar.

Este segundo modelo está implícito en la propuesta de la CEOE, cuya brutalidad persigue facilitar la digestión sindical de un nuevo proyecto que aparecería razonable en comparación con el suyo, el proyecto del Gobierno Zapatero. Se trataría a grandes rasgos de una nueva modalidad contractual inserta en el próximo Plan de Empleo Juvenil que se aplicaría a los jóvenes licenciados, la cual, con el pretexto de ser una relación de aprendizaje y no un auténtico contrato laboral, rebajaría drásticamente salarios y condiciones de trabajo. La fórmula no supondría además ningún costo para las empresas, pues la cuota social, aunque mínima, quedaría bonificada en su totalidad por el Estado.

Zapatero haría mal sin embargo en olvidar que fue la propuesta de un contrato basura juvenil similar la que motivó el divorcio PSOE-UGT de los años 1987-88, con la traca final de la Huelga General de 14 diciembre de 1988.

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ESPAÑA: Por el pleno ejercicio de los derechos democráticos. La lucha contra la represión.

CJC

España es el Estado europeo donde más población reclusa existe, donde más duro es el Código Penal y donde la aplicación de las normas sancionadoras se aplican con menores garantías respecto a otros Estados del continente.

Con más de un millar de presos políticos, con más de una veintena de organizaciones ilegalizadas o disueltas a base de persecuciones, con reiterados informes de los diferentes relatores de Naciones Unidas constatando la práctica reiterada de la tortura durante las custodias de detenidos o presos, así como las escasas o nulas consecuencias penales para sus autores, merece la pena analizar la represión con especial hincapié.

Los presos políticos

Tras las leyes de amnistía dictadas por las Cortes franquistas en 1976 y 1977, izquierdas y derechas parlamentarias han proclamado al mundo la plena consecución de las libertades públicas en España, así como la absoluta inexistencia de presos políticos en su territorio. Estas leyes, aplicadas de manera desigual en función de los casos, fueron de hecho un filtro legal para llevar a cabo un maquillaje internacional, así como una prueba de fidelidad de las organizaciones que se adherirían posteriormente al marco Constitucional postfranquista.


En la medida en que la estructura política, económica y militar del Estado español quedó apenas intacta tras la promulgación de la Constitución de 1978, era evidente que volvería a haber presos políticos, y la realidad que hoy vivimos deja muy clara esta afirmación.

En el año 2002, los dos grandes partidos de la burguesía, PSOE y PP, lanzaban la promulgación de la conocida como Ley de Partidos, instrumento legal que ha sido indispensable en la conculcación de los derechos civiles de miles de personas en todo el Estado. En virtud de este texto, más de una veintena de organizaciones políticas, sociales, de defensa de los derechos humanos o culturales han sido ilegalizadas, y decenas de dirigentes y militantes encarcelados, bajo la argumentación de ser un instrumento legal con fines terroristas. Este tipo de condenas se han dado en procesos legales con múltiples irregularidades, mediante tribunales de excepción y sin las debidas garantías procesales. En el caso de Euskal Herria estas violaciones se producen de manera sistemática.

Al hablar de presos políticos, la socialdemocracia ha hecho una cínica diferenciación de las personas reclusas por motivaciones ideológicas que en la práctica legitiman cualquier clase de represión: la cuestión de los delitos de sangre. “Es preso político todo aquel que haya sido encarcelado por sus ideas”. Esta argumentación, que sin embargo no sirve a la burguesía para hablar de las supuestas conculcaciones de libertades en Cuba o Venezuela, es una opinión que ha sido asumida por la mayoría de los sectores populares, que han asumido sin apenas resistencia esta tesis.

Sin embargo, la izquierda revolucionaria ha hecho históricamente una lectura muy distinta de la situación de los militantes presos, y es el hecho de la existencia de un conflicto político y social que supone una escalada de violencia, y por tanto, la inexistencia de dicho conflicto motivaría la inexistencia de esa violencia. El ex Presidente sudafricano Nelson Mandela, apadrinado por diferentes sujetos del imperialismo como ejemplo a seguir, dijo en su primera intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas en calidad de interlocutor para el proceso de paz en Sudáfrica: “Es inútil y vano para nosotros seguir con las conversaciones de paz y de no agresión contra un gobierno que solo responde salvajemente a personas desarmadas e indefensas”.

De una manera o de otra, los procesos penales que se han dado en los últimos 30 años contra la disidencia en todo el Estado, han sido denunciados por diferentes organismos internacionales por la total ausencia de garantías de los mismos: autoinculpaciones y confesiones obtenidas bajo tortura durante los días que la Ley Antiterrorista habilita para que el detenido no tenga medios de defensa, condenas formuladas en base a diligencias policiales y sin pruebas, o la existencia de tribunales de excepción como la Audiencia Nacional, son la base para una represión que afecta a militantes comunistas, anarquistas, independentistas y antimonárquicos que cumplen condenas en las prisiones de todo el Estado Español, de los cuales hay un amplio porcentaje de jóvenes.

Este marco represivo que, con unos medios de comunicación totalmente domesticados y el silencio general en la izquierda, abre el camino para que se reabran viejas fórmulas represivas y el terrorismo de Estado, fórmulas que de hecho nunca fueron cesadas.

Es igualmente ilustrativo el sistema carcelario español, que, reconocido por sus propios mentores como uno de los más crueles de Europa, se configura no solamente como aparato de represión, sino que supone el medio esencial para la anulación física de las personas reclusas, y donde además es el lugar donde la represión abarca todas sus formas. Torturas y aislamiento son los métodos habituales de trabajo del personal de prisiones.

A finales de los años 70 y toda la década de los 80, producto de la lucha política y social desarrollada por centenares de presos políticos y sociales en España, se va reforzando la conocida como COPEL(Coordinadora de Presos en Lucha), que evidenció a través de diferentes luchas carcelarias el empeoramiento del sistema carcelario y su reforzamiento como aparato de represión: nuevas infraestructuras penitenciarias, celdas aisladas y sin ventilación, utilización del shok eléctrico, etc. Fueron varias las huelgas de hambre en las que perecieron o quedaron con graves secuelas físicas y psicológicas decenas de personas. Reivindicaciones que se desarrollaron durante los diferentes Gobiernos de UCD y PSOE, y que tendrían como respuesta la imposición del régimen FIES(Fichero de Internos de Especial Seguimiento).

Andrés Márquez, que fue Director General de Prisiones con el PSOE, introducía el camino que se iba a seguir hasta el día de hoy: “La máxima seguridad se consigue con el máximo aislamiento.” (Ya, 16 de abril de 1986). En el día de hoy, el sistema FIES es un siniestro aparato de represión carcelaria aplicado a centenares de presos políticos y sociales que no solo implica la tortura psicológica, sino que incluye un fichero de información sobre actividades políticas y pensamiento de reclusos, familiares y personas cercanas a ellas. Aunque el Tribunal Supremo ha anulado en el año 2008 este ŕegimen, su sentencia todavía no ha conocido ningún efecto práctico.


Los procesos penales contra militantes, trabajadores y movimientos sociales

La criminalización de la protesta social mediante este tipo de procesos penales ha sido en los últimos años un instrumento del poder económico para aislar a las organizaciones revolucionarias del conjunto de la clase obrera y de la juventud.

Los últimos episodios represivos de este tipo, que en varios casos han supuesto el ingreso en prisión de los afectados, incluían denuncias de malos tratos y/o torturas en la detención o en los interrogatorios, como ocurrió con los detenidos el pasado 4 de febrero de 2006 en Barcelona, acusados falsamente de “intento de asesinato” a un miembro de la Guardia Urbana y que el Tribunal Supremo ha ordenado de nuevo su ingreso en prisión por haberles sido ampliada su condena, o el caso de los detenidos en la madrileña calle Montera de Madrid en diciembre de 2008 en una manifestación de solidaridad con la revuelta en Grecia, donde la Policía Municipal esgrimió defensas extensibles prohibidas.

Además, la crisis capitalista ha sido un duro revés contra el movimiento obrero organizado y contra las luchas desarrolladas en los últimos 5 años. Las políticas de ajuste económico que implicaron los cierres de los Astilleros Españoles(IZAR) y la consecuente resistencia de su plantilla, la respuesta de los trabajadores y trabajadoras del Aeropuerto de El Prat (Barcelona) ante los planes de AENA y sindicatos de recortar las prestaciones sociales o el breve periodo de prisión de los obreros de Astilleros Gijón Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala, implican una nueva fase en la represión contra un conjunto de sectores populares que no tenían como objetivo, al menos directamente, una lucha de transformación de carácter revolucionario, sino más bien han sido, junto a otros casos, reprimidos por llevar a cabo una lucha por la mejora de su calidad de vida.

Esta represión, que en algunos casos ha implicado penas económicas o de reclusión, nos introduce a la juventud comunista en una represión a la que no estábamos acostumbrados y que solamente conocíamos por la memoria de camaradas o de nuestra Historia como movimiento comunista. Este frente contra la represión va a ir formando parte de manera ascendente de nuestra lucha política, pues nuestra participación se tiene que dar no con un carácter asistencial, sino con un claro objetivo: elevar el nivel político de la clase y aumentar nuestra capacidad de influencia llevando la iniciativa de las campañas de solidaridad con los obreros represaliados en lucha.

Estas hechos tienen un doble objetivo: por un lado la evidente criminalización de los movimientos sociales, pero además pretenden inculcar el miedo dentro y fuera de los mismos.

Las detenciones administrativas contra inmigrantes

Anualmente, miles de inmigrantes pasan por los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) donde son recluidos por tener situación irregular. Esta detención administrativa y prolongada, donde es la propia Policía la que decide los tiempos de internamiento, así como la expulsión de los detenidos, es una manifestación más del carácter xenófobo del Estado Español y de la Unión Europea, que ha dado amparo a estas prácticas mediante la aprobación de la conocida “Directiva de Retorno”.

Mediante este procedimiento, España expulsa anualmente a miles de trabajadores y trabajadoras con métodos que incluyen la sedación, la tortura física o la entrega de los afectados a países distintos a los de origen, mientras que otros tantos pasan por estos CIE, denunciados por organizaciones de inmigrantes y pro derechos humanos por sus condiciones de reclusión y los abusos de la Policía.

Las multas

Es otro mecanismo de represión que el Estado burgués está empleando contra las expresiones organizadas de la juventud y del conjunto de la clase obrera: son las multas administrativas y las penas-multa.

Pegadas de carteles, manifestaciones, reparto de octavillas o infracciones penales han sido la base para el despliegue de una amplia amalgama de reglamentos y ordenanzas municipales donde se aplican penas y multas pecuniarias a los movimientos que están comenzando a tomar una dimensión organizada.

La juventud comunista debe estar organizada contra la represión de estado

La represión que la burguesía ejerce contra los movimientos populares tiene como fin último silenciar la evidente contradicción de la desigualdad que genera su modelo social; desigualdad manifestada en forma de desigualdad económica, desigualdad nacional, desigualdad política, desigualdad sexual o desigualdad racial. Su función no es solucionar su problema, sino postergarlo hasta la eternidad, mantener latente esas relaciones desiguales mediante la opresión y la violencia ejercida por sus instrumentos de clase.

El problema pasa a ser de primer orden en la medida en que la superación de su modelo de sociedad implica la necesidad de desplegar un potente movimiento de solidaridad y resistencia frente a la represión y a las políticas de corte fascista, que tendría como objetivo que esa violencia no sea un impedimento para el desarrollo de la lucha de clases.

En este momento, la juventud comunista carece de un mecanismo de solidaridad revolucionaria con sus detenidos, con sus represaliados o con sus afectados por la represión organizada. En la medida en que la represión estatal no ha tenido una especial repercusión sobre nuestra organización, hemos postergado un trabajo que a medida que avanzan los acontecimientos en el continente europeo y en el mundo, se hace más necesario que nunca: prepararnos para un período largo de represión en todas sus formas.

Es necesario que la juventud comunista tenga una presencia organizada en los frentes antirrepresivos derivados de la violencia estatal, así como tejer una amplia red de asistencia a los represaliados. Una presencia que debe implicar además algo que en la actualidad no existe: la perspectiva de crear un amplio y estable movimiento de solidaridad con un genuino carácter de clase.

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60.000 jóvenes pendientes de 210 euros

Kaos. Laboral y Economía | prensa

"Soy un joven de 26 años que actualmente tiene la desgracia de vivir solo. Suena irónico, pero en esto se ha convertido el sueño de mi vida, en una absoluta desgracia. Llevo esperando 20 meses a que el Ministerio de Vivienda me pague la maldita renta de emancipación". La queja que un lector envío a este diario refleja la difícil situación que comparten cerca de 60.000 españoles menores de 30 años.

El Gobierno les concedió una ayuda de 210 euros mensuales para pagar el alquiler de su piso, muchos se animaron a dejar la casa paterna e iniciar un proyecto de vida en solitario contando con esa ayuda, pero el dinero no llega. Esta situación afecta a 59.147 jóvenes, el 28,42% de los solicitantes cuya petición ha sido aprobada. La ayuda sí ha llegado a otros 148.994, según datos del Ministerio hasta septiembre.

Catalunya es la autonomía más afectada por el impago. El 39,08% de las peticiones resueltas de forma positiva sigue sin abonarse, por lo que 16.414 jóvenes no han recibido ni un euro. Le siguen Canarias, con un 34,44% de retrasos (2.668 personas); Madrid, 33,61% (11.566 ); Andalucía, 29,77% (7.729), y Galicia, 28,52% (4.607). Todo ello cuando la crisis ha duplicado en nueve comunidades autónomas el número de jóvenes en paro.

Requisitos para la solicitud

La Renta Básica de Emancipación, que entró en vigor el 1 de enero de 2008, es un conjunto de ayudas económicas directas lanzadas por el Gobierno para subvencionar el alquiler de su vivienda a los jóvenes con recursos escasos. Para conseguir el dinero, es necesario tener entre 22 y 30 años, cobrar menos de 22.000 euros brutos al año y estar al día con Hacienda.

Vivienda explica que el principal problema es que muchos jóvenes pagan a su casero mediante domiciliación bancaria en vez de transferencia, "una opción que no estaba contemplada y obliga a los solicitantes a enviar cada mes sus recibos, con el consiguiente retraso". No obstante, el problema real no es tanto el retraso, como el impago. Donia Guarin, una catalana de 28 años con dos trabajos por los que ingresa 700 euros al mes, espera cobrar lo que le deben desde mayo de 2008: 3.990 euros.

Los ciudadanos de Catalunya son los más afectados por los retrasos

Fuentes del departamento de Beatriz Corredor aseguran que desde la modificación aprobada por el Consejo de Ministros el 20 de marzo de 2009, "se han tomado medidas, como contratar a más personal y crear un sistema informático" que incluya la opción de la domiciliación. No obstante, este sistema aún no está en marcha y cada mes se registran más de 3.000 nuevas instancias.

El Defensor del Pueblo ha recibido más de 500 quejas formales este año denunciando las "deficiencias, disfunciones y otras irregularidades en la tramitación de las solicitudes" que, en la mayoría de los casos, se deben a "omisiones de la Administración", según un documento que se incluirá en el Informe Anual 2009 que enviará al Congreso.

El texto recoge numerosos fallos en el intercambio de datos entre las comunidades autónomas y el Ministerio en los documentos de identificación, las referencias catastrales de las viviendas alquiladas, en las cuentas corrientes del arrendador y del arrendatario, lo que aumenta los retrasos.

El Defensor del Pueblo ha recibido más de 500 quejas en lo que va de año

David Sánchez (Las Palmas de Gran Canaria, 27 años) entregó su solicitud en abril de 2008 y no fue aprobada hasta enero de 2009, porque el número de catastro de la casa estaba equivocado. Una vez que recibió la carta de aceptación, decidió cambiar de piso. Ahora recibe la ayuda correspondiente a su piso actual, pero aún no ha cobrado los 2.100 euros que se le deben por el alquiler de su anterior vivienda.

Virginia Acedo (29 años) se trasladó de Pamplona a Madrid y pasó de vivir sola a compartir piso. Cuando notificó que ya no tenían que pagarle 210 euros, sino 105, dejó de recibir la ayuda. "Lo único que consigo es que me envíen de un lado para otro. La Comunidad de Madrid me dice que tengo el pago retenido por haber percibido durante tres meses una cantidad indebida y el Ministerio culpa a la CAM por no haberles notificado el cambio de situación", explica.

Jaime afirma que le comunicaron que su solicitud estaba denegada por un problema con la Agencia Tributaria. "Conseguí un certificado demostrando que era un fallo y en abril de 2009 la resolución cambió a positiva", explica. Luego vino el error informático: "Habían puesto que el pago se hacía por transferencia, cuando era domiciliado, y tardaron tres meses en arreglarlo". Asegura que espera el dinero "como agua caída del cielo".

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La juventud contra la explotación capitalista, por un empleo digno y con derechos

Luis R Delgado J

La sociedad mundial actual se inscribe en las relaciones sociales capitalistas de explotación, dominación y subordinación. Lo que se conoce como globalización es la internacionalización sin precedentes del Capital, no hay país del mundo que se encuentre hoy aislado de esta realidad, que beneficia a unas pocas naciones súper-industrializadas y condena a otras a la dependencia, el atraso y la miseria. Esto es lo que se conoce como el desarrollo desigual producto de la división internacional del trabajo, donde cada ves la mayor riqueza de unas naciones se traduce en el incremento de la pobreza de otras.

Hoy la contradicción social fundamental sigue siendo la misma descrita hace 160 años por Marx y Engels, la contradicción Capital-Trabajo, que se traduce en la socialización creciente de la producción de la riqueza frente a la apropiación privada de la misma. Esto se manifiesta de la siguiente manera; mientras la distribución de la población indica que en el mal llamado Tercer Mundo o naciones dependientes vive el 80 % de la población mundial y en las naciones altamente industrializadas vive el 14 % de la población mundial, en la escala de distribución de la producción de riqueza esta relación se invierte, mientras a los países periféricos le corresponde el 20 % a las naciones imperialistas les corresponde el 78 % de la distribución de la producción de la riqueza, esto a su vez se expresa en que mientras el PIB por habitante de los países ricos es de 28.400 dólares para los países pobres esta cifra es de 1.300 dólares.

Otras estadísticas nos revelan la ignominiosa situación que vive nuestro mundo producto de las desigualdades y las asimetrías: Hoy en día (Millet, Toussaint, 2005):

- El ingreso anual del 1% más rico de la población mundial equivale al del 57% más pobre del planeta;

- El ingreso del 5% de las personas más ricas del mundo es 114 veces superior al del 5% más pobre;

- Se calcula que 2.800 millones de personas viven con menos de 2 dólares diarios, de los cuales 1.200 millones sobreviven con menos de 1 dólar por día;

- Las 238 personas más ricas del mundo concentran una riqueza similar a los ingresos de las 2.300 millones de personas más pobres del planeta;

- El patrimonio de las 147 personas más ricas del mundo superaba para el 2002 el Billón de dólares;

- Las siete mayores fortunas del mundo poseían en conjunto más que el PIB total del grupo de los 49 países más pobres, donde viven 650 millones de personas;

- Unas 840 millones de personas sobreviven en la hambruna;

- Cada 3 segundos muere una persona de hambre. Al ritmo actual, serán necesarios 130 años para eliminar el hambre en el mundo;

- Diariamente mueren en el mundo 30 mil niños por enfermedades curables;

- En el Tercer Mundo 1 de cada cuatro niños no recibe las vacunas básicas, es por eso que 1 de cada 6 niños muere antes de los 5 años de edad;

- 2 mil millones no tienen acceso a la electricidad;

- 40% de la población mundial no posee condiciones sanitarias básicas;

- 1100 millones de personas no tienen fuentes seguras de agua potable, de ellos, cinco millones, sobre todo niños y niñas, mueren cada año por enfermedades relacionadas a este problema.

Estas son sólo algunas de las perniciosas consecuencias que ha traído el desarrollo del capitalismo imperialista, fundamentalmente con la aplicación de las criminales políticas neoliberales que han arroyado a pueblos enteros en las últimas décadas, produciendo deudas externas infinitas, aparatos productivos totalmente destruidos, deterioro y disminución creciente del gasto social (salud, educación, vivienda, servicios básicos, etc.), desastres ambientales, precariedad laboral y desempleo crónico, entre otros efectos negativos.

En este sentido el capitalismo para asegurar su proceso constante de acumulación ampliada, debe elevar permanentemente sus índices de extracción de plusvalía, por dos vías, elevando los niveles de extracción de plusvalía absoluta y por medio de la explotación de la plusvalía relativa. La primera consiste en intensificar gradualmente la productividad del trabajo, aumentando el tiempo de trabajo, para esto en los últimos años se han aplicado políticas de desregularización laboral, que implican un retroceso de la sindicalización y otras conquistas logradas por la clase obrera durante el siglo pasado. La segunda vía consiste en la aplicación de grandes avances tecnológicos para elevar exponencialmente la productividad del trabajo, sin embargo este hecho que debería ser liberador, por el contrario eleva los niveles de explotación de la clase obrera, porque lo que antes producía en un tiempo determinado ahora lo produce en mucho menor tiempo, pero la jornada laboral sigue siendo la misma.

Estos fenómenos afectan con mucha fuerza a la juventud en general, la cual desde temprano debe enfrentarse a condiciones difíciles de trabajo o al desempleo permanente.

Esta vulnerabilidad de la juventud hace que sea presa apetecible para la burguesía explotadora. Por lo cual es alarmante la presencia de trabajo infantil esclavo y semi-esclavo en varias zonas del planeta, en maquilas, minas o cultivos. Son preocupantes los índices de explotación que sufren los y las jóvenes en las franquicias de servicios y otras empresas de trabajo temporal, en las cuales se prohíbe la sindicalización y no brindan la menor seguridad social. Es negativa la situación de los jóvenes al acceder al primer empleo. Son enormes los niveles de desempleo de la juventud en todo el mundo, ya que no se puede hablar que este es sólo un problema de los países pobres, ni siquiera los pocos jóvenes que logran el título universitario están a salvo de esta realidad estructural, que promueve el capitalismo para mantener bajos los salarios. Fenómenos como la fuga de cerebros de los países pobres a los países ricos son fenómenos correlacionados.

Por esta razón la juventud en todo el mundo debe alzar su voz contra la barbarie capitalista que los condena a la explotación más ruin.

Los y las jóvenes deben luchar por la conquista de empleos dignos que destierren las prácticas atrasadas y anacrónicas del trabajo esclavo, semi-esclavo y servil. La juventud debe luchar por la reconquista de los derechos laborales logrados por la clase obrera en los últimos 150 años, como son el derecho a organizarse sindicalmente, el derecho a una seguridad social, por esta razón debe oponerse a los regimenes de empleo ofrecidos por las empresas de trabajo temporal y las franquicias. Los y las jóvenes deben poder desarrollarse en el ámbito que ellos escojan profesionalmente, sin tener que pasar por la amarga experiencia de colgar el título o abandonar sus países en la búsqueda de un empleo acorde a su preparación.

El reto que se presenta para los y las jóvenes es que muchas de estas exigencias son cuesta arriba mientras sigan existiendo las relaciones sociales capitalistas de explotación, dominación y subordinación, por lo cual es imperativo la construcción del horizonte revolucionario, que permita la construcción de otro mundo posible y necesario, como lo es el Socialismo.

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Esos "menores" (pendejos de mierda)

Carlos Dilitio | Para Kaos en la Red

A raíz del asesinato de Capristo en Valentín Alsina, se pudieron ver y escuchar por los medios toda una andanada de manifestaciones histéricas de “gente” indignada, que parece arremeter contra sus frustraciones contra el sector más perjudicado de la población argentina: “esos menores”.

“Déjense de joder hay que ponerlos al paredón y si la familia rompe las pelotas también al paredón porque son igual de ruines y cínicos!!!!!!”

“Dejen de justificar diciendo que la pobreza! si a esos les das laburo y van borrachos a laburar dejen de justificar que están enfermos por la falopa si ellos saben muy bien lo que hacen por mas falopeados que estén esto ya es joda en pendejo mal parido mata a una persona y lo dejan libre bajo custodia de los padres”.

“A ESE PENDEJO SI LO LARGAN HAY QUE IR A LA CASA Y MATARLO DE LA MISMA MANERA QUE EL MATO A UNA PERSONA”.

El sistema capitalista no deja de crear marginales, porque el sistema no necesita gente. Entonces esa gente que no es más necesaria, deja de ser “gente”. Pasan a ser pendejos de mierda, villeros de mierda y finalmente, “esos menores”; memorable frase acuñada por el falso ingeniero Blumberg.

Y esos, “esos menores”, marginados, negados y discriminados, de alguna manera tienen que encontrar una salida, porque, aunque el sistema los niega, igual les crea necesidades que no puede satisfacer.

Por eso los droga, la calle les enseña a sobrevivir “como sea” y como esto fuera poco, los “dealers”, muchas veces policías o empleados de estos, les facilitan el acceso a las armas.

Es su salida. Una salida de mierda, a ningún lado, pero es su salida. El “capitalismo para quienes pueden pagarlo” no les da otra posibilidad. Es el reviente o caminar las calles de los centros urbanos todas las noches cartoneando, es decir cirujeando, por unos miserables pesos que no alcanzan para nada. Antes se decía ciruja, pero la hipocresía urbana pasó a denominarlos cartoneros. Y, como si fuera poco, se lo considera “trabajo”. Trabajan en el reciclado de materiales. Un logro de la llamada economía sustentable.

¿Estudiar en esas condiciones? Imposible. Por otra parte, el modelo económico dependiente de esta época es soja-dependiente. Una economía basada en la exportación de forraje para que coman los chanchos, perdón, el ganado porcino, de China. Quiere decir que el modelo sojero, que requiere muy poca mano de obra, no tiene una demanda de trabajadores instruidos, como en otras épocas más industrializadas; no requiere de planes educativos en masa.

La educación adecuada es sólo para quienes puedan pagarla. Es privada. Para formar cuadros intermedios y dirigentes de acuerdo a las necesidades del momento

Y un estado que tiene como única meta cobrarles los derechos de exportación a los productores, tampoco necesita mantener un nivel de educación adecuado. Un estado que tiene como objetivo la no cultura; la destrucción de la cultura, necesita que no haya educación, que los gremios docentes estén permanentemente en paro y no den clases. Por eso los reclamos del sector, son desatendidos e ignorados y hasta incluso reprimidos.

Es costumbre, además, que en Argentina además del estado, a nadie le importe nada. “¿Y yo que culpa tengo?” es la respuesta cotidiana en las calles por las que discurre la vida de la consumista e ilustrada clase media argentina.

No existirían las cárceles como existen en Argentina, sobre todo en Mendoza –catalogada como la peor de Latinoamérica- si a un sector importante de la sociedad no le importara que cada día se construyan más cárceles en las condiciones que sea, para meter no solo a delincuentes, sino a más pobres y a “esos menores”, que indefectiblemente terminan asesinados en comisarías e incluso sus cuerpos incinerados, por falta de “institutos adecuados”.

Hay otra complicidad, que más que complicidad es culpabilidad; que es la culpabilidad de los grandes medios de comunicación, que moldean, construyen, posibilitan que esos pensamientos y esas “convicciones” sociales sean posibles.

TODOS los medios, principalmente multimedios Clarín y América, propiedad del colombiano, naturalizado argentino De Narváez, están lanzados en furiosa campaña para declarar imputables a los “menores” de 14 años.

Más allá de toda lógica o estudio razonable, “hay que meterlos presos y que se pudran en la cárcel”.

Tener a un chico preso habla de una sociedad enferma que desconfía en la posibilidad de un futuro, porque si una sociedad permite que sus chicos, los cuales, generalmente, pertenecen a sectores perjudicados por el modelo económico –la mayoría-, estén presos, ¿que se puede esperar para las próximas generaciones?

El solo pensar en la posibilidad de que haya personas que quieran llevar a un preadolescente de 14 a un juicio como un adulto violador o asesino serial, declararlo culpable y encerrarlo con ellos es una locura. Pero peor que la gente son los medios masivos que hacen campaña en tal sentido.

Si se declara la imputabilidad a esa edad, como se pretende, el simple hecho de tener 14 años, a partir de ahora, implicará ser carne de comisaría, para un chico que transite por la calle, incluso de día, para “averiguación de antecedentes”, esto si no termina arrojado a las aguas del Riachuelo.

Y es abrir el camino a declarar la imputabilidad a partir de los 10 años. Si se trata legalmente a un chico de 10 años como a un adulto; ¿habrá también alguna clase de derechos a favor para un niño desclasado por el sistema?

¿Qué se puede esperar de personas y dirigentes adultos que se comportan como chicos de 10 años?

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Consejo Juventud: Los jóvenes tienen el doble de probabilidad de accidentes

Bilbao, 4 mar (EFE).- El Consejo de la Juventud de Euskadi ha denunciado hoy que la precariedad y la inestabilidad están en la base de las muertes laborales y ha señalado que los jóvenes tienen el doble de probabilidades de sufrir accidentes en el trabajo que las adultas.

El organismo citado ha condenado por medio de un comunicado la muerte ayer de un joven de 27 años vecino de Ordizia (Guipúzcoa) en accidente laboral en las obras de mejora de la carretera Pamplona-Francia por Behobia (N-121-A), en las Ventas de Etxalar.

El Consejo de la Juventud de Euskadi ha reclamado el cumplimiento de las medidas de seguridad en las empresas y ha indicado que "ante un accidente en el que parece haber ausencia de alguna de estas medidas, la actuación de la Administración tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias, incluso penales".

El Consejo también ha considerado que la muerte de personas en el puesto de trabajo deja "más a las claras que nunca la falta de unidad sindical", por lo que ha instado al conjunto de sindicatos a buscar "la senda del trabajo común".

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Despiden a una adolescente por decir en Facebook que su trabajo es aburrido

Una adolescente británica ha sido despedida por su empresa tras calificar de aburrido su trabajo en Facebook en la ciudad costera de Clacton, al este de la ciudad de Londres.

Su jefe ha convocado a su despacho a Kimberley Swann, de 16 años, y le ha comunicado que quedaba despedida por ese comentario en esa red social en internet, según informa la prensa local.



El jefe le entregó una carta que decía: "A la vista de sus comentarios en Facebook sobre el trabajo y la compañía, creemos que es mejor que, como no está contenta, terminemos con efecto inmediato su empleo en Marketing & Logistics".

Swann ha señalado al periódico su estupor por lo sucedido ya que ni siquiera mencionó en su comentario el nombre de la empresa para la que trabajaba, sino que se había limitado a decir que su labor en la oficina le aburría.

El secretario general del sindicato TUC, Brendan Barber, criticó el hecho de que un empresario se dedicase a husmear en las conversaciones privadas de sus empleados.

Según el líder sindical, "a muy pocos empresarios se les ocurriría seguir a sus trabajadores hasta el bar de la esquina para ver si se quejan del trabajo delante de sus amigos", ha explicado.

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