De la realidad colombiana a la universidad pública… en la mira de la “seguridad democrática”. Un análisis marxista

Doroteo Zapata. Corriente maxista colombia

El espectro de la “seguridad democrática” recorre las aulas universitarias de Colombia, sembrando a su paso el terror, el silencio, la sacrosanta complicidad de estudiantes y maestros con el status quo imperante, no por su complacencia con las políticas de amedrentamiento que reprimen la protesta popular, sino por el miedo a las repercusiones que puede tener la libre, argumentada crítica, cuando las fuerzas de seguridad moran en las facultades de las universidades públicas.

En momentos en que las fuerzas militares copan el territorio nacional, generando desplazamientos masivos, ejecuciones extrajudiciales, expropiación forzosa de la tierra, eliminación sistemáticas de las comunidades indígenas, sindicalistas, jóvenes desempleados de las comunas populares, el Estado se lanza ahora a una ofensiva de represión sistemática en las academias, ante la cual es necesario denunciar sus razones, procedimientos y consecuencias, y elaborar una propuesta revolucionaria para el movimiento estudiantil, como pretendemos hacer en este artículo.

El acenso de la ola privatizadora y su apuntalamiento represivo

Colombia, siendo un país capitalista dependiente, había tenido no obstante, hasta principios de los años noventas, un cierto control sobre sectores de la economía importantes, tales como las telecomunicaciones, el petróleo, la salud, las empresas de energía etc. Con la llegada de la constitución del 91 y la “apertura económica” gavirista, se dio inicio a una aplicación sistemática y generalizada del modelo neoliberal, caracterizada por las privatizaciones, los “ajustes fiscales” (reducción del presupuesto para salud, educación, privatización de las pensiones etc.), la sesión de las riquezas naturales al capital extranjero, la financiarización de la economía, entre otros.

A veinte años de su aplicación, este modelo económico ha generado niveles de desigualdad y exclusión dramáticos, con más de 20 millones de habitantes en la pobreza (48% de la población), de los cuales 7.7 millones son indigentes; con un nivel de desempleo que roza el 13% en las cifras del DANE, institución que brilla por su escasa objetividad; la nación se ha desindustralizado peligrosamente, deviniendo de hecho una “economía maquila”; el campo a sufrido una contrarreforma agraria de proporciones astronómicas, con elevados niveles de concentración de la propiedad de la tierra y escasa seguridad alimentaria (el 70% de los alimentos que se consumen son importados, la producción agraria se caracteriza por su redirección hacia los monocultivos de soya, palma africana y azúcar, para su transformación en “biocombustibles”, siendo Colombia el segundo país del mundo donde más tierras se dedican a ese ignominioso negocio, que produce alimentos para los autos, no para los seres humanos); la precarización del trabajo, que los economistas denominan eufemísticamente “flexibilidad laboral”, se ha convertido en la regla, presionando hacia abajo los salarios, sin prestaciones sociales ni pago de horas extras, sin seguridad social ni pensiones; el desplazamiento forzado de 4.5 millones de campesinos ha generado pobreza extrema en las comunas populares de las ciudades, acompañada las mas de las veces de violencia extrema asociada a los negocios ilícitos; mas de 15.000 niños mueren al año en Colombia por enfermedades asociadas a la desnutrición, y el 15% de los infantes de nuestro país (500.000) sufren de desnutrición crónica, cifras, cuando menos escandalosas, y que generarían una gran indignación si el gobierno no las encubriese con cortinas de humo constantes.

Estas cifras que expresan el estado de exclusión, pobreza y desigualdad económica en nuestra nación, contrastan enormemente con un país como Cuba, por ejemplo, donde a pesar del continuo bloqueo económico norteamericano, las políticas de bienestar social han llevado al cubrimiento total en materia de salud para el pueblo, al par que posee un sistema educativo sólo comparable con los de países desarrollados. Cuba, siendo un país asediado, agredido y bloqueado pérfidamente por las potencias capitalistas, ha logrado, gracias a su revolución socialista victoriosa, mejorar el nivel y calidad de vida de su pueblo. Esto, de por sí, ya nos permite concluir que la causa de la pobreza no proviene de las “leyes naturales” de la economía, sino de la dominación política de una clase, la burguesía, cuyo interés privado se halla en abierta contradicción con las necesidades y deseos del conjunto de la sociedad.

Estos pocos datos, que desmienten el mito de las “bondades de nuestro sistema económico”, requieren de dos aclaraciones importantísimas. Primero, que no son sólo producto del modelo económico neoliberal, sino del capitalismo mismo, el cual en ningún lugar del mundo, ni siquiera en los países desarrollados, ha generado igualdad social e inclusión (en E.E.U.U. 50 millones de personas carecen de un sistema de salud, mientras en el estado español la tasa de desempleo es del 15%, la más alta de Europa). Los grandes monopolios de la industria, la tierra o la banca siempre conllevan a los mismos resultados: acaparamiento de la tierra, quiebra de los pequeños empresarios, endeudamiento masivo (el mismo que generó la burbuja inmobiliaria que detonó la crisis económica global, que no es financiera, sino de superproducción), precarización del trabajo y negación de los servicios sociales básicos. Si los monopolios generan esto no es por irracionalidad, sino por consecuencia lógica del modo capitalista de producción, lo cual evidencia su imposibilidad inherente de beneficiar al conjunto de la humanidad, más bien lo contrario: las 5 grandes crisis de la humanidad actual (crisis económica, energética, alimentaria, ambiental y cultural) son efectos directos del desarrollo mundial del capitalismo, no “daños colaterales”.

En segundo lugar, el establecimiento de estas reformas, de esta oleada de privatizaciones y empobrecimiento del país solo ha sido posible a partir de una política de terror ampliada, que ha sido consustancial a nuestra historia, pero que en los últimos veinte años se ha desatado con una masividad espantosa. Los 4.5 millones de desplazados, los 2697 sindicalistas asesinados entre 1986 y abril de 2009, los más de 30000 detenidos-desaparecidos, los 1600 casos de “falsos positivos” documentados de los 7 años de gobierno de Uribe, entre otras cifras indignantes, se hayan directamente asociadas a las consecuencias laborales y sociales de la aplicación de la “apertura económica” en el país. La contención de la lucha popular, el amedrentamiento, el silenciamiento, han sido las razones que movieron al paramilitarismo de Estado, al narcotráfico, a las fuerzas militares, a hacer uso del terrorismo vertical (del estado hacia la sociedad) para sacar avante sus reformas, pagando el pueblo con sangre, sudor y lagrimas el saqueo generalizado de nuestra economía por las elites voraces y la “inversión extranjera”.

La doctrina de “seguridad democrática” no es más que la continuación de la misma política, por los mismos medios, pero ahora de manera más abierta, y por lo tanto más cínica. El gobierno no se sonroja con tener un 30% del congreso investigado por la corte suprema por sus vínculos con los paramilitares, ni mucho menos que sea ese mismo sector del congreso quién vota sus políticas guerreristas, sus referendos, sus reformas. Las denuncias de organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, se silencian con frases mágicas que harían sonrojar a los alquimistas, por lo efectivas que parecen ser cuando se reproducen por los “medios de comunicación”: “terroristas vestidos de civil”, “ONGs del terrorismo”, “intelectuales del terrorismo”. De esa manera, una amplia franja de la discusión política, que va de la democracia hasta las posiciones socialistas, cae en el marco del “terrorismo orgánico”, con lo cual resulta que la subversión en Colombia es superior en militantes a toda la votación del Polo y el partido liberal juntos, quedando en la mente una seria duda sobre por qué no se han tomado el poder, si las acusaciones del Estado fuesen ciertas.

Dentro de este contexto, la educación pública en general, la universitaria en particular, ha sufrido este escenario de terrorismo vertical descrito. De hecho, la mayor tasa de homicidios de sindicalistas en los últimos 20 años muestra que las organizaciones gremiales más duramente golpeadas han sido la de maestros (FECODE) y el sector salud (ANTHOC), este último exterminado casi completamente. Como lo dice el informe presentado por la oficina de derechos humanos del sindicato de maestros de Antioquia (ADIDA): “ADIDA, ANTHOC y EDUCAL, los sindicatos más vulnerados, concentran el 44% del total de violaciones ocurridas durante el último año. ADIDA, con 144 violaciones en el 2007, sigue estando en las listas de las organizaciones sindicales más victimizadas en Colombia en materia de Derechos Humanos, siguiéndole ANTHOC con 29 violaciones (5.9%) y EDUCAL-Caldas con 19 (4.5%).

Durante el periodo 2002 a 2008 fueron asesinados 41 docentes, en su mayoría activistas y dirigentes sindicales; 6 fueron desaparecidos y 759 amenazados y/o desplazados, sin que la gran mayoría de los asesinatos hubieran sido aclarados por el gobierno” (Informe de la comisión de derechos humanos de ADIDA a la XXXII asamblea general de delegadas y delegados, Marzo 26 y 27 de 2009. Pág. 21).

Como se ve, la violencia vertical no ha sido practicada solamente en los campos o empresas, también en sectores como salud y educación, siendo por cierto los más golpeados por la represión paramilitar. Lo cual no es extraño, si se tiene en cuenta que estos sectores han sido seriamente afectados por las políticas neoliberales del gobierno: hoy día el ISS fue desmantelado, privatizado, las pensiones pasaron a la banca privada, los hospitales comenzaron a llamarse, en sintonía con los vientos globalizadores neoliberales, “empresas sociales del Estado”, en las cuales lo del Estado es sólo la etiqueta, y nada más; el magisterio ha visto fragmentarse en tres su sistema pensional (estatuto docente de 1979), su salario se ha visto congelado por la ley de transferencias (ley 715 de 2001), el número de alumnos por aula ha subido a 40-55, el presupuesto estatal ha disminuido progresivamente, por la ley de transferencias tanto como por las “políticas de ajuste fiscal” etc. No en vano, para citar sólo el caso de las universidades, la tasa de deserción es del 48%, la más elevada de América latina, superando a países como Haití, Bolivia y Paraguay (http://www.dinero.com/noticias-universidades/mantiene-desercion-universitaria/56873.aspx). Es decir la situación de la educación en Colombia es fiel reflejo de la del país: caótica, sombría, desesperanzadora.

Existe una conexión entre paramilitarismo, ahora denominado “seguridad democrática”, modelo económico y violaciones a los derechos humanos burgueses difícilmente negable, a no ser en el lenguaje robinsoniano del Estado, donde todo se reduce “a la FAR”, como afirma en su peculiar dicción el narcoparapresidente Uribe.

Los procedimientos de la represión.

El movimiento estudiantil universitario, reflejo más o menos exacto del movimiento popular en Colombia, ha sido víctima de las mismas modalidades de represión a que se han visto abocados los campesinos, sindicalistas, etc. Los asesinatos de estudiantes, profesores y trabajadores no docentes de las instituciones académicas, las desapariciones, torturas, redadas masivas, allanamientos, encarcelamientos ilegales y demás has sido una constante aterradora de la represión a la rebeldía juvenil.

Para mencionar algunos casos emblemáticos en los últimos 20 años: tres profesores de la UdeA defensores de los derechos humanos (Héctor Abad Gómez, Felipe Vélez, Leonardo Betancur) fueron asesinados en escasos 30 días en Medellín, en el año 1987. Carlos Castaño, máximo jefe paramilitar, confesó públicamente que ordenó el asesinato del líder estudiantil de la UdeA Gustavo Marulanda, en el año 1999. El sociólogo y profesor universitario en Barranquilla, Alfredo Correa de Andreis, fue asesinado en el año 2007 por paramilitares confesos, por cierto que con datos de inteligencia suministrados por la policía política (DAS). El estudiante de la Universidad del Valle Giovanni Blanco cayó muerto en 2007, en medio de una incursión de la policía al campus. El sindicalista universitario Guillermo Agudelo, del sindicato de trabajadores universitarios (SINTRAUNICOL) fue detenido desaparecido en el año 2001, encontrándose sus huesos tan sólo el año pasado, en el departamento de Santander. En un enfrentamiento entre estudiantes encapuchados y la policía el 10 de febrero de 2005, en medio de una explosión al parecer accidental, pero inducida por los gases lacrimógenos disparados arbitrariamente por el ESMAD (escuadrón móvil antidisturbios), resultaron muertas dos estudiantes de la Universidad Nacional sede Medellín, a los que se sumaron 40 heridos. Luego de esto, 17 estudiantes fueron detenidos, en la eufemísticamente denominada “operación algebra II”, permaneciendo en las mazmorras del régimen entre 4 meses y año y medio, siendo liberados luego de ser declarados TODOS inocentes. En el mes de mayo del presente año, en México, el profesor universitario Miguel Ángel Beltrán, que se hallaba en el hermano país adelantando estudios de doctorado, fue detenido y deportado a Colombia, acusado de ser “ideólogo de las FARC”, con pruebas sacadas del “computador mágico” del jefe guerrillero “Raúl Reyes”, más del 50% de las cuales han sido ya desestimadas por el fiscal que lleva el caso.

Estos pocos ejemplos muestran con cristalina pureza la brutal arremetida estatal y paraestatal contra el movimiento estudiantil universitario, contra el sindicato de trabajadores no docentes y contra profesores de reconocida trayectoria, cuyos delitos no han sido otros que denunciar las condiciones de miseria, exclusión y desigualdad a que nos ha abocado la oligarquía dirigente, con su capitalismo neoliberal aplicado tal y como lo recetaba el FMI, el BM o el BID, sin omitir una coma siquiera.

Los estudiantes, entre la espada y la pared, entre una pobreza endémica a que son conducidos sus padres por el desempleo creciente, unas condiciones de estudio que promueven la deserción masiva, los recortes constantes del gasto estatal al sistema educativo, las reformas académicas que “flexibilizan” las carreras, reducen los semestres de estudio y aumentan el cobro de matrícula, la inexistencia de restaurantes, transporte y demás políticas de bienestar estudiantil, entre todas esas condiciones, decimos, se lanzan constante y valientemente a la lucha popular directa contra el estado, muchas veces de manera violenta, pero no ilegitima, siendo en no pocas ocasiones el sector más combativo del movimiento popular colombiano.

Son estas las razones por las cuales asistimos a un ensañamiento del estado contra el movimiento estudiantil, las razones de que el fantasma de la “seguridad democrática” recorra las aulas universitarias. La vigilancia de la universidad se entrega a empresas privadas, las cuales se saben que trabajan para los paramilitares; las universidades reciben “reinsertados” en todas las facultades, agentes de la policía política, de la inteligencia militar; en los baños, céspedes, cafeterías, se instalan cámaras de vigilancia; se desaparecen, encarcelan y asesinan estudiantes, docentes y trabajadores; y para rematar, ahora se fabrican pruebas falsas para asociar profesores o estudiantes con los grupos insurgentes, en calidad de “ideólogos”. Si esto no es una dictadura de clase disfrazada bajo formas democráticas ¿qué es?

Las heroicas luchas estudiantiles necesitan una orientación revolucionaria, marxista

El podrido estado colombiano, con sus paramilitares, y policía secreta, comandados por la decadente burguesía colombiana, que quieren prostituir la educación, son la causa principal de las derrotas del movimiento estudiantil. El capitalismo colombiano por sí mismo es causa de la bancarrota del país. Sin embargo, hay que decir, en honor a la verdad, que si el Estado ha podido penetrar y reprimir de manera tan violenta en las universidades, alguna parte de la responsabilidad le cabe a las organizaciones que dentro de ellas operan, a pesar de toda la honestidad revolucionaria de los estudiantes, en orden a tres factores: el uso de la violencia, la política de alianzas y la falta de cuadros políticos.

1. Le hace un gran daño a la universidad pública la recurrencia de los “tropeles”, formas de acción directa de alto riesgo, que en los últimos años han dejado varios muertos y heridos, y una gran animadversión de la clase obrera hacia el estudiantado, para no decir ya más del conjunto de la sociedad. Los medios de comunicación se han ensañado particularmente con los estudiantes: falsean la información, la editan, reproducen videos de incursiones de milicianos insurgentes en las plazoletas de las universidades, maximizan los enfrentamientos callejeros entre universitarios y policías, generando zozobra, terror y repudio de la población, configurando una matriz mediática de opinión sobre el movimiento estudiantil que lo presenta como “un nido de vándalos, de terroristas”, para decir lo menos. Bajo una hegemonía ideológica casi omnímoda, como la que tiene la oligarquía en estos momentos, recurrir a los tropeles no solo es peligroso para la vida e integridad de los estudiantes comprometidos con la transformación de la sociedad, sino que además es contraproducente en el mensaje que le envía al pueblo, el cual margina al estudiantado, dándole así su aprobación, tácita o explicita, al terrorismo de Estado en sus andanadas fascistas.

Los tropeles tienen una larga tradición histórica dentro de la universidad, pues ya en los años sesentas y setentas hacían parte orgánica de las luchas estudiantiles. Sin embargo, su actualidad se pone en duda si se examinan las condiciones en que surgieron y el estado actual de las luchas populares, encontrando una interpretación dinámica, que toma en consideración la historia, la vida real.

Durante las décadas de auge del movimiento popular (años 60-80), cuando la sociedad se encontraba en un estado de fermentación de ideas revolucionarias, el nivel de conciencia política, de organización y de combate eran mayores, los tropeles hacían parte orgánica de los métodos de lucha del movimiento estudiantil, junto a manifestaciones de masas como las asambleas, los paros, las huelgas, los mítines, las tomas de facultades etc. El tropel era UNA forma de lucha, no LA FORMA DE LUCHA. La actividad militante de los estudiantes se enmarcaba dentro de las directrices de los partidos y organizaciones políticas, en coordinación viva con las luchas obreras y sindicales. Una manifestación clara de esto la constituye el que, en las marchas, no salían aparte, fragmentadas, la clase obrera y los estudiantes, en bloques separados e inconexos, sino que marchaban juntos, en filas apretadas, según las orientaciones de los partidos a que cada persona adscribía.

De esta manera, el tropel era un método de AUTODEFENSA popular directa, donde la clase obrera y el estudiantado participaban mancomunadamente, lo cual era posible por el alto grado de conciencia política, sumado a que esta forma de lucha no era artificial respecto a las luchas de masas, sino un complemento, devenido de la necesidad de repeler las embestidas represivas de la policía o el ejercito.

Este tipo de acciones de hecho, los tropeles, los podemos apreciar en su dinámica de masas en la minga indígena, donde, en ocasiones, se lleva a cabo, frente a las arremetidas del ejercito y el ESMAD. Si comparamos las acciones de la minga con los tropeles universitarios, el contraste es enormey evidente: los indígenas que toman la iniciativa de la lucha lo hacen como AUTODEFENSA, y además, no son un grupito aislado del movimiento, sino el conjunto de los indígenas quienes se defienden de las embestidas represivas del Estado. Es una acción de masas, no de individuos, que además se complementa con la formación y la acción política, es una parte orgánica, no separada del movimiento. De ello deriva la legitimidad de estas acciones, que no se realizan como una “fiesta” o como algo ocasional, como un “espectáculo” de masas, donde una pretendida vanguardia abandera las luchas de la masa popular y se erige en “héroe”, mientras las masas estudiantiles se limitan al papel pasivo de aplaudir, sino que son respuestas legitimas y necesarias contra la represión. La diferencia es tan notoria que no creemos necesario profundizar en ella

Hoy día no ocurre como en los años sesenta o setenta. La falta de un partido político de masas, presente en las luchas obreras lo mismo que en las estudiantiles, que se presente como el artífice de la coordinación de ambas, donde la universidad sea un espacio de formación de cuadros y activistas para desarrollar las labores de agitación, propaganda, organización y orientación de las luchas políticas del proletariado, ha conllevado a la fragmentación de la lucha en un sinfín de “movimiento sociales”, descoordinados, dispersos, inconexos, cuyos métodos de acción son disimiles, siendo su consecuencia natural el que la clase obrera repela, repudie y no se reconozca en las actividades estudiantiles. Cualquiera que conozca el estado de las luchas sociales en Colombia sabe a que nos referimos: hoy día los obreros ni siquiera gustan de marchar junto a los universitarios, lo consideran un elemento extraño en sus propias manifestaciones, lo cual es sumamente grave, perjudicial, para los estudiantes tanto como para los trabajadores.

Obviamente, esto ha sido posible porque el terrorismo de Estado, aplicado sistemáticamente a partir de la política paramilitar, ha conllevado al exterminio del movimiento popular colombiano, prácticamente aniquilando a los partidos de izquierda, y con ello fragmentando las luchas de los sectores sociales. Los obreros, los campesinos, los indígenas y los estudiantes casi no se reconocen entre sí, no se retroalimentan en las acciones comunes, guiados por un programa socialista, marxista, revolucionario, sino que cada uno participa de las peleas de los demás de manera más o menos artificial, con los resultados que estamos describiendo. Esto, sumado al estado general de despolitización de la sociedad, y a la labor de desinformación que llevan a cabo los medios de la burguesía, ha configurado un cerco virtual mediático, con desventaja para el movimiento estudiantil en particular, pero en general para el conjunto del movimiento popular colombiano.

Los marxistas reconocemos que los métodos de lucha cambian, según el estado de conciencia política, la situación objetiva de una nación, las tradiciones de acción del movimiento de masas, las condiciones de represión. La supuesta tesis de “la combinación de las formas de lucha” no es un principio leninista. Todo marxista entiende perfectamente que, en cada momento histórico, según las variables descritas, predomina UN método de lucha, al cual los otros pueden acompañar o no, según el estado político del movimiento. Además, como Lenin afirmó claramente, las tareas fundamentales de los revolucionarios deben ser siempre la agitación, propaganda, organización y orientación de la clase obrera y el pueblo, la formación de activistas y cuadros políticos que lleven la conciencia de clases a los sectores revolucionarios. Estas tareas constituyen, al decir de Lenin en el “qué hacer”, las nueve decimas partes de la acción de cualquier organización revolucionaria.

Las acciones violentas como los tropeles, visto el estado actual de nuestro país, en sus niveles objetivo y subjetivo, no son acciones válidas dentro de las luchas sociales, por las razones ya expuestas. No entender esto es caer en el aventurerismo, el izquierdismo, el sectarismo, realizando acciones “espectaculares”, “emocionantes” psicológicamente, pero que en nada benefician al desarrollo político de las masas, por el contrario, lo obstruyen, lo obnubilan. Los grupos estudiantiles que realizan estas acciones pecan de buena fe, de voluntarismo, de espíritu revolucionario, pero las mejores intenciones no son suficientes cuando se trata de impulsar al movimiento. Las masas comienzan a confiar en “héroes”, en personajes de película, en vengadores solitarios u organizados en pequeños grupitos, y con ello pierden su instinto colectivo, su voluntad de lucha social, pierden la fe en su propia fuerza. Lenin lo dice con gran claridad en un aparte de su artículo “nuevos acontecimientos y viejos problemas”, que citamos in extenso por su enorme importancia para la discusión actual:

“La única tarea digna de un revolucionario no consiste en dar, por medios de unos disparos, motivo para la excitación, elementos para la agitación y el pensamiento político; consiste en aprender a elaborar, utilizar y tomar en sus manos el material que proporciona en cantidad más que suficiente la vida rusa. Los socialistas-revolucionarios no pueden envanecerse de que sea grande la influencia “agitadora” de los asesinatos políticos (para el presente caso tropeles), de los que tanto se cuchichea en los salones liberales y en las tabernas del pueblo sencillo. A ellos no les cuesta nada (¡para algo están emancipados de todos los dogmas estrechos de una teoría socialista más o menos definida!) sustituir (o, aunque sólo sea, completar) la educación política del proletariado con el sensacionalismo político. Nosotros consideramos, por el contrario que sólo pueden tener influencia real y seriamente “agitadora” (excitante), y no sólo excitante, sino también (y esto es más importante) educativa, los acontecimientos en los que el protagonista es la propia masa y que son originados por su estado de ánimo, y no escenificados “con fines especiales” por una u otra organización. Opinamos que un centenar de regicidios jamás producirán la influencia excitante y educativa que ejerce la sola participación de decenas de miles de obreros en asambleas en las que se examinan sus intereses vitales y el nexo entre la política y esos intereses; La influencia que ejerce esta participación en la lucha, que pone en pie realmente a nuevos y nuevos sectores “bisoños” del proletariado, alzándoles a una vida más consciente, a una lucha revolucionaria más amplia. Se nos habla de la desorganización del gobierno (obligado a reemplazar a los señores Sipiaguin por los señores Pleve y a “reclutar” a su servicio a los más viles rufianes); pero nosotros estamos convencidos de que sacrificar a un solo revolucionario, aunque sea por diez canallas, significa únicamente desorganizar nuestras propias filas, ya de por sí tan escasas, tan escasas que no pueden atender toda la labor que “exigen” los obreros. Opinamos que la verdadera desorganización del gobierno se consigue sólo cuando las amplias masas, realmente organizadas por la propia lucha, obligan al gobierno a desconcertarse; cuando la legitimidad de las reivindicaciones de los componentes avanzados de la clase obrera es esclarecida ante la multitud en la calle y comienza a ser esclarecida incluso entre una parte de las tropas llamadas a “pacificar”; cuando a las acciones militares contra decenas de miles de hombres del pueblo precede la vacilación de las autoridades, que carecen de toda posibilidad real de determinar a dónde conducirán esas acciones militares; cuando la multitud ve y reconoce en los muertos en el campo de la guerra civil a sus camaradas, a sus compañeros, y acumula nuevas reservas de odio y el deseo de una lucha más resuelta contra el enemigo. Entonces no es ya un canalla, sino todo el régimen actual el que aparece como enemigo del pueblo, contra el cual se conjuran las autoridades locales y las de Petersburgo, la policía, los cosacos y el ejército, sin hablar ya de los gendarmes y los tribunales, que son el complemento y la coronación, como siempre, de toda insurrección popular”. (Las cursivas son de Lenin).

Esta cita ejemplifica perfectamente a lo que aludimos, a la necesaria acción educativa, política, en el movimiento de masas, contraria al aislamiento del mismo, que surge en momentos en que las organizaciones hacen de los métodos violentos (Lenin se refiere aquí al uso del terror, pero aplica también para el del tropel) su principal, y única, forma de trabajo político entre el movimiento. La descripción que se hace en el párrafo aludido se muestra de manera arquetípica, hoy día, en el desarrollo de los acontecimiento de la resistencia en Honduras contra el golpe, el cual invitamos a estudiar con detenimiento. De todas formas, este es un punto de discusión que debe ser desarrollado en un artículo aparte, que prometemos elaborar pronto.

2. El movimiento estudiantil no sólo se ha aislado de las luchas obreras, sino, dentro de la propia universidad, de los profesores y trabajadores no docentes, lo cual debilita su resistencia frente a los embates terroristas estatales.

Los trabajadores, menguados en su capacidad de combate contra la administración, de una parte porque se ha desplazado la vigilancia propia por la privada, de otra por las políticas de la administración de las universidades, y finalmente por las acciones represivas del Estado, que ha dejado muertos y desaparecidos, han resistido a la defensiva en sus reivindicaciones salariales, desprendiéndose del movimiento estudiantil.

Por su parte el sector de los profesores, inclinados a una actitud relativamente conservadora, también se ha alejado de las luchas estudiantiles por la universidad pública. La diferenciación entre un minúsculo grupo profesoral vinculado a la universidades como profesores de planta, y una inmensa mayoría que trabaja como profesores de cátedra, en calidad de verdaderos “proletarios intelectuales”, con míseros salarios, enormes cargas académicas, cero prestaciones sociales, preocupados por conservar sus frágiles condiciones laborales, ha coadyuvado a la pérdida de unidad dentro de este estamento. Los profesores de planta se reducen constantemente, mientras el otro sector crece día a día, lo cual hace parte orgánica de las políticas implementadas por las universidades para mantenerse a flote en momentos en que la distribución estatal de recursos disminuye progresivamente. Los primeros disfrutan plácidamente de sus relativos beneficios, mientras los otros son explotados en su saber, que por cierto es desestimulado, pues bajos salarios promueven la desidia académica, y con ella disminuye también la calidad de la educación.

Con las “reformas educativas” promovidas desde el ministerio de educación para homologar nuestro sistema educativo a los estándares internacionales capitalistas (Plan Bolonia: http://www.sindicatodeestudiantes.org/index.php?option=com_content&;task=view&id=98&Itemid=85), uno de cuyos aspectos centrales es precisamente la reducción del personal docente de planta, para abaratar los “gastos” en este renglón y hacer las universidades “sostenibles” en las economías de mercado, la proporción dominante de profesores integrados cual parias a la academia aumenta exponencialmente. Con ello, las posibilidades de articulación de las luchas se abren, si dentro de una política de alianzas se incluyen decididamente las reivindicaciones salariales y sociales de los docentes de cátedra, se defienden con ahínco, y a ello se le suman los de planta que, con sentido de indignación frente al status quo imperante, se suman a un frente universitario común, contra la implementación de la “seguridad democrática” en las universidades públicas, por los derechos económicos de los profesores de cátedra y trabajadores no docente, y en defensa de una educación pública estatal, con un programa que interprete los intereses de la población universitaria, que la dote de un instrumento de lucha fuerte contra el estado burgués.

Precisamente la conformación de un frente universitario con tales características es la propuesta que los marxistas enarbolamos en este momento, como expresión de la política de alianzas a que arriba aludíamos, propuesta que tocaremos al final del presente trabajo.

Los estudiantes, a su vez, se han marginado, o tal vez automarginado, de las luchas de los otros dos estamentos, con lo cual el fraccionamiento opera a favor del terrorismo de estado y su “seguridad democrática”. Es preciso reunir estas luchas en un solo frente, avanzar en una política de alianzas que refuerce a los tres estamentos que componen la universidad pública en la causa común.

3. Ciertamente que como expresión de todo lo ya expuesto, el movimiento estudiantil carece de cuadros y activistas políticos con formación en las ideas marxistas, socialistas. La falencia es tan evidente, que no necesita de mayores comentarios. Las discusiones en las asambleas brillan por su bajísimo nivel intelectual, político, por la falta de claridad sobre la situación internacional, regional, nacional, el estado de la confrontación de clases, las políticas estatales y la manera en que estas influyen en las universidades públicas, por un programa de reivindicaciones claras, concretas, fácilmente exponibles al estudiantado, que impulsen la lucha universitaria. Realmente es un estado lamentable, de una falta de cualificación sin precedentes en la historia reciente. Algo que no tiene que ver con el tan cacareado “relevo generacional”, ni con la influencia de los “medios de comunicación”, o con las condiciones de la represión, sino con las debilidades internas de las propias organizaciones estudiantiles. Lo otro influye, pero no determina, menos aún en la actual situación de crisis económica, que pone a la orden del día las ideas revolucionarias, como hace mucho tiempo no se había presentado.

Las organizaciones estudiantiles deben enfatizar en la formación interna de sus militantes, en la comprensión de la situación actual, de su significado desde el punto de vista de la lucha de clases, y de las tareas del movimiento estudiantil en el presente, algunas de las cuales pretendemos esbozar en este opúsculo. Sin esto, es casi imposible avanzar en las responsabilidades que la historia nos depara, en la extensión del movimiento al conjunto del estudiantado, a su unidad orgánica con los estamentos docente y de trabajadores, y con el conjunto del movimiento popular.

¿Cómo combatir la “seguridad democrática” en las universidades? El frente universitario

Después de haber recapitulado y analizado elementos del actual estado de cosas, podemos pasar, en una estrategia de largo alcance, a un propuesta que conjure el espectro de la seguridad democrática en la universidad pública, relance al movimiento universitario nacional a su legítimo papel de fuerza política central, y canalice sus esfuerzos en un bloque popular de lucha por el socialismo.

Ya hemos visto en perspectiva los estamentos que juegan un papel destacado en la vida social y política de la universidad: estudiantes, trabajadores y profesores. De lo que se trata es, por tanto, de atarlos en una propuesta unificada de trabajo político, y para ello proponemos un FRENTE UNIVERSITARIO, primero en una universidad en concreto, y luego, de ser posible a escala nacional.

Sabemos que, en las actuales condiciones, es más importante que nunca la coalición entre grupos estudiantiles, y de estos con los otros estamentos. Ello, en virtud de que las políticas privatizadoras han llegado a su cenit, colocando a las universidades públicas al borde del colapso, tal y como lo constata la revista cambio.

“Una serie de leyes expedidas en los últimos 17 años que han llevado a la disminución de los recursos de inversión y al aumento de los gastos de funcionamiento, han puesto a muchas universidades contra la pared. La situación es tan grave, que algunas enfrentan ya una situación insostenible que incluso podría llevarlas a cerrar sus puertas. Según un estudio de las universidades Nacional, Antioquia, Valle, Caldas, Cauca, Tecnológica de Pereira, en 2010 todas van a estar en estado crítico. Para resolver la crisis, sostienen los representantes de las universidades, habría que subir del 3 al 9 por ciento el presupuesto destinado a las universidades, lo cual significa 160.000 millones de pesos. La cifra, sin embargo, no alcanza para compensar el déficit acumulado hasta la fecha: medio billón de pesos”. (http://www.cambio.com.co/paiscambio/848/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-6245634.html)

La respuesta de las universidades, frente a la política educativa del Estado, es más de lo mismo: aumento de matrículas, limitación de políticas de bienestar, prestación de servicios de investigación a empresarios privados, en buena medida multinacionales (lo que se da en llamar relación Universidad-Empresa-Estado), aumento del profesorado de cátedra, bloqueo de pensiones de los jubilados etc. Frente a este programa de aplicación capitalista de políticas de recorte fiscal a la educación superior, es indispensable enarbolar un programa del frente universitario, que dote a las masas de un instrumento de formación, agitación, propaganda, organización y orientación de las luchas en transitividad de lo reivindicativo a lo político. Esto es, un programa de transición, que tenga como virtudes la coherencia, la claridad, la concreción, y además la cualidad interna de acelerar la formación política al interior de la universidad, lo cual quiere decir que conlleve a su radicalización, coordinándola con el conjunto de las luchas populares, convirtiendo las luchas estudiantiles en lucha política por el socialismo.

Vista la coyuntura, el programa del frente debe tener, a nuestro parecer, tres dimensiones fundamentales, a saber: una dimensión democrática, cuyo objetivo será enarbolar una política de choque frente a la intervención estatal vía seguridad democrática; una dimensión económica, basada en la defensa de la educación pública gratuita, a través de un paquete de medidas concretas para financiar a la universidad, pero a la vez para mejorar las condiciones económicas de los trabajadores, de los docentes de cátedra, y el desarrollo de una real política de bienestar universitario; por último, una dimensión política, que conecte las luchas universitarias con las luchas populares, de la clase obrera, el campesinado y la minga indígena, por la trasformación social, que tenga al socialismo como norte último.

El programa que proponemos los marxistas, en sus tres vertientes, es el siguiente.

Dimensión democrática

1. La libertad en la universidad significa la libertad de crítica, de enseñanza, de investigación, de aprendizaje y de cátedra. Las libertades que conforman el quehacer de la universidad deben ser insobornables por políticas de Estado, puesto que el estado debe garantizar dichas libertades.

2. La autonomía universitaria, como política que materializa las libertades señaladas en el punto 1, comprende que la injerencia del estado en el orden político, jurídico y de seguridad no fortalece, sino que perjudica, la misión de la universidad en sus dimensiones de docencia, investigación y extensión. La autonomía universitaria, por tanto, se halla en contravía y condena políticas de seguridad nacional o de “seguridad democrática” que afecten el quehacer de la universidad y la labor de sus 3 estamentos (trabajadores, estudiantes y profesores).

3. La universidad pública como proyecto de nación implica la defensa de los derechos de los estamentos que la conforman, y estos derechos serían gravemente lesionados si la política de seguridad democrática se implementa en la universidad, puesto que las libertades de opinión, de conciencia, aprendizaje y cátedra, y el derecho de asociación serían bloqueados por políticas de miedo, intimidación y persecución bajo el pretexto de la “lucha contra el terrorismo”. La universidad pública cree que la no uniformización del pensamiento, que la diferencia, incentiva el conocimiento.

4. Por lo tanto, rechazamos: la infiltración de organismos de la policía política (DAS) en las universidades públicas; la admisión de “desmovilizados” del paramilitarismo; la implementación de la seguridad privada; el seguimiento, interceptación, amenazas, y todo tipo de agresiones contra activistas y dirigentes estudiantiles, trabajadores y profesores; la estigmatización del movimiento estudiantil, bajo la modalidad de calificarlo de “terroristas vestidos de civil” y cualquier forma que lo introduzca como actor en el conflicto armado interno; la persecución judicial de profesores y académicos de ideas de izquierda. Igualmente, exigimos garantías políticas para el ejercicio del derecho de organización de estudiantes, profesores y trabajadores.