La universidad pública, en peligro

Red Revuelta | Agencia de los Pueblos En Pie

Ya hasta el rector de la Universidad Nacional, conocido por ser siempre un defensor de las medidas del gobierno en temas de educación, autor de una pesima reforma para la universidad, hasta él, es perfectamente consciente de la situación de las universidades públicas.

La Ley 30 de 1992 definió de qué manera se construye el presupuesto de las universidades públicas del país. El legislador de entonces, con una clara intención que se trasluce en las motivaciones y que se confirma en múltiples sentencias de las altas cortes, trató de defender ese presupuesto y determinó que el aporte de la Nación debía ajustarse anualmente usando el IPC como indicador. La interpretación de los gobiernos desde la expedición de la Ley ha sido que el incremento se hace "sólo" con el IPC sin ninguna preocupación por el mantenimiento del valor real de la oferta educativa.

A primera vista pareciera que el IPC y el valor real son la misma cosa, pero no es así. Desde 1993 se han venido dictando leyes y decretos diversos que modifican el costo de la Universidad muy por encima del IPC. Se decidió que la calidad de la educación dependía (según Perogrullo) de la calidad de los profesores, y se expidieron decretos que estimulaban la contratación de docentes con posgrados -especialmente doctorado-, la investigación y la creación artística y cultural. El estímulo es un aumento salarial de acuerdo con productividad, muy por encima del IPC. Se generaron gastos adicionales para las universidades, como aportes patronales a la seguridad social.

Además de eso, los costos de la educación en Colombia y el mundo aumentaron por cambios en el proceso educativo mismo. Los doctorados apenas nacientes en 1993 son hoy importantes y diversos. Nuevas tecnologías han exigido equipos de cómputo, redes y licencias; las bibliotecas han crecido sustancialmente; se construyeron nuevas aulas tecnológicas, laboratorios y talleres. La enseñanza de idiomas se volvió parte de los currículos, así como muchas otras actividades conducentes a una formación ciudadana e integral. La cobertura pública de pregrado se duplicó, la de posgrado se multiplicó varias veces y la investigación creció en forma exponencial.

A pesar de eso, por más de 16 años las universidades mantienen su presupuesto congelado de forma que (para la Universidad Nacional, por ejemplo) en el año 2010 el aporte de la Nación para funcionamiento solo cubrirá gastos de personal y en los próximos años ni siquiera eso.

Los rectores del Sistema Universitario Estatal, a finales del año pasado, le planteamos esta situación al Señor Presidente. Él reconoció los hechos básicos y manifestó su acuerdo con la necesidad de un aumento de la base presupuestal para compensar el deterioro constante y sugirió que se hiciera en el presupuesto del 2010. Un estudio cuidadoso de los gerentes y vicerrectores financieros de las siete universidades públicas más grandes se presentó sin que fuera objetado. Sin embargo, en el proyecto de presupuesto actualmente en discusión no apareció la esperada compensación.

En múltiples foros, muchos de ellos citados por el propio Ministerio de Educación Nacional, expertos nacionales e internacionales han argumentado sobre la importancia de afianzar a las universidades líderes y fortalecer su capacidad de investigación. Eso no solo contribuye a aumentar el potencial nacional de competitividad en un mundo global, sino que es definitivo para compensar inequidades y mejorar la movilidad social de jóvenes con pocos recursos económicos.

El Ministerio de Educación Nacional viene esgrimiendo, desde hace un tiempo, el argumento de que el hecho de que haya universidades públicas más costosas que otras es una inequidad. Está buscando el ahogado aguas arriba. Por supuesto que hay que mejorar los presupuestos de las universidades débiles, pero no igualando por lo bajo. El problema de equidad no está entre las universidades públicas grandes y las pequeñas. Está en el hecho de que si no se ofrece educación pública de máxima calidad se perpetúa la ausencia de una importante parte de la población en las posiciones de liderazgo social y estas serán detentadas siempre por una minoría privilegiada.

Hace 30 o 40 años la educación básica y media pública, por una política restrictiva, perdió su capacidad de competir por los mejores maestros y la de invertir en infraestructura moderna y adecuada para sus retos; los presupuestos de la nación se ajustaron para garantizar apenas su mantenimiento básico. Hoy se ven los resultados cuando en las listas de mejores colegios prácticamente no aparecen aquellos que eran un orgullo y los malos indicadores constituyen predicciones sombrías para el éxito académico y laboral de buena parte de los estudiantes del sistema público. De perpetuarse la situación que describo, dentro de 30 años alguien estará preguntando qué se hicieron las maravillosas universidades públicas de principios del siglo 21.