Por qué hay hambre galopante en el siglo XXI y cómo erradicarla

x Damien Millet y Éric Toussaint

Uno de cada siete habitantes del planeta sufre hambre de forma permanente.

Las causas son conocidas: la injusticia profunda en la distribución de las riquezas, el acaparamiento de tierras en manos de unos pocos grandes terratenientes. Según la FAO, [1] 963 millones de personas sufrían hambre en 2008. Estructuralmente, estas personas pertenecen, paradójicamente, a la población rural. En su mayoría son campesinos que no tienen propiedades o pocas tierras, ni medios para sacarles rendimiento.

¿Qué es lo que provocó la crisis alimentaria de 2007-2008?

Hay que subrayar que en esos años, el número de personas hambrientas creció en 140 millones. Este aumento neto se debió a la enorme subida de los precios de los productos alimentarios. [2] En muchos países, esta subida de los alimentos al por menor se movió alrededor del 50 % y, a veces, más.

¿Por qué esta subida? Es importante comprender lo ocurrido desde hace tres años para contestar a esta pregunta y, después, poner en marcha políticas alternativas adecuadas.

Por una parte, los poderes públicos del Norte aumentaron sus ayudas y sus subvenciones para los agro-carburantes (llamados equivocadamente “biocarburantes porque no tienen nada de “bio”). De repente, era rentable remplazar los cultivos alimenticios por los forrajeros y oleaginosos, o dedicar una parte de la producción de cereales (maíz, trigo...) a la producción de agro-carburantes.

Por otra, tras la explosión de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y, de rebote a continuación, en el resto del mundo, la especulación de los grandes inversores (fondos de pensiones, bancos de inversiones, hedge funds1...) se desplazó hacia los mercados bursátiles donde se negocian los contratos sobre los productos alimenticios (principalmente en tres Bolsas de Estados Unidos especializadas en las transacciones de cereales: Chicago, Kansas City y Mineápolis). Por ello es urgente para los ciudadanos tratar de prohibir legalmente la especulación sobre los alimentos... Aunque la especulación al alza haya acabado a mediados de 2008 y los precios en los mercados a plazo fijo se hayan desplomado, los precios al por menor no han seguido la misma pauta. Una mayoría aplastante de la población mundial dispone de ingresos muy bajos y todavía sufre las consecuencias dramáticas de la subida del precio de los alimentos de los años 2007-2008. Y las decenas de millones de pérdidas de empleo previstas para 2009-201 van a agravar la situación a escala mundial. Para contrarrestar estas circunstancias, es preciso que las autoridades ejerzan un control sobre los precios alimentarios a fin de que bajen.

El crecimiento del hambre en el mundo no se debe, por el momento, al cambio climático. Pero este factor tendrá consecuencias muy negativas en el futuro en lo relativo a la producción en ciertas regiones del mundo, en especial en las zonas tropicales y subtropicales. La producción agrícola en las regiones templadas debería verse menos afectada. La solución consiste en una acción radical para reducir drásticamente las emisiones de gas de efecto invernadero (el GIEC [3] recomienda una disminución del 80% de las emisiones de los países más industrializados y del 20% para los demás).

¿Es posible erradicar el hambre?

Por supuesto que es posible. Las soluciones básicas para alcanzar este objetivo vital exigen una política de soberanía alimentaria y una reforma agraria. Es decir, alimentar a la población partiendo del esfuerzo de los productores locales, y limitando las importaciones y las exportaciones.

Los gobiernos tienen que establecer la soberanía alimentaria como núcleo de sus decisiones políticas. Hay que basarse en las explotaciones agrícolas familiares utilizando técnicas destinadas a producir alimentos “bio” (u “orgánicos”). Ello hará posible, además, disponer de una alimentación de calidad; sin OGM2, sin pesticidas, sin herbicidas y sin abonos químicos. Pero para alcanzar ese objetivo, hace falta que más de 3.000 millones de campesinos puedan acceder a la tierra en cantidad suficiente y trabajarla para sí mismos en lugar de enriquecer a los grandes terratenientes, a las multinacionales agrícolas y a los comerciantes. Es preciso, también, que dispongan, mediante ayudas públicas, de medios para cultivar la tierra (sin agotarla).

Para ello, es necesaria una reforma agraria, una reforma que no se ha producido por desgracia, ni en Brasil, ni en Bolivia, ni en Paraguay, ni en Perú, ni en Asia o en algunos países de África. Una tal reforma agraria debe organizar la distribución de la tierra prohibiendo la existencia de grandes terratenientes privados y facilitando apoyo público al trabajo de los agricultores.

Es importante subrayar que el Fondo Monetario Internacional y, sobre todo, el Banco Mundial, tienen enorme responsabilidad en la crisis alimentaria porque recomendaron a los gobiernos del Sur la supresión de los depósitos de cereales, que servían para abastecer el mercado interior en caso de falta de oferta o de escalada de los precios. El Banco Mundial y el FMI han presionado a los gobiernos del Sur para que suprimieran las instituciones públicas de crédito a los campesinos y han empujado a éstos a las garras de los prestamistas privados (generalmente, grandes comerciantes) o a las de los bancos privados que imponen intereses usureros, lo que ha provocado el endeudamiento masivo de los pequeños campesinos, bien sea en India, en Nicaragua, en México, en Egipto o en numerosos países del África subsahariana. De acuerdo con los datos oficiales, el enorme endeudamiento que afecta a los agricultores indios ha sido la causa principal del suicidio de 150.000 campesinos en la India durante los últimos diez años. Se trata de un país en el que precisamente el Banco Mundial se ha empleado a fondo con éxito en convencer a las autoridades para que suprimieran las agencias públicas de concesión de créditos a los agricultores. Y no sólo eso: en los últimos cuarenta años, el Banco Mundial y el FMI han presionado para que los países tropicales redujesen su producción de trigo, arroz o maíz para remplazarla por cultivos dedicados a la exportación (cacao, café, té, bananas, cacahuetes, flores...). En fin, para realizar su trabajo a favor de las grandes empresas agrícolas y de los grandes países exportadores de cereales (empezando por Estados Unidos, Canadá y Europa occidental), han presionado a los gobiernos para abrieran sus fronteras a las importaciones de alimentos beneficiados por subvenciones masivas de los gobiernos del Norte, lo que ha provocado la ruina de numerosos productores del Sur y una enorme reducción de la producción alimentaria local.

En resumen, es necesario impulsar la soberanía alimentaria y la reforma agraria. Hay que abandonar la producción de los agro-carburantes industriales y prohibir las subvenciones públicas a quienes las conceden. Asimismo, es preciso volver a establecer almacenes públicos de reservas de alimentos (en particular de cereales: arroz, trigo, maíz...); volver a crear instituciones públicas de crédito para los agricultores y restablecer una regulación de los precios de los alimentos. Hay que garantizar que las poblaciones con bajos ingresos puedan beneficiarse de precios bajos en los alimentos de calidad. El Estado debe garantizar a los pequeños productores agrícolas precios de venta suficientemente altos para mejorar sus condiciones de vida. El Estado debe, asimismo, desarrollar servicios públicos en el medio rural (salud, educación, comunicaciones, cultura, “bancos” de semillas...). Los poderes públicos están en condiciones de garantizar al mismo tiempo precios subvencionados para los consumidores de alimentos y precios de venta lo suficientemente altos para los pequeños productores agrícolas con el fin de que dispongan de ingresos suficientes.


¿Esta lucha contra el hambre no forma parte de un combate mucho más amplio?

No se puede pretender seriamente luchar contra el hambre sin atacar las causas esenciales de la situación actual. Y la deuda es una de ellas, y las frecuentes alusiones a este tema en estos últimos años, como en las cumbres del G8 o del G20, enmascaran mal que el problema sigue sin resolverse. La crisis global que hoy afecta al mundo, agrava la situación de los países en desarrollo frente al coste de la deuda y están a punto de producirse otras crisis nuevas derivadas der la deuda de los países del Sur. Es decir, que esta deuda ha conducido a los pueblos del Sur, por lo general dotados de considerables riquezas naturales y humanas, a un empobrecimiento general. La deuda es un expolio organizado al que es urgente poner fin.

En efecto, el mecanismo infernal de la deuda pública es un obstáculo esencial para la satisfacción de las necesidades humanas básicas, entre las que se encuentra el acceso a una alimentación digna. No existe duda de que la satisfacción de las necesidades humanas esenciales debe estar por encima de cualquier otra consideración, geopolítica o financiera. En el plano moral, los derechos de los acreedores, inversores y especuladores no tienen peso frente a los derechos esenciales de seis mil millones de ciudadanos, aplastados por ese mecanismo implacable que representa la deuda.

Resulta inmoral pedir a los países empobrecidos por una crisis global, de la que no son en absoluto responsables, que dediquen gran parte de sus recursos a reembolsar a los acreedores (tanto si son del Norte como son del Sur), en lugar de a satisfacer esas necesidades básicas. La inmoralidad de la deuda se deriva también del hecho de haber sido contraída muy frecuentemente por gobiernos no democráticos que no han invertido las sumas recibidas en el interés de sus pueblos y que, generalmente, han organizado grandes desvíos de dinero, con la aprobación tácita o explícita de los estados del Norte, del Banco Mundial y del FMI. Los acreedores de los países más industrializados han prestado dinero, con total conocimiento de lo que hacían, a gobiernos corruptos y no tienen derecho a exigir de los pueblos que devuelvan esas deudas inmorales e ilegales.

En resumen, la deuda es uno de los principales mecanismos mediante los cuales se desarrolla una nueva forma de colonización de los pueblos. Y viene a añadirse a otros intentos históricos llevados a cabo, asimismo, por los países ricos: la esclavitud, el exterminio de las poblaciones indígenas, el yugo colonial, el expolio de las materias primas, de la biodiversidad, de la experiencia de los campesinos (mediante las patentes que benefician a las multinacionales agrícolas del Norte sobre los productos agrícolas del Sur como el arroz indio basmati) y de los bienes culturales, huida de cerebros, etc. Ha llegado ya el momento de remplazar la lógica de la dominación por una lógica más justa de redistribución de la riqueza.

El G8, el FMI, el Banco Mundial y el Club de París3 imponen su propia verdad, su propia justicia, de la que son al mismo tiempo juez y parte. Frente a la crisis, el G20 ha tomado el relevo y trata de volver a situar a un FMI, desacreditado y deslegitimado, en el centro del juego político y económico. Hay que acabar con esta injusticia que beneficia a los opresores, tanto si son del Norte como si lo son del Sur.

Notas

[1] Organismo de la ONI para la alimentación y la agricultura, www.fao.org
[2]Ver, Damien Millet y Eric Toussaint, « Retour sur les causes de la crise alimentaire mondiale », 2008, http://www.cadtm.org/spip.php?article3625 . Ver también, Eric Toussaint, « Une fois encore sur les causes de la crise alimentaire, http://www.cadtm.org/spip.php?article3773 .
[3] Para el Grupo intergubernamental de expertos sobre la evolución del clima, véase: www.ipcc.ch/languages/french.htm

Damien Millet, es matemático y portavoz del CADTM France (Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde,www.cadtm.org. Eric Toussaint, doctor en Ciencias Políticas, es presidente del CADTM belga. Han escrito juntos el libro: “60 Questions 60 Réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale”, CADTM/Syllepse, noviembre de 2008.

Mondalisation, 27 de abril de 2009