El saqueo de la universidad pública

Renán Vega Cantor Rebelión

El escándalo del mal llamado Agro Ingreso Seguro (AIS) y la crisis presupuestaria de la universidad pública son dos hechos que en apariencia no tienen ninguna relación, pero que en realidad están conectados entre sí porque muestran la verdadera catadura de clase del actual régimen uribista, que ha beneficiado a manos llenas a los ricos y poderosos de este país, mientras que ha multiplicado la pobreza, la miseria, la ignorancia y el desempleo que afectan a la mayor parte de los colombianos.

SUBSIDIOS PARA LOS RICOS...

A lo largo de estos terribles 7 años ha quedado claro que este es el reino de los terratenientes, de los viejos y de los nuevos, como lo indican datos elementales que profundizan procesos en marcha desde hace varias décadas: expulsión de cuatro millones de colombianos de sus tierras, robo de cinco millones de hectáreas a los campesinos por parte de grandes propietarios agrícolas y narcos, asesinato de indígenas y miembros de las comunidades afrodescendientes, expansión de la palma africana y otros nefastos cultivos de exportación, promoción de los necrocombustibles, que han incrementado el precio de productos de primera necesidad, como el azúcar…

Como si todo esto fuera poco, este gobierno ideó un programa encaminado a regalarles dinero de las arcas estatales, a latifundistas, ganaderos, reinas de belleza, a “pobres empresarios”, como los Ardila Lulle y los Sarmiento Angulo, a palmicultores y a todos aquellos que han financiado las campañas electorales de AUV. Este regalo, como en una piñata, se ha hecho con absoluto descaro, puesto que se han dado dineros a narcotraficantes, paramilitares y sus familiares en Urabá, Magdalena Medio, Santander; se han cometido delitos, tales como la suplantación de personas y se les han asignado créditos a personas fallecidas; se ha permitido que pocas familias (como los Davila, Abondano, Vives Lacouture) monopolicen miles de millones de pesos a través de los créditos.


Para justificar tan tremenda desfachatez, los responsables de esta arbitrariedad han dicho que está muy bien que se les den incentivos a los ricos, porque éstos son los que generan empleo y prosperidad, mientras que los pobres campesinos e indígenas despilfarran esos recursos. Esta es una típica lógica terrateniente, que puede denominarse como el síndrome de Carimagua, en alusión a la entrega de la finca de ese nombre, ubicada en el Meta, a grandes propietarios y no a campesinos sin tierra. Y en el colmo del cinismo, el inquilino espurio de la Casa de Nariño afirmó en el Congreso de la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia), que agrupa a los terratenientes de este país, la siguiente perla: “Yo no comparto que ahora, en aras del proceso electoral, se revivan los discursos de sociólogos de izquierda de los años sesenta que acabaron con el campo y trasladaron la propiedad de la tierra de los agricultores al imperio (de) los terroristas", y rubricó su defensa de los terratenientes diciendo que “la gran empresa agropecuaria es fundamental para la investigación, es un actor importante para experimentar, para jalonar"…

¿Para jalonar qué?, pues obvio que la concentración territorial y la desigualdad e injusticia en los campos, lo cual no es ninguna invención de sociólogos de izquierda sino la cruda realidad histórica que siempre ha asolado al campo colombiano, por si no lo sospechaba el “versado” y “sabio” Mesías, que pontifica con una torpeza impresionante sobre lo divino y lo humano.

Con relación a tan “brillante apunte”, es difícil encontrar tanto descaro y mentiras en esas pocas líneas, con lo cual se reafirma el carácter proterrateniente del actual régimen, que incluso organiza un consejo comunitario para que el ex ministro de Agricultora, Andrés Felipe Arias, alias Uribito, defienda las bondades de un programa para ricos en el cual el 5% de beneficiados se han quedado con el 71% de los subsidios. Con esto, de otra parte, simplemente se le echa más gasolina al conflicto interno, cuyo soporte histórico es la desigualdad del campo. Con toda razón el obispo de Cúcuta, Monseñor Jaime Prieto Amaya, en una circular titulada AGRO INGRESO SEGURO CINICO Y DESCARADO, señaló: “ Lo más triste de todo es el cinismo con que se trata de justificar el visible atraco a los fondos del Estado y por lo tanto al mismo pueblo colombiano. (…) Qué lejos estamos de solucionar el problema agrario en Colombia y créanme: mientras no solucionemos el problema agrario tampoco vamos a solucionar el conflicto social, léase, el conflicto armado en Colombia”.

... Y GARROTE PARA LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS

El viernes 16 de octubre, un día antes del consejo comunitario contra la corrupción (lo cual suena a un mal chiste) en el que se iba a tratar el tema del AIS y se dejo hablar al delincuente de marras que había ejercido como Ministro de Agricultura, aconteció un hecho vergonzoso, como muestra del carácter brutal e ignorante de este régimen, cuando fue invadida la universidad nacional por las fuerzas represivas con la orden directa de la Presidencia de la República y en las horas de la noche entró, como si penetrara en un campo de batalla, AUV a mancillar los predios de la Universidad Nacional. Este hecho, amplificado por los incondicionales medios de comunicación al servicio de la delincuencia oficial, contrasta con el mencionado consejo comunitario, en el cual se les dio tribuna a los responsables del agro robo seguro, porque nunca se quiso escuchar a los estudiantes ni analizar sus justos reclamos.

Antes por el contrario, el Juez Supremo que rige este embrutecido país, un personaje que tiene la potestad de sindicar, acusar, juzgar, condenar y ejecutar las condenas a través de los micrófonos y cámaras de televisión, procedió a dictar sentencia contra los estudiantes, acusándolos de delincuentes y criminales que había secuestrado al “indefenso rector” (un pretexto cada vez más frecuente por parte de los incondicionales rectores uribistas, como ha sucedido también en la Universidad Pedagógica Nacional), e incluso llegó a ofrecer la suma de 50 millones de pesos a quienes dieran información de los “delincuentes” que habían organizado la protesta, la cual paso a ser catalogada de secuestro por el “notable” jurista paisa.

El invasor de la Casa de Nariño ingresó a los predios de la Universidad Nacional como cuando un matón de pueblo entraba a una de las cantinas del lejano oeste, atropellando todo lo que encontraba a su paso, vociferando y dando ordenes para que se cumplieran sus designios y demostrar que es el “mero macho”, algo así como el Mantoncísimo Kid, según el argot mejicano, que tanto les gusta a los hacendados y gamonales que desfilan en briosos caballos en sus latifundios y con sus peones al lado.

Con este hecho atrabiliario, propio de aquellos que como el tenebroso Ministro de Propaganda nazi Joseph Goebbels , piensan que “cuando me hablan de cultura desenfundo mi pistola”, se pretendió desviar la atención del verdadero problema de la Universidad Nacional y de todas las universidades públicas, es decir, de su crisis interna, motivada por la desfinanciación a que ha sido sometida por parte del Estado colombiano en las últimas décadas. Esa crisis presupuestaria se ha ahondado en los últimos 7 años, con la “revolución educativa”, otra mentira de este desgobierno, con la cual ha aumentado la cobertura de las universidades publicas, al tiempo que se reducen sus presupuestos, porque los gobiernos colombianos desde 1992 ni siquiera aplican lo estipulado en la Ley 30 en cuanto a la transferencia de los recursos por el Estado central de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor. Como resultado, en estos momentos se les adeuda a las 33 universidades públicas la suma de 492 mil millones de pesos, una cifra que bien se había podido cubrir con los subsidios concedidos a los ricos vía agro robo seguro.

Como consecuencia de la desfinanciación, en la práctica esas universidades se han ido privatizando, mediante el aumento del costo de matriculas, la venta de servicios, la comercialización del bienestar y de las investigaciones y la constitución de otra universidad paralela, más costosa todavía, dedicada a posgrados. Todo esto, por supuesto, ha repercutido en la perdida de nivel académico en esas instituciones, muchas de las cuales están superpobladas, su planta física se ha tugurizado, y no cuentan con bibliotecas actualizadas ni con laboratorios adecuados. Además, ha aumentado la flexibilización docente, con la reducción de los profesores de planta y la generalización de los catedráticos, mal pagos y sin ningún incentivo para permanecer en las universidades.

El problema presupuestal es un resultado de una política educativa antinacional, impulsada por este régimen, que busca desangrar y terminar por sustracción de materia a las instituciones educativas, así como con todo aquello que suponga un gasto social por parte del Estado, mientras que, al mismo tiempo, se refuerzan los gastos militares, como puede demostrarse con algunos datos: en el presupuesto aprobado para el 2010, se gasta el 14.9% del mismo en la guerra, y sólo el 1,5% en educación superior, que comprende además de la universitaria, la técnica y la tecnológica; en ese mismo presupuesto el gasto militar de 20.9 billones de pesos, representa 35 veces lo que se necesitaría para solucionar los problemas financieros de la universidad (unos 600 mil millones); la formación de un soldado profesional le cuesta al Estado 60 millones de pesos y la formación de un estudiante universitario sólo 8 millones de pesos…

Sin embargo, el usurpador de la Casa de Nariño y su Ministra de la Ignorancia, la sargenta María Cecilia Vélez, sostienen que no hay dinero porque estamos en crisis, hay pocos recursos y las universidades deben ser más eficientes y funcionar con lo poco que el Estado les transfiere. La pretendida eficiencia si no se le aplica a los dineros regalados a los ricos, como agro robo seguro, ni a todas las otras fuentes de corrupción y subsidio propias de este régimen, como a las zonas francas entregadas a los hijos de Uribe, o a las 70 notarias entregadas para asegurar la reelección, o a la compra de 85 paramentarios para que aprobaran la segunda reelección y mil porquerías más.

Como la militarización cunde en esta sociedad, a la universidad pública en lugar de darle recursos económicos para su normal funcionamiento se le militariza, se invaden sus predios, se persigue a los estudiantes, profesores y trabajadores que piensan y protestan y se presenta ante la entupida opinión pública la idea que esas instituciones son un santuario de delincuentes que hay que acabar rápido y como sea.

En conclusión, en tiempos de mentira e infamia generalizadas como las que nos ha tocado soportar en Colombia, vivimos el mundo al revés, un estado invertido al servicio de unos pocos, en el cual los pobres que necesitan subsidios del Estado para desarrollar empresa y crear riquezas son los terratenientes, los banqueros y los capitalistas, mientras que los ricos y pudientes que no merecen ninguna ayuda son los pocos pobres que todavía estudian en las universidades públicas, pues son unos privilegiados y unos delincuentes que despilfarran los recursos públicos. Al fin y al cabo, que más puede pedirse en un país donde los traquetos reinan, con las reinas de belleza, y resulta mejor ser policía, militar o mafioso que un simple estudiante o profesor universitario.