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miércoles, 29 de junio de 2011

Hacer acuerdos es una cosa, negociar los principios es otra


Francisco Martínez

Un principio leninista de la política, es que de acuerdo a las cirscuntancias, a una correlación de fuerzas determinadas, las organizaciones revolucionarias (gobiernos, partidos, etc.) pueden establecer acuerdos y negociaciones con fuerzas conservadoras, siempre y cuando se mantengan firmes ciertos principios innegociables, los cuales dan identidad programática a las fuerzas del cambio. Es decir, pueden establecerce acuerdos comerciales e incluso alianzas electorales, siempre y cuando no se desdibujen los fundamentos revolucionarios de la política.

Lenin en vida dio ejemplos prácticos de esto, el tratado de Brest-Litovsk, la reactivación de relaciones diplomáticas y comerciales con países capitalistas claramente enemigos del estado soviético, sin poner en duda el caracter socialista de la revolución, sin poner en cuestión el principio de la autodeterminación nacional y el internacionalismo proletario. El Proceso Bolivariano también ha dado demostraciones concretas de la aplicación de estos principios, por ejemplo, el hecho de vender regularmente petróleo a los Estados Unidos no es impedimento para tener una política energética soberana.

Teniendo claro lo anterior, quiero referirme a la actual política del Gobierno Bolivariano frente al Estado colombiano, la cual ha dado a mi entender un viraje pernicioso para nuestros intereses estratégicos. Hasta 2010 el gobierno venezolano ha hecho esfuerzos sustanciales para mantener una política armoniosa con los gobiernos colombianos, ha incentivado el intercambio comercial y las relaciones diplomáticas tendientes a profundizar la integración regional, manteniendo a su vez, que el conflicto colombiano es un conflicto interno el cual debe ser resuelto por los colombianos y colombianas, sin descartar la ayuda internacional para brindar condiciones para facilitar el diálogo entre las fuerzas beligerantes. Debe destacarse que el Gobierno Bolivariano pidió durante años el reconocimiento de la insurgencia colombiana (FARC-EP, ELN) como fuerza beligerante, negándose de esta manera ha catalogar de terroristas a estas organizaciones revolucionarias, es decir, el comandante Chávez se negó a reconocer la doctrina de criminalización del movimiento antiimperialista y revolucionario mundial establecida a partir de los sucesos del 11 de septiembre de 2001.

Sin embargo, el acercamiento al gobierno de Santos a traído un cambio cualitativo, la nueva posición del Gobierno Bolivariano frente al conflicto interno colombiano. Nuestro gobierno se ha alineado con la política de la “Seguridad Democrática” y el Plan Colombia, estrategias que tienen entre otros objetivos agredir nuestra propia soberanía nacional. De acuerdo a lo planteado inicialmente, podemos entender perfectamente la reactivación de las relaciones comerciales y diplomáticas con Colombia, esto es absolutamente necesario y sería infantil oponerse a ello (aunque la gran ganadora de la balanza comercial sea la burguesía criminal colombiana), pero entrar a participar al conflicto interno colombiano transgrede algunos principios revolucionarios, como el internacionalismo, el respeto a los Derechos Humanos, a la autodeterminación nacional, entre otros.

Dos casos específicos han traido la atención de la opinión pública por lo sensible de la situación de dos camaradas colombianos, uno ya deportado y otro actualmente encarcelado en Venezuela. El primer caso, la detención y deportación de Joaquín Pérez Becerra es el más escandaloso por que se violaron los derechos elementales de este ciudadano sueco (renunció a la nacionalidad colombiana hace más de 10 años), se violaron principios establecidos en el derecho internacional para el resguardo de la integridad de los refugiados políticos, principios constitucionales, en fin, el debido proceso que es lo mínimo que se exige a un Estado de Derecho, en el marco de una legislación burguesa. Pérez Becerra es deportado bajo el pretexto de unas pruebas que fueron hace unas semanas desestimadas por el Tribunal Supremo de Justicia colombiano, los famosos computadores de Raúl Reyes, que por cierto también inculpaban a los gobiernos de Ecuador, Nicaragua y Venezuela. En fin no existen pruebas, más allá de su solidaridad militante con las luchas del pueblo colombiano, que indiquen Pérez Becerra sea un militante de las FARC EP.

En el caso de la detención de Guillermo Enrique Torres en Barinas, conocido popularmente como Julian Conrado, causa suspicacia que la operación haya sido en coordinación con los organismos de seguridad colombianos, porque eso sería avalar una clara injerencia en nuestro territorio. Por otro lado, aunque en el caso de Conrado, este cantor revolucionario sea militante activo fariano, el Gobierno Bolivariano debe evaluar su situación porque hay informes que afirman que este compañero estaba en nuestro país tratándose una enfermedad, en este sentido, nuestras autoridades deben respetar el debido proceso y garantizar los derechos humanos del detenido, comenzando por el básico derecho a la defensa, nosotros abogamos por el derecho al asilo de este revolucionario.

Nos gusten o no sus métodos la insurgencia colombiana y las organizaciones de izquierda que actuan legalmente en el hermano país, son los aliados estratégicos de la Revolución Bolivariana, debilitarlos a ellos es golpear la resistencia al imperialismo en la región. Seguir con esa política de entrega de guerrilleros y guerrilleras, invitan a la insurgencia entrar en guerra contra nuestro Estado.

La entrega del narcotraficante Makled no puede equipararse moral y politicamente con la entrega de revolucionarios. Y la reciprocidad del gobierno de Santos brilla por su ausencia, el golpista derechista Carmona Estanga disfruta de su estancia en Bogotá, asi como Posada Carrilles descansa tranquilo en Florida, al parecer la derecha si sabe respetar la solidaridad militante.

En conclusión, la política de Estado no debe ponerse por encima a los principios revolucionarios, esta política mancha las hermosas páginas de solidaridad encarnadas en el ALBA, Petrocaribe, la internacionalización de las misiones sociales.

Bienvenidos los acuerdos comerciales y las relaciones diplomáticas con todo el mundo, pero no se entregan a los camaradas, no debe ser la Venezuela bolivariana la que reedite prácticas del despreciable “Plan Condor”.

No a la deportación de Julián Conrado

Rectificación en el Caso Pérez Becerra

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