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martes, 8 de marzo de 2011

España: Informe sobre la situación política estatal e internacional


UJCE

Extracto del Informe Político del Comité Central del 12 de febrero de 2011

Internacional

Iniciamos el análisis internacional introduciéndonos en el contexto político africano, y es imprescindible para ello analizar el aumento del grado de tensión entre Marruecos y la RASD, derivado de la intensificación de las protestas sociopolíticas en los territorios ocupados y la intensificación del proceso represivo marroquí, sobretodo en torno al ataque y al desmantelamiento del Campamento de Gdeym Izik, a pocos kilómetros del Aaiún, capital del Sahara ocupado, el pasado noviembre.

Esta brutal acción represiva provocólos más duros disturbios en el Sahara Occidental de la última década, que se saldaron con una docena de muertes –entre ellos varios miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes-, decenas de civiles saharauis desaparecidos, centenares de heridos, el ataque a medio centenar de emplazamientos gubernamentales en El Aaiún (comisarías, oficinas de correos, delegaciones ministeriales, bomberos, …) y el saqueo de centenares de propiedades y comercios saharauis.

En paralelo a estos hechos, el gobierno de Marruecos iniciaba una potente campaña con dos vertientes: Por un lado, la censura a los medios de comunicación extranjeros, especialmente los españoles para, sin testigos, iniciar la manipulación mediática sobre los hechos acaecidos el 8 de noviembre en particular, y la causa por la autodeterminación saharaui en general. Por otro lado, Marruecos inicia una importantísima ofensiva diplomática, que lleva a sus altos mandatarios a visitar en pocos días a los gobiernos de España, Francia y otros países, históricamente muy vinculados, principalmente por intereses económicos a las negociaciones en la zona.

Como consecuencia, Marruecos logra que prevalezca ante gran parte de la comunidad internacional su versión de los hechos y recuerda , principalmente a Francia y España, que sus empresas, que expolian ilegalmente los recursos naturales del Sahara Occidental desde hace años, son las primeras beneficiadas en mantener el actual status quo. A esto se une el chantaje realizado en torno al control migratorio de la zona por parte de Marruecos.

En el marco de África, cabe destacar también la situación política en Túnez, donde en el último mes se han dado los más importantes disturbios en los últimos años y que de momento se ha saldado con la destitución del gobierno, la huida del Presidente, más de un centenar de civiles fallecidos, centenares de detenidos, la instauración del toque de queda en la capital, y en definitiva, el inicio de un proceso político popular-democrático de profundas reformas cuyo alcance aún desconocemos.

La central sindical mayoritaria en el país, la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT) , en el momento álgido de las protestas, anunció también la convocatoria de huelgas territoriales y sectoriales por todo el país, que han acabado haciendo caer al Ministro de Interior primero, y a todo el ejecutivo después.

La intensificación de las movilizaciones obligó a ilegalizar el partido de Ben Ali (hasta pocos días antes miembro de la Internacional Socialista), y a expulsar del gobierno de transición a todos sus representantes.

Aún a falta de saber cómo finaliza el proceso de transformaciones vividas en Túnez y en otros países árabes en las últimas semanas, y quiénes y cómo dirigirán los procesos de transición, estamos, sin duda alguna, ante uno de los más grandes avances populares y democráticos en el mundo árabe.

Con la intención de evitar una islamización del proceso o una intervención más o menos directa del imperio, se constituye el Frente 14 de enero, integrando a las principales fuerzas políticas progresistas y democráticas: la Liga de la Izquierda de Trabajo, Movimiento Unitario Nasserista, Movimiento de Nacionalistas Demócrata, Corriente Baasista, Izquierda Independiente, Partido Comunista de los Obreros de Túnez (PCOT), y el Partido del Trabajo Patriótico y Democrático (PTPD), certificando que las movilizaciones, han nutrido y han reforzado la capacidad de unidad de las organizaciones más combativas de Túnez.

Pocos días después de las revueltas en Túnez, las protestas se extendían hacía Egipto. Y tras más de dos semanas de disturbios, enfrentamientos y protestas -principalmente en torno a la Plaza Tahrir-, caía la dictadura presidida por Mubarak, cuyo partido hasta pocos días antes, era también miembro de la Internacional Socialista.

El 11 de febrero Hosni Mubarak dimite y entrega el poder al ejército, que en pocos días destituye al gobierno y disuelve el parlamento. Los militares prometen un referéndum constitucional en dos meses, y entregar el poder en seis, después de un proceso electoral supuestamente limpio y con garantías.

Al igual que en Túnez, las dudas sobre los intereses externos a los principios de las revueltas, y sobre cómo y quién dirigirá los procesos de democratización y recuperación de soberanía en estos países, requiere estar especialmente atentos/as al devenir de los mismos.

La revolución en el mundo árabe, continúa extendiéndose por países como Argelia, Libia, Jordania, Siria, Irán, Arabia Saudí, Yemen, Barhein, e incluso en territorios palestinos, donde el ejecutivo ha dimitido por las protestas y prepara una gran remodelación, sin que por ahora podamos vislumbrar la verdadera dimensión en un sentido histórico de las más importantes movilizaciones y cambios políticos a escala internacional de las últimas décadas.

Como en otras ocasiones, el papel de las transnacionales de la comunicación ante estas revueltas ha resultado especialmente relevante, ocultando el verdadero carácter de las movilizaciones e invisibilizando a las organizaciones de izquierda, progresistas y democráticas.

En relación al continente asiático, es objeto de este informe realizar un seguimiento del aumento de la tensión militar en la península coreana, que ya analizábamos en el anterior IP del CC de octubre.


Tras el hundimiento en marzo del pasado año del buque surcoreano Cheonan, y el incidente militar en torno a la isla de Yeonpyeong, han sido varias las ocasiones en las que el ejecutivo norcoreano ha ofrecido su disposición al diálogo. El último ofrecimiento público por vía escrita, se realizó a inicios de enero y dirigido al Ministerio de Unificación surcoreano, con objeto de esclarecer los incidentes militares del pasado año e iniciar un sincero proceso de conversaciones hacia la unificación coreana.
Las reiteradas negativas de EEUU y sus aliados a reiniciar los contactos diplomáticos multilaterales para la paz, la unificación y la desnuclearización de la península, evidencian que el principal interés del imperio radica en mantener la estrategia basada en: militarización de la península, intensificación de la ofensiva mediática y el aislamiento del gobierno norcoreano, por encima del interés mayoritario de las clases populares coreanas de paz y unificación, en torno a la propuesta marco de “un Estado, dos gobiernos”.

Entrando a valorar el contexto político de América Latina y el Caribe, merece la pena analizar las recientes reformas económicas aprobadas por Cuba, en un proceso iniciado por el gobierno revolucionario hace dos años a través de miles de asambleas consultivas a la población sobre los problemas económicos del país, que han llegado a su punto álgido.

Numerosas propuestas han sido planteadas en el “Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social del VI Congreso del PCC” que se celebrará en el próximo mes de Abril, pero especialmente controvertidas han sido las relativas a:

* Descentralización de la organización del trabajo.

* Maximizar el ahorro de recursos y ajuste de necesidades de personal.

* Cooperativización de determinadas empresas públicas.

* Adecuación de los salarios según los puestos desarrollados.

Estas son las propuestas que están siendo discutidas por el Parlamento nacional y por la sociedad cubana, en un ejercicio de democracia real y participativa, orientado y dirigido por el PCC.

Habría que analizar profunda y sosegadamente, todas y cada una de las reformas, pero lo que sí es seguro es que estas modificaciones no implican ninguna “perestroika”, ni vuelta al capitalismo y que pueden, no sin riesgos claro, hacer avanzar en el medio plazo al socialismo cubano.

No hay que olvidar que el control de la economía seguirá estando en todos los sectores productivos en manos del estado, con participación de las asambleas de trabajadores y trabajadoras, y que la planificación obrera seguirá siendo el principal criterio de producción y que todo trabajador y trabajadora, independientemente de la forma en que produzca bienes, estará bajo el paraguas del estado, que seguirá siendo el único empleador, salvo las excepciones ya vigentes.

Por ejemplo, el proceso de cooperativización, está planteado para los niveles locales o provinciales de las empresas del estado, y se mantendrían siempre bajo control de las empresas estatales. Buscando dinamismo y más motivación, corrigiendo problemas y vicios heredados del burocratismo y el falso “igualitarismo”.

Otra reforma concreta a analizar, sería la cuestión de las y los trabajadores por cuenta propia o pequeñas y pequeños autónomos, que vienen a ocupar un vacío legal que había en la isla en determinados sectores económicos que antes eran manejados dentro del espacio de la economía sumergida (venta callejera, pequeñas reparaciones y oficios, etc).

Si bien, podría llegar a generar cierta competitividad y cierta desigualdad entre trabajadores y trabajadoras, cumple también una función esencial, que es la regulación de multitud de empleos que estaban fuera del control impositivo del estado.

Que hay riesgos es cierto, pero que la dirección de la revolución encabezada por el pueblo cubano merece toda nuestra confianza, está también de sobra demostrado.

A pesar de la influencia que estas reformas han tenido en algunos sectores minoritarios de la izquierda española, caer en posiciones apriorísticas y exageradas por “miedo a que la revolución se derrumbe”, es hacerle un flaco favor a la revolución y sí un favor a la derecha que está tratando de explotar estas reformas como una falsa transición al capitalismo.

En la República del Ecuador, tras el fallido intento de golpe de estado y el atentado mortal a finales de octubre contra la vida de Edwing Peréz, el camarada exSecretario General de la Juventud Comunista de Ecuador (JCE), el proceso de “revolución ciudadana” liderado por Rafael Correa continua la lenta pero firme profundización en los últimos meses, -a pesar de la feroz oposición de los sectores pro-imperialistas y ultraizquierdistas-: reforma universitaria, ley para el reparto de la tierra (la llamada revolución agraria 2011-2013), reforma judicial, etc.

Especialmente significativa es la reforma agraria, y que junto a la anulación de los Tratados de Libre Comercio (TLC) que perjudicaban al pequeño y mediano productor indígena, sobre todo con importaciones subsidiarias, ha permitido iniciar una eficaz y equitativa repartición de la tierra en el Ecuador.

En Colombia, como dato significativo sobre el estado del conflicto político-militar, el ejecutivo del presidente Santos ha reconocido en un reciente informe público, que en los últimos diez meses han muerto más 2.500 miembros de las fuerzas de orden público colombianas en la lucha contra la insurgencia, frente a por ejemplo los 789 soldados de la misión de la ISAF (la coalición militar liderada por EEUU) muertos en Afganistán en este mismo periodo. Esto último significa que entre el ELN y las FARC-EP (sobre todo estos últimos) han causado en los últimos 300 días 250 muertos al mes a las fuerzas y cuerpos de seguridad colombianos.

Estas cifras, superiores a las de años anteriores, son solo una triste muestra de la realidad del conflicto político-militar que vive Colombia desde hace más de cuarenta años, y se silencian deliberadamente a la opinión pública, al tiempo que las transnacionales de la comunicación sobredimensionan los “grandes golpes mediáticos a la guerrilla”. Mientras se multiplican las voces que como Colombianos por la Paz, exigen al gobierno un intercambio humanitario de presos y presas y la apertura de un proceso de desmovilización militar y diálogo.

También es destacable la llegada del cable submarino de fibra óptica Cuba-Venezuela a la Habana, como un éxito de solidaridad y cooperación entre estados soberanos, que multiplicará por 3.000 la velocidad de internet en la isla.

A nivel europeo, valoraremos también someramente las Elecciones en Moldavia celebradas el 28 de noviembre y la crisis política y el bloqueo institucional que desde el último proceso electoral se vive en el país.

Tras obtener las y los comunistas 42 diputados de 101 posibles, la coalición pro-occidental nucleada en torno al PD (Partido Democrático de Moldavia) se alió llegando a sumar a 57 diputados en la elección de Marian Lupu, como presidente del Parlamente moldavo. Sin embargo, el “frente anticomunista”, no cuenta con la mayoría suficiente (61 diputados) para elegir al jefe de estado del país, con lo que se mantendrá la profunda crisis política que vive Moldavia desde 2009, cuando el PD y sus aliados arrebataron el poder al PCM.

Si tras dos votaciones, el parlamento no es capaz de elegir Presidente, se disolverán las cortes y se repetirán de nuevo las elecciones, como ya provoco el Partido Comunista tras el último proceso electoral.

También a nivel europeo es destacable el nuevo “Concepto Estratégico para la Defensa y la Seguridad” aprobado en la reciente Cumbre de la OTAN en Lisboa, y que supone una actualización de las funciones básicas de la alianza, que pasan a denominarse eufemísticamente: “defensa colectiva, gestión de la crisis y seguridad cooperativa”.

Tenemos en este informe que analizar el desarrollo en casi toda Europa, de las luchas contra las brutales medidas de austeridad y las contrarreformas que buscan desmantelar de una vez por todas el Estado social.

Tras el ejemplo de resistencia del pueblo griego, las y los trabajadores franceses recogieron el testigo y han protagonizado las movilizaciones nacionales más importantes desde 1995: ni más ni menos que una campaña de 9 meses, incluyendo paros que paralizaron el país en octubre, contra el recorte de pensiones públicas y el aumento de la edad de jubilación propuesto por Sarkozy.

En esta nueva ola de movilizaciones es relevante, y así lo debemos señalar, el papel jugado por las y los estudiantes y la juventud precaria. Al papel protagónico jugado por la juventud francesa en los paros, debemos sumar las importantes protestas de los estudiantes italianos contra una reforma universitaria que pretende la fusión de diversas facultades y la reducción de clases, así como la disminución de alrededor de un 95% del presupuesto dedicado a becas de investigación universitaria.

En Italia la enseñanza media, la implantación de la figura del/la profesor/a único/a, con la excepción de la lengua inglesa, supondrá el despido de 87.000 trabajadoras/es en tres años. Además, se reduce la carga lectiva a 24 horas semanales y se disminuye un 7% los fondos para los centros de estudio. Si el 24 de Noviembre el movimiento estudiantil estuvo a punto de tomar el Senado, en los días siguientes las protestas se extendieron por ciudades como Florencia y Pisa, donde los y las estudiantes se enfrentaron a la policía, que les reprimió duramente.

También la comunidad estudiantil británica se lanzaban esos días a la calle contra la brutal subida de las tasas académicas (hasta 9.000 libras esterlinas, unos 13.500 €), así como contra la disminución del presupuesto público para el sistema universitario, que incluye la supresión de becas para el estudiantado con menos recursos económicos.

Estas medidas decretadas por el Gobierno Cameron que desembocaron dos semanas después, en el asalto a la sede del Partido Conservador, suponen un incumplimiento del programa electoral del Partido Liberal-Demócrata.

Asimismo, son destacables otras luchas estudiantiles en países como Chile donde la movilización giró en torno al recorte de clases de Ciencias Sociales e Historia, y sobre la que la represión policial realizó 46 detenciones, o como Canadá o Filipinas, en cuyas Universidades el estudiantado se movilizó contra los recortes de presupuesto y la subida de tasas.

También ha resultado relevante a nivel internacional, el escándalo generado a la raíz de los reveladores cables diplomáticos filtrados por Wikileaks ( más de 250.000 cables secretos), y la posterior campaña de persecución judicial y boicot económico y comercial, en torno a la figura de Julian Assange y la organización periodística que lidera.

Cabe señalar la interesada selección de cables publicados por los diarios encargados de difundir las filtraciones: El País, New York Times, The Guardian, Le Monde y Der Spiegel, poniendo de nuevo en entredicho las artes del periodismo corporativo.

En esta coyuntura política las grandes potencias europeas (Francia y Alemania principalmente) son las que han dictado las más neoliberales medidas de ajuste ante la crisis financiera internacional, y las que plantean ya más o menos abiertamente bajo el argumento del control de inflación, la Reforma del “Eurosistema” económico, hartas de “sostener” la deuda y los déficits de Grecia, Portugal, España

En paralelo, los países más débiles de la UE siguen renunciando a su soberanía económica, y vendiendo deuda a intereses altísimos, ante la amenaza del binomio mercados-UE, de “rescates financieros” y nuevas “sanciones” a los países incapaces de controlar sus déficits públicos

Estatal

Desde la Juventud Comunista y ante la nueva declaración de ETA de “alto el fuego, permanente, general e internacionalmente verificable”, que podemos valorar como un paso en positivo hacia la salida del conflicto vasco, nuestra propuesta política no es nueva : la apertura de un marco de diálogo en el País Vasco que posibilite en el corto-medio plazo un proceso político en el que los y las vascas decidan su propio futuro, en el marco que habilitaría una República Federal y Solidaria.

Pero para ello, y en primer lugar, debe eliminarse todo tipo de violencia del panorama político vasco, los asesinatos y las extorsiones de ETA, pero también la del Estado en forma de ilegalización de partidos, torturas, periódicos, dispersión de presos, etc.

Desde la izquierda anticapitalista y revolucionaria también tenemos que exigir a ETA, que declare la actual tregua “unilateral” o sin condicionantes, tal y como reclamaban el “Acuerdo de Guernika” y los dignatarios internacionales firmantes de la Declaración de Bruselas, y como habíamos señalado desde la UJCE en anteriores Informe Políticos del CC.

En paralelo a esto, la presentación de SORTU, la nueva fuerza política de la IA que rechaza la violencia y se adapta a la ley de partidos, ha puesto de manifiesto las contradicciones de la ley, y las de dentro del propio PSOE y “el pacto antiterrorista” sobre su legalización. No es un problema de siglas, ni de continuidad de la línea de Batasuna, es un conflicto generado por la negación por parte del Estado del derecho a la representación política de una buena parte de la ciudadanía vasca, al que los y las jóvenes comunistas tenemos que volver a oponernos firmemente.

Ante la previsible no legalización de SORTU, a pesar de su explícito rechazo a la violencia de ETA, la IA prepara junto a EA, una segunda opción electoral en forma de coalición, de cara a garantizar su presencia a las próximas elecciones municipales en el País Vasco.

El pasado día 28 de noviembre se celebraron las elecciones catalanas autonómicas, que se han saldado con la constatación de una derechización anunciada. Los partidos integrantes del saliente Gobierno de “Entesa” han sido los más castigados electoralmente, especialmente ERC –cayendo hasta 10 diputados-y PSC-hasta los 28-.

El ascenso de la derecha nacionalista española (PP)-18 diputados- y catalana (CIU) – 62 diputados-, y las escisiones de ERC (SI -4 diputados- y RI-Cat –que obtuvo el 1.2% de los votos pero que finalmente quedó fuera del Parlament-) han caracterizado un proceso electoral marcado por el fracaso de gobierno de “Entesa”, la crisis económica y la crisis institucional en torno al Estatuto de Autonomía.

También es destacable, el ascenso de la ultraderechista Plataforma por Cataluña (PxC) que estuvo muy cerca de obtener un escaño, alcanzando el 2.42% de los votos.

El Gobierno entrante en minoría de CIU, ya ha empezado a desplegar lo más reaccionario de su programa electoral (inmigración, educación…)

Asimismo es destacable el debate público abierto en torno a la no aprobación -en primera instancia- en el Parlamento el pasado 21 de diciembre de de la llamada “ley Sinde. Pocas veces la movilización en la red, por el mantenimiento de los derechos sociales en internet, había tenido tanta repercusión mediática. Sin embargo, el PSOE ya ha cumplido su intención de aprobar con los votos a favor del PP y CIU la medida, en el marco de la ley de economía sostenible a través del Senado.

Aún con todo esto, la realidad política estatal continúa caracterizándose por las contradicciones derivadas de la crisis sistémica capitalista. A la primera oleada de reformas ultraliberales impulsadas por el Gobierno (la aprobación parlamentaria de la Reforma Laboral, los decretos de congelación de las pensiones y recortes salariales a las y los empleados públicos y el proceso de privatización de las Cajas de Ahorros), le han seguido en las últimas semanas y meses, la supresión de la ayuda de 426e a parados y paradas de larga duración, el real decreto mediante el que aprobaron la privatización del 30% de Loterías y Apuestas del Estado, y el 49% de AENA.

Derivado de esto último no podemos olvidar el sonoro conflicto laboral con las y los controladores aéreos que acabo con la militarización del espacio aéreo por orden del Gobierno. Esta acción supone un peligrosísimo y significativo precedente (hace dos décadas que no se militarizaba sector alguno) para la resolución “por decreto” de futuros conflictos laborales.

Añadido a todo esto, el 28 de enero el Gobierno presentó en el Consejo de Ministros la ley de reforma de las pensiones. Una nueva declaración de “guerra social” a la clase obrera. Esta medida, que alude al supuesto envejecimiento de la población, se utiliza para tapar la brecha de las condiciones socio-laborales entre generaciones.

A través de la ampliación de la edad de jubilación de 65 a 67 años, y la ampliación en las cotizaciones, se producirá un estancamiento del relevo generacional en el mercado laboral, que dificultará aún más la posibilidad de acceder a puestos de trabajo a la juventud.

¿Cómo los y las jóvenes vamos a cotizar más años si casi la mitad (44% según los últimos datos del INE) de los y las menores de 30 años no pueden acceder ni a un empleo precario?.

Sencillamente, esta reforma es el vehículo para instaurar en primera instancia en España un sistema mixto de pensiones, en el que el Estado se hará cargo de una cuantía de “subsistencia”, obligando al ciudadano/a que precise una pensión digna, osea obligando a la clase trabajadora a contratar un plan privado de pensiones que complemente su pensión “pública”.

Y esto sólo acaba de empezar, y Rodríguez Zapatero no se ha cansado de repetirlo, “España necesita más y más reformas” para saciar la insaciable sed de los mercados.

A la reforma de las pensiones le seguirán otras, le seguirá una nueva reforma y “ajuste” de la función pública, también en las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, (esclarecedores ejemplos tenemos en Inglaterra y más cerca en Cantabria o la Región de Murcia –donde los sindicatos mayoritarios sí están gestionando el conflicto y la negociación desde la combatividad ante la Ley de Medidas Extraordinarias impulsada por el PP), más privatización de servicios públicos, más recorte de derechos y las peligrosísimas reformas de la ley de huelga y de la negociación colectiva, además de la reciente propuesta para equiparar las revisiones salariales a la productividad de la empresa, que supone una nueva vuelta de tuerca en la pérdida de poder adquisitivo para clase trabajadora.

Si a esta situación, le añadimos que el 27 de diciembre el gobierno elevó un 9% el recibo de la luz, la mayor subida de la luz en los últimos 23 años, o que durante 2010 el Consejo General del Poder Judicial ejecutó 249.281 deshaucios, etc, y que en este mismo periodo 2010 las grandes fortunas aumentaron un 8,6% sus beneficios, podemos llegar claramente a la conclusión de que los ajustes de 2010 no alcanzaron precisamente a los culpables de la crisis.

Nos situamos pues en un conflicto social que se alargará en los próximos años, y al que previsiblemente que se le irán sumando sectores en lucha, conforme avance el proceso de reformas y sigan agudizándose las contradicciones.

Entre los sindicatos se asume ya la irreversibilidad de la inmensa mayoría de las reformas, aludiendo a que movimientos sindicales más en forma en otros países no han movido una coma de los ajustes, a pesar del consecuente desgaste para los gobiernos y las masivas movilizaciones.

En consecuencia, en primera instancia, los sindicatos mayoritarios decidieron negociar a la baja con el Gobierno (osea, sin movilizaciones) para suavizar principalmente la reforma laboral y la de las pensiones (de ahí lo del llamamiento de Toxo a un nuevo “Pacto de Estado”).

El acuerdo, que no sólo contempla la propia reforma de las pensiones sino también acuerda políticas activas de empleo, de educación, investigación y desarrollo, y un principio de acuerdo para pactar la reforma de la negociación colectiva y una nueva reforma de la función pública se constituye como una auténtica fractura generacional y de género.

En lo concerniente a la reforma de las pensiones, aumenta los años de cotización hasta los 38.5 necesarios para la pensión completa hasta 65 años, o 37 años en caso de jubilarse a los 67; también aumenta el periodo de cálculo de 15 a 25 años.

La aplicación progresiva y retroactiva de estas medidas, que condenamos desde la UJCE enérgicamente, va a disminuir considerablemente lo que percibirán de pensión media los jubilados y jubiladas de este país.

Y supone también una fractura de género porque el acuerdo en cuanto al incremento en el periodo de cálculo y el tiempo necesario para percibir el 100% de la cotización, perjudica especialmente a las mujeres, debido a las enormes lagunas en sus cotizaciones derivadas de la discriminación laboral y vital.

Por otro lado, según el artículo 19 de la ley de igualdad, toda ley debe ir acompañada de un informe de impacto de género, del cual el actual acuerdo carece, con la intención de ocultar que con esta reforma aumentarán aún más las desigualdades entre hombres y mujeres

También tenemos a este respecto que analizar el impacto de la reforma de las pensiones, y como afecta a las zonas rurales con aún menos oportunidades de empleo.

El acuerdo, además del consecuente desgaste ante la opinión pública para los sindicatos, produjo también la desmotivación de los sectores más concienciados de CCOO y las organizaciones políticas que apostábamos y apostamos por aumentar el grado de la movilización de la clase contra el “ajuste neoliberal”.

Y no es para menos, porque este pacto condena a los menores de 40 años a no poder acceder a una pensión pública digna, y no otorga ninguna garantía de que nuevas reformas en los próximos años y décadas no acaben con cualquier resquicio de pensiones públicas en este país.

En cualquiera de los casos, nuestro papel a jugar no ha cambiado, no podemos sucumbir al desaliento, ni a la crítica destructiva hacia las centrales sindicales, tenemos que ser analíticos y consecuentes a nuestros objetivos, reclamando e iniciando un proceso de movilización sostenida que comprenda nuevas movilizaciones sociales, pero también huelgas regionales/nacionales, de sector, de fábricas, de estudiantes, que culminen en una nueva huelga general en el conjunto del estado…una respuesta colectiva en concordancia al recorte de derechos sufrido por los trabajadores y las trabajadoras.

En cuanto a la HG del 27-E, convocada en el País Vasco y Navarra, Galicia y Cataluña, tal y como hemos venido señalando, compartimos los motivos y la necesidad de una respuesta sindical y de clase, y debemos entender la convocatoria como una oportunidad para difundir, organizar y extender la conciencia de clase a grandes masas trabajadoras en base a la experiencia en la lucha de clases que ofrece una Huelga.

Pero debemos señalar que nuestra apuesta sigue siendo y será por la convocatoria unitaria y masiva de una huelga general en todo el estado Español. Es necesaria una respuesta en donde el carácter nacional no hegemonice la convocatoria, sino que se visualice que las medidas afectan de igual manera a todas las trabajadoras y trabajadores del Estado, y que por lo tanto la lucha debe ser colectiva.

En el marco de recortes de derechos que afectan de forma especialmente significativa a la juventud, es en el que debemos entender la supresión por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid del Consejo de la Juventud de Madrid (CJM) -el único interlocutor juvenil con las instituciones-, así como de otros organismos sociales dependientes de la Comunidad de Madrid

Por otro lado, la situación actual del sistema educativo universitario está configurada por el fracaso de Bolonia y el inicio de la aplicación de la Estrategia Universidad 2015. Ello se demuestra en hechos como que, en el actual curso académico ha descendido un 16% el número de universitarias/os que estudian y trabajan, las tasas universitarias han aumentado su precio entre un 1.5% y 5.5% triplicando el IPC o que el 80% de las y los estudiantes eligen los másters de la universidad pública.

En lo que se refiere a las enseñanzas medias y la FP, se ha alcanzado una cifra récord de estudiantes no universitarios/as, principalmente de FP, debido a la crisis capitalista y a la aplicación de Bolonia. Se ha registrado una pérdida del alumnado matriculado en los centros de estudios de la escuela privada.

La propuesta del Ministerio de Educación sobre el nuevo Bachillerato y la nueva orientación de 4º de la ESO supone un paso más en la degradación de la formación académica del estudiantado de la enseñanza media desarrollada en los últimos veinte años.

No podemos terminar este informe político sin recordar la triste muerte de Julián Sánchez, alcalde comunista del madrileño Municipio de Casarubuelos, donde celebramos el XI Congreso, y la muerte de nuestro querido camarada Marcelino Camacho. Y que mejor forma de hacerlo que con algunas de sus palabras que tan oportunas son en estos días:

“Nunca nos regalaron nada, siempre hubo que conquistarlo todo”.

Y como nunca nos regalaron nada, y lo que la clase conquistó, lo conquistó luchando, a eso nos encomendamos las y los jóvenes comunistas. A luchar, por abrir ese ciclo de lucha social contra el sistema, de lucha de clases contra esta crisis que se llama capitalismo.

Y aún tenemos dos retos más para el año entrante. La conmemoración de dos fechas históricas especialmente relevantes y significativas para la Juventud Comunista: el 80º aniversario de la proclamación de la II República Española y el 90º aniversario de la fundación de la UJCE y el PCE.

Porque el futuro se construye luchando y sabemos quiénes son los culpables.

¡Vamos a Pararlos!

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