Contacto: juventudsurversiva@gmail.com

lunes, 13 de febrero de 2012

El reimpulso del ALBA

Juan Manuel Karg

El 4 de Febrero pasado se realizó en Caracas la XI Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), con un claro reimpulso –político, social y económico- al proyecto de integración regional que comparten Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, San Vicente y Las Granadinas, Antigua y Barbuda y Dominica.

La importancia de la reunión quedó plasmada en múltiples aristas, entre ellas el apoyo a Argentina respecto a la soberanía de las Islas Malvinas frente al colonialismo inglés; la solidaridad con el pueblo de Puerto Rico en la exigencia de la independencia de la isla; la condena al criminal bloqueo de EEUU a Cuba –que ya lleva 50 años- y el pedido de libertad para los 5 Héroes Cubanos.

Ecoalba, el SUCRE y el Banco del Sur

La creación de un espacio económico del bloque –denominado Ecoalba- fue una de las principales decisiones del cónclave en Caracas. Diego Borja, viceministro de economía ecuatoriano, fue designado como Coordinador Económico del ALBA, encargado de motorizar las decisiones surgidas en la XI Cumbre. La decisión de darle un reimpulso al SUCRE –Sistema Único de Compensación Regional- va de la mano con la creación de un espacio económico del bloque, tal como explicó el propio Borja en una rueda de prensa que sostuvo junto al Comandante Chávez días después.

En momentos en que la crisis capitalista desata una serie de ajustes en todo el mundo, con la consecuente pérdida de empleo y el deterioro en las prestaciones sociales –salud, educación y vivienda- para millones de personas, el desarrollo de un espacio económico del ALBA debe ser saludado con contundencia. Se trata de la posibilidad real de promover un intercambio solidario de las economías de nuestro continente, alternativo al intercambio con finalidad de lucro que estalla a escala mundial. La expansión del SUCRE, de Ecoalba y del Banco del Sur deben servir a esa finalidad.

El papel de los movimientos sociales en el ALBA.

Otro punto interesante a destacar tiene que ver con las definiciones del Consejo de Movimientos Sociales del ALBA TCP, compuesto por organizaciones sociales de los países que integran el bloque regional. Allí se conformó una agenda de movilizaciones a nivel continental, donde se destaca la “movilización mundial contra el capitalismo” del 5 de Junio, y un importante impulso a la defensa de la Revolución Bolivariana con actividades a desarrollarse en Agosto, Septiembre y Octubre (previo a las elecciones presidenciales, que se desarrollarán el 7/10).

Esto empalma con la agenda planificada por la Articulación Continental de los Movimientos Sociales hacia el ALBA, integrada, además, por organizaciones de Brasil, Argentina, Colombia y México, entre otros países cuyos Estados no participan del ALBA TCP. En una reciente reunión en Porto Alegre, en el marco del Foro Social Mundial, los Movimientos Sociales hacia el ALBA han decidido convocar a una asamblea constitutiva para el mes de Noviembre, a fines de reunir diversas experiencias militantes de Nuestra América que día a día militan por el cambio social.

Una salida a la crisis.

Es que, en definitiva, lo que se propone desde el ALBA y sus experiencias más avanzadas (con Venezuela, Cuba, Bolivia y Ecuador a la cabeza) es una verdadera salida a la crisis y no parches momentáneos que sólo llevan a que las mayorías paguen lo que han generado unos pocos.

Ese es el carácter verdaderamente transformador y profundamente antiimperialista que fue reafirmado en Caracas la semana pasada, enfrentando las recetas que llegan desde Europa y EEUU. La tarea de los Movimientos Sociales será la de aportar decididamente al reimpulso del ALBA, reforzando la solidaridad con sus países miembros frente a los embates del imperialismo.

Juan Manuel Karg. Licenciado en Ciencia Política UBA

Leer Más......

Estudiantes internacionalistas con el Proyecto Golden Palestina. No a las relaciones con Israel, basta ya

Ramón Pedregal Casanova Rebelión

Inés Castellano es Psicóloga, y actualmente está doctorando en Intrerculturalidad y Mundo Arabe-islámico. Miembro del Proyecto Golden5 en Palestina subvencionado por la Agencia Andaluza de Cooperación y la Universidad de Sevilla, y forma parte del grupo universitario de cooperación Sevilla-Palestina. Dispone de una beca de colaboración la Ofcina de Cooperación de la U. Sevilla para el curso 2012.En el marco de actividades del proyecto de Cooperación Sevilla-Palestina, viaja a Palestina frecuentemente desde el año 2009. Ha realizado el prácticum de psicología en el Teacher Creativity Center, una institución educativa palestina, así como participado en numerosas actividades propias del proyecto Golden 5, habiendo visitados escuelas y universidades.

¿Puedes explicar qué es y cuál es el contenido del Proyecto Golden Palestina?

El proyecto Golden 5 es un proyecto psicoeducativo que nació de 5 países europeos: Polonia, Italia, Noruega, España y Bélgica y que ha sido premiado con la medalla de Bronze por la Comisión europea en 2009. El Golden llegó a Palestina gracias a la coordinadora del proyecto María José Lera, quién hizo lo imposible por conseguir implementarlo tanto en Cisjordania como en Gaza. En 2006, y tras muchísimo trabajo, empieza el Golden Palestina en la zona sureña de Hebrón, área especialmente azotada por la ocupación israelí.


La idea básica del Golden es conseguir que cada estudiante brille (de ahí el nombre Golden) y saque lo mejor de sí mismo, pero para eso hacen falta unas condiciones previas en el aula que potencien lo mejor de cada uno. Un ambiente agradable, unas buenas relaciones entre los estudiantes y profesores o un grupo con una alta auto-estima, son algunas de las áreas que el Golden trabaja.

Es bastante generalizado encontrar en Palestina niñas y niños traumatizados psicológicamente, inseguros, con problemas de atención o concentración, y surgen bastantes conflictos dentro del aula. Bueno, nos hemos encontrado que el Golden, con estrategias muy sencillas en las que se entrena al profesorado, contribuye muy significativamente a reducir estos síntomas y a mejorar el clima escolar en general.

¿Cómo surgió y cómo establecisteis relación con Palestina?

Nuestra relación con Palestina surgió a raíz de conocer a la coordinadora del proyecto Golden. María José, que nos daba clases de Orientación e Intervención Psicoeducativa en la Facultad de Psicología de Sevilla, y dónde siempre nos hablaba de Palestina con profunda pasión y una empatía poco común en los académicos de su nivel. Ella ya llevaba años trabajando en Palestina y fue muy fácil empezar a colaborar con ella en uno de sus tantos proyectos. Así nuestra primera visita a Palestina fue en 2009, dónde tuvimos ocasión de palpar y sentir todo aquello que María José ya nos había transmitido en clase. A partir de aquel momento, adquirimos un profundo compromiso con la causa Palestina y seguimos trabajando con instituciones, universidades y colegios desde nuestro ámbito profesional, la psicología, luchando especialmente por los niños y niñas de Palestina, las principales víctimas de la política sionista.

Estuvisteis en Nablus ¿en qué parte del territorio palestino se encuentra? ¿nos podéis contar la situación en esa ciudad?

Nablus es una ciudad al norte de Cisjordania, de las más pobladas y muy bonita. La ciudad está encallada en un valle rodeada de montañas que hacen de barrera natural. Por esto Nablus siempre ha sido una de las ciudades más resistentes a la ocupación, porque su situación geográfica le permitía diseñar mejores estrategias de resistencia que otras. También por la ciudad vieja de Nablus que es muy grande y servía a sus ciudadanos como escondite desde el que esperaban a los soldados que tenían que entrar a pie, porque los tanques no cabían por las calles tan estrechas del zoco.

Nablus es la única ciudad palestina que actualmente tiene musulmanes (en su gran mayoría), pero también Cristianos y una comunidad de judíos samaritanos que viven en lo alto de una montaña. Esta comunidad judía crea muchos problemas a Israel, porque ellos son palestinos y antisionistas, lo cual desmonta toda la excusa sionista de una nación para los judíos. Han recibido innumerables ofertas por parte de Israel para que se vayan de allí y se asienten en ciudades israelíes o en alguna colonia, pero ellos se niegan. Viven allí desde antes de Cristo y se sienten palestinos.

Actualmente Nablus no está mejor. Completamente rodeada de checkpoints y colonias ultrasionistas, controlan a cada palestino que entra y sale de la ciudad, les hacen sentir constantemente que sus vidas están bajo control israelí, es una estrategia psicológica para minarlos, y realmente así funciona.

Según creo vuestro trabajo se desarrolló en una escuela ¿por qué? ¿quiénes asistían? ¿con qué medios contaban? ¿cuál era su vivencia? ¿de qué trataba vuestro trabajo? ¿qué carencias tiene la población en general, y en particular la población infantil?

En realidad en varias escuelas del área de Nablus, aunque quizás nos dedicamos más en cuerpo y alma a una de ellas, la escuela de la UNRWA de uno de los campos de refugiados de Nablus, Al Farah. Es una escuela básica de chicas dónde acuden todas las niñas en edad escolar de este campo de refugiados. Es especialmente necesario atender a los niños y niñas de los campos de refugiados porque son los que mas sufren las consecuencias de la ocupación y eso afecta obviamente a su desarrollo. La población de Farah, o de otros campos de refugiados es la más vulnerable, porque todos están en zona C, lo que significa que Israel tiene el control absoluto, y el ejército sionista entra cuando quiere, arresta a menores y mayores, disparan, humillan, etc...Todo esto genera una sensación de indefensión e inseguridad en los más pequeños muy difícil de paliar, y esa es una de las tareas de la escuela, que se hace muy complicada cuando también el profesorado vive bajo las mismas condiciones.

Nuestra experiencia en la escuela fue muy positiva, dónde nos recibieron a nosotras y al proyecto Golden con los brazos abiertos. Trabajamos directamente con el profesorado y no con las alumnas, tanto dentro como fuera del aula, observando las clases y las dinámicas de relaciones, para posteriormente analizar con las profesoras qué estrategias puede usar para mejorar en diferentes aspectos que ya, previamente, había señalado como mejorables. Realmente, los resultados son muy buenos y todos mejoran, las alumnas mejoran actitudinal y académicamente al sentirse parte importante de un equipo, las profesoras sienten que manejan mejor el aula y tienen más control, con lo cual reduce el estrés y el alumnado lo percibe, y así entran en una relación de feedback positivo que genera la mejora general del grupo en muchos aspectos.

Ha sido una experiencia muy gratificante, el contribuir a crear un espacio que da cierta seguridad a las más pequeñas, en un entorno tan inseguro y desestabilizador.

¿Podéis describir vuestra experiencia, lo que veíais, lo que vivíais, bajo la ocupación sionista?

Bueno, la verdad es que dentro de las principales ciudades los efectos de la ocupación son algo menores, pero sólo si te quedas dentro y no te mueves, cosa que no hace nadie obviamente. Lo que vimos en Nablus y en Palestina en general, es mucha gente extremadamente simpática, agradecida y con un sentido del humor admirable a pesar de su situación, de las largas esperas en los chekpoints, la falta de agua, la pérdida de familiares, el robo de viviendas o tierras y los ataques de los soldados y los colonos.

Es difícil imaginarse desde nuestra vida occidental cómo es vivir bajo ocupación, y cuáles son las dificultades diarias que conlleva, que son muchas y afectan a todos los ámbitos de la vida. Desde tener que salir de casa con mucho más tiempo del necesario para llegar al trabajo, porque te encuentras un chekpoint y puede que pases rápido o puede que no, hasta contabilizar cada gota de agua que se gasta en la casa porque se acaban los tanques contenedores que tienen en las azoteas, o la dificultad para hacer cualquier tipo de plan, porque surgen miles de imprevistos que no dependen de ti. Todo allí está ralentizado, absolutamente todo, transportes, administraciones, universidades, incluso cualquier transacción bancaria pasa por la supervisión israelí.

¿Cómo tratan los ocupantes sionistas a la población palestina?

Peor que a las ratas. Los palestinos no son personas a los ojos de los sionistas y ya se encarga la política de adiestramiento israelí de hacer sentir a sus propios ciudadanos desde que nacen ese desprecio a todo lo relacionado con lo árabe y especialmente hacia los palestinos. Es realmente inhumano el grado de desconexión moral que tiene el pueblo israelí para con los palestinos. Los utilizan para sentirse poderosos y fuertes, y da igual que sea un niño que un anciano, porque para ellos son todos la misma basura a la que hay que eliminar. Especialmente alarmante es el ejemplo de los colonos de Hebrón, que son los más fundamentalistas, dónde a diario atacan a ciudadanos palestinos. Hemos sido testigos de niños colonos tirando piedras y escupiendo a niños y profesores palestinos simplemente por tener que pasar por la misma calle que ellos para ir a la escuela. Es escalofriante y llegas a plantearte si realmente son humanos.

¿Dónde más estuvisteis y qué visteis?

Hemos viajado por casi toda Cisjordania, Belén, Hebrón, Qalqilia, Jenín, Jericó, Jerusalén, Ramallah, etc... Todas las regiones están muy afectadas por la ocupación, pero hay algunas zonas que acusan más unos problemas que otras. Me acuerdo de otro campo de refugiados entre Belén y Hebrón, Al Aroub, que me impactó especialmente por la dureza que allí se vive. Es un poblado a pie de carretera que sólo tiene una entrada en la que hay una torre de control militar con varios tanques apostados. Allí viven más de 10,000 personas hacinadas en viviendas muy pequeñas y con calles de menos de un metro de anchas. Cada niño que conocimos tenía detrás historias de encarcelamientos y maltratos por parte del ejército, o han sido testigos de la muerte de un familiar directo. Los chicos nos enseñaron el campo de futbol del poblado en el que juegan habitualmente y nos contaron que Israel había dado orden de demolerlo porque había proyectada una carretera que pasaría justo por donde está el campo. Y así es con todo, todo lo que un Palestino pueda tener es destruido y/o robado. Aunque ellos no se rinden fácilmente y ya tienen planes para habilitar unos terrenitos como nuevo campo de futbol, no tan grande pero servirá. Y esa es la resistencia del pueblo palestino, seguir levantándose cada vez que los tiran, pensando en sus posibilidades y siendo creativos.

¿Se nota la solidaridad del exterior?

Sí que se nota, es imposible no notarla si allá dónde vayas ves carteles de casas, plantas de agua, escuelas o centros de salud que han sido construidos por cooperación internacional. Lo que pasa es que es una ayuda muy deficiente y poco duradera en muchas ocasiones porque Israel destruye muchísimas de las construcciones. Por ejemplo, el campo de futbol que comentaba, fue construido con cooperación alemana, y va a durar pocos años. Y hace muy poco tuvimos un ejemplo en el sur de Hebrón con una planta de energía fotovoltaica de la que se abastecen 30 familias y que fue construida con cooperación española hace dos años y ya Israel ha dado orden de demolerla también. Hay muchísimos ejemplos, como el aeropuerto de Gaza, también construido con Cooperación Española y que ha sido bombardeado en innumerables ocasiones.

Además, cada vez son más los ciudadanos de cualquier parte del mundo que muestran solidaridad con la causa palestina y en esto están teniendo que ver varios factores, primero la propia resistencia del pueblo palestino que lleva 65 años luchando y segundo, las grandes acciones internacionales de solidaridad, como los barcos que intentan romper el bloqueo en Gaza, las flotillas, que lo intentan por aire y las Marchas que se vienen haciendo hace años para entrar a Palestina.

¿Qué diríais que el pueblo palestino pide a los pueblos del mundo?

Los palestinos lo tienen claro, y lo dicen: no necesitan dinero, ni alimentos, ni medicinas, lo que necesitan es libertad. A partir de ahí, es fácil entender que lo que esperan de la comunidad internacional es, mas que ayuda en concepto de cooperación, más voluntad política tanto de gobiernos como de los ciudadanos, para que exijamos a nuestros respectivos gobernantes que corten relaciones con Israel y que desde la Comunidad Internacional se les diga un gran BASTA YA. Cuando Israel deje de pisotearlos, tendrán la libertad para autoabastecerse sin necesidad de tantas ayudas externas.

Inés Castellano, muchas gracias por tus palabras.

Leer Más......

La tierra, el agua y la resistencia

Raúl Zibechi La Jornada

Por momentos la intensidad de los enfrentamientos da la impresión de que marchamos hacia una conflagración general, que por ahora tiene expresiones locales y regionales, pero que se repiten en casi todos los países.

La Gran marcha nacional del agua, que comenzó el primero de febrero en Cajamarca, es la respuesta de los movimientos populares a la represión y al estado de excepción en tres provincias por parte del gobierno de Ollanta Humala, ante la huelga de 11 días en Cajamarca contra el proyecto minero Conga. La caravana llegará este viernes a Lima para frenar el uso de productos contaminantes como el mercurio y declarar el agua como derecho humano.

Conga es un proyecto de la Minera Yanacocha, la primera en extracción de oro en América del Sur, que prevé invertir casi 5 mil millones de dólares y drenar cuatro lagunas, dos para extraer oro y otras dos para almacenar desechos. Las actividades en Conga están paralizadas desde la huelga de noviembre. Lo más importante es que el movimiento ha conseguido trascender lo local para convertirse en la confluencia de las más importantes organizaciones sociales para una gran acción de carácter nacional.

En el norte de Argentina se reactivó la resistencia a la minería. En enero se produjeron masivas movilizaciones impulsadas por las asambleas ciudadanas, en La Rioja, Catamarca y Tucumán, contra los proyectos mineros Famatina y Bajo La Alumbrera. En La Rioja la movilización popular forzó al jefe comunal de la capital provincial a pronunciarse contra la megaminería, aunque está alineado con el gobierno nacional.

En Catamarca el bloqueo a los camiones que se dirigen a Bajo La Alumbrera llevó a la empresa a licenciar al personal y detener la explotación por la falta de insumos y provisiones en la mina. Hace más de tres semanas que los militantes de la Asamblea de Ciudadanos en Defensa de la Vida y el Agua bloquean el tránsito de camiones que pertenecen a la empresa minera y que circulan por Tinogasta, Belén y Santa María.

Uno de los conflictos menos visibles pero con gran potencial desestabilizador es el que se está registrando en Paraguay entre campesinos y colonos de origen brasileño, conocidos popularmente como brasiguayos. Se estima que hay 8 millones de hectáreas, 20 por ciento de la superficie del país, adjudicadas ilegalmente, sobre todo bajo la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). Una parte importante fueron entregadas a colonos provenientes de Brasil, en hasta un dólar la hectárea en la zona fronteriza.

Ahora son grandes productores de soya que sacan su producción por Brasil sin pagar siquiera impuestos. Tranquilo Favero, el rey de la soya, posee 45 mil hectáreas de tierras de alta calidad en las que cosecha hasta 130 mil toneladas cada año, que le rinden unos 50 millones de dólares, en la zona de Ñacunday, Alto Paraná. Esta es la región más caliente del conflicto actual, en la que se enfrentan sin tierra y terratenientes, pero en la que están también involucrados los gobiernos de Fernando Lugo y Dilma Rousseff.

Si la producción de soya, con su secuela de contaminación y expulsión de campesinos, es grave, la cuestión fronteriza también lo es. De los 400 mil brasileños que viven en Paraguay, unos 250 mil ocupan la faja fronteriza con Brasil. En 2007 el gobierno paraguayo aprobó la Ley de Frontera por la cual los extranjeros no pueden tener tierras a menos de 50 kilómetros de la frontera, como forma de afirmar la soberanía nacional. Brasil tiene una legislación similar aunque más estricta.

En 2011 se conformó la Coordinadora Nacional de Lucha por la Recuperación de Tierras Malhabidas –en la que participan más de 20 organizaciones campesinas, sociales y partidos de izquierda–, que realizó su primera marcha el 25 de octubre pasado. Los dirigentes sostienen que la recuperación de esas tierras podrían favorecer a 400 mil campesinos.

La cuestión de la tierra es uno de los temas más delicados en Paraguay, por la larga historia de corrupción, abusos y represión que forzaron el despojo de los campesinos. Lugo llegó al gobierno en gran medida por su estrecha relación con la lucha por la reforma agraria cuando era obispo. Bajo su gobierno no se avanzó en la reforma agraria, pero en los últimos meses los campesinos agrupados en la Liga Nacional de Carperos (porque acampan en carpas) están ocupando tierras de brasiguayos.

La liga nació dos años atrás ante la inacción del movimiento campesino en la lucha por la tierra, pero la coordinadora en un reciente comunicado estima que sus acciones forman parte de una "estrategia desestabilizadora" contra el gobierno de Lugo y que en su interior está "primando la influencia de provocadores que objetivamente perjudican la histórica lucha por la tierra y la reforma agraria".

En el complejo panorama de los movimientos paraguayos, no conviene simplificar. La lucha de los "carperos" es legítima pero todo indica que junto a una nueva camada de dirigentes populares se puede percibir la influencia de políticos tradicionales de la derecha, ya sea colorados o liberales, éstos aliados de Lugo, y oportunistas que nunca faltan. Sin embargo, también es cierto que los movimientos históricos, que integran la coordinadora, priorizan las negociaciones en vez de la presión desde abajo por la reforma agraria, y se muestran muy preocupados por la sucesión presidencial en las elecciones de 2013.

La lucha por los bienes comunes está en el primer lugar de la agenda en toda la región. Es posible, como señala un dirigente sindical de Chilecito, que las multinacionales mineras estén sufriendo una "una derrota catastrófica" en el norte de Argentina. Grupos pequeños como las asambleas ciudadanas, en lugares remotos de la cordillera, han logrado frenar gigantescas empresas que gozaron de todo el apoyo estatal. Es mucho. Es el producto del tesón, que en algún momento rinde frutos.

La Jornada

Leer Más......

Colombia: Capitalismo gangsteril y despojo territorial

Renán Vega Cantor La Haine

“La tierra sin hombres de los hombres sin tierra”.
Augusto Roa Bastos

Acumulación por desposesión [ver http://www.lahaine.org/index.php?p=55584 ] es un término que se utiliza para estudiar la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión violenta de habitantes del campo, junto con la transformación de los derechos comunes en derechos privados. A esto se le agrega el análisis de los métodos imperialistas para apropiarse de los recursos naturales y energéticos, en consonancia con el papel del capital financiero como instrumento de endeudamiento de la población, urbana y rural, y como soporte “legal” de la expulsión de campesinos e indígenas, reducidos a la servidumbre por deudas.

Colombia es un inmenso laboratorio de la acumulación por desposesión porque se presentan, a vasta escala y con un increíble nivel de violencia, las características antes enunciadas. En síntesis, “lo que posibilita la acumulación por desposesión es la liberación de un conjunto de activos (incluida la fuerza de trabajo) a un coste muy bajo (y en algunos casos nulo)”[1]. El elemento esencial es el despojo como forma violenta que vincula las actividades económicas y la apropiación de tierras. En este sentido, los asesinatos, las masacres, las torturas, el desplazamiento forzado son vehículos de la concentración de tierras, llevados a cabo por “empresarios” que impulsan la acumulación de capital en el campo, gran parte de la cual proviene del robo de la tierra y de la riqueza de los campesinos.


DESPOJO DE TIERRAS

La concentración de tierras en manos de pocos terratenientes ha sido una característica distintiva de la historia de Colombia desde el mismo momento de su separación de España. En este país nunca se realizó una reforma agraria y siempre los latifundistas han tenido un papel protagónico en la escena política y en la vida económica y social. Esto se expresa con indicadores elementales de concentración de la propiedad de la tierra: en el país hay 114 millones de hectáreas, de las cuales 51.3 millones se consideran como superficie agropecuaria, de cuyo total 36 millones están dedicados a la ganadería extensiva, expresión tradicional del poder de ganaderos, terratenientes y narcotraficantes; 10 millones de hectáreas son aptas para la agricultura, y de ellas la mitad se dedica a actividades agroindustriales y en el resto, laderas y zonas bajas tropicales, subsisten millones de campesinos y colonos, de los cuales sólo tiene título de propiedad el 15 por ciento; un 0,43% de los propietarios (grande latifundistas) es dueño del 62,91% del Área Predial Rural, al tiempo que el 57.87% de los propietarios (minifundistas y pequeños propietarios), tiene un ridículo 1.66% de la tierra; el 53% del total de la tierra registrada se concentra en manos de sólo tres mil grandes propietarios rurales; el índice GINI en cuanto propiedad rural ascendió en 2009 a 0.863, uno de los más altos del mundo, sólo superado en América Latina por Paraguay, un país más pequeño; entre el 76 y el 79% de las personas desplazadas tenía derechos asociados a la tierra, bien como propietarios, ocupantes de hecho, poseedores o tenedores; en el último cuarto de siglo se le han usurpado por medio de la violencia unos 7 millones de hectáreas a sus legítimos propietarios o poseedores [2].

De acuerdo a estas cifras, Colombia es uno de los países más injustos y desiguales del planeta, lo cual explica el permanente conflicto agrario de los últimos 60 años, como continuación de las luchas que libraron los colonos, indígenas y campesinos desde comienzos del siglo XIX. En ese sentido, la brutal expropiación de tierras del último cuarto de siglo refuerza un proceso estructural, aunque ahora ese despojo se esté llevando a cabo con unos niveles de violencia y de terror difíciles de concebir en otros lugares del mundo. Este proceso puede definirse como una revancha terrateniente (ahora nutrida con la savia criminal de la alianza que se gestó desde el Estado, entre el Estado, las clases dominantes, el paramilitarismo, el narcotráfico y las multinacionales) cuya finalidad ha sido arrebatar las tierras a los campesinos pobres y destruir a los movimientos sociales de tipo agrario que se les pudieran oponer.

Esto se encuentra ligado con los intereses del capitalismo contemporáneo, porque como lo señaló un campesino que logró escapar de esa barbarie: “En los Hornos crematorios, los criaderos de caimanes y las fosas desaparecieron a muchas víctimas de la contra-reforma agraria en Colombia” [3] Por si hubiera dudas, 4.000 paramilitares confesaron que habían cometido 156.000 asesinatos y participaron en 860 masacres y la Fiscalía General de la Nación informó que entre 2005 y 2010 fueron asesinadas por paramilitares 173.000 personas.

El cambio en el uso de la tierra en Colombia ha sido tan evidente en los últimos 20 años que en donde antes habían parcelas campesinas, llenas de vida, sembradas de maíz y de cultivos de pan coger, con unas cuantas gallinas y cerdos, hoy pasan carreteras y se han sembrado cultivos de exportación, o se han convertido en tierras de ganadería. La expropiación de las tierras de los campesinos tiene varias finalidades, como se describe a continuación.

Tierras para ganadería

Los terratenientes colombianos tienen una especial debilidad por las vacas y los caballos, y por eso poseen grandes latifundios donde pastan miles de cabezas de ganado y caballos de paso fino. La ganaderización del campo colombiano es uno de los rasgos distintivos de este país desde el siglo XIX, cuando los terratenientes introdujeron el alambre de púas y la siembra de pastos, mientras expulsaban a los colonos de las tierras, les arrebataban los títulos y los convertían en peones y agregados de las haciendas. Hasta tal punto domina la lógica ganadera que en las ferias y fiestas que se celebran todos los años se exhiben los “grandes avances” de la ganadería, con exposiciones equinas, corridas de toros, certámenes de coleo o carralejas, para agasajar a los gamonales y terratenientes de un pueblo o una región. Un solo dato es indicativo del poder de los ganaderos en la sociedad colombiana: ocupan 36 millones de hectáreas para un hato ganadero de 19 millones de vacas, es decir, que cada vaca ocupa en promedio casi dos hectáreas del suelo, mientras que millones de campesinos no tienen ni un pedazo de tierra a donde caer muertos. En tales condiciones, uno de los móviles centrales del despojo de tierra busca convertirlas en grandes pastizales, para “sembrar” vacas, caballos y en algunos casos, como en ciertas regiones de Antioquia, hasta búfalos.

Tierras para sembrar cultivos de exportación

Las clases dominantes en Colombia, con una histórica vocación de terratenientes, han visto con muy buenos ojos el proyecto que impulsan los países imperialistas y sus empresas transnacionales de sembrar cultivos de exportación. La puesta en marcha de ese proyecto se sustenta en la expropiación de tierras en varias regiones del país, que se destinan a sembrar productos como la palma aceitera. Ningún cultivo como éste simboliza los nexos entre violencia, despojo, apropiación de tierras y paramilitarismo, como se evidencia en todas las regiones donde se ha implantado.

La propuesta de convertir a Colombia en un país palmicultor cobró fuerza durante el régimen criminal de Álvaro Uribe Vélez, quien estableció como una de sus prioridades incrementar la cantidad de tierras dedicadas a la siembra de palma. Y en efecto, durante el período 2003-2009 el cultivo de palma aceitera pasó de 206.801 a 360.537 hectáreas, con la pretensión de alcanzar pronto seis millones de hectáreas, como expresión del deseo de convertir a Colombia en la “Arabia Saudita del biodiesel”. Tan drástico incremento se logró en antiguas tierras de campesinos, apropiadas por “prósperos para empresarios”. que ahora las destinan a sembrar la palma de la muerte, como la llaman los campesinos desalojados.

Entre los sectores sociales más afectados por estos empresarios del crimen, dedicados a negocios legales, se encuentran los habitantes afrodescendientes de la costa pacífica colombiana, que han sido expulsados de sus tierras, a punta de fuego y motosierra, como ha sucedido con los habitantes de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó en el departamento de Chocó, cuyos terrenos fueron ocupados por paramilitares en alianza con miembros de la Armada en 1997. Luego del despojo aparecieron empresarios de la Palma que empezaron a sembrarla en esos territorios, contando con el respaldo y el apoyo de la Brigada XVII del Ejercito Nacional que actúa en favor de los empresarios y apoya la expansión de los cultivos. Fueron limpiadas las tierras, derribado parte del bosque nativo, y contaminadas las aguas. Las comunidades campesinas no sólo fueron desalojadas sino que, después de implantarse el cultivo, empezaron a ser asesinados sus lideres cuando intentaban reorganizar a las comunidades, contabilizándose cientos de asesinados [4].

Tierras donde se encuentran riquezas minerales

En las diversas regiones de Colombia donde existen riquezas minerales se ha organizado la expulsión de indígenas y campesinos, como ha sucedido en la Costa Atlántica con la explotación del carbón. En la Jagua de Ibirico, departamento de César, desde mediados de la década de 1990 sicarios a sueldo realizaron numerosas masacres con la finalidad de limpiar la tierra de sus incómodos ocupantes, para apropiarse de las mismas y cederlas a empresas multinacionales, como la Drumond, con la complicidad de notarios del INCODER y otros funcionarios y abogados que llegaron al descaro de hacer firmar escrituras a los muertos para legalizar el robo de tierras. Los campesinos que lograron sobrevivir se vieron obligados a huir, dejaron todo abandonado y, en medio de la miseria, subsisten como vendedores informales y viven en pocilgas miserables en pueblos y ciudades de la costa [5].

Este es sólo un ejemplo, porque en todo el país se están realizando apropiaciones de tierra para realizar explotaciones mineras, si se tiene en cuenta que el Estado les concede facilidades a empresas de capital transnacional para que se lleven los recursos naturales, en lo cual se incluye legalizar las concesiones mineras mediante la entrega de miles de hectáreas para que operen las compañías de Canadá, Sudáfrica, la Unión Europea y otros países. Esto se evidencia con la expedición de títulos mineros, los que pasaron de 80 en el 2000 a 5067 en el 2008, con un total de casi 3 millones de hectáreas concedidas para extracción minera.

Tierras para construir represas

El monopolio de la tierra no puede existir si al mismo tiempo no se monopoliza el agua, porque la tierra sin agua es un desierto. Esto lo tienen claro los terratenientes y ganaderos, así como el Estado que les sirve. Por esta circunstancia, la expansión de los latifundios viene acompañada de la expropiación de las tierras circundantes a los lugares donde se encuentran fuentes de agua y la apropiación privada de ríos, quebradas, ciénagas, humedales y lagunas para beneficio exclusivo de los terratenientes y ganaderos. Gran parte de las represas que se han construido en Colombia en las últimas décadas tienen esta finalidad.

Al respecto vale mencionar a la Represa de Urra I, obra que se construyó entre 1993-1999, y que contó con la lucida oposición de la comunidad indígena de los Embera-Katios, ancestrales habitantes del lugar, desplazados a sangre y fuego por grupos de paramilitares, organizados por terratenientes y ganaderos y respaldados por el Estado y los políticos regionales. La construcción de esta represa es ilustrativa de la destrucción de los bienes colectivos y su conversión en bienes privados, porque unos 70.000 indígenas, campesinos y pescadores fueron directamente impactados por el proyecto Urra I. Al mismo tiempo, se destruyó la pesca artesanal, porque disminuyeron o desaparecieron especies de peces de la cuenca del río, como el caso del bocachico, fuente alimenticia de primer orden en la dieta de los embera Katio y los pescadores locales. Esto último se debió a la desecación de los humedales del alto Sinú, ocasionada por la disminución de los flujos naturales del río, luego de que fuera construida la represa.

Junto con el exterminio del bocachico se han secado humedales y ciénagas, que entre otras cosas es lo que le interesa a los terratenientes para expandir sus fincas ganaderas. Lo que antes eran corrientes de agua llenas de vida, ahora son fuentes contaminadas y muertas, como sucede siempre con las grandes represas, que finalmente son aguas estancadas en las que pululan los mosquitos, que generan epidemias que antes no conocían los indígenas y campesinos [6].

Las hidroeléctricas que se han construido en Córdoba no son una cuestión de energía ni de aguas, sino de tierras ganaderas, las mismas que pertenecen a unos cuantos latifundistas que se van expandiendo a costa de los pequeños campesinos e indígenas y que utilizan todos los medios para quedarse hasta con las tierras de los humedales, los cuales son secados con Búfalos. En estas ricas tierras se han enfrentado desde el siglo XIX los hacendados y los campesinos que cultivan maíz, yuca y malanga y son pescadores, es decir, forman parte de lo que Orlando Fals Borda llamó una cultura anfibia.

Tierras que se entregan a las multinacionales

La tierra ha adquirido una renovada importancia para las potencias capitalistas, en la perspectiva de convertirla en medio de producción que genere agrocombustibles y para apropiarse de las riquezas naturales que en ellas se encuentren. En ese sentido, los países imperialistas libran una guerra no declarada por apropiarse de los recursos, cuyo escenario bélico se despliega en el mundo periférico y dependiente. Colombia, uno de los primeros países del mundo en biodiversidad, no está al margen de esa guerra y por ello en los últimos tiempos se ha presentado una ofensiva de las empresas transnacionales y de sus respectivos estados por adueñarse de importantes reservas de tierras, sobre todo aquellas en que existan recursos minerales. Esto se facilita porque el Estado y las clases dominantes del país han optado por regalarle al capital imperialista nuestras riquezas, a cambio de que siga fluyendo el caudal de dólares y euros para mantener la guerra interna. Un caso particularmente destacado de entrega de tierras a las multinacionales está relacionado con la explotación de recursos minerales en diversas regiones del territorio colombiano. A manera de ejemplo, valga mencionar el caso de la extracción de oro por parte de empresas canadienses y sudafricanas en lugares como Cajamarca (Tolima), San Turbán (Santander), Marmato (Antioquia), entre muchos casos.

En Marmato, una tradicional zona minera desde hace varios siglos, la compañía canadiense Medoro Resources anunció a finales del 2010 que va a realizar un proyecto de minería a cielo abierto que cubre un área de 200 hectáreas e incluye el casco urbano de esa población. Para llevar a cabo este proyecto, la compañía anunció que en los próximos años va a extraer unos 10 millones de onzas de oro. Para hacerlo requiere la remoción de 300 mil toneladas de tierra al año y reasentar el pueblo en otro lugar, el que se anuncia como un sitio paradisiaco, según la propaganda oficial de la empresa, acogida desde luego por la gran prensa y por los políticos de Antioquia y de Caldas. Decir que ese es un reasentamiento es un abuso de lenguaje, porque en verdad se está hablando del desplazamiento forzado de todos los habitantes de un pueblo, que durante varios siglos se han dedicado a la pequeña minería, por obra y gracia de la minería transnacional [7].

En las tierras que se ceden a las multinacionales se incluyen los recursos naturales, la biodiversidad y sobre todo el agua, tan necesaria para la explotación minera y cuyas fuentes quedan contaminadas por el arsénico que se vierte diariamente sobre ríos y quebradas. La contaminación y desaparición de la biodiversidad cierran un proceso de despojo, en el que previamente los grupos privados de asesinos, en alianza con las Fuerzas Armadas del estado, han desplazado a los campesinos y habitantes pobres de las regiones donde se explotan minerales. Se calcula que como resultado de la extracción de recursos minerales, en Colombia habían sido desplazadas en los últimos años, hasta agosto de 2008, unas 600 mil personas. Nada sorprendente si se sabe, por ejemplo, que la transnacional Kedahda (filial de la Surafricana Anglo Gold Ashanti) ha solicitado que le otorguen concesiones en 336 municipios del país, en zonas en las que es notoria la presencia de paramilitares.

LA LEGALIZACIÓN DEL DESPOJO

Luego de perpetrado el robo de tierras se trata de asegurar su posesión por parte de los usurpadores. Para lograrlo el Estado juega un papel de primer orden ya que entran a operar los mecanismos “legales”, donde abogados, jueces, notarios, alcaldes, gobernadores, parlamentarios, ministros y presidentes actúan en consonancia con el proyecto de legitimar y legalizar la expropiación de tierras. Todos estos funcionarios estatales adelantan la labor de limpiar la cara de los criminales y de presentarlos como honestos empresarios que, al despojar a los campesinos, actúan como portavoces de la patria y se comportan como excelsos defensores de la sagrada propiedad privada. Siempre se trata de mostrar ante la opinión pública que no existió el saqueo y que los pequeños propietarios no son productivos sino, más bien, son un estorbo que conspiran contra los grandes propietarios que, según el estribillo de moda, son los que generan empleo y prosperidad.

En Colombia el despojo de tierras se ha legalizado desde el Estado central con un sinnúmero de leyes. Valga mencionar algunas. La ley 791 de 2002 reduce a la mitad el tiempo estipulado para la prescripción ordinaria y extraordinaria, con lo cual se acorta el plazo requerido para alcanzar la legalización de un predio ante los estrados judiciales, argucia que como es obvio favorece a los usurpadores de tierras. La ley 1182 del 2008 instituye el “saneamiento de la falsa tradición”, una figura con la que se posibilita la legalización de predios de más de 20 hectáreas adquiridos de manera ilegal, siempre y cuando no se presente ante un juez alguna persona que alegue en contra de esa solicitud y con pruebas, algo difícil porque un desplazado o no está informado de las solicitudes de adjudicación sobre sus tierras y si está enterado poco puede hacer ante el chantaje violento que pende sobre su cabeza. La ley 1152, o Estatuto Rural, establece la validez de los títulos no originarios del estado registrados entre 1917 y 2007, con lo cual permite la solución de los litigios a favor de los grandes propietarios y quienes han robado tierras en los últimos 90 años. Esta misma ley prohíbe la ampliación de resguardos indígenas en la zona del Pacífico y en la cuenca del Atrato, un región de gran desplazamiento forzado, que deja a los indígenas desamparados legalmente para defender sus territorios.

Pero las leyes de legalización del despojo no sólo están referidas a las tierras, sino que incluyen el interés de legislar en términos de agua, paramos, bosques, parques naturales, recursos forestales para que todo aquello que sea propiedad pública o común se convierta en bienes privados al servicio de capitalistas, terratenientes y multinacionales.

Como si no fuera bastante con este rosario de leyes a favor del latifundio y los agentes del despojo rural, durante el gobierno de Juan Manuel Santos se ha impulsado la idea de la consolidación de la seguridad democrática, un eufemismo para decir que se va asegurar el robo y el despojo. Al respecto, en el 2010 fueron desplazadas 280.041 personas del campo, en 31 de los 32 departamentos del país y, lo más revelador, el 33 por ciento de los desplazados se origina en las zonas que el régimen uribista denominó Centros de Coordinación y Atención Integral (Ccai), “programas que tienen incidencia en 86 municipios en 17 departamentos, los cuales el ex presidente Uribe consideró prioritarios para recuperar la seguridad y avanzar en inversión social y empresarial”. Llamativo también que en un tercio de las tales zonas de consolidación hay explotaciones de minerales, especialmente del oro, como en Montelíbano (Córdoba), varios municipios del Bajo Cauca, en el Pacífico o en el Catatumbo. No por casualidad la región más crítica es el bajo cauca, donde “En las riberas de los ríos Cauca, Man, Nechí y Cacerí hay cerca de 2.000 retroexcavadoras y dragas que según cifras oficiales sacan 28 toneladas de oro al año. Con la fiebre minera llegaron las bandas criminales, las masacres, los asesinatos y las amenazas. En la región hay 89 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta de Antioquia”.

En esas zonas de consolidación de latifundio agroindustrial se están sembrado miles de hectáreas con palma aceitera, tales como en San Onofre (Sucre), Tibú (Norte de Santander), Guapi y Tumaco (Nariño), en las faldas de la Sierra Nevada y en la Macarena (Meta).

En tales zonas de consolidación tampoco se ha erradicado el narcotráfico, pues en un 70 por ciento de ellas se cultiva hoja de coca, un hecho que además acelera el desplazamiento porque actúan los narcoparamilitares y porque las fumigaciones del ejército golpean a los campesinos y sus familias y les destruyen sus cultivos [8].

En rigor, la consolidación que se busca es la del gran capital agro-minero exportador en el cual sobresale la alianza entre latifundistas, narcotraficantes, exportadores y empresas multinacionales. Para hacerlo posible, el Plan Nacional de Desarrollo, en sus artículos 45, 46 y 47, modifica la ley 160 de 1994 que impedía que las tierras públicas (baldías) fueran transferidas a particulares que formaran latifundios. Ahora se permite que se adjudiquen esos baldíos de la nación a cualquier persona, nacional o extranjero, todo lo cual se justifica con el cuento de promover las grandes exportaciones agropecuarias, en las que se destila la demagogia que de esta forma se consolidará la alianza entre campesinos y grandes productores. Algo que es mucho más explicito con la mal llamada Ley de Tierras, un proyecto que favorece y fortalece a los capitalistas nacionales y extranjeros.

LOS EXPROPIADOS

Aunque las grandes empresas agroexportadoras y minerales necesiten trabajadores ya no requieren vastos contingentes de ellos, ni tampoco generan unas relaciones salariales clásicas, sino que impulsan formas de vinculación laborales propias del esclavismo o del feudalismo. El empleo que generan las minas o las plantaciones de palma o de caña de azúcar es muy escaso y el grado de explotación de los trabajadores es bestial, sin ningún tipo de derechos laborales, e incluso sin contratación directa puesto que predomina el trabajo terciarizado por medio de cooperativas, con el objetivo de esconder al patrón. Un ejemplo de esta forma de vinculación laboral de tipo salarial, degradada al máximo, es el de los corteros del Valle del Cauca, que en el 2008 realizaron una heroica huelga.

Estos trabajadores de rasgos cetrinos, muchos de ellos descendientes de esclavos africanos, soportan interminables jornadas de 12 o más horas, laborando bajo pleno sol, sin un salario fijo porque se les paga de acuerdo a la cantidad de caña que sean capaces de cortar, cuyo peso es controlado por las basculas que pertenecen o las empresas contratistas o a los ingenios. Su jornada de trabajo discurre los siete días de la semana, con un solo día de descanso al mes. No tienen derecho a enfermarse porque, aparte de que no cuentan con servicio médico pago por la empresa sino que lo deben asumir por su cuenta, deben enviar un sustituto cuando se enferman y si no lo hacen son despedidos. La jornada diaria de trabajo se inicia a las seis de la mañana y se prolonga hasta cuando comienza la noche. Todo el día cortan caña a punta de machete. Se les paga por el volumen de caña cortada, por lo que reciben un salario variable, a destajo. Los organizadores de las cooperativas asociadas les dicen que ellos son a la vez patrones y trabajadores, en razón de lo cual todo lo que utilizan o necesitan (machetes, guantes, zapatos, ropa y protectores de tobillo) deben ser comprados por ellos mismos, con sus magros ingresos. Tampoco tienen subsidio de transporte, un gasto importante en su reducido presupuesto ya que representa hasta la séptima parte de sus salarios, porque supuestamente no son empleados sino patrones. Entre otras cosas, esta extraña condición de figurar como patronos de sí mismos les impide en términos legales que hagan huelgas. No tienen derecho a vacaciones ni a pago de horas extras [9].

En el caso de la caña como en los otros sectores de este tipo de agronegocios, si los trabajadores se atreven a protestar, a organizarse, afiliarse a un sindicato o hacer huelga, inmediatamente son amenazados, perseguidos y asesinados sus líderes y activistas más beligerantes.

LIQUIDACIÓN DE ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES

Otra característica de la acumulación por desposesión estriba en desarticular por todos los medios posibles, empezando por la violencia física directa, a todos aquellos sectores sociales de tipo popular que pudiesen oponerse al proyecto de consolidación del capitalismo agroindustrial de tipo exportador. En Colombia esto se expresa en el desangre que han sufrido las organizaciones sociales en los últimos 25 años por parte del Estado y de los grupos de sicarios que han sido organizados y financiados por diversas fracciones de las clases dominantes, en cabeza de las cuales sobresalen los ganaderos y latifundistas, en asocio con empresas multinacionales.

La violencia contemporánea que acompaña el despojo de la tierra y la naturaleza tiene un marcado carácter de clase. Se trata, en pocas palabras, de eliminar los incómodos obstáculos sociales que impidan la consolidación del modelo agroexportador, lo cual sigue en términos generales un mismo modus operandi: primero se limpia la tierra mediante el terror por parte de grupos de criminales contratados por el Estado y fracciones de las clases dominantes; luego, los políticos regionales diseñan la planeación estratégica para transformar esas regiones en lugares adecuados para la puesta en marcha de actividades económicas, que sólo pueden llevarse a cabo con la consolidación de los planes de pillaje, muerte y saqueo; en tercer lugar, ya con las tierras despejadas y con los planes empresariales se llama al capital extranjero para que invierta en el país, garantizándoles plena seguridad a las inversiones y brindándole, aparte de protección, todo tipo de gabelas, descuentos y regalos.

La implantación de cultivos como el banano, la palma aceitera, o de otros productos destinados a producir agrocombustibles (caña de azúcar) o la extracción de petróleo, minerales y oro viene acompañada de una dosis notable de violencia, como se evidencia con la gran cantidad de sindicalistas, dirigentes campesinos e indígenas que han sido asesinados. Las masacres, desplazamientos forzados, destrucción de sindicatos acompañan esta forma de acumulación de capital en Colombia en las últimas décadas. Eso no es algo excepcional o fortuito sino consustancial a este tipo de capitalismo gángsteril, como lo dice un estudioso de la explotación de palma: “El aceite o el biodiesel de Palma Africana tienen a la violencia como aditivo. En Indonesia, en África o en Colombia, la depredación ambiental, la represión a las comunidades indígenas y campesinas, y el antisindicalismo son algunas de las huellas de la identidad violenta del cultivo industrial de la Palma Africana” [10].

La implantación de la palma viene acompañada de la expulsión de los campesinos y por esa razón puede decirse que la palma aceitera Es el “NAPALM” del Plan Colombia: quemando la selva, quemando la gente y a todo derecho.” Y lo que queda después son “desiertos verdes, árboles en filas plantados como zanahorias, sin campesinos, con escasa mano de obra y la poca que genera mendiga por laberintos donde la esclavitud no encuentra salidas” [11]. Esta es la famosa Arabia Saudita del biodiesel que buscan los para empresarios y no están equivocados porque quieren transformar a este país en un desierto de palma, sin campesinos, regido por una monarquía oligárquica y corrupta como la de Arabia Saudita.

La palma es un negocio criminal de paramilitares y narcotraficantes, como se prueba con el hecho que 23 empresarios del sector en el 2003 invirtieron 34 millones de dólares. Esto fue posible mediante el desplazamiento de 5000 campesinos, la ocupación de 100 mil hectáreas que correspondían a territorios de comunidades afrodescendientes en el Choco. Esto fue respaldado por los sicarios privados, aliados con el ejército y burócratas del Ministerio de Agricultura, que concedieron generosos créditos y llamaron a la apropiación de la tierra para que “honestos empresarios hicieran patria” con su sacrificio y tesón. Como para que no quede duda esta operación, encaminada a impulsar el cultivo de palma, fue directamente comandada por los paramilitares Carlos y Vicente Castaño, que a su vez eran propietarios de Urapalma, una firma dedicada al negocio de producir y refinar aceite de palma. Uno de estos criminales, Vicente Castaño, recibió “2,8 millones de dólares de entidades como el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y el Banco Agrario”, y otras tres firmas de paramilitares recibieron más de 6,8 millones de dólares [12].

Otro tanto sucede con el banano que se ha sembrado en Colombia para la exportación, producto que desde la masacre de 1928 ha estado ligado a la violencia del capital imperialista. Y esta no es una evocación histórica sino actual, porque se han comprobado los nexos entre los grupos de criminales que mataron a miles de campesinos y trabajadores bananeros en varias zonas del país, especialmente en el Urabá antioqueño, hasta el punto que la Chiquita Brands fue condenada en un tribunal de los Estados Unidos a pagar una multa de 25 millones de dólares por estos crímenes. Eso si, sus ejecutivos no sufrieron ninguna condena por patrocinar y financiar a los criminales que le hacían el favor de matar a sus incómodos trabajadores que se organizaban en sindicatos y querían mejorar sus condiciones de trabajo y de vida. Tal ha sido la impunidad criminal que se enseñoreo en la zona bananera de Urabá que bien puede catalogarse como un “modelo” de imposición de los cultivos empresariales en nuestro país, ya que allí confluyen todos los elementos que hemos descrito: despojo de tierras, expulsión de campesinos y trabajadores, asesinatos, masacres, financiamiento de empresas nacionales y multinacionales a los grupos criminales, alianzas entre sicarios y militares, participación y complicidad del Estado, eliminación física de la base social de la insurgencia y los movimientos de izquierda, legitimación por parte de la gran prensa y de los políticos locales de los crímenes cometidos a nombre de la salvación de la patria y de la imposición del orden y la seguridad, premio a los criminales donde quiera que se encuentren o se desempeñen, patrocinio de políticos regionales a nivel nacional, hasta que uno de ellos alcanzó la presidencia de la República.

Ese modelo bananero es el mismo que se está aplicando con la palma aceitera y en la explotación minera, como buen ejemplo de los costos sociales y humanos de la producción primaria exportadora que beneficia al capital imperialista y a sus socios criollos. En pocas palabras, en el Urabá antioqueño se demostró que este país es una típica república bananera, aunque mejor sería llamarla una Para República Bananera.


--------------------------------------------------------------------------------

NOTAS:

[1] David Harvey, El nuevo imperialismo, Editorial Akal, Madrid, 2005, p. 119.

[2] Ver, PNUD, Colombia, Colombia rural. Razones para la esperanza. Resumen Ejecutivo, Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011, Bogotá, septiembre de 2011; Luis Fernando Gómez Marin, Concentración de la tierra y concentración de ayudas del Estado, en luisfernandogomezz.blogspot.com/.../la-desigualdad-en-la-propiedad ; Darío Fajardo, Reforma agraria y paz… o minería, en www.espaciocritico.com/?q=node/72

[3] Citado en Azalea Robles, “La Ley de Tierras de Santos. De las fosas comunes a la consolidación del gran capital”, Rebelión, octubre 18 del 2010.

[4] El primer capítulo de la ‘paraeconomía’, en www.espaciocritico.com/?q=node/72

[5] Carbón y sangre en las tierras de Jorge 40. en www.prensarural.org/spip/spip.php?article4803

[6] Fernando Castrillón Zapata, Efraín Jaramillo y Gregorio Mesa Cuadros, Colombia: La represa de Urrá y los Embera Katío del Alto Sinú. Una Historia de farsas y crímenes, en www.kaosenlared.net/noticia/colombia-represa-urra-embera-katio-alto-sinu-historia-farsas-crimenes

[7] MEDORO RESOURCES Ltda. se quiere tragar a Marmato, en www.pacificocolombia.org/.../ medoro - resources -ltda... marmato /77

[8] Desplazamiento: el desangre continua, en www.verdadabierta.com/index.php?option=com_content&id...

[9] Ricardo Aricapa, Las razones sociales y laborales que llevaron al paro a los corteros de caña, en www.rebanadasderealidad.com.ar/escuela-col-08-06.htm

[10] Gerardo Iglesias, “El agua y el aceite. Palma africana y derechos humanos”, en www.ecoportal.net Rel-UITA

[11] Ibíd.

[12] La palma africana negocio criminal de paramilitares y narcotraficantes, en www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/palma1.html

(*) Renán Vega Cantor es historiador. Profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, de Bogotá, Colombia. Autor y compilador de los libros Marx y el siglo XXI (2 volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 1998-1999; Gente muy Rebelde, (4 volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 2002; Neoliberalismo: mito y realidad; El Caos Planetario, Ediciones Herramienta, 1999; entre otros. Premio Libertador, Venezuela, 2008.

Este artículo fue publicado originalmente en papel en la "Revista Cepa", No. 14, febrero-junio de 2012.

CALPU. http://calpu.nuevaradio.org

Leer Más......

En defensa de la política

Pascual Serrano Rebelión

La lógica y legítima indignación que la crisis económica y las políticas antisociales que están aplicando los gobiernos está provocando un rechazo mayoritario de importantes sectores ciudadanos a los políticos y la política sin distinción. Creo que debemos advertir sobre lo peligroso de esta deriva: la política es la forma en que se abordan los problemas colectivos y los políticos son los legítimos representantes elegidos para afrontar esos problemas. Estigmatizar todo ello, sin hacer distinción es un principio básico del fascismo, el dictador Francisco Franco, cuando alguien de su entorno le intentaba transmitir alguna discusión o su disconformidad con alguna iniciativa le respondía cínicamente: “usted haga como yo, no se meta en política”. En las pasadas elecciones, dentro del movimiento del 15M y su entorno o fuera, observé actuaciones y posiciones muy preocupantes. En la manifestación del 15 de octubre convocada a nivel mundial comprobé cómo discurrió por una gran avenida comercial y cuando llegamos a la sede del gobierno autonómico los manifestantes comenzaron a gritar “aquí está la cueva de Alí Babá”. No tengo ningún interés en defender a los gobernantes que ocupaban ese edificio, pero me molestó que, mientras atravesábamos lujosas sedes bancarias o de multinacionales, a nadie le pareció oportuno gritar un eslogan similar, lo reservaron sólo para los políticos que habían pasado por las urnas. Todos los días recibo mensajes de correo indignados recordando que los diputados reciben un iPhone, un iPad, un despacho o un ordenador.

Probablemente hay privilegios de los políticos que debamos denunciar, por ejemplo un plan de pensiones sólo por haber ejercido una legislación, pero otras prestaciones son razonables y no debemos criminalizarlas. El diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón lo dejó claro de forma valiente y clara cuando tomó posesión de su cargo, dijo que necesita un teléfono para ejercer su trabajo y un ordenador al tiempo que renunciaba, como otros diputados, al plan de pensiones. No vi apenas reacciones de felicitaciones por parte de esos sectores que satanizan a los políticos.

Durante la última campaña electoral para las elecciones generales españolas otra movilización de protesta consistió en poner una nariz de payaso en las caras de todos los carteles electorales, fueran del partido que fueran, incluso los candidatos de partidos minoritarios o extraparlamentarios. Se trata de otra acción protofascista que le viene muy bien al poder económico: los ciudadanos críticos estigmatizan a todos los políticos y, mientras tanto, los sectores conservadores y adinerados eligen a unos gobernantes de derechas que aplicarán las políticas que impongan los mercados. El periódico de izquierdas italiano Il Manifesto ha hablado de “contrarrevolución que cultiva la semilla de la antipolítica y hace una limpieza étnica de las ideas”1. Basta observar que Silvio Berlusconi, cuando se ha visto derrotado políticamente, ha recibido de su comité estratégico la idea de trabajar sobre la propuesta de reivindicar la antipolítica como llave de volver al poder. “Así no vamos a ganar, el Partido de la Libertad, parece ya un partido viejo, hace falta un nuevo contenedor capaz de convocar la antipolítica”2, dijo Il Cavalieri.

Con motivo de la última reforma laboral, veo entre los manifestantes de la Puerta del Sol otro eslogan que dice “el próximo parado, un diputado”3. De nuevo todos los diputados en el mismo saco, si de poner en paro a los diputados se trata, los golpes de estado militar han sido históricamente muy eficaces para hacerlo.

Es indiscutible que muchos representantes, fundamentalmente los que gobiernan, son cómplices del saqueo de los recursos públicos, de las políticas de desmantelamiento del sector público, del recorte de prestaciones sociales fundamentales, de escandalosos casos de corrupción. Incluso podemos recordar que nada de lo negativo que está sucediendo en nuestra pérdida de derechos sociales y condiciones económicas podría haber sucedido sin la complicidad de los políticos gobernantes. Pero ni todos los políticos son iguales, ni todos los partidos tienen las mismas propuestas, ni se fundamentan en los mismos principios ideológicos. Basta recordar que el gobierno de España en los últimos treinta años lo han protagonizado sólo dos partidos. Existen muchas personas que están trabajando duro desde los partidos políticos minoritarios para cambiar las cosas, algunos tienen pocos representantes en el Congreso, otros ninguno. Se trata de representantes que no están robando, no se están haciendo ricos, quieren cambiar este modelo, hacerlo más social y más democrático. Trabajan mucho más que muchos ejecutivos empresariales y profesionales, ganan mucho menos, su compromiso político les supone muchos sacrificios familiares y profesionales, y su puesto de trabajo también es precario porque, a diferencia de otros, pasan por el veredicto de las urnas cada cuatro años. Yo creo que ellos necesitan un teléfono para trabajar, que no merecen una nariz de payaso y yo no los quiero “parados”. Su problema es que son pocos, la misión de quienes estamos indignados es que sean más.

Pascual Serrano es periodista. Su último libro es "Contra la neutralidad. Tras los pasos de John Reed, Ryzard Kapuścińsky, Edgar Snow, Rodolfo Walsh y Robert Capa" . Editorial Península. Barcelona

Www.pascualserrano.net

Leer Más......

domingo, 12 de febrero de 2012

Jóvenes venezolanos marchan en respaldo al proceso revolucionario


(PL) Miles de venezolanos celebran hoy el Día de la Juventud con un desfile cívico-militar en La Victoria, estado de Aragua, en respaldo al proceso revolucionario iniciado en 1999.

Desde diversos sectores del país, acuden al norteño territorio, donde hace 198 años el prócer de la independencia venezolana José Félix Ribas, al mando de estudiantes de colegios y seminarios que no vacilaron en suplir la escasez de soldados en la batalla de La Victoria, derrotó a los realistas.

Unos tres mil jóvenes están desde el viernes pasado reunidos en un campamento ubicado en el lugar de la conmemoración y con las actividades de hoy domingo, concluyen su homenaje a este hecho.

La viceministra del Ministerio de la Juventud, Andreína Tarazón, dijo que los jóvenes se concentraron en el campamento para debatir su papel en el proceso político que vive el país desde hace 13 años, así como aspectos del plan de la nación para el período 2013-2019.

Según la ministra de la Juventud, Maripili Hernández, se espera la asistencia del presidente, Hugo Chávez, al desfile y de esta forma se le hará entrega directamente de un documento en el cual formulan propuestas estratégicas para el mencionado Plan Nacional 2013-2019.

Leer Más......

viernes, 10 de febrero de 2012

Latinoamérica, contradicciones y oportunidades en materia de Comunicación

Fernando Buen Abad Domínguez Rebelión/Universidad de la Filosofía

Al considerar que aun no tenemos soberanía de agendas, es decir que no logramos dar lugar predominante a nuestros temas primordiales; al considerar que, en materia de tecnologías para la comunicación y la información, somos compradores dependientes y transferimos millonada anualmente para adquirir sus “máquinas; al considerar que en materia jurídica, pese a los avances relativos en algunos países, prima la anarquía, los vacíos legales, la impunidad y la falta de instituciones de gestión, control y defensa efectivos; al considerar que somos aun muy vulnerables políticamente debido a los efectos perniciosos de las guerras psicológicas con que nos atacan, permanentemente, las oligarquías; y al considerar, por último, que ni en materia de enseñanza ni en materia de investigación ni en materia de creatividad hemos dado el salto de calidad y de cantidad que nos demanda la realidad… no es mucho decir que nuestro atraso en materia de comunicación (que ya el Informe MacBride de 1980 denunciaba), paradójicamente en un mundo de muchos “avances” al respecto, es de, por lo menos, 70 años.

Más paradójico es nuestro rezago si contrastamos nuestras fuerzas y nuestras necesidades comunicacionales y sacamos cuentas sobre la cantidad de oportunidades que hemos desperdiciado. En primer lugar somos la mayoría, la inmensa mayoría. Los pueblos, hartos de manipulación mediática, que han sido víctimas de todo tipo de atrocidades, golpes de estado y magnicidios perpetrados también con armas de guerra ideológica burguesa, son una mayoría abrumadora ansiosa de emanciparse del cáncer mediático oligarca. En segundo lugar contamos con, al menos, cuatro generaciones de trabajadores de la comunicación que, en disciplinas diversas, han ganado experiencia y talento como para soportar el peso de una gran Revolución Comunicacional Emancipadora… pero nos falta el programa de unidad. En tercer lugar contamos con un clima creciente de claridad política que nos permite identificar, como nunca antes en el escenario de la lucha de clases, el peligro enorme que representa quedarnos desarticulados frente a la amenaza desbordada que el capitalismo significa en plena crisis depredadora y con sus usinas mediáticas activadas día y noche.

Hoy hay voluntad expresa, aunque inconclusa, de algunos gobiernos latinoamericanos dispuestos a dar paso en la emancipación de la Comunicación entendida como un bien colectivo indispensable para fortalecer el conjunto de las relaciones sociales en todas sus dimensiones y garantizar el desarrollo de la democracia, de la paz y del bienestar de la clase trabajadora. Y no sólo hay voluntad expresa, hay recursos humanos, tecnológicos, económicos, políticos y culturales suficientes para garantizar una Revolución Comunicacional Emancipadora… y sin embargo los mejores logros de los pueblos revolucionarios parecen quedar invisibilizados consuetudinariamente porque, con frecuencia, no sabemos cómo hacerlos visibles, cómo convertirlos en fuerza simbólica ascendente. Y el tiempo corre.

Algunos líderes desesperan en sincronía con la desesperación de los pueblos. Pero la desesperación, pos sí sola, nada resuelve. Es preciso poner manos a la obra con decisiones que superen la “buena voluntad” o las “intuiciones geniales”. Se requiere, entre mil cosas, un programa internacionalista que, de una vez por todas, establezca el rezago comunicacional latinoamericano como un problema de seguridad nacional y continental. Se requiere un programa científico capaz de incidir, por ejemplo, en las necesidades tecnologías específicas con un modelo de planificación que permita crecer, en los contenidos como en la infraestructura, sin pagar las sumas que se pagan por operar anárquicamente en el rubro compras, en el rubro capacitación, en el rubro legislación para obtener los resultados magros que hemos tenido.

Ahora mismo la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) ha abierto una oportunidad más para meter mano a raíz contra todos los rezagos comunicacionales que nos aquejan, nos debilitan y nos ponen en peligros ascendentes. No deberíamos desaprovecharla. Los niños latinoamericanos (y ninguno en todo el mundo) merecen la agresión psicológica reinante de la oligarquía mediática y su consumismo depredador. No merecen esos niños nuestra inmovilidad, que se vuelve cómplice, según se va el tiempo, como tampoco se merece ningún poblador de Nuestra América el baño monstruoso de mentiras, persecuciones, criminalizaciones y delitos absolutamente impunes que perpetran diariamente los monopolios mediáticos burgueses. No merecemos la hemorragia de dinero perpetrada obscenamente, y que desfila ante nuestras narices, para financiar farándulas, operaciones “informativas”, campañas publicitarias… y por colmo campañas políticas. No merecemos la mediocridad, la vulgaridad, la petulancia, la humillación, el sexismo, el racismo… que minuto a minuto destila, en sus medios de guerra psicológica, la ideología de la clase dominante. Y mucho menos merecemos la complacencia, la complicidad, el reformismo, el burocratismo, la dilación y en suma la impotencia de nuestras fuerzas para crecer y dar la gran batalla de las ideas, la gran batalla comunicacional, la gran batalla socialista llamada a saldar cuentas frente a uno de los rezagos más intolerables e inefables: El rezago comunicacional.

Leer Más......

La insensata omisión mediática del informe de la Liga Árabe sobre Siria

Shamine Narwani La Haine

El 19 de diciembre de 2011, la República Árabe Siria y la Liga Árabe firmaron un protocolo por el que se establecía una Misión de observación dirigida a resolver el conflicto en Siria y proteger a los civiles en el mismo.

Casi inmediatamente después, los que antes eran firmes defensores de esta “intervención” de la Liga Árabe en Siria desplegaban sus esfuerzos a fin de socavar los trabajos de la Misión.

Antes de firmar el acuerdo final, un funcionario de la Liga Árabe ya me había advertido de que algunos Estados miembros –Qatar en primer lugar– estaban presentando una serie de condiciones con vistas a impedir la participación del gobierno sirio. Pero una intensa diplomacia del último momento produjo un gran avance: la misión fue aprobada por las dos partes y los decepcionados saboteadores iniciaban una intensísima campaña de relaciones públicas, arrojando dudas sobre los participantes en la misión, las capacidades de la Liga Árabe y las conclusiones de la investigación.

Durante el último mes, hemos podido constatar como se lanzaban todo tipo de acusaciones descalificadoras contra el jefe de la misión, el teniente general sudanés Mohamed Ahmed Mustafa al-Dabi, ahora de repente acusado de crímenes de guerra. Asimismo, abundaban los rumores sobre observadores que habrían abandonado la misión debido a la “horrible” naturaleza de los ataques del gobierno sirio contra sus propios ciudadanos civiles. Las ONG internacionales y una retahíla de políticos occidentales incluso llegaron a manifestar su intención de “entrenar” a los observadores de la misión, sugiriendo implícitamente que los árabes carecen de capacidad de observación y negociación, o quizás peor, que a los observadores se les debe enseñar a ver el conflicto sirio a través de lentes externos.

Era difícil dudar de estos rumores por completo. La Liga Árabe, al final, se negó a hacer llegar el informe de los observadores a los medios de comunicación. Pero el informe de repente ha aparecido como anexo a la resolución de la ONU sobre Siria que está siendo objeto en la actualidad de acalorados debates en el Consejo de Seguridad [Ver informe en inglés: http://www.columbia.edu/~hauben/Report_of_Arab_League_Observer_Mission.pdf ]. Lo más desconcertante, sin embargo, es que pocos periodistas occidentales o árabes congregados en las Naciones Unidas esta semana están llamando la atención sobre este documento fundamental que proporciona un análisis de los acontecimientos que se debaten en las sesiones del Consejo.

Informe de la Misión: el bueno, el malo y el feo

El informe completo de la Liga Árabe, tal como se puede verificar aquí , se refiere en varias ocasiones a los intentos encaminados a frustrar la misión y sus actividades:

“ Desde que comenzó su labor, la Misión ha sido objeto de una campaña mediática feroz ... que aumentó en intensidad tras el despliegue de los observadores. Algunos medios de comunicación publicaron declaraciones infundadas atribuidas al Jefe de la Misión. También exageraron groseramente algunos acontecimientos ... Estos manipulados artículos de prensa contribuyeron a aumentar las tensiones en el seno de la población siria y a socavar el trabajo de los observadores. Se explotó a determinadas organizaciones de medios de comunicación con el fin de difamar a la Misión y su Jefe, y abocar así la Misión al fracaso.”

Los esfuerzos por difamar abiertamente la Misión –aparentemente desarrollados por los opositores al gobierno sirio– son extraños. El informe, aunque corto, está redactado con profesionalidad, es muy detallado y pone de relieve las dificultades inherentes a la cobertura de un conflicto tan reñido. También critica las acciones del gobierno sirio y sus deficiencias en el cumplimiento de los protocolos de protección de los civiles:

“ Al ser asignados a sus zonas de trabajo y comenzar su trabajo, los observadores fueron testigos de actos de violencia perpetrados por las fuerzas gubernamentales, así como un intercambio de disparos con elementos armados en Homs y Hama. Como resultado de la insistencia de la Misión en poner fin por completo a la violencia y retirar los vehículos y equipos del Ejército el enfrentamiento perdió virulencia.”

Sobre la cuestión crítica de los presos políticos, el informe señala lo siguiente: “El 19 de enero de 2012, el gobierno sirio anunció la liberación de 3.569 detenidos sujetos a procedimientos penales militares y civiles. La Misión comprobó que 1.669 de los detenidos habían sido ya puestos en libertad hasta ese momento. La Misión continúa el seguimiento de este asunto con el Gobierno y la oposición, haciendo hincapié del lado del Gobierno en que los detenidos deben ser liberados en presencia de observadores a fin de poder documentar el evento.” El informe confirma también que otros 3.843 detenidos fueron liberados antes de que el presidente sirio, Bashar Al-Assad, firmara un decreto de amnistía el 15 de enero. El gobierno afirma que el número es 4.035.”

Pero a continuación el informe se desvía drásticamente de la narrativa convencional sobre la naturaleza del conflicto sirio y observa lo siguiente: “La Misión ha podido determinar que existe una entidad armada que no se menciona en el protocolo.”

Aunque el informe atribuye este aspecto “al uso excesivo de la fuerza por las fuerzas del Gobierno de Siria en respuesta a las protestas”, también señala que “en algunas zonas, esta entidad armada reaccionó atacando a las fuerzas de seguridad y los ciudadanos sirios, haciendo que el Gobierno respondiera aún con más violencia.”

A continuación el informe proporciona varios ejemplos:

“ En Homs y Dera'a, la Misión observó que grupos armados cometían actos de violencia contra las fuerzas del Gobierno, con el resultado de muertos y heridos entre las filas de éstas. En determinadas situaciones, las fuerzas del Gobierno respondieron a los ataques contra su personal con la fuerza. Los observadores pudieron observar que algunos de los grupos armados utilizaban bengalas y proyectiles perforantes de blindaje.”

“ En Homs, Hama y Idlib, la Misión de Observación fue testigo de actos de violencia contra las fuerzas gubernamentales y los civiles que dieron como resultado varios muertos y heridos. Como ejemplos de esos actos figura el atentado contra un autobús civil, que mató a ocho personas e hiriendo a otras, entre ellos mujeres y niños, y el bombardeo de un tren que transportaba gasoil. En otro incidente en Homs, un autobús de la policía fue volado por los aires, matando a dos agentes de policía. Una tubería de combustible y algunos pequeños puentes también fueron bombardeados.”

Cobertura de los medios y acceso a Siria

Es también digna de mención la afirmación del informe de la Misión de que las noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre incidentes violentos en Siria son a menudo exageradas y no verificadas:

“ La Misión observó también que muchas partes informaban falsamente sobre explosiones o violencias que se habrían producido en varios lugares. Cuando los observadores visitaron estos lugares, se encontraron con que las noticias eran infundadas. La Misión también tomó nota de que, según sus equipos en el terreno, los medios de comunicación exageraban la naturaleza de los incidentes y el número de personas muertas en incidentes y protestas en algunas ciudades.”

El informe también aborda las críticas en el sentido de que el gobierno sirio restringe el acceso de los medios de comunicación tanto para su entrada en Siria como en los puntos calientes del país. Las quejas iban desde que los medios eran admitidos en el país por un período insuficiente de “cuatro días” hasta que el Gobierno les exigía engorrosos itinerarios de su destino y “permisos de operación”, e imponía “restricciones a la circulación”.

El informe proporciona una lista de nombres de los varios periodistas y organizaciones de medios que llegaron a Siria durante el mandato de la Misión y concluye: “El Gobierno facilitó acreditación a 147 medios de comunicación árabes y extranjeros. Unas 112 de estas organizaciones entraron en territorio sirio, uniéndose a las otras 90 organizaciones acreditadas que operan en Siria a través de sus corresponsales permanentes.”

Debo señalar que yo estuve en Siria recogiendo material para algunos artículos durante las investigaciones de la Misión y que no estoy en la lista. Mientras que mi visado lo tramitó un amigo mío no sirio, sé de otros periodistas que entraron en el país sin ningún incidente. Pasé mi tiempo allí entrevistando libremente a muchos grupos y personas de la oposición y en ningún momento fui acompañada por guardaespaldas del Gobierno ni mi trabajo fue monitoreado, al menos que yo sepa.

Menos afortunado fue Gilles Jacquier, el camarógrafo del canal France 2 que fue asesinado durante una visita a un barrio favorable al Gobierno en Homs. El gobierno francés ha intentado implicar públicamente al gobierno sirio en este asesinato, pero la Misión afirma que “las informaciones que la Misión ha recogido en Homs indican que el periodista francés fue muerto por fuego proyectiles de mortero de la oposición.”

Si la Misión se detiene los civiles perderán un elemento de protección en este conflicto, será más difícil conocer los hechos y la intermediación sobre el terreno en Siria será inexistente. El Informe también hace referencia a las polémicas declaraciones hechas por varios observadores que abandonaron sus posiciones y criticaron públicamente la Misión. Probablemente la más llamativa de estas declaraciones es la del argelino Anwar Malek, quien afirmó públicamente en Al Jazeera: “Lo que vi fue un desastre humanitario ... el régimen no sólo está cometiendo un crimen de guerra, sino una serie de crímenes contra su pueblo Los francotiradores están en todas partes, disparando a los civiles. La gente está siendo secuestrado. Los presos están siendo torturados y ninguno ha sido puesto en libertad.” La Liga Árabe emitió un escueto comunicado de respuesta, afirmando que las manifestaciones de Malek “no tienen la más mínima relación con la verdad” y afirmando en cambio, que “desde que fue asignado al equipo de Homs, Malek no salió del hotel en seis días y no tampoco se trasladó con el resto del equipo sobre el terreno con la excusa de que estaba enfermo.”

En el informe se expone también lo siguiente: “Algunos observadores se desentendieron de sus funciones y rompieron el juramento que habían hecho. Se pusieron en contacto con funcionarios de sus países y les transmitieron resúmenes exagerados de los acontecimientos. Como consecuencia, dichos funcionarios se formaron una imagen sombría y sin fundamento de la situación. “

¿Éxito o fracaso de la Misión?

El informe concluye con cierto pesimismo: debido a unas primeras dificultades logísticas y de otro tipo, la Misión en realidad estuvo operativa solamente durante 23 días de los 30 de su mandato. Para completar su mandato, es preciso mejorar el transporte, los equipos de comunicación y, lo más importante, el necesario “apoyo político y de los medios de comunicación.”

En una nota positiva, la Misión destaca que el gobierno sirio “se esforzó por contribuir al éxito de su tarea y eliminar los obstáculos que se interponían en su camino. El Gobierno también facilitó las reuniones con todas las partes. No se impusieron restricciones de circulación a la Misión ni obstáculos para entrevistar a ciudadanos sirios, tanto entre los opuestos al Gobierno como con los leales a éste.”

Con carácter más crítico, sin embargo, el informe recomienda un cambio en el mandato del Protocolo, a saber, el “compromiso de todas las partes para que cesen todos los actos de violencia.” Esto, por primera vez, introduce la noción de que el gobierno sirio puede no ser el único responsable de las numerosas bajas civiles que barajan los medios. Y otro punto importante: los soldados regulares representan aproximadamente 2.000 de las muertes violentas en el país desde marzo de 2011.

Sin embargo, los observadores advierten: “Recientemente, ha habido incidentes que podrían ampliar la brecha y aumentar el resentimiento entre las partes. Estos incidentes pueden tener consecuencias graves y conducir a la pérdida de vidas y bienes. Estos incidentes incluyen el bombardeo de edificios, trenes que transportan combustible, vehículos de transporte de gasoil y explosiones dirigidas a la policía, los miembros de los medios de comunicación y los oleoductos. Algunos de esos ataques han sido llevados a cabo por el Ejército Sirio Libre y otros grupos armados de oposición.”

Los ciudadanos sirios con los que se reunieron, algunos de los cuales sufren de “tensión extrema, opresión e injusticia”, estiman que “la crisis debe resolverse pacíficamente a través de la mediación árabe, únicamente, y sin intervención internacional. Ello les permitiría vivir en paz y completar el proceso de reformas, y lograr el cambio que desean.”

Se trata de una narrativa ausente por completo en la cobertura que los principales medios de comunicación hacen de la crisis en Siria. Con tres aspectos destacables: la complicidad de grupos armados en la escalada de violencia iniciada por el gobierno sirio, el cumplimiento del gobierno en lo que se refiere a las demandas del protocolo de la Liga Árabe y el rechazo por parte de los ciudadanos comunes a la internacionalización y militarización del conflicto.

Lean el informe de la misión y saquen sus propias conclusiones. Pero admitan que posiblemente lo peor que puede hacerse en esta coyuntura crítica es suspender las investigaciones e intervención de la Misión de la Liga Árabe. Si la Misión se detiene, se perderá una protección de los civiles en este conflicto, será difícil conocer los hechos y los intermediarios sobre el terreno en Siria serán inexistentes. La violencia se ha intensificado desde que la Misión salió del país para presentar su informe. Volver a traerla al teatro de los hechos es indiscutiblemente el mejor curso de acción, especialmente por cuanto, a lo que parece, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está hoy en un callejón sin salida.

* Sharmine Narwani es escritora y analista política especialista en Oriente Próximo


--------------------------------------------------------------------------------

Enlaces

[1] http://english.al-akhbar.com/content/foolishly-ignoring-arab-league-report-syria
[2] http://english.al-akhbar.com/content/dubious-dealings-syria-and-arab-league
[3] http://www.innercitypress.com/LASomSyria.pdf
[4] http://english.al-akhbar.com/content/syrian-snapshot-i-view-capital
[5] http://www.innercitypress.com/LASomSyria.pdf
[6] https://twitter.com/@snarwani

CASMII. Traducción para Rebelión por S. Seguí

Leer Más......

La USAID en Bolivia

José Steinsleger La Jornada

La notable entrevista con el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera (Luis Hernández Navarro, La Jornada, 7/2/12), sacudió al yermo escenario político de México y llenó de enseñanzas a las conciencias del país que reconocen su identidad nacional en la única América posible: la triétnica, la insurgente.

En la misma edición, Luis publicó un sentido homenaje a quien fue látigo del México envilecido y entreguista, y brújula del digno y combativo: el insobornable Luis Javier Garrido.

García Linera habló en nombre del presidente Evo Morales, gran tlatoani que tuvo el coraje de expulsar al embajador de Washington Philip Goldberg, a la oficina antidrogas de ese país (DEA, por sus siglas en inglés) por conspiración y narcotráfico, y a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) por el desvío fondos multimillonarios hacia los grupos separatistas que buscan la desestabilización del país andino-amazónico.

Para el vicepresidente de Bolivia, la USAID es una entidad racista, de derecha e imperialista (19/6/10), y para el presidente una agencia de penetración ideológica-política en organizaciones sociales que buscan consolidar intereses específicos del imperialismo en territorio nacional (23/6/10).

Pese a ello, ninguna de esas fuerzas del neocolonialismo imperial ha dejado de operar. Según los alcaldes del departamento amazónico de Pando, la USAID y sus agentes violan leyes financieras y están involucradas en el lavado de dinero.

Añaden: Decenas de organismos no gubernamentales, colonizadas y colonizadoras, operan en nuestros territorios y varios millones de dólares circulan clandestinamente por las comunidades.

¿Es muy probable (como relativizó un chamán de los movimientos sociales), o la USAID categóricamente alienta por la izquierda a ciertos movimientos que se oponen a proyectos del gobierno boliviano?

Juan Ramón Quintana, ex ministro de Evo, aseguró que la caminata de un millar de indígenas amazónicos que en 2011 recorrió 600 kilómetros con rumbo a La Paz, en protesta por el trazado de una ruta que divide en dos una reserva ecológica, fue financiada por la USAID.

William Mozdzierz, el encargado de negocios de la embajada estadunidense, negó la acusación, al tiempo de reconocer que sus funcionarios recababan información directa de los movimientos sociales (Afp y Dpa, 25/8/11).

Documentos desclasificados del gobierno yanqui prueban que la USAID fomenta conflictos entre partidarios del desarrollo (¿extractivistas?) y defensores del medio ambiente (imperialismo verde).

Legítimas (o no), las demandas de ambos grupos se dirimen en territorios ricos en petróleo como los del Parque Nacional Aguaragüe, donde Petróleos de Venezuela (PDVSA, asociada a la boliviana Petroandina) invirtió 115 millones de dólares de un total de 888 millones en la búsqueda de nuevos campos de gas y petróleo.

Las riquezas de Aguaragüe representan, casualmente, 90 por ciento de las exportaciones de gas y constituyen una fuente vital de fondos que el gobierno utiliza para encarar la pobreza y desarrollar la economía del país (Federico Fuentes, Bolivia Rising, septiembre 2011).

Por otro lado, ningún boliviano ignora que Mark Feierstein, el director de USAID para América Latina y el Caribe, fue uno de los asesores electorales del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, prófugo de la justicia por una masacre de campesinos.

Empresas contratistas de USAID en Bolivia, como Casals & Associates Inc (asociada a la llamada Oficina para las Iniciativas hacia una Transición (¿?, OTI), cuentan con clientes como Radio Martí, Voz de las Américas y Worldnet Televisión (Televisión Martí).

Durante tres años (2004-07), Casals repartió 18.8 millones de dólares a más de 450 organizaciones bolivianas que trabajaron en las iniciativas de la Asamblea Constituyente, el fomento del separatismo en Santa Cruz y Cochabamba, y algunas comunidades indígenas que, por equis causa, mantienen sus diferencias con el gobierno.

En un artículo de la revista cubana Entorno (julio 2007), Néstor García Iturbe anticipó que la estrategia de Washington en Bolivia se encaminaba a dividir las fuerzas revolucionarias, aplicando la política de regresión que tuvo éxitos en tiempos de Ronald Reagan: poner de manifiesto la ingobernabilidad del país, para instaurar la intervención humanitaria de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

El objetivo principal de este plan apuntaría a la eliminación de la coalición de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA). García Iturbe precisa: Cada gobierno que caiga será un golpe contra Cuba, sus relaciones internacionales, sus posibilidades de desarrollo económico y el bienestar de su pueblo.

En enero pasado, el senador Isaac Ávalos manifestó sentirse molesto porque la USAID continúa conspirando en Bolivia. Ávalos denunció la formación de una bancada de seis diputados indígenas liderados por Pedro Nuni y dos legisladores de la oposición, que se desmarcarían del Movimiento al Socialismo, la coalición de partidos y movimientos que respaldan a Evo Morales.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2012/02/08/index.php?section=opinion&article=023a1pol


Leer Más......

Siria: La industria de la mentira a toda máquina después de la retirada de los observadores

Red Voltaire

Los órganos de comunicación de los partidarios de la guerra anuncian en coro, este 4 de febrero de 2012, más de 200 muertos en Homs, una ciudad «desangrada», niños torturados y bombardeos «incesantes». Según nos dicen, estamos ante la «más aterradora masacre» registrada desde el comienzo de la «revuelta». Espontáneamente, varios ataques se han producido durante la noche contra las embajadas de Siria en Washington, El Cairo, Kuwait y Londres.

En realidad, después de un breve periodo de calma, la maquinaria comunicacional del Imperio se puso nuevamente en marcha para redoblar la presión sobre el Consejo de Seguridad de la ONU y la opinión pública. Los partidarios de la intervención contra Siria se han dado cuenta de que cometieron un error al enviar una misión de observación in situ.

Los 160 observadores de los 22 países miembros de la Liga Árabe comprobaron la diferencia existente entre la versión de los hechos que defienden los occidentales y la realidad en el lugar de los hechos. Así que la presidencia de la Liga Árabe decidió enterrar el informe de sus propios observadores, informe que ni siquiera ha sido presentado al Consejo de Seguridad de la ONU, a pesar de que se suponía que las nuevas discusiones sobre la cuestión siria debían basarse precisamente en ese documento. El problema es que el contenido del informe contradice varios aspectos de la versión atlantista, y las reglas de la propaganda de guerra determinan que hay que acallar todas las voces que no coincidan con el punto de vista que se pretende imponer.

Y como se niegan a confirmar el guión de la OTAN sobre los hechos en Siria, los observadores se convierten ahora en incómodos testigos. Aunque el Comité ministerial ad hoc de la Liga Árabe decidió por mayoría (4 votos a favor y 1 en contra, el de Qatar) prolongar la misión de observación, los observadores se ven obligados a salir de Siria por razones de «seguridad» luego de que los países del Golfo decidieran retirar a sus observadores y Arabia Saudita difundiese un llamamiento del jeque Al-Aroor a asesinar a los miembros de dicha misión.

El jeque Adnan Al-Aroor, presentado hoy como un musulmán radical, es un ex oficial sirio que en los años 1970 fue arrestado y condenado por violar a varios reclutas que estaban bajo sus órdenes.

Ya refugiado en Arabia Saudita, este individuo creó su propia secta y se ha convertido en uno de los principales predicadores takfiristas y gurú de la oposición anti al-Assad.

Y ahora que Siria se convierte de nuevo en la única voz en posición de desmentir la versión occidental de los hechos, la industria de la mentira montada para llevar adelante esta operación vuelve a ponerse en marcha. Y de nuevo la única fuente que admiten Occidente y los países del Golfo es el autoproclamado Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, con sede en Londres y bajo la dirección de la Hermandad Musulmana.

Aunque que no se presentan pruebas de autenticidad, unas cuantas imágenes borrosas y la yuxtaposición de videos de manifestaciones y de explosiones con testimonios no identificados son más que suficiente para que cientos de medios de prensa se hagan eco de la «información» y la divulguen por todo el mundo, sin tomarse el trabajo de verificarla.

Los rusos y los chinos, presentados como cínicos defensores de mezquinos intereses, son en realidad los únicos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que dan más importancia a los hechos que a la propaganda y que tratan de que el derecho internacional prevalezca ante la mentira.

Leer Más......

  ©Template by Dicas Blogger.