Estados Unidos: Estudiantes y activistas protestan presencia de Uribe en Universidad de Georgetown

AVN.- Activistas de Estados Unidos (EEUU) se reunirán este miércoles en Washington para iniciar una campaña denominada Adiós, Uribe, en alusión al ex presidente de Colombia, quien próximamente dictará clases en la Universidad de Georgetown.

Los organizadores llevarán a cabo actividades para informar a la comunidad las acusaciones por violaciones a los derechos humanos que tiene el ex mandatario.

Los activistas se congregarán frente al edificio ICC, junto al Red Square, donde participará Mark Lance, docente de la Universidad de Georgetown.

Desde que se anunció la presencia de Álvaro Uribe en el centro de estudios, cientos de estudiantes han manifestado, vía Internet, su malestar.

Se espera que esta semana el ex presidente colombiano comience a dictar clases, pero las autoridades hasta ahora mantuvieron el hermetismo sobre esta posibilidad.

Al anunciar la presencia de Uribe, el único que declaró que es un “gran honor” la participación del ex mandatario fue el director de la institución, Johm De Gioia.

Desde hace varias semanas, organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos realizan reuniones para discutir futuras protestas contra el ex gobernante.

Entre las agrupaciones que rechazan la presencia de Uribe destacan la Fundación Testigos para la Paz y Dorothy Day Worker Foundation.

A Uribe también le cuestionaron su política a favor de la instalación de tropas norteamericanas en bases militares del territorio colombiano.

El ex mandatario fue denunciado ante el Congreso colombiano por la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar), que lo acusa de traidor a la patria por haber puesto en riesgo la seguridad y la soberanía nacional, al firmar el año pasado el convenio militar con el Gobierno estadounidense.

Por su parte, la central de trabajadores estadounidense AFL-CIO se opuso a la firma de un Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, debido a la falta de protección del Estado colombiano hacia los movimientos sindicales.

La Universidad Georgetown fue fundada en 1789 y es el más antiguo centro de estudios católico y jesuita en la nación del norte.

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Artistas se pronuncian sobre la situación Colombo-Venezolana

Frente de Creadores Militantes-Venezuela

Nosotras y nosotros, cultores y cultoras de nuestro pueblo, fieles a las gigantes ideas de nuestro Padre Libertador Simón Bolívar apoyamos activamente las últimas decisiones del Comandante Hugo Chávez, de romper relaciones con el Gobierno Narco-paramilitar del genocida Álvaro Uribe Vélez y las alertas continuas que nos ha brindado.

El imperialismo norteamericano, en el desarrollo de sus políticas fascistas, busca generar una guerra entre dos pueblos hermanos, basándose en denuncias falsas y pruebas casi cantinfléricas (con todo el respeto a Cantinflas) según las cuales, grupos guerrilleros se encuentran en territorio venezolano. La duda sería, cómo el Estado colombiano sabe que dichos grupos guerrilleros se encuentran en Venezuela y no ha sido capaz de detectarlos en su mismo territorio…

Pero más allá de estas excusas ridículas se esconde el interés desesperado del derrocamiento del Gobierno bolivariano y de todo el proyecto de liberación latinoamericana. Se esconde las terribles razones de la guerra colombiana y sus orígenes. Se esconden las masacres del Estado colombiano en contra de su pueblo. Se esconde el genocidio reciente de la Macarena, en Colombia. Se esconde el paramilitarismo y el narcotráfico que controla todos los espacios del Estado colombiano. Se esconde la pobreza, persecución y asesinato en el cual vive diariamente nuestro hermoso pueblo colombiano.

Queremos reiterar nuestra solidaria hermandad con el pueblo colombiano, especialmente con todos sus artistas, cultores y cultoras, poetas y poetizas, pintores y pintoras, cantores y cantoras, creadores y creadoras en general, que desde todas las trincheras defienden la vida, el derecho de vivir en paz, el derecho de respirar felices, el derecho que de sus niños y niñas jueguen con la tranquilidad de no ser maltratados, de los indígenas que desean estar en la armonía de sus espíritus, de los campesinos que sueñan con amar la tierra sin que lo sigan explotando latifundistas , y con todos los hijos e hijas de Simón Bolívar que luchan diariamente en contra de la hegemonía indigna y rastrera del santanderismo.

Defenderemos nuestra soberanía con la firmeza que nos da nuestras ideas y con la valentía que nos da la razón, con nuestras guitarras, cuatros, voces, pinceles, cinceles, lápices, colores y de ser necesario con los fusiles de nuestra dignidad, contra el imperialismo y el fascismo santanderista que nos amenaza; igual que lo hicimos en el siglo XIX, bajo el liderazgo del Padre Bolívar y su tropa de campesinos, indígenas, negros libertarios y estudiantes.
Hacemos un llamado a todas nuestras organizaciones hermanas, amigos y amigas, compañeros y compañeras de lucha de esta Patria Grande, a la solidaridad y movilización activa para detener la intención imperialista de iniciar una agresión armada contra Venezuela y su Revolución.

Seguimos cantando: ¡Ven amigo colombiano, vamos juntos a luchar, por segunda independencia, vamos juntos a luchar. El Orinoco y el Magdalena se abrazarán, entre canciones de selvas y tus niños y mis niños le cantarán a la Paz!

¡El Fascismo no pasará!
Por la Vida y el Socialismo seguimos luchando
“Hemos reincidido en la esperanza”

Frente de Creadores Militantes

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Uribe: función de despedida

Atilio A. Boron Rebelión

Incondicional peón del imperio, Álvaro Uribe se despide de la presidencia de Colombia con una nueva provocación: la denuncia de la existencia de campamentos de las FARC en territorio venezolano. Ni lerdo ni perezoso el Departamento de Estado salió a respaldar sin reservas la acusación formulada por Bogotá en la OEA, alentado por la supuesta “contundencia” de las pruebas presentadas por Uribe que denuncian al gobierno de Hugo Chávez por permitir la instalación de campamentos de la FARC y la realización de diversos programas de entrenamiento militar de unos 1.500 efectivos de la guerrilla en territorio venezolano. El vocero del Departamento de Estado, Philip Crowley, declaró con singular insolencia que “Venezuela ha mostrado una conducta desafortunada e insolente” con su vecino y amenazó que si ese país “no coopera, Estados Unidos y los demás países obviamente lo tomarán en cuenta". Hay que recordar que desde 2006 Estados Unidos incluye a Venezuela en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. En la misma línea se manifestó el Subsecretario Adjunto para América Latina, Arturo Valenzuela, declarando que la denuncia hecha por Uribe era “muy seria”. Ambas declaraciones arrojan espesas sombras de dudas sobre las capacidades intelectuales de ambos funcionarios y, lo que es aún más grave, alimentan la sospecha de que por su afición a la mentira la calidad moral de ambos no parece ser demasiado diferente de la de Álvaro Uribe.

Es evidente que para los administradores imperiales cualquier cosa que convenga a sus intereses tratan de hacerla aparecer ante los ojos de la opinión pública como “seria y contundente”. Y son esos intereses los que movieron a la Casa Blanca a pedirle una última “prueba de amor” al gobernante colombiano pocos días antes de abandonar la presidencia. Como es de público conocimiento, el prontuario que la DEA, la CIA y el FBI han venido construyendo sobre Uribe por sus íntimas y prolongadas vinculaciones con los narcos no le permite al mandatario colombiano desobedecer ninguna orden originada en Washington, so pena de correr la misma suerte que el ex presidente panameño Manuel A. Noriega y terminar sus días en una cárcel de máxima seguridad de los Estados Unidos.1 La disparatada denuncia de Uribe, un inveterado mentiroso, viene de perlas para impulsar la desestabilización que Washington quiere producir en vísperas de las cruciales elecciones venezolanas programadas para el 26 de septiembre y, a la vez, legitimar el impresionante programa de militarización que está imponiendo en América Latina, una de cuyas mayores expresiones ha sido la firma del tratado Obama-Uribe mediante el cual el país sudamericano cede al menos siete bases militares para uso de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Por eso los personeros del gobierno norteamericano simulan que consideran “serias y contundentes” las pruebas que respaldan la denuncia de Uribe, sabiendo que no tienen asidero alguno y que son puro palabrerío y montajes fotográficos. Pero las mentiras son parte del discurso oficial de Estados Unidos, elementos imprescindibles para rodear con un halo de legitimidad los designios del imperialismo norteamericano, y esto por varias razones.

Mentiras porque, en primer lugar, si las FARC controlan cerca del 30 % del territorio nacional (cosa que es archisabida en Colombia) no se entiende que sentido puede tener distraer nada menos que 1.500 hombres del teatro de operaciones, enviar a sus jefes a vacacionar en Venezuela y organizar 85 campamentos guerrilleros en el vecino país. Si hay un político que miente sistemáticamente en nuestra región -¡y hay muchos!- Uribe se lleva las palmas: es en la propia Colombia donde la crisis y putrefacción del estado oligárquico permite que amplias franjas de su territorio, especialmente en las zonas selváticas, estén contraladas por la guerrilla, los narcos y los paramilitares. Diversas autoridades ecuatorianas comentaron luego del ataque que las fuerzas colombianas realizaron en su territorio que Ecuador no limita al norte con Colombia sino con una tierra de nadie controlada por las organizaciones descritas más arriba. Con una necedad sin límites Uribe acusa a sus vecinos de no hacer lo que él ha dado sobradas muestras de ser incapaz de hacer: controlar su propio territorio. Cerrando los ojos ante esta realidad, Estados Unidos se monta sobre esta falaz denuncia para, desde allí, acosar al gobierno bolivariano por su falta de colaboración en la lucha contra el narcotráfico, ocultando ante la opinión pública -¡con la complicidad de la “prensa libre”, por supuesto!- el molesto hecho de que el mayor exportador mundial de cocaína (y también de narcotraficantes) es la Colombia militarizada por Uribe y devenida gracias a su invalorable colaboración en un protectorado norteamericano. Ante semejante cuadro de descomposición política, denunciar que las FARC se instalan en Venezuela -¡y para colmo con el aval y la complicidad del gobierno de Hugo Chávez!- no pasa de ser una vulgar engañifa al servicio del imperio ; una acusación que carece por completo de entidad como para ser tomada mínimamente en serio. Es la calumnia que descerraja un personaje completamente inescrupuloso como Uribe. 2

En segundo lugar, ¿cómo olvidar que Uribe fue el hombre que mintió alevosamente cuando sus fuerzas, apoyadas por las de Estados Unidos, incursionaron en territorio ecuatoriano aduciendo que iban en persecución de una columna de las FARC? Las pruebas demostraron que los guerrilleros a los que supuestamente se perseguía luego de un enfrentamiento ocurrido en territorio colombiano estaban durmiendo -vestidos inclusive con pijamas- al momento de producirse el ataque y que, en consecuencia lo que tuvo lugar en Santa Rosa de Sucumbíos no fue un combate sino lisa y llanamente una masacre indiscriminada. Esta operación, realizada poco después de la medianoche del 1º de marzo del 2008, fue realizada con el apoyo logístico y material de los efectivos norteamericanos estacionados en la base de Manta, los únicos que disponían de la tecnología necesaria y de aviones capaces de efectuar un bombardeo de asombrosa precisión en plena selva y en medio de la más absoluta oscuridad. Una muestra más de la enfermiza afición de Uribe por la mentira fue la historia montada en torno a la famosa laptop de Raúl Reyes, que en un prodigio tecnológico sin precedentes sobrevivió indemne a un bombardeo que destruyó todo lo que había a su paso y cuyo disco rígido habría entregado valiosísima información sobre los profusos contactos de Reyes y las FARC con todos los enemigos de Uribe y Estados Unidos.3

Tercero, ¿cómo se le puede creer a un hombre que desde la presidencia de Colombia convalidó la acción de los paramilitares y del terrorismo de estado? El 16 de febrero de este año la unidad de “Justicia y Paz” de la Fiscalía colombiana publicó un informe en el que se revela que algo más de 4.000 paramilitares de las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, aseguraron haber perpetrado 30.470 asesinatos en el período comprendido desde mediados de los ochenta hasta su “desmovilización” en 2003-2006. No sólo eso: la Fiscalía recibió además declaraciones de los paramilitares dando cuenta de 1.085 masacres, 1.437 reclutamientos de menores, 2.520 desapariciones forzadas, 2. 326 desplazamientos forzados y 1.642 extorsiones, además de 1.033 secuestros. Pese a este luctuoso record Uribe es considerado por sus mandantes en Washington como un campeón en la lucha por los derechos humanos.4 En relación a esto, si el ansiado TLC entre Colombia y Estados Unidos no ha sido todavía ratificado por el Congreso norteamericano es porque, tal como lo señala el conservador periódico colombiano El Tiempo, tan sólo en el año 2009 los paracos y las “fuerzas de seguridad” asesinaron a 40 sindicalistas, convirtiendo a Colombia en el país más peligroso del mundo para ese tipo de actividad. Sobre un total de 76 dirigentes gremiales asesinados en todo el mundo, el 52 % de esos crímenes se perpetraron en un país al que Estados Unidos considera un ejemplar paradigma de la lucha por los derechos humanos y el combate al terrorismo. La Central Única de Trabajadores de Colombia informó pocos meses atrás que desde 1986, año de su creación, 2.721 activistas y dirigentes de esa organización fueron asesinados por las “fuerzas de seguridad.” 5 Pese a ello, las credenciales democráticas de Colombia jamás fueron puestas en duda por Washington.6

Cuarto, el denunciante es nada menos que el responsable intelectual y político de la masacre serial conocida con el nombre de “falsos positivos.” Tal como lo señalan distintas notas publicadas en Colombia por el Observatorio Latinoamericano, Cronicón, durante estos tres últimos años de gobierno de Uribe el balance es funesto. Se comprobó que el ejército, ante el acoso del gobierno para que mostrara resultados concretos en la lucha contra la guerrilla, diseñó y ejecutó un plan criminal: recorrer las comunidades y aldeas más pobres del país ofreciendo trabajo a la enorme masa de desocupados y reclutando a un elevado número de indigentes, campesinos indefensos y jóvenes marginados, que luego eran asesinados a sangre fría y hacer pasar sus cadáveres como pertenecientes a guerrilleros ejecutados en combate para cobrar la recompensa establecida por el gobierno u obtener estímulos o ascensos en su carrera militar. Según estimaciones muy conservadoras, estos crímenes de Estado, perpetrados cuando el futuro presidente de Colombia, Juan M. Santos era Ministro de Defensa, superan los mil setecientos casos.7 Otra faceta de esta criminal política mal llamada de seguridad democrática la brinda el hallazgo, dado a conocer el 16 de febrero del 2010, “de la mayor fosa común de la historia contemporánea del continente americano, horrendo descubrimiento que ha sido casi totalmente invisibilizado” por los principales medios de comunicación de masas en Colombia y en el mundo. "La fosa común contiene los restos de al menos 2.000 personas, está en La Macarena, departamento del Meta…(y fue descubierta ) gracias a la perseverancia de los familiares de desaparecidos y a la visita de una delegación de sindicalistas y parlamentarios británicos que investigaba la situación de derechos humanos en Colombia, en diciembre 2009."8 Cabe añadir que esa zona había sido objeto de preferente atención por parte de las fuerzas armadas colombianas desde el 2005, con los nefastos resultados recientemente revelados.

Como ocurrió con todos los terrorismos de estado que asolaron la región en los años setentas del pasado siglo, los crímenes de lesa humanidad cometidos por sus perpetradores tenían también un trasfondo económico. En el caso de la Colombia de Uribe, con su comparsa de sanguinarios esperpentos, entre las corruptas fuerzas armadas, los paramilitares y el narco se repartieron millones de hectáreas que en su desesperado éxodo dejaban tras de sí los campesinos desplazados por los bombardeos y masacres indiscriminadas a que estaban sometidos. Tal como lo expusiera Jomary Orteon Osorio, del Colectivo de Abogados de Colombia, en la conferencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU reunida en Ginebra a comienzos de mayo de este año, la cifra de los campesinos desplazados ascendería a 4.500.000 y sus tierras fueron luego transferidas, con gran provecho para los encargados de desalojarlos, a los terratenientes y el agronegocios, auspiciantes y cofinanciadores del paramilitarismo. En esa misma conferencia se estableció que pese a los “éxitos” del gobierno de Uribe el número de desplazados sigue creciendo a razón de 150.000 personas por año. El Ministro de Planeación de Colombia, Esteban Piedrahita Uribe, jefe de la delegación colombiana en esta conferencia, no desmintió las alegaciones antes formuladas y se limitó a decir que "hemos confiscado 2.000.000 de hectáreas a grupos criminales que se apropiaran ilegalmente de esas tierras y ahora la justicia va a decidir la devolución a sus verdaderos propietarios."9 En todo caso, hay que subrayar que el cálculo del número de hectáreas expropiadas en esta salvaje reedición del proceso de acumulación originaria que Marx describiera en su célebre capítulo 24 del primer tomo de El Capital está sujeto a fuertes controversias. Hay quienes sostienen que el número de hectáreas así transferidas asciende a 6 millones pero hay otros que fijan esa cifra en torno a los 10 millones. En todo caso, cualquiera que sea el número que finalmente se establezca más allá de toda duda, lo cierto es que la política de seguridad democrática si hay algo que efectivamente aseguró: la expropiación de la masa campesina y la apropiación de las mismas por el capitalismo agrario.10

Este es el hombre que hoy levanta su dedo acusador contra la revolución bolivariana. Es evidente que lo suyo es una maniobra más, dictada por los estrategas del imperio, para acosar al gobierno de Hugo Chávez y para legitimar la política del hard power (poder duro) a la cual parece haberse vuelto más afecto Obama que su ignominioso predecesor, pese a que en las declaraciones oficiales y en los escritos de algunos analistas cercanos a la Casa Blanca, como Joseph Nye, se hable con insistencia de las ventajas del soft power (poder blando, o la diplomacia tradicional) o el smart power (el poder inteligente, de la nueva diplomacia) sobre la brutalidad y elevado costo del primero. Sin embargo, el imperio insiste en el poder duro de su impresionante dispositivo militar: por eso las bases en Colombia; en Aruba y Curazao, a pocos kilómetros del litoral marítimo venezolano; las que se encuentran en El Salvador y en Honduras y, ahora, la autorización para introducir nada menos que 7.000 marines y toda clase de armamento, además de portaviones, helicópteros, buques anfibios, aviones de última generación, en la vecina Costa Rica. Por eso también la Cuarta Flota. El gobierno de Uribe cumple así un servicio de extraordinaria importancia para facilitar los planes destituyentes del imperialismo: incapaz de proteger su frontera de 586 kilómetros con Ecuador, a la que destina apenas 8 minúsculos destacamentos militares, y mucho más incapaz todavía de hacer lo propio en los 2.216 kilómetros que tiene la frontera colombo-venezolana, convertida en una zona liberada para narcos y paracos, trata por todos los medios de crear las condiciones que justifiquen la intervención militar norteamericana en América del Sur; en lo inmediato, mantener viva la tensión entre Colombia y Venezuela luego del recambio presidencial, evitar que Santos modifique la agenda de confrontación permanente con la revolución bolivariana instituida por Uribe y enlodar la cancha para que Chávez llegue desgastado y acosado internacionalmente a las elecciones de finales de septiembre. Preocupado por su futuro y agobiado por el espectro de Noriega pudriéndose en una cárcel gringa o de una querella planteada ante la Corte Penal Internacional, Uribe se esmera hasta el último día de su mandato para mostrar su total sumisión a los dictados de los imperialistas. Por eso es importante desenmascarar al denunciante, y exigir la pronta intervención de la UNASUR para desbaratar los planes de Washington en Nuestra América. Este no es un tema para la OEA (que además no supo desbaratar la provocación uribista) sino para la UNASUR, que será puesta a prueba con este incidente. Es de esperar que esta naciente organización de los países suramericanos actúe de inmediato, ya mismo, porque de lo contrario puede ser demasiado tarde para evitar las graves consecuencias de todo orden que tendría la consumación del proyecto belicista de los Estados Unidos, implementado por Washington y sus proxys latinoamericanos.

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Uribe 2002-2010, hecatombe social

Libardo Sarmiento Anzola Desde Abajo

Como despedida del gobierno uribista, el nivel de pobreza es el mismo desde 2008. Afecta al 46 por ciento de la población, y la pobreza extrema llega a un 17,8. Una muestra apenas de que en los ocho años de Uribe el social fue el sector más afectado. La situación de los hospitales y la crisis estructural de la salud son lo más grave. El desempleo alcanza el 12,8 por ciento y la Corte Constitucional declaró en peligro de extinción a 32 de los 102 pueblos aborígenes. La posibilidad de que un joven muera asesinado en Colombia es cinco veces más alta que el promedio de América Latina.

Son 29 millones de personas las que viven en extrema pobreza y que conforman los niveles 1 y 2 del Sisben. En consecuencia, dos de cada tres colombianos padecen esta crítica situación. Y cuatro de cada cinco trabajadores devengan menos de dos salarios mínimos legales. Dado el caro valor de la canasta familiar, para los estratos socio-económicos bajos, la capacidad de compra del salario mínimo legal en Colombia es de tan solo un 47 por ciento. Ni con dos salarios mínimos, el trabajador puede satisfacer los requerimientos básicos de su familia.

El despojo de reivindicaciones, con deterioro en el mercado de trabajo, y los problemas derivados de la pobreza y la indigencia, resumen la problemática social. La violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales es de carácter estructural y está generalizado en Colombia.

Los 29 millones de pobres, de los cuales nueve son indigentes, no tienen garantizados sus derechos a trabajo digno, vivienda, educación, alimentación, recreación y seguridad social. En contraste, las transnacionales, los grandes empresarios y banqueros son beneficiados con exenciones y subsidios. La iniquidad y la exclusión se constituyen en los principales obstáculos para sembrar en el país una cultura de derechos humanos, democracia, justicia y desarrollo sustentable que posibilite poner fin a un conflicto ya crónico.

Los jóvenes, las mujeres, los grupos étnicos, la población rural y los trabajadores constituyen las principales víctimas de la exclusión y la violencia de este régimen. Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el país mantiene la misma pobreza desde 2008, y eso, gracias a la caída de los precios de los alimentos –por la sobreoferta interna que ocasionó la ruptura de relaciones con Venezuela. Los dos gobiernos de Uribe apoyaron la concentración de la riqueza como nunca antes.

Según la reciente medición de la concentración del ingreso por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el valor del Gini para Colombia es de 59,2 (estadística que mide la desigualdad, entre 0 y 100, y el 0 significa la igualdad absoluta –todos los habitantes del país tienen una riqueza similar–, y el 100 la desigualdad absoluta). Es decir, andamos como el país de mayor iniquidad en el continente americano. Por encima de los Estados Unidos (40,8), México (46,1), Venezuela (48,2), Costa Rica (49,8) y Guatemala (55,1).

A comienzos de la década de 1980, el porcentaje del valor agregado apropiado por los trabajadores en el PIB era del 44 por ciento. Un porcentaje que viene en caída acelerada. En el 2000, esta participación fue de 36,5 y en 2009 tuvo su nivel más bajo: 32 por ciento. De este modo, en las tres últimas décadas, los asalariados perdieron 12 puntos en la apropiación de la riqueza que el país produce.

Elocuentes cifras

Según las cifras del Dane, la tasa de desempleo es de 12,8 por ciento. En febrero de 2010, la población ocupada fue 18,9 millones; la desocupada 2,7 millones, y la inactiva 13 millones de personas. La posición ocupacional que registró mayor participación durante el trimestre móvil diciembre 2009-febrero 2010 fue el trabajador por cuenta propia (43,5%). El empleo se concentra en las actividades más precarias e inestables: comercio, restaurante y hoteles cubren el 27,1 por ciento del total de puestos de trabajo. La combinación de estos dos factores explica la actual tendencia a la precarización del mercado de trabajo colombiano:–según el Dane, de cada 100 trabajadores ocupados, 58 son informales, esto es, cerca de 11 millones. En resumen, un relativo 63,4 por ciento de la población económicamente activa, 13,7 millones de quienes viven de vender su fuerza de trabajo, sufren la exclusión o la mala calidad laboral.

A su vez, ninguna institución o sector social quedó por fuera de la voracidad, intereses y propiedad del capitalismo: la seguridad social, la salud, la educación, la vivienda, la energía, el agua, el saneamiento básico y el medio ambiente. A contrapelo de la Constitución, durante la última década, el sector social es objeto de la más implacable privatización. De la transformación en la lógica de su funcionamiento y colonización por parte del capital nacional y transnacional. La perspectiva de derechos es reemplazada por el de mercancías y riesgo, y la prestación de los servicios sociales se desvaneció en el ilusorio sistema de “aseguramiento”.

En general, la política social durante el dominio Uribe se caracterizó por el asistencialismo y el populismo, a fin de cooptar políticamente a la población más vulnerable, hacerla depender de los intereses del gobierno, sin intentar una superación de los problemas de exclusión e injusticia que campean en Colombia.

En relación con el enfoque poblacional, Uribe desestimó la perspectiva de derechos. Contrario a la justicia básica de la política social, prefirió beneficiar a los más ricos (por ejemplo, a través de Agro Ingreso Seguro). En este largo período de la vida nacional, se profundizó la brecha entre varones y mujeres en cuanto a la incidencia de la pobreza y la indigencia. La desigualdad en el ingreso percibido por unos y otros también se incrementó. Con igual nivel educativo, las mujeres ganan menos que los hombres.

La perspectiva de represión que reemplazó a la de derechos durante los gobiernos de Uribe ha representado el encarcelamiento de una alta cantidad de jóvenes: de los 78.000 presos actuales (población que se duplicó en estos últimos ocho años), un 80 por ciento tiene edades comprendidas entre los 18 y los 29 años. Pero los adolescentes no escapan de esta situación; debido al nuevo Código de la Infancia, que criminaliza a los pobres. En 2009, según la Dirección de Protección y Servicios Espaciales de la Policía Nacional, el número de menores de edad (entre 14 y 17 años) capturados por la comisión de delitos fue de 22.000.

Finalmente, en el período 2002-2010, la prioridad del régimen uribista fue el gasto militar para incrementar la guerra y reprimir la sociedad: en 2002, estos gastos representaban un 4,8 por ciento del PIB y aumentaron al 5,6 en 2010, sin incluir los recursos estadounidenses para el ‘plan Colombia’. Su objetivo, por tanto, no era acabar con la pobreza sino con los pobres. Cómo no, si el gasto social registró un exiguo crecimiento en relación con su participación en el Producto Interno Bruto: de 10,1 por ciento pasó a 11,9 por ciento (en 1996 había alcanzado el 16 por ciento). En América Latina, este promedio es de 17 por ciento.

* Economista y máster en teoría económica. Filósofo y especialista en análisis existencial. Consultor, investigador y escritor independiente. Catedrático de la maestría en Derechos Humanos de la UPTC; Consultor de Unicef para la Política de Juventud de Colombia; Asesor de la Política Pública Departamental de Juventud de la Gobernación de Cundinamarca; Consultor del IGAC-MinAmbiente en la Zonificación Ambiental de Cuencas Hidrográficas. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desde abajo y Le Monde diplomatique, edición Colombia.

La educación quedó en camilla

En educación, la cobertura neta de básica llegó a 92,4 por ciento, en tanto que a la educación básica y media asisten 11 millones de estudiantes. Sin embargo, mientras en el rango de edad de 13-17 años, la proporción de adolescentes incorporada a la educación llega a un 80 por ciento, entre los 18 y los 22 años desciende a 55, y sólo a 50 entre los 23 y 26 años.

Si bien la cobertura en educación superior aumentó, de un 20,6 por ciento en 2002 a un 33,3 incluidos los estudios técnicos, tecnológicos y profesionales; en 2008, la deserción hacia el final de los programas de estudio alcanzó el 50 por ciento. En otras palabras, sólo uno de cada tres colombianos inicia algún estudio después de terminar el bachillerato. Y apenas, el 16 por ciento logra culminarlo. Varias razones explican esta deserción: la primera, y más grave, es el bajo nivel académico de la educación básica y media. Las otras causas se asocian con temas económicos: hogares con ausencia de ingresos para pagar los costos o los programas de financiamiento (becas y créditos).

Los problemas de calidad y pertinencia de la educación son de índole estructural. En pruebas internacionales como PISA, que mide la capacidad para analizar, razonar, comunicarse, examinar, interpretar y resolver problemas, Colombia ocupó en 2007 el puesto 53 entre 57 países. Respecto al Sena, la universidad de los pobres, aumentó los cursos y cupos de 50.000 a 200.000, pero no en educación formal, ya que la mayoría es de cursitos de corta duración.

El colapso del sistema de salud

En el marco de esta crítica situación que viven trabajadores y sectores populares, el sistema de salud se encuentra colapsado financieramente debido a las altas tasas de ganancia de las EPS (intermediarias de los servicios de salud), la baja participación de quienes pertenecen al régimen contributivo y el no pago de los seis billones de pesos que el Gobierno adeuda al sistema, y deja por fuera a un 15 por ciento de la población.

De los 40 millones cubiertos, en el régimen subsidiado se encuentran 22,8 millones de personas y en el contributivo 17 millones (de los cuales sólo ocho aporta; el resto es de familiares). Un reflejo del desempleo, la precariedad del empleo y los bajos ingresos de la mayoría de los trabajadores. El aumento en la cobertura de salud se logró a costa de la calidad del servicio. Los usuarios deben recurrir a las acciones de tutela para lograr medicinas y tratamientos que el Plan Obligatorio de Salud les niega. En 2008 se interpusieron 142.957 tutelas.

Los pueblos indígenas en la mira

Los pueblos indígenas han padecido de igual manera el terrorismo del Estado. Entre 2002 y 2009 sufrieron el asesinato de más de 1.200 integrantes, 176 desapariciones forzadas, 187 violaciones sexuales y torturas, 633 detenciones arbitrarias, más de 5.000 amenazas y 84 ejecuciones extrajudiciales, según reportes y pronunciamientos oficiales como el de Esta persecución tiene su origen principalmente en el interés de despojar a estos grupos étnicos de sus territorios; objetivo de las transnacionales mineras para instalar allí sus macroproyectos bajo la complacencia del Gobierno.


La juventud y el odio del Gobierno

Los jóvenes han sido los más odiados por el régimen uribista. En 2010, la situación juvenil atraviesa su peor crisis desde la década de 1960, cuando se iniciaron las políticas de juventud en Colombia.

Ante la desinstitucionalidad social y política que vive el país, los jóvenes son gravemente afectados: son las principales víctimas de la violencia y el conflicto armado, pero también resultan excluidos de los sistemas de protección social, de la educación y de los procesos de desarrollo. En el país, sólo un 56,7 por ciento de los jóvenes de 14 a 26 años está afiliado al sistema de seguridad social; en consecuencia, cuatro de cada 10 jóvenes no cuentan con esta protección. De otra parte, el contrato informal prevalece en los vínculos laborales de los jóvenes: a la tercera parte de los trabajadores de le violan sus derechos laborales. Según el Dane, la tasa de desocupación de los jóvenes entre 14 y 26 años, a febrero de 2010, es del 22,7 por ciento. La crisis se origina y se manifiesta con mayor fuerza en el nivel nacional.

El prometido “Plan Decenal de Juventud 2005-2015 nunca se llevó a la práctica. Tampoco, concretó el Documento Conpes, que buscaba coordinar y dar directrices sobre el Sistema Nacional y la Política de Juventud. Peor aún, la grave recesión económica golpea con mayor fuerza a los jóvenes, tanto por el lado del desempleo como con la caída de ingresos y la precarización en los puestos de trabajo.

Violencia y “falsos positivos”. Uno de los más graves problemas que afectan a la población juvenil es la violencia. En 2009, de los 17.565 homicidios reportados por Medicina Legal (aumentaron en 15,2 por ciento respecto a 2008), el 60 por ciento tuvo como víctimas a los jóvenes. Otro de los graves problemas que afrontan, es el de los mal llamados “falsos positivos”. Philip Alston, relator de las Naciones Unidas que recientemente recabó testimonios sobre la matanza de jóvenes, presentó un informe en el cual concluye que “los asesinatos sistemáticos de jóvenes y campesinos cometidos por el Ejército colombiano para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate suman los 1.800” (ver mapa).

Represión penal. A todo lo anterior se le suma la serie de proyectos de ley que impulsa el Congreso contra la juventud colombiana y que tienen el mismo espíritu de restricción de libertades y castigo, que inspiró la creación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, en el marco del nuevo Código de la Infancia y Adolescencia1 y la Ley de Pequeñas Causas Penales2. Como resultado, se castiga con cárcel el hurto en sus diversas formas, conducta que se incrementa en la población joven mayor de 18 años, perteneciente a estratos socio-económicos bajos. El más protuberante proyecto de ley es el que prohíbe la circulación de jóvenes a partir de una hora determinada (“toque de queda para menores”), que se tramita en el Congreso de la República como Proyecto de Ley 145 de 2008 Senado. Otra iniciativa se dirige a las llamadas “barras bravas” (Ley 1270 de 2009). Finalmente, tenemos el Acto Legislativo número 2 del 17 de diciembre de 2009, que sin alternativa médica y de un nuevo contexto sicológico y social prohíbe la dosis personal.

En el Congreso cursa el Proyecto de Ley por el cual “se expide el Estatuto de Juventud y se dictan otras disposiciones”, resultado de acuerdos parlamentarios sin consulta ni participación juvenil. Este Estatuto de la Juventud reedita la cosmovisión que sobre el sector mantienen los grupos de poder en Colombia: asistencialismo, cooptación política, fuerza de trabajo funcional a las nuevas condiciones de explotación laboral e involucramiento en el conflicto armado. Peor aún, en el artículo 57 se desmontan los escasos avances concretos de la legislación que favorece a la juventud colombiana: “La presente Ley (Estatuto) rige a partir de su sanción y publicación, y deroga en su totalidad la Ley 375 de 1997”.

1 Ley 1098 de 2006.
2 Ley 1153 de 2007, considerada inexequible por la Corte Constitucional.

http://www.desdeabajo.info/index.php/ediciones/198-edicion-156/6790-uribe-2002-2010-hecatombe-social.html

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Por la Nueva Colombia...

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Estudiantes como espías

Forrest Hylton Nacla

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

La sincronía entre los programas de EE.UU. y del gobierno colombiano con frecuencia es sorprendente, especialmente cuando tiene que ver con la contrainteligencia. El día después de que el presidente colombiano Álvaro Uribe tomó posesión de su cargo el 7 de agosto de 2002, por ejemplo, junto con un Congreso en el cual el bloque derechista-narco-paramilitar controlaba cerca de un tercio de los escaños, estableció amplias redes de denunciantes en las ciudades y en el campo – redes que condujeron a niveles récord de desplazamiento forzado de presuntos simpatizantes de la guerrilla. Durante el mismo verano, a pesar de todos los esfuerzos de Joe Lieberman, la Operación TIPS (Sistemas de información y prevención del terrorismo) – hecha para lograr que los ciudadanos estadounidenses informaran los unos sobre los otros – fracasó en el Senado de EE.UU. una vez que se supo que el programa suministraría al FBI más denunciantes per cápita que los que tuvo la Stasi [servicio secreto] alemana oriental.

Ahora, casi ocho años después, los gobiernos de ambos países están subiendo las apuestas. El 27 de enero, buscando un tercer período a pesar de las objeciones de Washington, Uribe anunció su objetivo de colocar mil espías en las salas de clase universitarias: "Necesitamos que sea la ciudadanía quien se comprometa a informar a la Fuerza Pública, y si los jóvenes mayores de edad nos pueden ayudar en esta tarea de información y… de participación en las redes de información, pues eso nos ayuda muchísimo." Uribe ofreció pagar 50 dólares por mes a los estudiantes para que informen sobre cualesquiera ideas o conductas sospechosas a la policía colombiana y a las fuerzas armadas.

La policía y las fuerzas armadas, por cierto, son instituciones cuyos crímenes han sido numerosos y variados durante el régimen de Uribe, como lo demuestra el escándalo de los “falsos positivos” en 2008, en el cual salió a la luz que desde 2002, el ejército colombiano ha dado a oficiales y soldados incentivos y recompensas por la desaparición y asesinato de hasta 1.700 jóvenes desocupados en todo el país para presentarlos como si fueran guerrilleros. En enero, 46 oficiales y soldados acusados de esos crímenes fueron liberados gracias a un tecnicismo y confinados a una base al sur de Bogotá, donde permanecerán a la espera del proceso. El ejército les ofreció una fiesta de bienvenida que incluía talleres terapéuticos y aromaterapia, masajes y tratamientos de belleza para sus mujeres, y payasos para los chicos. Es el mismo ejército que ha recibido la mayor parte de los 7.000 millones de dólares que el gobierno de EE.UU. ha gastado a través del Plan Colombia y sus sucesores bajo los presidentes Clinton, Bush y Obama.

Como el antropólogo-historiador David Price informa en CounterPunch, el empeño de Uribe por reclutar denunciantes entre los estudiantes universitarios es similar a lo que sucede en EE.UU., donde Washington ha servido de proyecto piloto. Con operaciones en 22 campus establecidas desde 2006, los llamados Centros Comunitarios de Inteligencia de Excelencia Académica representan el mayor esfuerzo de reclutamiento en campus de EE.UU. desde comienzos de la Guerra Fría. El reclutamiento actual, sin embargo, es abierto y de conocimiento público, aunque no un motivo para protestas públicas, ya que el profesorado ha mantenido hasta ahora silencio al respecto.

En Medellín, la reacción pública de profesores, del sindicato de maestros, grupos estudiantiles y juveniles fue inmediata, y suficientemente concertada como para hacer que Uribe diera marcha atrás en 24 horas.

Cuando su secretario de prensa mencionó el tema desde el cuartel de policía el 28 de enero, no mencionó a los estudiantes en particular, sino más bien a los ciudadanos en general: “La cooperación para combatir la delincuencia es deber de todos los ciudadanos. No podemos seguir indiferentes ante el asesinato.” Es la misma retórica que Uribe ha utilizado desde su primera campaña en 2002, derivada de la contrainsurgencia de la Guerra Fría: La ciudadanía se ve como una extensión de la guerrilla de las FARC, del crimen organizado, o de las fuerzas armadas colombianas. Destacados políticos, intelectuales y medios noticiosos se pronunciaron rápidamente contra la medida, señalando lo obvio, es decir que los estudiantes-denunciantes correrían peligro de sufrir represalias, así como sus familias. La suerte de los denunciantes en Colombia con frecuencia es atroz, y al involucrar a estudiantes universitarios en la recolección de inteligencia, la política propuesta por Uribe podría ayudar a llevar la guerra, que actualmente está en lo alto de los cerros cercanos a Medellín, hacia el centro de la ciudad donde se encuentran las universidades.

El columnista Alfredo Molano piensa que Uribe tratará de extender el programa piloto a todo el país, especialmente si “gana” un tercer período en mayo, pero si lo hace, probablemente enfrentará más resistencia de estudiantes y profesores, especialmente de las universidades públicas. Sin embargo, Uribe podría aprovechar la situación como una oportunidad para introducir más medidas neoliberales, de contrainsurgencia, a la educación superior. Por cierto es demasiado pronto para decir dónde llevará el programa piloto o lo que hará si enfrenta más resistencia, pero el ministro de defensa, Gabriel Silva, dijo a la BBC que la medida “no tiene reversa.”

En EE.UU., como deja en claro el informe de Price, Trinity Washington University ha sido un objetivo fácil porque es una escuela corta de dinero dependiente de las matrículas; se estima que el nuevo clima de austeridad en la educación superior de EE.UU. hará que muchas universidades sean vulnerables, particularmente las estatales. En Medellín, la situación es mucho peor que en EE.UU. porque más de un 65% de los habitantes son pobres y muchos estudiantes de universidades públicas provienen de medios humildes, lo que significa que la necesidad directa es mucho más intensa en Medellín que en EE.UU. La iniciativa de Uribe tiene el objetivo de ayudar a la policía y al ejército a combatir el crimen organizado y las pandillas juveniles en la ciudad natal del presidente, que ha sufrido 188 homicidios sólo en enero, y después de varios años de relativa paz, va de nuevo en camino a recuperar su sitio como la capital mundial del homicidio y del crimen juvenil.

Oficialmente hubo más de 1.800 homicidios en 2009 (aunque la BBC habla de 2.178), más del doble de la cantidad para 2008. Cerca de un 60% de los muertos tenían menos de 30 años. El alcalde Alonso Salazar ha establecido oficinas móviles en algunos de los vecindarios más peligrosos en los cerros, como Manrique y Santo Domingo Nº 1, pero su personal de seguridad ha sido acusado de cometer abusos contra jóvenes del vecindario, y los que se han atrevido a hablar del crimen son amenazados, desplazados y/o asesinados por gángsteres locales. Más de 2.000 personas fueron forzosamente desplazadas en Medellín entre enero y octubre de 2009, y junto con los homicidios y los desplazamientos forzosos aumentan todas las formas del crimen organizado, después de la extradición de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, a EE.UU. en 2008.

Ya que Uribe ve las universidades, por lo menos las públicas, como madrigueras de crimen, anarquía, desorden y subversión terrorista, es lógico que trate de reclutar denunciantes para fortalecer el Estado represor y la presencia paraestatal en ellas. Como de costumbre, el ex ministro de defensa y actual candidato presidencial Juan Manuel Santos lo dijo: “"La política de informantes ha sido bastante exitosa. El hecho de involucrar jóvenes universitarios donde hay mucha delincuencia me parece que puede ayudar a calmar y mejorar la situación de orden público que vive una ciudad como Medellín.” Irónicamente, la prisión Bella Vista sería el sitio obvio para reclutar denunciantes, ya que el crimen organizado afuera es en gran parte coordinado desde el interior. Pero las prisiones seguirán siendo los centros nerviosos para la ejecución de crímenes juveniles, mientras las universidades (públicas) pueden ser criminalizadas, militarizadas y sometidas a más recortes presupuestarios.

Aunque las similitudes entre Colombia y EE.UU. son alarmantes, puede haber conexiones así como paralelos. Según el informe anual que el ministro de defensa de entonces, Santos, presentó al Congreso colombiano en 2008, Washington y Bogotá han coordinado estrechamente sus esfuerzos de inteligencia. Santos declaró: “entre el 16 y el 27 de abril de 2007 se realizó por parte del personal de asesores de la Embajada de los Estados Unidos el seminario en manejo de informantes, evento al cual asistieron 2 Oficiales, 6 Suboficiales y 2 civiles; personal perteneciente a la Jefatura de Inteligencia Naval, permitiéndose con este tipo de actividades el permanente reentrenamiento del personal de inteligencia, actualizando, fortaleciendo y complementando las tácticas empleadas contra la amenaza interna”. Por cierto, Colombia es presentada como un modelo de cómo una contrainsurgencia exitosa podría ser en Afganistán e Iraq, y en marzo de 2009, el almirante Jim Stavridis del Comando Sur de EE.UU. asistió a una conferencia de dos días en Bogotá para estudiar lecciones de Colombia que podrían aplicarse en otros sitios.

Junto con luminarias de la contrainsurgencia como David Kilcullen – ex asesor jefe de los generales David Petraeus y Stanley McChrystal – Santos fue uno de los oradores oficiales en la conferencia. Reflexionando sobre el progreso logrado desde la implementación del Plan Colombia, Stavridis escribió: “Este año, Bogotá está entre los destinos turísticos ‘que hay que ver’ del New York Times y los cruceros invaden el maravilloso puerto caribeño de Cartagena. Colombia ha llegado muy, muy lejos en el control de una insurgencia profundamente arraigada a sólo dos horas de vuelo desde Miami – y podríamos aprender mucho de su éxito.” Sólo cabe esperar que en el futuro, los estudiantes universitarios espías no se conviertan en parte de la receta para el éxito en la contrainsurgencia global.

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Forrest Hylton enseña historia y política en la Universidad de los Andes (Bogotá) y es autor de “Evil Hour in Colombia” (Verso, 2006).

Fuente: https://nacla.org/node/6398

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Imágenes de la marcha por la inmediata libertad de Nicolás Castro

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El saqueo de la universidad pública

Renán Vega Cantor Rebelión

El escándalo del mal llamado Agro Ingreso Seguro (AIS) y la crisis presupuestaria de la universidad pública son dos hechos que en apariencia no tienen ninguna relación, pero que en realidad están conectados entre sí porque muestran la verdadera catadura de clase del actual régimen uribista, que ha beneficiado a manos llenas a los ricos y poderosos de este país, mientras que ha multiplicado la pobreza, la miseria, la ignorancia y el desempleo que afectan a la mayor parte de los colombianos.

SUBSIDIOS PARA LOS RICOS...

A lo largo de estos terribles 7 años ha quedado claro que este es el reino de los terratenientes, de los viejos y de los nuevos, como lo indican datos elementales que profundizan procesos en marcha desde hace varias décadas: expulsión de cuatro millones de colombianos de sus tierras, robo de cinco millones de hectáreas a los campesinos por parte de grandes propietarios agrícolas y narcos, asesinato de indígenas y miembros de las comunidades afrodescendientes, expansión de la palma africana y otros nefastos cultivos de exportación, promoción de los necrocombustibles, que han incrementado el precio de productos de primera necesidad, como el azúcar…

Como si todo esto fuera poco, este gobierno ideó un programa encaminado a regalarles dinero de las arcas estatales, a latifundistas, ganaderos, reinas de belleza, a “pobres empresarios”, como los Ardila Lulle y los Sarmiento Angulo, a palmicultores y a todos aquellos que han financiado las campañas electorales de AUV. Este regalo, como en una piñata, se ha hecho con absoluto descaro, puesto que se han dado dineros a narcotraficantes, paramilitares y sus familiares en Urabá, Magdalena Medio, Santander; se han cometido delitos, tales como la suplantación de personas y se les han asignado créditos a personas fallecidas; se ha permitido que pocas familias (como los Davila, Abondano, Vives Lacouture) monopolicen miles de millones de pesos a través de los créditos.


Para justificar tan tremenda desfachatez, los responsables de esta arbitrariedad han dicho que está muy bien que se les den incentivos a los ricos, porque éstos son los que generan empleo y prosperidad, mientras que los pobres campesinos e indígenas despilfarran esos recursos. Esta es una típica lógica terrateniente, que puede denominarse como el síndrome de Carimagua, en alusión a la entrega de la finca de ese nombre, ubicada en el Meta, a grandes propietarios y no a campesinos sin tierra. Y en el colmo del cinismo, el inquilino espurio de la Casa de Nariño afirmó en el Congreso de la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia), que agrupa a los terratenientes de este país, la siguiente perla: “Yo no comparto que ahora, en aras del proceso electoral, se revivan los discursos de sociólogos de izquierda de los años sesenta que acabaron con el campo y trasladaron la propiedad de la tierra de los agricultores al imperio (de) los terroristas", y rubricó su defensa de los terratenientes diciendo que “la gran empresa agropecuaria es fundamental para la investigación, es un actor importante para experimentar, para jalonar"…

¿Para jalonar qué?, pues obvio que la concentración territorial y la desigualdad e injusticia en los campos, lo cual no es ninguna invención de sociólogos de izquierda sino la cruda realidad histórica que siempre ha asolado al campo colombiano, por si no lo sospechaba el “versado” y “sabio” Mesías, que pontifica con una torpeza impresionante sobre lo divino y lo humano.

Con relación a tan “brillante apunte”, es difícil encontrar tanto descaro y mentiras en esas pocas líneas, con lo cual se reafirma el carácter proterrateniente del actual régimen, que incluso organiza un consejo comunitario para que el ex ministro de Agricultora, Andrés Felipe Arias, alias Uribito, defienda las bondades de un programa para ricos en el cual el 5% de beneficiados se han quedado con el 71% de los subsidios. Con esto, de otra parte, simplemente se le echa más gasolina al conflicto interno, cuyo soporte histórico es la desigualdad del campo. Con toda razón el obispo de Cúcuta, Monseñor Jaime Prieto Amaya, en una circular titulada AGRO INGRESO SEGURO CINICO Y DESCARADO, señaló: “ Lo más triste de todo es el cinismo con que se trata de justificar el visible atraco a los fondos del Estado y por lo tanto al mismo pueblo colombiano. (…) Qué lejos estamos de solucionar el problema agrario en Colombia y créanme: mientras no solucionemos el problema agrario tampoco vamos a solucionar el conflicto social, léase, el conflicto armado en Colombia”.

... Y GARROTE PARA LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS

El viernes 16 de octubre, un día antes del consejo comunitario contra la corrupción (lo cual suena a un mal chiste) en el que se iba a tratar el tema del AIS y se dejo hablar al delincuente de marras que había ejercido como Ministro de Agricultura, aconteció un hecho vergonzoso, como muestra del carácter brutal e ignorante de este régimen, cuando fue invadida la universidad nacional por las fuerzas represivas con la orden directa de la Presidencia de la República y en las horas de la noche entró, como si penetrara en un campo de batalla, AUV a mancillar los predios de la Universidad Nacional. Este hecho, amplificado por los incondicionales medios de comunicación al servicio de la delincuencia oficial, contrasta con el mencionado consejo comunitario, en el cual se les dio tribuna a los responsables del agro robo seguro, porque nunca se quiso escuchar a los estudiantes ni analizar sus justos reclamos.

Antes por el contrario, el Juez Supremo que rige este embrutecido país, un personaje que tiene la potestad de sindicar, acusar, juzgar, condenar y ejecutar las condenas a través de los micrófonos y cámaras de televisión, procedió a dictar sentencia contra los estudiantes, acusándolos de delincuentes y criminales que había secuestrado al “indefenso rector” (un pretexto cada vez más frecuente por parte de los incondicionales rectores uribistas, como ha sucedido también en la Universidad Pedagógica Nacional), e incluso llegó a ofrecer la suma de 50 millones de pesos a quienes dieran información de los “delincuentes” que habían organizado la protesta, la cual paso a ser catalogada de secuestro por el “notable” jurista paisa.

El invasor de la Casa de Nariño ingresó a los predios de la Universidad Nacional como cuando un matón de pueblo entraba a una de las cantinas del lejano oeste, atropellando todo lo que encontraba a su paso, vociferando y dando ordenes para que se cumplieran sus designios y demostrar que es el “mero macho”, algo así como el Mantoncísimo Kid, según el argot mejicano, que tanto les gusta a los hacendados y gamonales que desfilan en briosos caballos en sus latifundios y con sus peones al lado.

Con este hecho atrabiliario, propio de aquellos que como el tenebroso Ministro de Propaganda nazi Joseph Goebbels , piensan que “cuando me hablan de cultura desenfundo mi pistola”, se pretendió desviar la atención del verdadero problema de la Universidad Nacional y de todas las universidades públicas, es decir, de su crisis interna, motivada por la desfinanciación a que ha sido sometida por parte del Estado colombiano en las últimas décadas. Esa crisis presupuestaria se ha ahondado en los últimos 7 años, con la “revolución educativa”, otra mentira de este desgobierno, con la cual ha aumentado la cobertura de las universidades publicas, al tiempo que se reducen sus presupuestos, porque los gobiernos colombianos desde 1992 ni siquiera aplican lo estipulado en la Ley 30 en cuanto a la transferencia de los recursos por el Estado central de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor. Como resultado, en estos momentos se les adeuda a las 33 universidades públicas la suma de 492 mil millones de pesos, una cifra que bien se había podido cubrir con los subsidios concedidos a los ricos vía agro robo seguro.

Como consecuencia de la desfinanciación, en la práctica esas universidades se han ido privatizando, mediante el aumento del costo de matriculas, la venta de servicios, la comercialización del bienestar y de las investigaciones y la constitución de otra universidad paralela, más costosa todavía, dedicada a posgrados. Todo esto, por supuesto, ha repercutido en la perdida de nivel académico en esas instituciones, muchas de las cuales están superpobladas, su planta física se ha tugurizado, y no cuentan con bibliotecas actualizadas ni con laboratorios adecuados. Además, ha aumentado la flexibilización docente, con la reducción de los profesores de planta y la generalización de los catedráticos, mal pagos y sin ningún incentivo para permanecer en las universidades.

El problema presupuestal es un resultado de una política educativa antinacional, impulsada por este régimen, que busca desangrar y terminar por sustracción de materia a las instituciones educativas, así como con todo aquello que suponga un gasto social por parte del Estado, mientras que, al mismo tiempo, se refuerzan los gastos militares, como puede demostrarse con algunos datos: en el presupuesto aprobado para el 2010, se gasta el 14.9% del mismo en la guerra, y sólo el 1,5% en educación superior, que comprende además de la universitaria, la técnica y la tecnológica; en ese mismo presupuesto el gasto militar de 20.9 billones de pesos, representa 35 veces lo que se necesitaría para solucionar los problemas financieros de la universidad (unos 600 mil millones); la formación de un soldado profesional le cuesta al Estado 60 millones de pesos y la formación de un estudiante universitario sólo 8 millones de pesos…

Sin embargo, el usurpador de la Casa de Nariño y su Ministra de la Ignorancia, la sargenta María Cecilia Vélez, sostienen que no hay dinero porque estamos en crisis, hay pocos recursos y las universidades deben ser más eficientes y funcionar con lo poco que el Estado les transfiere. La pretendida eficiencia si no se le aplica a los dineros regalados a los ricos, como agro robo seguro, ni a todas las otras fuentes de corrupción y subsidio propias de este régimen, como a las zonas francas entregadas a los hijos de Uribe, o a las 70 notarias entregadas para asegurar la reelección, o a la compra de 85 paramentarios para que aprobaran la segunda reelección y mil porquerías más.

Como la militarización cunde en esta sociedad, a la universidad pública en lugar de darle recursos económicos para su normal funcionamiento se le militariza, se invaden sus predios, se persigue a los estudiantes, profesores y trabajadores que piensan y protestan y se presenta ante la entupida opinión pública la idea que esas instituciones son un santuario de delincuentes que hay que acabar rápido y como sea.

En conclusión, en tiempos de mentira e infamia generalizadas como las que nos ha tocado soportar en Colombia, vivimos el mundo al revés, un estado invertido al servicio de unos pocos, en el cual los pobres que necesitan subsidios del Estado para desarrollar empresa y crear riquezas son los terratenientes, los banqueros y los capitalistas, mientras que los ricos y pudientes que no merecen ninguna ayuda son los pocos pobres que todavía estudian en las universidades públicas, pues son unos privilegiados y unos delincuentes que despilfarran los recursos públicos. Al fin y al cabo, que más puede pedirse en un país donde los traquetos reinan, con las reinas de belleza, y resulta mejor ser policía, militar o mafioso que un simple estudiante o profesor universitario.

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Pacto en igualdad de condiciones... jejeje

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Declaración de la FMJD sobre la implantación de bases militares

FMJD

La Federación Mundial de Juventudes Democráticas, ha venido siguiendo son mucha atención las acciones que el gobierno lacayo e imperialista del señor Álvaro Uribe ha venido realizando de conjunto con la nueva administración imperialista de los Estados Unidos, quienes secretamente fueron negociando un acuerdo de cooperación militar, con el pretexto de combatir al narcotráfico pero es conocidos por todos solo será para desestabilizar y tratar de detener los procesos de cambios que se vienen dando y también apoderarse de los grandes recursos minerales que tienes varios países latinoamericanos.

El narcoparagobierno colombiano, que tiene un presidente reconocido por el numero 82 de la lista mundial de los narcotraficantes de más alto vuelo, que mantiene una política de persecución y asesinato contra los lideres juveniles de su país, en especial los miembros de la Juventud Comunista de Colombia y los lideres universitarios, el mismo gobierno que hace una año atacó , masacró y remató en territorio ecuatoriano a un grupo de jóvenes que se reunían pacíficamente para conocer más acerca del conflicto colombiano, es el gobierno que pretende hacer ver que es solo una cooperación interna, ofendiendo la dignidad y la vergüenza de toda América Latina y el Caribe

El gobierno del señor Obama, nos reafirma su carácter imperialista, su agresividad, su desprecio hacia todos los nuevos procesos latinoamericanos y su marcada intención de utilizar la fuerza, para intentar recuperar todo lo que las neoliberales políticas provocaron en la región, como lo ha hecho en el caso del querido pueblo hondureño donde hoy está más claro que nunca que el golpe de estado contó con el apoyo de los militares estadounidenses


La Federación Mundial de Juventudes Democráticas, apoya la actitud tomada por los gobiernos latinoamericanos y en especial la posición de los queridos presidentes Chávez, Correa y Evo, en la pasada reunión de UNASUR, quienes denunciaron con valentía y dignidad las verdaderas intenciones de este macabro plan, en nombre de todas sus organizaciones miembros, amigas y en nombre de toda la juventud progresista de este mundo reitera su condena a la instalación de bases militares de Estados Unidos en Colombia y los acuerdos para incrementar presencia militar en Aruba y Curazao y convoca a toda la juventud progresista de este mundo a expresarse en todos los espacios posibles y condenar estas acciones reafirmando nuestro compromiso a seguir en la lucha por construir un mundo mejor


Consejo Coordinador/Buró Coordinador de la FMJD

Budapest 1 de septiembre del 2009

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Fracasa política universitaria uribista

Por Guillermo Baquero VOZ Wednesday, Oct. 28, 2009 at 4:08 PM

La crisis de la universidad pública colombiana, obliga a ensanchar la mirada sobre los elementos que desbordan su delicada situación económica - financiera, que es una de las secuelas más sensibles del fenómeno desarrollista que ha impuesto en la última etapa el gobierno de Uribe Vélez a la universidad. Los postulados de la revolución educativa encaran una supuesta modernización de la educación superior, soportada en los pilares de la cobertura, la calidad, la pertinencia y la efi ciencia, desde la premisa de hacer más con menos, donde las universidades puedan autofi nanciar integralmente sus gastos y logren ser, uno de los principales eslabones productivos del mercado en Colombia (modelo universidadempresa), como el lamentable caso de la Universidad de Pamplona, que en tres años, pasó de ser el ejemplo de ese modelo al colapso, y su única salida según el Gobierno, es transitar por el mismo sendero que el de la Universidad del Atlántico, que bajo la aplicación de la ley de quiebras, hoy se encuentra al borde de la liquidación.

No podríamos limitarnos a valorar cuantitativamente las presiones generadas por esta política en el presupuesto de las universidades, donde las nuevas obligaciones, como el pago de la producción intelectual, el incremento desaforado de cobertura, la acreditación de programas, la cualificación docente, la regionalización, el pasivo pensional, la sistematización y otras responsabilidades, han generado un déficit acumulado que sobrepasa los $158.000 millones y unos gastos de personal que superan los 469.000 millones de pesos con corte a diciembre de 2007 y a pesos del mismo año.

El fondo de la crisis en esencia expresa el fracaso de un modelo de sociedad excluyente que destina más del 20% del PIB a la guerra y un 0.4% a la educación superior, pero además, un modelo que financia la demanda educativa desde el crédito de ICETEX, siendo éste, la versión de Agro Ingreso Seguro en el sector educativo. Este modelo autoritario de educación, asume la universidad como estricto escenario para la instrucción laboral, desde la apología de las competencias, liquidando las libertades democráticas, la construcción de pensamiento crítico, la reflexión, el dialogo y cualquier posibilidad de cualificación de los conflictos sociales, principios desde donde se nutre, la naturaleza de una universidad en razón de la sociedad y no del mercado.

La movilización de miles de jóvenes universitarios, otros sectores sociales y el apoyo parlamentario, logró arrancar algunos recursos de la “seguridad democrática”, que no pretendían otorgar a las universidades, aunque estos, no son sufi cientes para sortear la delicada situación fi nanciera, y por otro lado, su distribución será hecha por el Ministerio de Educación, bajo los criterios que han conducido a la universidad a tan grave situación. La decisión incondicional del movimiento estudiantil y el proceso desarrollado, demostró la posibilidad de alterar desde la movilización, no solo la distribución del presupuesto nacional, sino de cualquier intención de suprimir los derechos fundamentales del pueblo colombiano.

Los retos del movimiento estudiantil y universitario, se suscriben a la necesidad de defender radicalmente el derecho a una educación verdaderamente pública, gratuita, democratizadora y para la transformación. No es la defensa de esta educación del saber hacer, es luchar por la educación del ser, donde los hombres y las mujeres seamos piedra angular del desarrollo humano, de la sociedad y no objetos con los únicos derechos de comprar y vender. Pero además, los universitarios debemos forjar desde nuestros escenarios de construcción colectiva, herramientas para la articulación con otros sectores sociales y populares, que desborde en un gran proceso de reforma democrática de la universidad colombiana.

La unidad y la organización sin vacilación del movimiento estudiantil, podrá lograr arrastrar a un estadio distinto, la cruel realidad que padece el país, su rebeldía y sus pasos sin temores, tiene el deber de romper con la imposición del silencio y las cadenas del terror; tiene la fuerza suficiente, para despojar a esta generación del vergonzoso lastre del Estado comunitario.

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La universidad pública, en peligro

Red Revuelta | Agencia de los Pueblos En Pie

Ya hasta el rector de la Universidad Nacional, conocido por ser siempre un defensor de las medidas del gobierno en temas de educación, autor de una pesima reforma para la universidad, hasta él, es perfectamente consciente de la situación de las universidades públicas.

La Ley 30 de 1992 definió de qué manera se construye el presupuesto de las universidades públicas del país. El legislador de entonces, con una clara intención que se trasluce en las motivaciones y que se confirma en múltiples sentencias de las altas cortes, trató de defender ese presupuesto y determinó que el aporte de la Nación debía ajustarse anualmente usando el IPC como indicador. La interpretación de los gobiernos desde la expedición de la Ley ha sido que el incremento se hace "sólo" con el IPC sin ninguna preocupación por el mantenimiento del valor real de la oferta educativa.

A primera vista pareciera que el IPC y el valor real son la misma cosa, pero no es así. Desde 1993 se han venido dictando leyes y decretos diversos que modifican el costo de la Universidad muy por encima del IPC. Se decidió que la calidad de la educación dependía (según Perogrullo) de la calidad de los profesores, y se expidieron decretos que estimulaban la contratación de docentes con posgrados -especialmente doctorado-, la investigación y la creación artística y cultural. El estímulo es un aumento salarial de acuerdo con productividad, muy por encima del IPC. Se generaron gastos adicionales para las universidades, como aportes patronales a la seguridad social.

Además de eso, los costos de la educación en Colombia y el mundo aumentaron por cambios en el proceso educativo mismo. Los doctorados apenas nacientes en 1993 son hoy importantes y diversos. Nuevas tecnologías han exigido equipos de cómputo, redes y licencias; las bibliotecas han crecido sustancialmente; se construyeron nuevas aulas tecnológicas, laboratorios y talleres. La enseñanza de idiomas se volvió parte de los currículos, así como muchas otras actividades conducentes a una formación ciudadana e integral. La cobertura pública de pregrado se duplicó, la de posgrado se multiplicó varias veces y la investigación creció en forma exponencial.

A pesar de eso, por más de 16 años las universidades mantienen su presupuesto congelado de forma que (para la Universidad Nacional, por ejemplo) en el año 2010 el aporte de la Nación para funcionamiento solo cubrirá gastos de personal y en los próximos años ni siquiera eso.

Los rectores del Sistema Universitario Estatal, a finales del año pasado, le planteamos esta situación al Señor Presidente. Él reconoció los hechos básicos y manifestó su acuerdo con la necesidad de un aumento de la base presupuestal para compensar el deterioro constante y sugirió que se hiciera en el presupuesto del 2010. Un estudio cuidadoso de los gerentes y vicerrectores financieros de las siete universidades públicas más grandes se presentó sin que fuera objetado. Sin embargo, en el proyecto de presupuesto actualmente en discusión no apareció la esperada compensación.

En múltiples foros, muchos de ellos citados por el propio Ministerio de Educación Nacional, expertos nacionales e internacionales han argumentado sobre la importancia de afianzar a las universidades líderes y fortalecer su capacidad de investigación. Eso no solo contribuye a aumentar el potencial nacional de competitividad en un mundo global, sino que es definitivo para compensar inequidades y mejorar la movilidad social de jóvenes con pocos recursos económicos.

El Ministerio de Educación Nacional viene esgrimiendo, desde hace un tiempo, el argumento de que el hecho de que haya universidades públicas más costosas que otras es una inequidad. Está buscando el ahogado aguas arriba. Por supuesto que hay que mejorar los presupuestos de las universidades débiles, pero no igualando por lo bajo. El problema de equidad no está entre las universidades públicas grandes y las pequeñas. Está en el hecho de que si no se ofrece educación pública de máxima calidad se perpetúa la ausencia de una importante parte de la población en las posiciones de liderazgo social y estas serán detentadas siempre por una minoría privilegiada.

Hace 30 o 40 años la educación básica y media pública, por una política restrictiva, perdió su capacidad de competir por los mejores maestros y la de invertir en infraestructura moderna y adecuada para sus retos; los presupuestos de la nación se ajustaron para garantizar apenas su mantenimiento básico. Hoy se ven los resultados cuando en las listas de mejores colegios prácticamente no aparecen aquellos que eran un orgullo y los malos indicadores constituyen predicciones sombrías para el éxito académico y laboral de buena parte de los estudiantes del sistema público. De perpetuarse la situación que describo, dentro de 30 años alguien estará preguntando qué se hicieron las maravillosas universidades públicas de principios del siglo 21.

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¡QUE VIVAN LOS ESTUDIANTES! ¡ABAJO URIBE!

Partido Comunista de Colombia (marxista-leninista)

La respuesta enérgica y valerosa de centenares de estudiantes de la Universidad Nacional de Bogotá el viernes 16 de octubre, así como su participación en la jornada de protesta del 14 y las luchas creciente de miles de jóvenes universitarios de Medellín, Cali, Pasto y de otras de las 32 universidades públicas del país, logró un aumento presupuestal.

Luego de anunciar el incremento presupuestal en escasos 150 mil millones de los cerca de 600 mil necesarios, Uribe con ínfulas autoritarias encabezó la invasión de la ciudadela universitaria rodeado de los asesinos policías del ESMAD. Pisoteó la autonomía universitaria y no hubo el pretexto de los “encapuchados” o de las “papas bomba” en la protesta juvenil.

El Presidente pidió a los jueces que condenen por “secuestro” a los estudiantes que protestaron, los trató como “delincuentes” (ofreció 50 millones de pesos de recompensa) por exigirle al rector que gestionara por más presupuesto. El rector de la Universidad Nacional, primer centro educativo de Colombia que ocupa el puesto 26 en América Latina, sigue rehuyendo su deber de dar el debate y secunda a Uribe en sus pretensiones represivas.

Uribe fracasó en este esfuerzo por penalizar las protestas sociales y a la oposición al régimen. Las afirmaciones endebles y acomodaticias del presidente, el rector, los ministros y los generales sobre la “infiltración terrorista” y la “farcpolítica” no tuvieron eco en el juez que –a las pocas horas-- dejó libres a los 22 jóvenes arbitrariamente detenidos “por secuestro”.

Tanto fracasó la intimidación que el martes 20 de octubre miles de jóvenes estudiantes salieron a las calles y plazas en Bogotá y otras ciudades colombianas acompañados de los profesores y trabajadores universitarios. Pidieron al Congreso que no aprobara un presupuesto de guerra que reduce el gasto en educación y salud, que crece el faltante fiscal. Dijeron con actos, como la cantora de América, Mercedes Sosa… ¡Qué vivan los estudiantes!

El incremento presupuestal es un avance de la lucha estudiantil que aún no satisface sus aspiraciones en una universidad pública asediada por las plagas neoliberales del ministerio de educación. La lucha continuará por encima de la demagogia, las intimidaciones y la represión.

Estas acciones juveniles masivas, al lado de expresiones contundentes de la Minga Social e Indígena y de otras protestas y jornadas de lucha de distinto alcance y cobertura, que se suceden con distinta intensidad, vuelven a poner al centro de la labor política la movilización y la combinación de diferentes formas de acción directa de las masas.

La realidad ha llevado a manifestaciones defensivas de Uribe ante las masas y las críticas de la oposición y algunos de sus copartidarios. Resalta la validez de exigir la renuncia de Uribe que tiene líos de “gobernabilidad” y menos amigos de su reelección y sus políticas.

Cede la cortina de humo del “invencible y popular” Uribe, que oculta la ilegalidad y la ilegitimidad de un gobernante que invoca a “la divina providencia” para justificar su aspiración de perpetuarse en la presidencia y el anunciado fracaso de su referendo reeleccionista.

¡Combatiendo Unidos Venceremos!

Partido Comunista de Colombia (marxista-leninista)

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Colombia: Declaración final de la Cumbre nacional de organizaciones sociales y políticas

Convocatoria a la acción política y movilización social

Esta Cumbre Social y Política, realizada exitosamente en Bogotá del 20 al 22 de agosto con la participación de 1030 delegados de todo el país, marca un punto alto en los pasos que debemos dar para la construcción de la unidad de las fuerzas sociales y políticas, tal como se expresa en los acuerdos alcanzados:

I. Colombia ha sido afectada por la crisis económica mundial pero además, como lo expresamos en la convocatoria a esta Cumbre, sufre cuatro tragedias:

1) la económica signada por los efectos perversos de la aplicación del neoliberalismo, la inequidad económica y la excesiva concentración de la riqueza y de la tierra que nos ha llevado a ser uno de los países en el mundo con mayor desigualdad y exclusión económica y social;

2) la social, marcada por el aumento atroz de la pobreza, la miseria y la exclusión que afecta a gran parte de la población colombiana y más intensamente a mujeres, jóvenes, afro-descendientes e indígenas; marcada también por el crecimiento del desempleo, la pauperización del trabajador colombiano ante la pérdida de garantías laborales, el desmonte sistemático de los derechos pensiónales, el paquete legislativo del gobierno y una criminal política agroindustrial destinada a liquidar al campesinado, desplazarlo por la violencia o a empujarlo a aumentar los cordones de miseria de las grandes ciudades;

3) la humanitaria, con la guerra y las violaciones crónicas a las normas del Derecho Internacional Humanitario que se contabiliza en la última década en más de cuatro millones de personas víctimas del desplazamiento forzado, miles de crímenes de Estado (mal llamados falsos positivos), miles de homicidios entre la población civil, desaparecidos y secuestrados, asesinatos masivos y sistemáticos contra poblaciones indígenas, afro-colombianos, campesinos y pobladores del campo y millares de detenciones masivas y arbitrarias; violaciones aberrantes contra los derechos de las mujeres, niñas y niños en medio del conflicto, persecución y homicidios de líderes sindicales, políticos, comunales, campesinos y defensores de derechos humanos, violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la política de seguridad y confianza inversionista, y

4) la tragedia política, atravesada por la toma del Estado y los partidos por mafias del narcotráfico y paramilitares, hoy llamadas bandas criminales, que han llevado hasta ahora a involucrar a 81 parlamentarios en el proceso de la parapolítica, a tener municipios e incluso departamentos enteros bajo el dominio militar y criminal de las mafias y a infiltrar organismos como el DAS y la fiscalía y ponerlos al servicio del hampa en detrimento de los derechos de los ciudadanos que deberían proteger.

Hemos constatado el incremento de la pobreza y la exclusión que se han extendido con las nefastas políticas neoliberales y el autoritarismo que condensa el proyecto de Estado Comunitario y su seguridad antidemocrática.

La magnitud de las luchas sociales de los pobladores de todos los rincones de Colombia evidencian que éstas siguen su curso ascendente como lo ilustran la resistencia de los corteros de caña del Valle del Cauca, la amplia movilización de la juventud y de la sociedad en contra de la guerra, la Minga Indígena y Popular, las luchas de Asonal judicial, de trabajadores del carbón, campesinos, afro descendientes, educadores, organizaciones de víctimas y muchas otras. Luchas que expresan alto grado de inconformidad con la situación actual y disposición para transformar condiciones de trabajo y vida al mismo tiempo que para lograr los cambios estructurales que necesita el país.

Este ambiente social va en contravía de las encuestas, denota un acelerado desprestigio del gobierno y el mayor conocimiento de las reformas y los cambios estructurales que requiere Colombia, con visión de lo social al servicio de las mayorías y del desarrollo sostenible y equitativo del país.

La crisis económica ha puesto de manifiesto con crudeza los factores esenciales que entraban el desarrollo y generan pobreza. Llamamos desde esta Cumbre a sumar esfuerzos para plantear iniciativas y acciones que pongan a pagar la crisis a sus causantes y a impedir que sus costos se descarguen sobre los sectores populares.

II- Nos ponemos de acuerdo y asumimos compromisos para:

* Construir y aclimatar la paz con justicia social por la vía de la democracia y la equidad. Promover acciones y acuerdos humanitarios y escenarios hacia la solución política del conflicto armado interno y los conflictos sociales y políticos. Apoyar iniciativas como las de Colombianos y Colombianas por la Paz y otras que propenden por el diálogo por la paz y la democracia, y la búsqueda inmediata de un cese de hostilidades bilateral o simultáneo.

* Asumir con más fuerzas la defensa del medio ambiente y persistir en la búsqueda de la soberanía alimentaria para defender la calidad de vida de todos los colombianos. Apoyar las exigencias de reparación integral a las víctimas y en particular el reclamo por más de 8 millones de hectáreas despojadas mediante la violencia por narcotraficantes, paramilitares y promotores de negocios legales e ilegales.

* Rechazar la presencia de bases extranjeras y la entrega de las bases de las Fuerzas Armadas para operaciones del Comando Sur, que es un camino que escala el conflicto, lo internacionaliza, lesiona la soberanía y la necesidad de la unidad latinoamericana y de una nueva política concertada y multilateral de seguridad en la región.

* Apoyar una agenda de lucha contra el narcotráfico que se aparte de la fracasada “guerra contra el narcotráfico” y privilegie un enfoque de salud y contra los carteles internacionales del tráfico y lavado, rechace la criminalización de los campesinos o de los adictos y consumidores, suspenda la erradicación forzada, las fumigaciones y la utilización de la estrategia antidroga como instrumento de seguridad continental.

* Lucharemos por la generación de empleo digno, por el respecto a las libertades políticas y los derechos humanos defendiendo un plan económico y social de desarrollo democrático que no descargue los costos de la crisis en el pueblo.

Estos objetivos inaplazables nos llevan a pensar y actuar para fortalecer la unidad de acción social, popular y política, a fortalecer el tejido formado por todos los hilos sociales y políticos que surgen del esfuerzo histórico por el progreso y la democracia, por la libertad y la autodeterminación de nuestros pueblos.

Alzamos nuestra voz diciendo que estamos contra el referendo reeleccionista, contra la perpetuación del Presidente Uribe en el gobierno y ratificamos la urgencia de una gran convergencia progresista y democrática que permita elegir en el 2010 un gobierno de carácter democrático y popular, con un programa político, para los cambios de fondo que necesita el país.

III- Para el logro de los propósitos que nos unifican nos comprometemos a sacar adelante las siguientes acciones políticas y de movilización social:

1. Organizar y preparar acciones de protesta y paros cívicos regionales y locales en defensa de los intereses económicos y sociales de todos los sectores del pueblo. Respaldar las movilizaciones convocadas para los próximos meses por el movimiento sindical, indígena y popular, en particular la Jornada Nacional de Lucha convocada por FECODE y la CPC el 26 de agosto; la Movilización Nacional contra las bases norteamericanas el 9 de septiembre y la Jornada Mundial, continental y nacional por el Trabajo Decente el 7 de octubre. La Cumbre compromete su respaldo y solidaridad con las luchas sociales que se libran en el país.

2. Respaldar el llamado de la Gran Coalición Democrática formulado en su Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas del 17 de abril en Bogotá para preparar un paro cívico nacional.

3. Unir esfuerzos para producir un vuelco en la política con una candidatura presidencial que proyecte soluciones de fondo a las angustias crecientes en las mayorías populares.

4. Sumar energías para lograr que el tratado sobre las bases militares norteamericanas en Colombia sea echado atrás y para ello realizar una jornada nacional de lucha el próximo 9 de septiembre.

5. Trabajar por afianzar y fortalecer la unidad de todos los pueblos de nuestra América que hoy siguen levantándose contra la tiranía y la opresión para triunfar como lo hicieron hace 200 años ante el imperio español.

6. Vamos con entusiasmo a realizar en todos los departamentos Cumbres o encuentros de Organizaciones sociales y políticas, para informar del desarrollo y decisiones de esta Cumbre nacional y asumir los compromisos con la movilización social y política.

7. Las conclusiones consensuadas a las que llegaron las mesas temáticas de trabajo en esta Cumbre forman parte de este pronunciamiento y nos comprometen en su desarrollo y ejecución. Ellas sintetizan los acuerdos y el ambiente unitario de esta Cumbre nacional.

8. Las conclusiones de la Cumbre Social y Política y su materialización honran la memoria del compañero Apecides Alvis Fernández quien murió en medio de nuestras deliberaciones cumpliendo con su compromiso unitario. Igualmente honramos la memoria de los dirigentes sindicales, sociales y políticos asesinados y desaparecidos por el autoritarismo del régimen colombiano.

CUMBRE NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLITICAS.

Bogotá, agosto 23 de 2009.

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Agenda de actividades de los jóvenes del Polo

24 DE MARZO
GRAN JORNADA DE MOVILIZACIÓN
CONVOCA GRAN COALICIÓN DEMOCRÁTICA
9am PLAZA DE TOROS

25 DE MARZO
Reunión Jóvenes PDA
530 pm PDA

1 DE ABRIL
CUMBRE ORGANZIACIONES SOCIALES
GRAN COALIACIÓN
INF. guillermo.baquero@gmail.com

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